Malaquias Colmenares Flores
Expediente 1208/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1208/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/11/2021
Partes del expediente
- Malaquias Colmenares Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el oficio proveniente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención al requerimiento de veintidós de octubre del año en curso, remite copia certificada del requerimiento con folio F921080000225 mismo que fue notificado el trece de octubre del año en curso; por tanto, de conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad informante en vías de cumplimiento. Se da vista con la adscripción de nueva titular. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se acordó la primera adscripción de la jueza Mabel Cortez Navarrete, en este Juzgado, con efecto a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, lo que se comunicó a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/1095/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, emitido por el Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto con fundamento en lo dispuestos en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo rubro y texto siguientes: "Registro digital: 164217 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 104/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010, página 312 Tipo: Jurisprudencia SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa, el auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Zapopan, Jalisco, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. I. Informe justificado. Visto el oficio de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, rindiendo informe justificado, con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. II. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa, misma que se tomará en consideración. III. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de la prueba documental que allega la autoridad oficiante, la cual es merecedoras de valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, consistente en una actuación llevada a cabo en el expediente laboral de origen 1637/2017-F, de su índice, se advierte en lo que interesa, la inexistencia del acto reclamado toda vez que la junta responsable el diez de agosto de dos mil veintiuno, cerró la instrucción del juicio. En razón de lo anterior, se arriba a la conclusión de que no cabe el análisis de fondo del presente asunto, y por ende, habrá de decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, al actualizarse una causa que impide su examen, misma que es de estudio oficioso y preferente por mediar en ello el orden público, tal como se precisa en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio. Apoya la anterior consideración la tesis aislada número VI.2º.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página novecientos tres, tomo XV, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las ???? razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo.". En efecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: ... IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.." Conforme a lo anterior, el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos no quede demostrada la existencia del acto impugnado a la autoridad señalada como responsable en la demandada o no se probare su existencia en la audiencia constitucional. En el caso concreto, el quejoso alude bajo protesta de decir verdad que la autoridad responsable Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, ha omitido dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 1637/2017-F, dentro de los términos y plazos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, es ampliado desde la perspectiva que manifiesta que es actor en el juicio laboral en comento y que la responsable ha sido omisa en cumplir con la obligación que le impone los artículos 886 a 890 de la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, tanto las manifestaciones del quejoso como la de la responsable, así como de la constancia de marra, determinan la existencia del juicio 1637/2017-F, promovido por Malaquias Colmenares Flores, ahora quejoso, en contra de la fuente de trabajo denominada Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; que este se encuentra radicado en la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, y que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo no existía dilación alguna por parte de la ??????? responsable respecto a los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, para el dictado del laudo, en el conocimiento que a esa fecha no se había cerrado la instrucción. En ese tenor, es de recordar que los artículos 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo disponen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener: (.)" "Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. --- Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. --- La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo, se llevará a cabo en sesión de la Junta, de conformidad con las normas siguientes: --- I. Se dará lectura al proyecto de resolución, a los alegatos y observaciones formuladas por las partes; --- II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y --- III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado." "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. --- Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." "Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." Del contenido sistemático de los preceptos trascritos se advierte que la junta debe emitir el laudo, ciñéndose a los siguientes términos: a) Diez días a partir de que se cierre la instrucción para emitir el proyecto de resolución en forma de laudo; b) Cinco días a partir de que los integrantes reciban la copia del proyecto de resolución en forma de laudo, para que soliciten que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las ?????????? partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad; y, c) Diez días a partir de que hayan trascurrido los cinco días