Manlio Fabio Ponce Torres
Expediente 641/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 20 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 641/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 05/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Manlio Fabio Ponce Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
del sumario no se advierte que el ocursante sea parte dentro de este juicio constitucional, por tanto, carece de legal legitimación para accionar en este expediente al no reunir alguno de los requisitos que contempla el artículo en cita; por tanto, resulta improcedente proveer de conformidad lo peticionado.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 641/2017-VII; así como la certificación de cuenta, se desprende que por auto de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con el oficio y constancias exhibidas por la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación de dicho proveído, manifestaran lo que a su interés conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraren en el expediente y los datos aportados por la autoridad señalada como responsable. Tal determinación se notificó a la parte quejosa ********************, por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado el dieciocho de diciembre de la presente anualidad, la cual no fue desahogada; por lo que este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al efecto, debe tenerse en cuenta la sentencia terminada de engrosar el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, que concedió a ****************, el amparo y protección de la Justicia Federal, cuyo punto resolutivo establece: "(.) Segundo. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a *******************, respecto del acto reclamado al Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de Tamaulipas, por las razones expuestas en el cuerpo de la presente determinación. (...)" Resolución que al no ser recurrida causó ejecutoria el veintitrés de noviembre siguiente, requiriendo a la autoridad responsable Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de Tamaulipas, el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, para el efecto de que: "Deje insubsistente la resolución reclamada, sólo por lo que hace al aquí quejoso; y, Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual incluso podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales detectados. " En acatamiento al fallo protector, el citado Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de Tamaulipas, remitió el oficio 13428/2018-VII, con el cual acompañó copia certificada de la resolución emitida el trece de diciembre de dos mil dieciocho, en el que comunicó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Ahora bien, con el propósito de cumplir con el requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, el Juez en dicha determinación dejó insubsistente la diversa veintiuno de abril de mil novecientos ochenta y nueve, emitida dentro de la causa penal 110/1989, y emitió otra conforme a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito. Al efecto, debe tenerse en cuenta que la ejecutoria de mérito estableció que la autoridad responsable fue omisa en desglosar los elementos del cuerpo de los delitos de 1. Homicidio; 2. Contra la salud en las modalidades de posesión, compra, venta, tráfico, acondicionamiento, transportación, exportación de marihuana y cocaína; 3. Secuestro; 4. Portación de armas de fuego reservadas para uso exclusivo de las fuerzas armadas nacionales; 5. Portación de armas de fuego sin licencia, 6. Acopio de armas; 7. Usurpación de funciones públicas; 8. Asociación delictuosa; 9. Violación a las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones; 10. ataques a las vías generales de comunicación; sin desglosar cuáles eran los elementos cuya actualización exigen la figura delictiva de cada uno de los ilícitos en mención, y con qué pruebas se acredita cada uno de ellos y qué valor probatorio les corresponde a éstas en lo individual, de acuerdo con la ley adjetiva, cuáles son los preceptos legales aplicables al caso, y además, todas aquellas circunstancias que se tuvieron en consideración para ello, precisando la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; asimismo, que el órgano jurisdiccional responsable fue omiso en establecer la manera en que cada uno de los elementos de convicción que obran en el sumario de origen, resultaban idóneos y eficaces para acreditar la probable responsabilidad del quejoso, en la comisión de los delitos por los que se libró orden de aprehensión en su contra. En ese orden de ideas, el Juez responsable consideró que en autos se encuentra comprobado el delito de asociación delictuosa, previsto y sancionado por el artículo 164 del Código Penal Federal; Homicidio, previsto en el numeral 302 y sancionado conforme el 320, con las agravantes descritas en los diversos 315, 316, 317, 318 y 319 todos del Código Penal Federal; secuestro agravado, contenido en el ordinal 366, fracciones I, II, V y VI, del Código Penal Federal; contra la salud en las modalidades de posesión y exportación de marihuana y cocaína, previsto y sancionado por los artículos 193, fracción I y 197, fracciones II y V del Código Penal Federal; acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en los artículos 83 bis, fracción II, en relación con el numeral 11, incisos c) y d), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el ordinal 83, fracción II, en relación con el artículo 11, incisos a) y b) y fracción II, en relación con el numeral 11, incisos c) y d) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado por el artículo 81, en relación con el 9, y 10, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, profanación de cadáveres, previsto y sancionado por el artículo 281, fracción II, del Código Penal Federal vigentes al momento de los hechos, estableciendo los elementos que integran cada uno de los delitos. Posteriormente, procedió a resolver respecto a la probable responsabilidad del aquí quejoso, en la comisión de los hechos que estableció configuran el cuerpo del delito de cada uno de los ilícitos de referencia. En ese sentido, atendió lo previsto por el numeral 13 del Código Penal Federal, que establece las distintas formas de participación, entre las cuales, en el caso, destacó las fracciones II y III, y determinó que la forma en que Manlio Fabio Ponce Torres participó, fue a título probable, y su grado de intervención es a título de autor directo en el delito de asociación delictuosa; asimismo, estableció que respecto de los ilícitos de Homicidio; secuestro agravado; contra la salud en las modalidades de posesión y exportación de marihuana y cocaína; acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; portación de arma de fuego sin licencia; y, profanación de cadáveres, su forma de participación fue como