Manlio Efrain Lazos Becerra y Otros.

Expediente 1199/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1199/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
10/11/2017

Partes del expediente

  • Manlio Efrain Lazos Becerra y Otros.
  • Manlio Efrain Lazos Becerra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto, en el término de cinco días contado para ello, de conformidad con el artículo 98 de la Ley de Amparo, el cual transcurrió del treinta y uno de octubre al nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que por una parte se tuvo por no presentada la demanda de amparo y por otra se desechó la misma y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos. Devuélvanse a la parte quejosa las documentales que se anexaron al presente juicio de amparo. Concediéndole para tal efecto un plazo de noventa días naturales, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente; esto, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el escrito signado por Rosa Linda Velázquez Jiménez, por medio del cual pretende cumplir el auto de diez de octubre de dos mil diecisiete (fojas 180 y 181); por el que se le requirió que acreditara la personalidad con la que se ostentó en juicio, toda vez que por acuerdo de veintiséis de octubre actual (fojas 301 a 313), se tuvo por no presentada la demanda de amparo con relación a las personas que adujo representar y se desechó respecto de la propia promovente. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. Vistos los autos, advirtiéndose que transcurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de dos de octubre del año en curso (fojas 172 a 176), sin que haya dado cumplimiento a la prevención ahí ordenada con relación a la representación que en principio ostentó; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, por lo que respecta a las siguientes personas: 1 SERGIO GONZALEZ PEREIRA 2 MARLON FABIAN LOPEZ PEREZ 3 HUBEIMAR TECO NURICUMBO 4 RIGOBERTO MORALES HERNANDEZ 5 CRISTINA LOPEZ MORENO 6 NEREIDA GUADALUPE PEREZ GONZALEZ 7 JOSEFA MAGDEY ESCOBAR TORRES 8 JESUS ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ 9 FAUSTO ESTRADA TORRES 10 PILAR GUADALUPE GONZALEZ VICENTE 11 JOSE HERNANDEZ CALDERON 12 GENARO DE JESUS CRUZ CRUZ 13 HERMELINDO HERNANDEZ DOMINGUEZ 14 ANGEL MAURI ROBLES BURGUETE 15 JUDITH PEREZ PALACIOS 16 ELMER RODRIGUEZ JIMENEZ 17 AMALIA DORISELDA ROBLERO BRIONES 18 SILVIA LEONOR RODRIGUEZ DOMINGUEZ 19 REYNA SALLE VIDAL HERNANDEZ 20 MARIA GUADALUPE JONAPA ZAPOTECO 21 OLGA LIDIA PEÑA PALACIOS 22 FULVIA ESPINOSA S 23 TERESA DE JESUS PANIAGUA GUTIERREZ 24 RAQUEL GONZALEZ PEÑA 25 MAYTE DE LOS ANGELES CALVO MOGUEL 26 ROGELIO COTA VELAZQUEZ 27 OSACAR HUMBERTO MARROQUIN 28 ERNESTO SOLIS RUIZ 29 ROCIO GUADALUPE LOPEZ NOLASCO 30 ALVARO LOPEZ SANTIZ 31 JUANA BELLANIRA SOLIS FRANCO 32 JAVIER SERGIO MOSHAN CULEJ 33 ANGEL HERNANDEZ ESPINOSA 34 FELICITA PEREZ BOLON 35 ANGELA JIMENEZ LOPEZ 36 MARGARITA MENDEZ SANTIZ 37 AMALIA JUDITH DIAZ GOMEZ 38 PATRICIA DE LA LUZ NAVARRO BERMUDEZ 39 VANESSA DEL CARMEN RUIZ GARCIA 40 MARIA ELENA COSSIO SANTIAGO 41 SOCORRO DEL CARMEN GUTIERREZ UTRILLA 42 MARTIN RAMON MONZON UTRILLA 43 CINA FONSECA MELENDEZ 44 HENRY COELLO RAMOS 45 FRANCISCO RAMON DIAZ GOMEZ 46 ALICIA ISABEL RICO HERNANDEZ 47 CELIA RIOS VERDUZCO 48 JOSE MARTIN PENAGOS LOPEZ 49 MARIA EUGENIA MORALES ESCOBAR 50 OFELIA FRANCISCA GARCIA SANTIAGO 51 FELIZ EMILIO PINEDA FLORES 52 ERAY ESCOBAR ESCOBAR 53 BEATRIZ MAGDALENA BURGUETE BALLINAS 54 MARIA CECILIA BALLINAS GUILLEN 55 CECILIA BEATRIZ FINO BERTONI 56 VERONICA VELASCO CULEBRO 57 LAURA ELIZABETH CRUZ HERNANDEZ 58 BEATRIZ SUSTAITA DURAN 59 MARIA NELI MONTERO MOLINA 60 HERMELINDA SANTIAGO LOPEZ 61 LUIS MARTIN CRUZ ESPINOSA 62 JOSE LUIS MACIAS CORDOVA 63 MARIA DEL SOCORRO VELAZCO GUTIERREZ 64 FERNANDO ESTRADA VAZQUEZ 65 AURA LUCERINA RIOS OLIVA 66 FLOR DE MARIA ABARCA ABARCA 67 FLORITULIA GOMEZ DE LA CRUZ 68 SELENE CRUZ FLORES 69 MARIA DEL CARMEN CHIRINO VELAZQUEZ 70 GABRIELA CORZO ALEGRIA 71 MARIA LUISA DIAZ GONZALEZ 72 LUIS ENRIQUE