Malconm Barron Evangelista y Otros.
Expediente 770/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 770/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Malconm Barron Evangelista y Otros.
- Malconm Barron Evangelista
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, siete de octubre de dos mil veintidós. Homólogo acepta competencia. Se agrega al cuaderno de antecedentes el oficio con firma electrónica -evidencia criptográfica- del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. En éste, comunica que en proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 15055/2022 de veinticinco de julio de dos mil veintidós, data en que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo que originó el expediente en que se actúa. Asimismo, de una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, se aprecia que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, al cual por turno le correspondió conocer de la competencia declinada, radicó el juicio bajo el número de expediente xxx de ese índice. Igualmente, se advierte que por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós -previa aceptación de competencia y prevención de demanda-, el citado órgano jurisdiccional determinó desechar de plano la demanda en cuestión, al tener por actualizada la causal de improcedencia que prevé el artículo 61 fracción X de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto totalmente concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se declaró incompetencia en razón de territorio. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez que transcurra el lapso de conservación, deberá procederse a la destrucción. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 770/2022-VII. Puebla, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte que en auto de veinticinco de julio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por y se ordenó enviar los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, para realizar el turno correspondiente. Asimismo, de una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, se aprecia que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, fue quien por turno correspondió conocer de la competencia declinada, radicándolo bajo el número de expediente de ese índice. Igualmente, se advierte que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, a la fecha no ha acusado de recibo correspondiente, por tanto, se le solicita de manera respetuosa que a la brevedad posible acuse de recibo el oficio, del índice de este órgano jurisdiccional, por el cual se le remitió el expediente original del juicio de amparo o, informe la imposibilidad legal que tenga para ello. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 770/2022-VII. Puebla, Puebla, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Se agrega exhorto diligenciado. Se agrega al expediente el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 91/2022, con número de orden 266/2022, por el cual se encomendó que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara al representante común , el proveído de veinticinco de julio de dos mil veintidós. Notificación que realizó una diligenciaria judicial el veintisiete de julio de dos mil veintidós, en forma personal con el representante común, como se desprende de las constancias recibidas. En esas condiciones, queda notificado el representante común del proveído en mención, conforme a la diligencia practicada en la fecha citada, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, se ordena dar de baja el mencionado exhorto, con la hipótesis "diligenciado", tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 770/2022 VII. Puebla, Puebla, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos que suscriben , por derecho propio, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración de la demanda original al expediente. En virtud de las cuestiones de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Representación común La demanda de protección revela una omisión de los quejosos: no designaron representante común entre ellos. Entonces, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común al primero de los nombrados:. Sobre todo, porque habrá de ordenarse la notificación de este proveído por exhorto, al centro donde están recluidos los quejosos. De ahí que sea necesaria la designación del representante común, para que sólo el quejoso en mención reciba la notificación y con ello se disminuya el riesgo de contagio, en la situación actual que vive la República Mexicana por la enfermedad COVID-19. Lo anterior, con independencia de que los quejosos nombren con posterioridad un representante común distinto. Exhortación para la tramitación de juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Incompetencia legal. Este juzgado federal estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por , por propio derecho. En principio, resulta preciso destacar que las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional. Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: De este dispositivo legal se desprenden básicamente tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante quien se presente la demanda; c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, la lectura integral de la demanda, permitió advertir que los quejosos no identificaron autoridad responsable alguna en la residencia de este juzgado federal, en cambio, señalaron actos omisivos que conllevan efectos positivos, pues lo que pretenden al promover el amparo es que las consecuencias de la decisión que se efectúe, se concretizarán, invariablemente, en el lugar donde se encuentran internos. Lo anterior es así porque dichas omisiones verbigracia la posibilidad de que las personas que se encuentran privadas de libertad puedan entrevistarse en forma libre y privada con su defensor y a disponer del tiempo y medios razonables para su defensa, así como instalar espacios donde se realicen la práctica de diligencias de notificación personal y el desahogo de diversas diligencias procesales; el suministro de material cultural y educativo, de insumos de higiene y limpieza; la dieta nutritiva y salubre, así como la dotación de servicios médicos de calidad; son de carácter positivo porque implica que su materialización tendrá ejecución en el lugar de su reclusión que es en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 (CEFERESO 5) ubicado en Villa Aldama, Veracruz. Por lo tanto, esta juzgadora declara la actualización de la incompetencia legal por territorio, conforme a la tesis jurisprudencial de rubro: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO."1 Entonces, se declara la incompetencia legal de este juzgado para continuar el trámite del juicio de protección de derechos, promovido por los quejosos. Lo cual obliga a declinar el conocimiento del asunto al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, en turno, dado que tendrá los elementos idóneos para recabar pruebas de manera eficaz, por compartir la misma residencia de una autoridad responsable señalada en la demanda. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, entre otros temas; se declina la competencia legal por territorio al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, en turno. En consecuencia, se ordena remitir el expediente formado con la demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, para que por su conducto se sirva remitirlo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama. Respetuosamente se solicita al Juez de Distrito que reciba el presente asunto, informe si aceptó la competencia legal declinada; y de ser así, remita el acuse de recibo. Ahora, en ningún momento se pasa por alto que en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, el juez que se declara incompetente debe abstenerse a decidir sobre la admisión y respecto de la medida suspensional del acto reclamado, salvo que se trate de algún supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo, por virtud de lo siguiente: En ese sentido, los actos reclamados por los quejosos, no pueden ser materia de la suspensión de oficio y de plano, en tanto se trata de actos omisivos derivados de las condiciones de internamiento en el centro penitenciario; de ahí que, no son de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Maxime, que en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se publicó el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Además, acorde con ese razonamiento la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé diversos medios de control para efectos de que las personas privadas de su libertad personal puedan inconformarse de las condiciones de su internamiento, inclusive en cuestiones de carácter urgente. Al respecto, resulta aplicable el criterio jurisprudencial 1a./J. 79/2018 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, página 230 (registro digital 2018548), cuyo rubro y texto establece: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Bajo esa perspectiva, además de que los actos reclamados por los quejosos no se ubican en los supuestos del artículo 22 constitucional, lo cierto es que se trata de cuestiones de internamiento que no constituyen para efectos del juicio de amparo un supuesto de hecho de tramitación urgente; pues, las personas privadas de su libertad personal tienen a su alcance un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Por consiguiente, al declararse esta operadora jurídica incompetente en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, se encuentra impedida para decidir sobre la medida suspensional. Notificación a los quejosos Los quejosos se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 "Oriente" ubicado en Villa Aldama, Veracruz, motivo por el cual se provee: Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, 297, fracción II, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y en términos del artículo 79 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, líbrese atento exhorto en línea, al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, residente en Villa Aldama, en turno, para que en auxilio de este órgano constitucional ordene a quien corresponda, se constituya en el citado centro donde se encuentran recluidos los quejosos y notifique el presente proveído al representante común Para ese efecto, se le envía copia certificada de este proveído. Se hace notar al juez exhortado que está facultado para autorizar días y horas inhábiles para realizar lo encomendado, así como para que acuerde promociones y provea todas las diligencias que sean necesarias para cumplir lo solicitado. Por lo que se pide en forma atenta que devuelva la comunicación oficial por el sistema en línea, es decir, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en cuanto se realice la diligencia con los quejosos. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a los quejosos que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, en el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Acceso a la información. Con fundamento en los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Cuaderno de antecedentes y registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se ordena formar expedientillo (cuaderno de antecedentes) con las constancias necesarias, dado que el original del presente juicio habrá de remitirse por la declaración de incompetencia legal. Asimismo, se ordena al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Notifíquese; de manera personal al representante común de los quejosos en el lugar de su reclusión (por exhorto), y cúmplase.
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