Manlio Gelasio Artigas Fiscal
Expediente 783/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 783/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Manlio Gelasio Artigas Fiscal
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de septiembre de dos mil veintidós. En atención a las certificaciones con que se me da cuenta, se obtiene que el diecinueve de septiembre feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de cinco de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. Ahora bien, dado que el peticionario de amparo tiene su domicilio fuera de la sede de este juzgado, es decir, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, y por ello, el escrito de agravios es de aquellas promociones susceptibles de presentarse en la oficina pública de comunicaciones de la residencia de la parte quejosa, debe atenderse a la posibilidad de que el escrito respectivo fue depositado ante la aludida oficina. En ese orden de ideas, si acorde a lo dispuesto en el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando el ejercicio de un derecho dentro de un procedimiento judicial, deba efectuarse fuera del lugar en que radique el negocio, y se deba fijar un término para ello, se ampliará el término en un día más por cada cuarenta kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad, entre el lugar de radicación y el en que deba ejercitarse el derecho (en el caso, presentar el escrito de agravios) y entre esta ciudad y San Andrés Tuxtla, Veracruz, existen aproximadamente ciento cuarenta y seis kilómetros de distancia; entonces, es razonable estimar que el escrito correspondiente puede recibirse dentro de los cuatro días hábiles siguientes al en que feneció el plazo que tenía para depositarlo. En consecuencia, si el plazo para dar cumplimiento al requerimiento feneció el veintidós de septiembre del año en curso, y es razonable estimar que pudo ser depositado al término del plazo, entonces el ocurso en mención pudo arribar dentro de los referidos cuatro días hábiles siguientes, mismos que concluyeron el veintiocho de septiembre de la presente anualidad. En consecuencia, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) El presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por haberse desechado la demanda de amparo. b) Transcurridos más de tres años a partir de la fecha del presente acuerdo, previa acta que se elabore, procédase a la destrucción del mismo. c) Este asunto no se considera de relevancia documental, en los términos del artículo 15 del aludido Acuerdo General. d) Por último, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, la fecha del acuerdo por el que se ordena su archivo, así como indicando la valoración que corresponda (relevancia documental, conservable, depurable o destruible) como al efecto establece el artículo 35 de la normativa de mérito. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica a la parte quejosa el proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, que a la letra dice: Vista la demanda de amparo promovida por MANLIO GELASIO ARTIGAS FISCAL contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 783/2022, asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinar el escrito inicial de demanda, el suscrito advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa, previo a su demanda de amparo, debió haber agotado el recurso ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevé en el procedimiento de origen, lo cual conduce a desecharla de plano. En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, al numerar las diversas causas por las cuales una controversia constitucional puede resultar improcedente, señala en su fracción XVIII lo siguiente: ". Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste en la carga procesal del impetrante de garantías de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, a fin de modificarlo, revocarlo o nulificarlo; de tal suerte que, existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, este es un medio extraordinario, sui géneris, que sólo prospera en casos excepcionales cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De ahí que el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada de agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar, modificar o nulificar los actos lesivos. En el caso, el promovente se duele de la negativa del juez responsable de dictar depósito y guarda de sus menores hijas de identidad reservada, como se contempla en la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, emitida dentro del expediente 1402/2022-VI, del índice del juzgado responsable. Por tanto, no hay duda que el solicitante, al no tener el carácter de tercero extraño al juicio de donde se hace derivar el acto reclamado, previo al ejercicio de la acción constitucional, debió atender el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, mediante la interposición del recurso de reclamación a que se refiere el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Ello, toda vez que, al ser parte del proceso, previamente a la promoción del juicio de amparo, el inconforme tiene la carga procesal de substanciar cualquier recurso o medio ordinario de defensa previsto en la ley para nulificar o modificar el sentido de cualquier acto o resolución jurisdiccional que estime le afecte pues de lo contrario la acción constitucional, por disposición expresa del legislador, resulta improcedente, al no observarse el principio de definitividad que lo rige. En ese sentido, el inconforme estuvo en condición de imponerse de los autos y defender sus intereses conforme a lo dispuesto por el citado artículo e interponer el recurso ordinario procedente contra la resolución que le causa agravio, lo cual, conforme a lo narrado en la demanda de amparo, no se advierte que lo haya hecho. Por sus razones, tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/259, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Tomo XXII, Febrero de 2006, Materia Común, página 1654, Novena Época que dice: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 67/2004. Alma Delia Zuviri Caro y otro. 5 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Arturo Calderón Aguilar. Amparo en revisión 117/2004. María Adela Julieta Forcelledo Colombres. 1o. de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 238/2004. Juan Fueyo Mac Donald. 30 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 348/2004. José Antonio Concha Sánchez. 30 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 394/2005. Lázaro Enrique Meza Hernández. 26 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: Juan Carlos Cortés Salgado. Además, cabe desatacar que el acto que reclama el promovente, no se ubica dentro del capítulo de excepciones que prevé la citada fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues: 1. No es un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, ni resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. 3. Y no se trata de persona extraña al procedimiento. Cobra aplicación en el presente caso la Jurisprudencia VI.2o.C. J/260, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, Página: 1816, Novena Época, Registro 175624: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA." Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Por tanto, el promovente estuvo en aptitud legal de acudir directamente ante la autoridad responsable a promover el recurso de reclamación contra el proveído que ahora le causa agravio, y, al no haberlo hecho así, deviene la improcedencia de la presente vía constitucional, por no agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Las consideraciones anotadas tienen sustento en la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, publicada en el Semanario Judicial de la Federación por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo 2002, Materia Común, página 902, Novena Época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la propia ley. Cabe precisar que la causal de improcedencia invocada se estima probada de modo manifiesto e indudable, ya que para su actualización no requiere mayor demostración que lo manifestado por la parte quejosa, quien bajo protesta de decir verdad, narró los hechos que motivaron el acto reclamado; de ahí que, puesto que la citada protesta tiene como efecto generar certeza y veracidad de lo afirmado por el amparista, sus manifestaciones se estiman suficientes para probar la naturaleza del acto reclamado, sin necesidad de contar con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el criterio aislado I.15o.A.28-K, sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Septiembre de 2007; en la página 2613, de título: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA". AUTORIZADOS Se le tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Daniel de Jesús Morales Morales y David Vinzoneo González, puesto que sí acreditan la calidad de licenciadas en Derecho, al tener su respectiva cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. En cambio, se tiene únicamente como autorizados para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del citado artículo 12 de la ley de la materia, a las restantes personas toda vez que no acreditaron encontrarse registrados en el sistema arriba mencionado. DOMICILIO PROCESAL Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta plaza, cierto y exacto para tal efecto. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES En atención a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y prorrogado en cuanto a su vigencia, en su numeral 22, fracción II, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico o servicios de mensajería instantánea que brinda la telefonía móvil, para entablar comunicaciones no procesales, en los casos en que se estime necesario. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, en su caso, se les tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos.
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