VILLANUEVA MARTINEZ 73 MIRIAM DIAZ GONZALEZ 74 ERNESTO MORENO RUIZ 75 EDUARDA MARTINEZ CASTELLANOS 76 CANDELARIA PEÑA PALACIOS 77 SANDRA FRANCISCA JIMENEZ JUAREZ 78 AVID ALBORES GONZALEZ 79 PATRICIA MARIA SANTIZ GOMEZ 80 LUZ ESTHER CORZO GORDILLO 81 CONSUELO GONZALES MARTINEZ 82 NELSI OROZCO ORDAS 83 JOEL CHIÑAS DIAZ 84 SUSANA LAZOS CANO 85 ELIZABETH HERNANDEZ ANCHEYTA 86 VERONICA SANCHEZ PANIAGUA 87 SOILA PATRICIA REYES LOPEZ 88 MARTA LILIA TORRES HERNANDEZ 89 CARLOS TOLEDO VAZQUEZ 90 TERESA DE JESUS REVOLORIO GALVEZ 91 SADDY VALENCIA TOLEDO 92 ROBERTO TOLEDO CAL Y MAYOR 93 ROSA DEL CARMEN MORALES GONZALEZ 94 ROCIA GONZALEZ RIOS 95 MARIA DE LA LUZ TRUJILLO MARTINEZ 96 OLGA PATRICIA ESCOBAR DIAZ 97 JAIME SOLIS LOPEZ 98 ARCENIA SANTOS SARMIENTO 99 MARIA ISABEL AGUILERA NAVARRO 100 FRANCISCO GOMEZ PEREZ 101 LANDI MACIAS ALFARO 102 JORGE A. BAUTISTA 103 ROSAURA RAMOS GUILLEN 104 ESPERANZA GUTIERREZ AVENDAÑO 105 GUILLERMO MIGUEL CORREA VAZQUEZ 106 ROGELIO RODRIGUEZ RIVERA 107 ADAN RAMOS ALVAREZ 108 OSMAN SANCHEZ RODRIGUEZ 109 ELIZABETH ALBORES VICENTE 110 AMPARO CRUZ AGUILAR 111 JORGE ARIEL HERNANDEZ CAÑAS 112 MARIA NELI GUMETA GOMEZ 113 MARIBEL MONTOYA COUTIÑO 114 ADA MARIA AGUILAR SUAREZ 115 LAURA VARGAS JUAREZ 116 FELIPE BARCENAS RAMIREZ 117 MARIA GABRIELA JUAREZ MEGCHUN 118 ROSARIO GUILLEN RUIZ 119 TERESA DE JESUS SANCHEZ GONZALEZ 120 SERGIO ARIOSTO TEVERASCO 121 LILIA DEL CARMEN LUIS LOPEZ 122 MIGUEL ARCÁNGEL GOMEZ PEREZ 123 MARIBELIA ACERO ESCOBAR 124 LUCIA SOL CASTELLANOS 125 MARIA DEL CARMEN MOLINA GOMEZ 126 RAFAEL BEZARES NARCIA 127 MARIA AGUSTINA ALEMAN PEREZ 128 GUSTAVO MORENO CABALLERO 129 RENE DE LA CRUZ GOMEZ 130 ILAIR SARMIENTO ZARATE 131 OBDULIA SANTOS FONSECA 132 DOMINGA PEREZ SANCHEZ 133 MIGUELINA MOLINA LOPEZ 134 MARTA PATRICIA NURIULU DIAZ 135 SANDRA GUADALUPE ORNELAS TOLEDO 136 MARIELA MOLINA CLEMENTE 137 TOMAS ESCOBAR DIAZ 138 MARIA EVANGELINA MENDOZA GARCIA 139 VERONICA GRAJALES CASTILLEJOS 140 DOMINGUEZ ELIZABETH ZENTENO RIOS 141 VICTOR MANUEL DOMINGUEZ MENDOZA 142 MARÍA GUADALUPE ESCOBAR AGUILAR 143 GABRIELA CRUZ LOPEZ 144 MARIA ELIZABETH ESPINOZA NANDAYAPA 145 AMADO DE LA CRUZ MEJIA VAZQUEZ 146 MARIA CONCEPCION VERA ESTRADA Lo anterior, debido a que en el auto de dos de octubre se le indicó que debía exhibir documento idóneo con el que acreditara la personalidad como representante de la totalidad de las personas que refiere en el escrito de demanda, lo cual no cumplió. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.2o.55 K , el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN. Cuando en términos de lo previsto en el primer párrafo, del artículo 146, de la Ley de Amparo, el juez de Distrito previene al promovente del juicio de garantías para que colme alguno de los requisitos necesarios de la demanda, establecidos en el precepto 116 del propio ordenamiento, con el apercibimiento de ley, verbigracia exprese el acto reclamado o lo precise y, el promovente incumple con satisfacer tal requerimiento, debe concluirse que ulterior auto de desechamiento de esa demanda se ajuste a lo ordenado en el segundo párrafo, del dispositivo legal invocado en primer término". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por otro lado, respecto de la quejosa Rosa Linda Velásquez Jiménez, a la cual se le tuvo por ratificado el escrito de demanda (por propio derecho), se provee: Vista la demanda de amparo promovida por Rosa Linda Velásquez Jiménez, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas. 2. Secretario de Hacienda del Estado, con sede en esta ciudad. 3. Secretario del Trabajo, con sede en esta ciudad. 4. Secretario de la Contraloría General, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1199/2017-3-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso, opera la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, interpretado a contrario sentido, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°.