referidos en el inciso que antecede, para que se lleve a cabo la discusión y votación del proyecto de resolución en forma de laudo. Bajo estas condiciones, si la demanda de amparo se presentó el nueve de julio de dos mil veintiuno y, como se advierte de la constancia adjunta al informe de ley, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no se había cerrado la instrucción en el juicio de origen, si no fue hasta el diez de agosto de dos mil veintiuno cuando se cerró la instrucción, resulta evidente que a la fecha de promoción del juicio de amparo, la omisión reprochada no existía, puesto que la Junta no estaba en la aptitud legal de dictar laudo al no haberse cerrado instrucción en el juicio 1637/2017-F. En ese tenor, es de ponderar la documental allegada por la junta responsable, misma que fue objeto de tasación en párrafo previo, de las que se evidencia, se insiste, que el diez de agosto de dos mil veintiuno, fue cuando se cerró la instrucción a juicio. Así las cosas, del análisis de las constancias que integran el sumario, se desprende con certeza que no obra medio de convicción alguno que demuestre la existencia del acto reclamado a la Junta responsable, a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Lo hasta aquí considerado se fortalece, sobre todo si se toma en consideración que la existencia de los actos reclamados deben analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia siguiente: "Octava Época Registro: 206346 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 79, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Página: 15 ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo . En el entendido de que las causas de sobreseimiento contenidas en el artículo 63 de la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, por el criterio que informa, la tesis que dice: "Décima Época Registro: 2000365 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: XVI.1o.A.T.2 K (10a.) Página: 1167 IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.". Ello, al ser acorde, como se ha dicho, con la nueva estructura del juicio de amparo. III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En razón de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. IV. Intégrese expediente físico. ???????????? Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
- Principal
Zapopan, Jalisco, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Vías de cumplimiento. Visto el oficio proveniente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual, informa que se encuentra realizando las gestiones a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y al efecto, exhibe diversas constancias con las cuales pretende acreditar su dicho; por tanto, de conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad informante en vías de cumplimiento. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que dentro del término de diez días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acredite haber dado puntual cumplimiento a la ejecutoria, remitiendo constancia fehaciente de ello, a saber: "1.- Emita la resolución que corresponda en el incidente innominado de terminación de la relación de trabajo, promovido por el apoderado especial de la parte demandada. 2.- Deje sin efectos, la interlocutoria de liquidación de veintiséis de abril de dos mil dieciocho y previo a emitir otra. 3.- Requiera a la Tesorería Municipal de El Salto, Jalisco, informe los incrementos que tuvo el puesto al que se condenó a reinstalar a la quejosa, misma que deberá remitirse con la documentación soporte. 4.- En su caso, haga efectivos los apercibimientos correspondientes. 5.- Haga uso de los diversos medios a su alcance para dar celeridad a la ejecución del laudo, emitiendo lo acuerdos y recordatorios que correspondan para lograr la conclusión del juicio en el menor tiempo posible. 6.- De vista a las partes con las constancias que le sean remitidas. 7.- Emita la resolución interlocutoria, una vez transcurrido el plazo a las partes con las constancias a que se refiere el punto anterior." Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vías de cumplimiento. Se recibe el oficio signado por el Delegado y Jefe del Área de Amparos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, por instrucciones del titular de dicha secretaría, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de seis de agosto del año en curso, remite constancias y, entre otras manifestaciones, refiere que se encuentra realizando las gestiones necesarias a las partidas presupuestales autorizadas, para dar cumplir con la ejecutoria de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad informante en vías de cumplimiento. Se concede prórroga. Ahora, en cuanto a la prorroga que solicita, para efecto de concluir con las gestiones internas, toda vez que refiere que ya cuenta con el presupuesto a fin de cumplir con el fallo protector, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se concede a la autoridad responsable Director General Administrativo de la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, por una prórroga de diez días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable encargada del cumplimiento, de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá a su titular una nueva multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Tiene sustento lo anterior, en la siguiente Jurisprudencia siguiente: "Décima Época Registro: 2007918 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19 PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, 193, párrafo primero, y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario del Transporte del Estado de Jalisco quien resulta ser el superior jerárquico de la citada autoridad, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado de Distrito, constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. Intégrese expediente físico. Se instruye al Secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído, y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
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