MAIRON RODRIGUEZ PRIETO y Otros.
Expediente 41/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 41/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- MAIRON RODRIGUEZ PRIETO y Otros.
- Mairon Rodriguez Prieto
Actuaciones
- Principal
.... se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales en el punto en el que quedaron pausados....se ordena reanudar el trámite de este juicio de amparo.... se difiere la audiencia constitucional, y se señalan para tal efecto las nueve horas con veinte minutos del veintidós febrero de dos mil veintidós. Notifíquese.
- Principal
... Atento a las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, dado que el juicio constitucional sólo puede tramitarse a instancia de parte agraviada, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de dieciocho de enero de este año y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, se dejan sin efecto las medidas cautelares dictadas con motivo de dicha promoción. ...Notifíquese. ....
- Principal
... En ese contexto, la detención administrativa debe ser excepcional y encontrarse debidamente justificada sin que pueda tornarse indefinida, en caso de que sea su intención, solicitar el reconocimiento de la condición de refugiados. Además, con fundamento en el artículo 1 Constitucional y numeral 160, 162 y 164, último párrafo de la Ley de Amparo, con la finalidad de proteger los derechos humanos de los impetrantes, se concede la suspensión de plano, a fin de que las autoridades responsables: No ejecuten la orden de deportación. Se haga del conocimiento de los quejosos los derechos fundamentales que la Constitución y la legislación secundaria respectiva consagran a su favor. Los quejosos queden a disposición de esta autoridad sólo por lo que hace a su libertad personal, en el lugar que la autoridad estime adecuado, respetando en todo momento sus derechos constitucionales y humanos; hasta en tanto se determine su situación migratoria en territorio nacional. Ahora bien, como las autoridades migratorias que, al depender de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, es claro que tienen la calidad de "autoridades administrativas distintas al Ministerio Público", queda de manifiesto que el otorgamiento de la suspensión debe tener los efectos previstos en el segundo párrafo del artículo 164 de la Ley de Amparo, esto es, poner en libertad al quejoso. Por tanto, si la detención no deriva de la comisión de un delito, deberá dejarse en libertad a los quejosos, siempre y cuando previamente cumplan con todos y cada uno de los requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley de Migración, correspondiendo a las autoridades competentes vigilar bajo su estricta responsabilidad su cumplimiento e informar al juzgado de amparo los trámites que al efecto se lleven a cabo. En el entendido de que la suspensión no surtirá efecto legal alguno si los actos de los que deriva la restricción son diversos a los reclamados o provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables en la demanda de amparo, o bien, si la detención de los quejosos obedece a la comisión de un delito. De estimarlo adecuado la autoridad responsable y bajo su más estricta responsabilidad, haga del conocimiento del consulado correspondiente, la situación jurídica de cada uno de los quejosos. Permitan a los quejosos comunicarse con sus familiares o personas de confianza, ya sea en territorio nacional o fuera de este, si así lo desean, facilitándoles lo antes posible, los medios para hacerlo. De ser procedente, el Instituto Nacional de Migración dicte las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de libertad personal, cualquiera que sea su denominación), que aseguren que los quejosos no evadan el cumplimiento de las leyes sobre migración, refugio, protección complementaria y asilo político, debiendo valorar la posibilidad de entregar en custodia a la solicitante del refugio, en términos del numeral 101 de la Ley de Migración, si se exceden los plazos que para su alojamiento en una estación migratoria contempla dicha legislación. En el entendido que la suspensión concedida no constituye un obstáculo para que, de ser voluntad expresa de los aquí quejosos, puedan retornar a su país de origen, para lo cual deberá prestárseles la debida asistencia. Sirve de apoyo, también por las razones que la sustentan, la jurisprudencia I.3º.A.J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 951, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del Artículo 123 de la Ley de Amparo". En acatamiento a la medida cautelar, las autoridades responsables deberán informar a este Juzgado de Distrito, dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de la notificación de este auto, el cumplimiento de la suspensión de plano; lo anterior, en términos del artículo 15, último párrafo de la Ley de Amparo; con el apercibimiento que de no rendir el informe solicitado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para avalar su dicho, se les impondrá una multa por el equivalente de cincuenta veces la unidad diaria de medida a que se refiere el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se precisa a las autoridades responsables que de incumplir con el presente mandato judicial, pueden incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa 193 de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [...] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra;." CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. Comuníquese de inmediato esta determinación a las autoridades responsables, a fin de que den pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído. Al respecto, es aplicable la tesis VI.1o.A.19 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y ocho, tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio". Las autoridades responsables dentro del plazo de veinticuatro horas, siguientes a que surta efectos la notificación de este proveído, deberán rendir su informe sobre el cumplimiento a la suspensión de plano decretada, así como indicar la fecha y hora exacta en que fueron detenidos, si la detención ocurrió en flagrancia o en cumplimiento a una orden de privación legal de la libertad, para lo cual deberán agregar al informe copia certificada de las constancias que guardan relación con el acto reclamado; asimismo, deberán informar