- El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: [.] II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De acuerdo a los preceptos transcritos por "autoridad" se debe entender aquella que ordena, emite, autoriza o sanciona, publica, lleva a cabo actos de ejecución o ejecuta la ley o el acto que se le reclama; por tanto, interpretados a contrario sensu, el juicio biinstancial resulta improcedente en contra de aquellos entes que no les recaiga tales características. El concepto referido en el párrafo anterior ha sido ampliamente estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos asuntos; así, el Pleno del más Alto Tribunal del País señala que por autoridad responsable, también debe considerarse a los funcionarios de organismos públicos descentralizados que con fundamento en una norma legal emitan actos de manera unilateral a través de los cuales crean, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, es decir siempre que se sitúen en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados. Robustece lo anterior la tesis P.XXVII/97 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". Ahora, de la interpretación del precepto 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 103, fracción I, constitucional, el juicio constitucional procede contra leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos y garantías reconocidos en la carta magna, sin embargo, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que la contravención de los derechos fundamentales deriven de un acto que se atribuya a una determinada autoridad, o bien a un particular, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo anterior, se colige que si la transgresión de derechos no es atribuible a una autoridad o institución, que funja con tal carácter, entonces el juicio de amparo deviene improcedente. Así, se debe determinar si las entidades administrativas señaladas, en particular el Secretario de Hacienda del Estado, como responsables, son autoridades para los efectos del juicio constitucional, al tomar en consideración que de acuerdo con la doctrina y la teoría general de derecho, existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, a saber: a).- Las relaciones de coordinación que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados (entre ellas las laborales), dicho de otra manera, corresponden a las relaciones entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlos, entre las que se encuentran las reguladas por el Derecho Civil, Mercantil, Laboral y Administrativo, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, al estar ambas en el mismo nivel y existir una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación; y b).- Las relaciones de supra a subordinación que son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y el gobernado por la otra, en estas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, es decir que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni de la voluntad del afectado; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y, por tanto, se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, para lo cual, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; por ello, nuestro Tribunal Pleno considera que el criterio ya referido no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada, sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; esto a fin de establecer si a quien se atribuye el acto le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo que se debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, las cuales pueden exigirse mediante el uso de la fuerza pública; o bien, a través de otras autoridades. Otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores son los expresados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Ilustra a lo anterior, la tesis 2a. CCIV/2001 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". De acuerdo con las consideraciones expuestas por el Máximo Tribunal en la tesis indicada, para determinar a quién le asiste el carácter de autoridad (órgano del estado o particular) se debe atender a los tipos fundamentales de relaciones que se generan con el Estado; de ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Precisado lo anterior, en la especie, el acto motivo de reclamo en el presente juicio se hace consistir en:  El no cumplimiento del incremento retroactivo al salario de los trabajadores adheridos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado correspondiente a los tres poderes. En el caso, la relación existente entre la promovente del amparo y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino en todo caso, de coordinación, ya que actúa (en el caso de los Secretarios de Hacienda y Secretario del Trabajo, ambos del Estado), actúan como órganos públicos cuya función es asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia laboral, como lo es el pago de los incrementos salariales, sin que ello implique imponer sus determinaciones de manera unilateral y coercitiva. Por tanto, se reitera, que en este caso específico las antes indicadas no resultan ser autoridades para efectos del juicio de amparo que se promueve. Sirven de apoyo por identidad jurídica la Jurisprudencia III.4o.T. J/3 emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. Cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, no contraviene la garantía de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; además, es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Se estima pertinente citar la tesis Tesis XVI.1o.A.T.2 K siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.". Lo anterior, sin que pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte quejosa. En apoyo se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 cuyo rubro y texto establecen: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico.". El anterior desechamiento se hace extensivo con relación a los actos atribuidos al Gobernador y Secretario de la Contraloría General, ambos del Estado de Chiapas, toda vez que no actúan como autoridades para efecto del juicio de amparo, considerando que dentro de sus atribuciones legales no se encuentra la de aplicar disposiciones de orden general relacionadas con la materia laboral como resulta ser las resoluciones del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, vigentes en la época en que se pretende instaurar el presente juicio constitucional, de manera que no existe relación de infra subordinación a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 5, fracción II, y los criterios jurisprudenciales antes precisados. En consecuencia, al resultar operante el supuesto legal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, interpretado a contario sentido, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de octubre de dos mil diecisiete Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por Rosa Linda Velásquez Jiménez, quien se ostenta con el carácter de representante de la parte quejosa, por el que manifiesta cumplir la prevención realizada el diez de octubre de dos mil diecisiete (fojas 180 y 181), y anexa cartas poder otorgadas a su favor, de las personas que aparecen en el escrito de demanda. Sin que sea el caso tener por cumplida la indicada prevención, toda vez que las documentales que allegó con su escrito, son de fecha posterior al de la presentación de la demanda y no al momento en que promovió su amparo, como se le explicó en el proveído que contesta. Es aplicable a lo anterior, el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . Por tanto, el plazo otorgado en dicho acuerdo, se interrumpió con la presentación del escrito que se provee y continuará trascurriendo a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación que se le practique del presente auto a efecto que la parte quejosa de cumplimiento a lo señalado en líneas precedentes. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia1a./J.39/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, se le reitera que el documento que acredita la representación, deberá ser de la época en que se inició la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.

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