Malinalli García Del Valle Pardo y Otros.

Expediente 1060/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1060/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Malinalli García Del Valle Pardo y Otros.
  • Malinalli García Del Valle Pardo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación precedente de la cual se desprende, que la parte quejosa Malinalli García Del Valle Pardo, representante común de xx, no interpuso recurso de queja contra el auto de trece de octubre de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo señalado en el artículo 98, de la Ley de Amparo, por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que éste HA CAUSADO ESTADO. En mérito de lo anterior, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del acuerdo de mérito, no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un asunto relevante. En diverso aspecto, se advierte que la parte quejosa exhibió documentos al presente expediente, por tanto, se le da vista para que dentro del plazo de noventa días computados legalmente, comparezca debidamente identificada al local de este juzgado a recibir dichos documentos, los cuales en caso de ser omisa, serán destruidos junto con el expediente; lo anterior de conformidad con lo establecido en el considerando décimo primer del Acuerdo General mencionado con antelación.

  2. Principal

    Así las cosas, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en en la fracción XXIII del artículo 61, en relación en relación con el 107, fracción V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR la demanda de amparo promovida por xxx, representante común de xxxx; contra actos del Juzgado Quinto Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México. Finalmente, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta, por el cual el Actuario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, devuelve diligenciado el exhorto número 466/2022 (origen 466/2022), derivado de los autos del juicio de amparo en que se actúa, en el que se encomendó notificar a la parte quejosa, la determinación emitida el veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Sin que haya lugar a acusar recibo, toda vez que dicha comunicación se remitió a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), la cual genera el acuse de manera automática.

  3. Principal

    Precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114, fracciones I, II y III, en relación con el 108, fracciones I y IV, ambos de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a XX, para que dentro del plazo de CINCO DIAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad realice lo siguiente: Acredite con documento fehaciente la personalidad con la que se ostenta, esto es, como representante común de XX. Lo anterior, en virtud de que el promovente refiere que es representante común de XXX, personalidad que dice tiene acreditada ante la autoridad responsable en los autos del juicio del cual deriva el acto que por esta vía reclama; sin embargo, este juzgador a la fecha no cuenta con las constancias para corroborar dicha circunstancia, pues de conformidad con el artículo 11, de la Ley de Amparo, la personalidad debe reconocerse en el Juicio de Amparo, cuando alguno de los interesados tenga reconocida la personalidad ante la autoridad responsable; sin embargo, tal extremo debe quedar plenamente acreditado; pues dicho numeral prevé que se debe comprobar tal circunstancia con las constancias respectivas. Tal razonamiento descansa en el hecho de que la personalidad es un presupuesto procesal de análisis oficioso que debe atender el juzgador al presentarse la demanda, y en el caso de considerar que existe alguna irregularidad al respecto, con fundamento en el artículo 114, de la Ley de Amparo, deberá requerir al promovente para subsanar las omisiones o irregularidades que se adviertan; puesto que de no acatar lo anterior, se ordenaría la reposición del procedimiento. Asimismo, en virtud de que el artículo 17, Constitucional prevé la garantía relativa a la pronta y expedita impartición de justicia, que obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que, orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción, los cuales evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se haya instituido por los artículos 103 y 107, del mismo ordenamiento fundamental, como el medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, es decir, que estos adquieren matices propios con relación al tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo. En consecuencia, si en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, en el juicio de amparo, a diferencia de otros, en donde el examen de la misma queda librado a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al órgano jurisdiccional para que la analice, corresponde al juez de amparo analizarla considerando que la materia del debate no son intereses puramente privados sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional, y por tanto analizar la personalidad del promovente del amparo. Por tanto, analizar la personalidad del promovente del amparo implica que el estudio oficioso de esta cuestión no debe realizarse en cualquier momento del juicio, ni tampoco dejarse a la oportunidad con que el conductor del proceso advierta una irregularidad en su acreditamiento, porque este criterio conduce a un resultado que abiertamente se opone a los fines del artículo 17, Constitucional, en cuanto favorece la tramitación ociosa de un juicio, en una o dos instancias, que no culmina con la solución del conflicto y sí en cambio distrae la atención de los tribunales federales y causa perjuicios a las partes litigantes, ya que de estimarse lo contrario acarrearía un empleo estéril de recursos materiales y humanos dispuestos para su tramitación y decisión, con la que ocasionaría perjuicios a las partes del proceso, que ven regida su situación por los proveídos dictados desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se advierte la falta de personalidad del promoverte, que podría ocurrir inclusive en la segunda instancia con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidas a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, algunas de ellas altamente gravosas; además de que lesiona el sistema integral de administración de justicia en perjuicio de quienes no son partes en ese juicio. Aclare el acto que reclama en esta instancia constitucional, toda vez que del capítulo correspondiente se advierte que señala como tal, el siguiente: La omisión de otorgar de conformidad fecha y hora para hacer comparecer e interrogar al perito tercero en discordia. Sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado, en el punto seis, refiere que el tres de agosto de dos mil veintidós, el Juez se pronunció al respecto, señalando lo siguiente: Determinación en contra de la cual, interpuso recurso de revocación, mismo que en resolución de veintidós de agosto de dos mil veintidós, determinó confirmar el auto impugnado. En ese sentido, deberá exponer de manera concreta y concisa el acto que reclama a la autoridad responsable, pues como se explicó, no se desprende la omisión que señala en el apartado relativo al acto reclamado, debido a que de sus propios antecedentes, se advierte que el juez se pronunció en cuanto a su petición, la que incluso recurrió, al no estar de acuerdo con ella, de ahí, que deberá precisar si es su deseco insistir en reclamar la omisión, o bien la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintidós . Asimismo, deberá exhibir cuatro copias del escrito por el que desahogue la prevención formulada y el escrito con el que acredite su personalidad, a efecto de correr traslado a cada una de las partes en el presente asunto de la siguiente forma: una para la autoridad responsable, dos para los terceros interesados y una para el agente del ministerio público adscrito a este juzgado. La exhibición de las copias del desahogo, es con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba al promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la Litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer, que acto se reclama, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110, de la Ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso. Se apercibe al promovente que de no dar cumplimiento al requerimiento inserto en el número uno se proveerá respecto de la demanda únicamente por propio derecho; y respecto a los arábigos dos y tres, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención antes precisada deberá provenir directamente por la quejosa, pues es la única legitimada para manifestar el acto que por esta vía reclama, puesto que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccionl, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, al ser los titulares de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los actos que impugna, al ser un acto personalísimo. En diverso aspecto, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene por señalado como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, toda vez que el señalado, se encuentra fuera de la jurisdicción donde ejerce competencia este juzgado.

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