coautor, conforme a la fracción III del artículo 13 del Código Penal Federal, pues dichos ilícitos los realizó en forma conjunta con otras personas que colaboran consciente y voluntariamente. Lo antes expuesto, lo sustentó con diversos medios de pruebas que ahí precisó. Asimismo, el Juez responsable consideró que en autos no se encuentra comprobado el delito de contra la salud en las modalidades de compra, venta, tráfico, transporte y acondicionamiento de marihuana y cocaína, previsto y sancionado por el artículo 197, fracción I del Código Penal Federal; acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en los artículos 83 bis, fracción II, en relación con el numeral 11, incisos a) y b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; violación a las leyes sobre inhumaciones, previsto y sancionado por el numeral 280, fracciones I y II del Código penal Federal; usurpación de funciones públicas, previsto y sancionado por el numeral 250, fracción I del Código penal Federal; y, ataques a las vías generales de comunicación, previsto y sancionado por el artículo 167, fracción VI, del Código Penal Federal; razón por la cual negó librar orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Manlio Fabio Ponce Torres. En consecuencia, si la protección constitucional se concedió a Manlio Fabio Ponce Torres, para el efecto de que el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de Tamaulipas dejara insubsistente la resolución de veintiuno de abril de mil novecientos ochenta y nueve, y dictara otra con plenitud de jurisdicción, la cual incluso podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales detectados; por ende, al haberlo realizado así, se considera que se acató el fallo protector en sus términos, siguiendo los lineamientos establecido por este juzgado de distrito. En ese contexto, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 196 de la actual Ley de Amparo, por lo que refiere al hecho de que si la autoridad responsable, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, incurrió en exceso o defecto, a juicio de la suscrita juzgadora, es claro que ésta no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal (exceso de ejecución), ni existió omisión en el estudio y resolución de las cuestiones que se le ordenó resolver conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que estaba vinculada (defecto de ejecución). Bajo dichas circunstancias, la suscrita estima que mediante la determinación referida, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de Tamaulipas, dio cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, restituyendo de esta manera a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas, con apego en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por lo que de conformidad con lo previsto en el diverso artículo 196, párrafo tercero, de la propia ley; en las relatadas condiciones, lo procedente es declarar que la ejecutoria ha quedado cumplida. En otro contexto, y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito; y tomando en consideración que en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos, que carece de relevancia documental y que en el mismo no fueron exhibidos documentos originales, se concluye que es susceptible de depuración. Hágase la anotación de la circunstancia indicada con anterioridad en la carátula del cuaderno, así como la fecha de su archivo; y, una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto décimo primero del acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. De igual manera, realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, y 214, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Dese vista con el presente proveído dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, tomando en consideración que el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de Tamaulipas, durante la tramitación del juicio de amparo, allegó en un tomo copia certificada de diversas constancias del proceso penal 110/1989; que, con apoyo en el artículo 6°, último párrafo, de los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica expedidos por el Consejo de la Judicatura Federal, al encontrarse concluido este juicio y resultar innecesaria la retención de las referidas constancias, se ordena la devolución de las mismas a la autoridad responsable correspondiente.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales en el Estado de Tamaulipas, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada por este órgano de control constitucional, y al efecto, acompaña copia certificada de diversas constancias que forman parte de la resolución de fecha trece de diciembre del año en curso, dictada en la causa penal 110/1989-VIII, instruida en contra de Manlio Fabio Ponce Torres. Con lo anterior dese vista al quejoso, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se manifieste en relación con el cumplimiento dado por las responsables, apercibido que en caso de no hacer manifestación alguna, este Tribunal procederá a realizar el estudio correspondiente a fin de determinar si se encuentra debidamente cumplimentada la ejecutoria de mérito, con las constancias de autos y las documentales aportadas por las autoridades responsables.
- Principal
Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, mediante el cual informa que se encuentra enterado de la ejecutoria de amparo y en acatamiento en sus términos deja sin efectos la orden de aprehensión de veintiuno de abril de mil novecientos ochenta y nueve; en mérito de lo anterior este juicio de amparo se encuentra en vías de cumplimiento. Asimismo solicita un plazo de por lo menos diez días para dar cabal cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, lo anterior por tratarse de un asunto complejo de múltiples delitos para su análisis, de impacto social, además a que en la data en que se libró la orden de aprehensión no se utilizaba equipo de cómputo, por lo que se carece de algún archivo capturado que pudiere auxiliar en el pronto cumplimiento de la ejecutoria. En ese sentido, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo prevé la ampliación del plazo para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, siempre y cuando la autoridad responsable demuestre que se encuentra en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso; y toda vez, que como la autoridad responsable manifiesta que dejó sin efectos la orden de aprehensión de veintiuno de abril de mil novecientos ochenta y nueve, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, por única ocasión, se le otorga a la autoridad responsable Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, el término de diez días siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído para que cumpla con la sentencia de amparo; en el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso.
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