los nombres de las personas responsables de la detención y que figuren como autoridades competentes para ello, indicando de manera puntual las autoridades a cuyo cargo se asignó la custodia y el tiempo que permanecieron bajo la guarda de cada una de ellas, en caso de existir varias, anexando para tal efecto las constancias que así lo acrediten. Lo anterior, en virtud de que la cadena de custodia de personas y línea de mando son establecidas con la finalidad de identificar al servidor público que en cada momento tiene la responsabilidad de custodiar al detenido, para efectos de establecer la calidad de garante que sirve como condición para los delitos de comisión por omisión, y así, en caso de quebrantamiento, estar en aptitud de determinar la autoría o complicidad respectiva. Se previene a las autoridades responsables, que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracciones I, III y V, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 262.- Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; [...] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; [.] V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia precisado en párrafos precedentes, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que en el término de veinticuatro horas, informen todo lo conducente que pueda servir sobre la situación legal y migratoria que enfrentan en este país los quejosos, con el apercibimiento que de no hacerlo así o no informar oportunamente la causa legal que se los impida, se les impondrá una multa por el equivalente de cincuenta veces la unidad diaria de medida a que se refiere el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. SE COMISIONA A LA ACTUARIA Se faculta a la Actuaria de la adscripción, para que se constituya en el edificio del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, o en cualquier centro de detención o reclusión de esta ciudad, en aras de lograr la ubicación de los quejosos Mairon Rodríguez Prieto, Lazara Crispina Lisca Bonilla, Ariagna Chelan Queveda y Yakelin Fernández Levya; una vez localizados, se encomienda a la funcionaria adscrita realizar de manera enunciativa más no limitativa, acorde a la variedad de escenarios posibles, lo siguiente: 1. Dé fe en el acto de la diligencia, de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. En el entendido que se deberá actuar de manera especial, tratándose de menores de edad o algún otro grupo de personas que se ubique en estado de vulnerabilidad. 2. Dé fe del estado físico de los quejosos al momento en que se desahogue la diligencia e interrogarlos sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentra y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y en su caso utilizar algún medio electrónico gráfico (fotografía) en donde puedan quedar registradas las lesiones. Dé cuenta de inmediato para que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente a la asistencia médica y demás medidas de atención que, en su caso, requieran los quejosos. Se hace del conocimiento a las autoridades que están obligadas a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Para lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o lanzar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior, constituirá una obstaculización a la Justicia Federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la Ley de Amparo, solicitando al efecto el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles y/o militares. Se hace saber a las autoridades responsables que el artículo 237 de la Ley de Amparo, faculta a este órgano jurisdiccional aplicar medidas de apremio a fin de que se cumplan sus mandatos, por lo que en caso de desatender las medidas ordenadas, se les impondrá multa por el equivalente de cincuenta a mil veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y se hará la denuncia ante el Ministerio Público Federal. Atento a lo manifestado, se estima innecesario tramitar el incidente de suspensión solicitado en la demanda respecto a los actos reclamados, en razón de que la suspensión de plano concedida es equiparable a la definitiva, de conformidad con lo que determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número P./J. 1/96 (8A), publicada en la página setenta y tres, tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de mil novecientos noventa y seis, de la Novena Época, mil novecientos noventa y seis, que dice: "SUSPENSION DE PLANO DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISION CONTRA EL AUTO QUE LA NIEGA O CONCEDE. Si bien el artículo 83 de la Ley de Amparo no señala expresamente que proceda el recurso de revisión contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión de plano de los actos reclamados, el artículo 89 de esta Ley, que regula el trámite de este recurso, en su tercer párrafo implícitamente establece su procedencia al disponer que "tratándose del auto en que se haya concedido o negado la suspensión de plano, interpuesta la revisión, sólo deberá remitirse al Tribunal Colegiado de Circuito copia certificada del escrito de demanda, del auto recurrido, de sus notificaciones y del escrito u oficio en que se haya interpuesto el recurso de revisión, con expresión de la fecha y hora del recibo." La omisión en el artículo 83 deriva, indudablemente, de una deficiente redacción legislativa. No sobra abundar que la suspensión de plano, por sus características, es equiparable a la suspensión definitiva que se decreta en el incidente de suspensión, en tanto que surte sus efectos hasta que se decide en definitiva el juicio en lo principal, sin estar sujeta a una resolución interlocutoria". Se autoriza a la Actuaria de la adscripción para que de resultar inexacta la denominación de las autoridades mencionadas en el presente auto y se le proporcione la correcta, proceda a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada. De igual manera, la funcionaria deberá requerir a los quejosos directos, para que en el acto de la diligencia, o bien por escrito, dentro del término de tres días, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor, apercibidos que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada, en términos del artículo 15 de la ley de la materia. Dar cuenta de inmediato para estar en aptitud de proveer lo conducente, en caso de que del resultado de la diligencia, se desprenda que se pudiese haber cometido maltrato a los quejosos. En el entendido que de ser necesario, se ordenará la práctica del dictamen médico psicológico especializado en materia de tortura a la luz del Protocolo de Estambul. Lo anterior, en estricto cumplimiento al mandato constitucional de prevenir la continuación de violaciones a los derechos humanos, contenido en el artículo 1o. de la Carta Magna. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en la demanda. PROFESIONISTA AUTORIZADO Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Martín Guadiana Salinas, toda vez que tiene registrada su cédula profesional para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. COMUNICACIÓN NO PROCESAL Se tiene al promovente proporcionando el correo electrónico martinguadiana.s@gmail.com, así como el número de teléfono 8110694267, los que se tomarán en consideración para las comunicaciones no procesales que estime necesario este juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a las Actuarias adscritas a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. COPIAS Conforme a lo previsto por el numeral 36 del Acuerdo General 12/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes para que hagan uso de dicha herramienta, y de esa manera evitar su presencia física en estas instalaciones, así como la concentración innecesaria de personas, ya que tales factores contribuyen a la propagación del virus. USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. Ilustra lo anterior la tesis I.1o.A.23 K (10a.) de rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Por otro lado, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, 9° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional protegerá sus datos personales, salvo el consentimiento expreso de la parte correspondiente para que dichos datos sean publicados. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Procédase a digitalizar las constancias relativas de este asunto para integrar el expediente electrónico. DISPOSICIONES EN TORNO A LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL Mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus COVID-19, durante el periodo comprendido del tres de agosto de dos mil veinte al uno de mayo de dos mil veintidós, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el Acuerdo General 21/2020, reformado a través del diverso Acuerdo 1/2022. Ante ello, se hace saber lo siguiente: I. Consulta de expediente, desahogo de comparecencias o requerimientos. Conforme a los numerales 2, fracción VII, y 3 a 6 de la aludida normatividad, podrán programarse citas para consulta de este expediente, desahogo de comparecencias o requerimientos en las instalaciones de este juzgado de distrito. Para tal efecto, queda a su disposición el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas, en la página electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales II. Medidas sanitarias Como lo dispone el numeral 7, del Acuerdo General 21/2020, para acudir a las citas que se programen, las personas deberán presentarse puntualmente, respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva, así como los controles sanitarios establecidos para ingresar al inmueble, utilizando cubrebocas en todo momento y manteniéndose en los espacios que se les indiquen. En la inteligencia que el incumplimiento de lo anterior generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. III. Atención al público en general y publicación de lista. Dado que aún no se permitirá el acceso libre de las personas justiciables a las oficinas de este órgano judicial, su presencia física únicamente se admitirá a) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva en los términos especificados en el punto 3.1; es decir, para la consulta de expedientes, desahogo de comparecencias o requerimientos, y b) de manera excepcional cuando el juzgado así lo determine respecto de las quienes deban participar en alguna diligencia, siempre que ello no represente algún riesgo para la salud de los servidores públicos y de los comparecientes; por lo anterior, en aras de preservar los principios que rigen la función judicial, en ningún caso se programarán citas para exponer puntos de vista sobre los asuntos en forma privada al titular. Además, atendiendo a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y el dispositivo 21 del multicitado Acuerdo General 21/2020, se comunica que las listas de acuerdos se publicarán en internet y podrán consultarse en el micrositio especificado en líneas anteriores; adicionalmente, la administración del edificio colocará un ejemplar de la lista en un espacio de fácil acceso. Se puntualiza que en la página electrónica en comento se encuentran los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás datos de contacto del personal de este órgano judicial, para entablar comunicación no procesal. IV. Notificaciones. Las notificaciones se practicarán conforme a lo previsto por la ley de la materia; sin embargo, se instruye a las Actuarias de la adscripción para que al desahogar las diligencias que deban realizarse de manera personal, se apeguen a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo del Consejo de la Judicatura Federal. V. Invitación a las partes. En cumplimiento a los artículos 22, 28, segundo párrafo, y 29 de la normativa a la que se ha hecho referencia en este apartado, se invita a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, solicitando la consulta del expediente electrónico y recepción de notificaciones por esa vía. De igual manera, se les conmina para que las promociones correspondientes se presenten por medio de los mecanismos habilitados para tal efecto, esto es, el Portal de Servicios en Línea y los puentes de interconexión entablados con las autoridades, considerando que el esquema de trabajo implementado por el acuerdo general de referencia establece que la mayor parte del personal judicial laborará de manera remota para privilegiar las medidas de distanciamiento social y reducción de la movilidad, necesarias para enfrentar la contingencia. También se les exhorta para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se les brinde atención respecto de cuestiones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente a los quejosos. ...
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