Mairim Nieves Montes de Oca González
Expediente 2108/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2108/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 16/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mairim Nieves Montes de Oca González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio por medio del cual se notificó la resolución de que se trata a la autoridad responsable foránea. Ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Y en relación a dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado. Hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio; sin embargo, en virtud de que en el mismo se concedió una medida cautelar, pues se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados, lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como susceptible de depuración. Como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el día treinta de noviembre de dos mil veintidós. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el día treinta de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 2108/2022-II-A, promovido por ******************** en contra de los actos que reclama de la Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México, y otra autoridad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (a través del buzón judicial), y turnado el mismo día a este órgano de control constitucional, compareció ******************** a solicitar amparo en contra de los actos que reclamó de la Secretaría de Gobernación Delegación Yucatán, Instituto Nacional de Migración, Titular del Centro Nacional de Alertas, y Titular de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, todas con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Prevención y suspensión de plano. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se previno a la quejosa para que manifestara el medio por el cual tuvo conocimiento de la alerta migratoria, así como para que ampliara los hechos u omisiones que le constaren en relación a los antecedentes del acto reclamado. TERCERO. Admisión de demanda. Cumplidos los requerimientos efectuados, por auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se tuvo como autoridades responsables únicamente a la Secretaría de Gobernación y al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por tal motivo se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades señaladas su informe justificado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Adicionalmente se dio vista a la quejosa respecto a la inexistencia de la autoridad responsable al Titular del Centro Nacional de Alertas. CUARTO. Se hace efectivo apercibimiento. Por auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de trece de septiembre del mismo año, y se dejó de tener como responsable al Titular del Centro Nacional de Alertas. QUINTO. Se hace efectivo diverso apercibimiento. Por auto de cinco de enero de dos mil veintitrés, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, y no se tuvo como responsable a la Subdirectora del Centro Nacional de Alertas del Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad de México. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: a) La alerta migratoria decretada en su contra; b) La falta de notificación de la alerta migratoria; c) La omisión de proporcionar en forma completa, clara y oportuna sobre el derecho a la información de la alerta migratoria y el recurso o medio de defensa para combatir; d) La no autorización de la regularización por unidad familiar; e) La persecución y limitación de los derechos de los extranjeros; f) La deportación y la proscripción decretada en su contra; g) La negativa de admisión, substanciación y entrega de la residencia temporal por unidad familiar. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados al Secretario de Gobernación con sede en Ciudad de México, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado rendido por conducto del Director General de Procedimientos Constitucionales, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. De igual manera no son ciertos los actos reclamados al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al momento de rendir su informe de ley. Negativa que además se corrobora con las constancias que al mismo remitió en alcance a este juzgado, las que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°., y de las que se desprende lo siguiente: Por lo que se refiere a la no autorización de la regularización por unidad familiar, la aquí quejosa inició dicho trámite ante la Subdirección de Regulación Migratoria en Chetumal, Quintana Roo, mismo que quedó registrado con el número de trámite NUT ********************, el cual fue resuelto el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, negándole la regularización migratoria en la modalidad de regularización por unidad familiar, concediéndole un término de veinte días para salir del país o diez días para ingresar el trámite que a sus intereses conviniera. Siendo que dicha autoridad ante la cual, se insiste, la propia quejosa inició el trámite de regularización, no fue señalada como responsable. Sin que hubiese existido obligación por parte de este Juzgado de darle vista a la quejosa para que señalara como responsable a esa autoridad, ya que era del conocimiento de ésta que ese trámite lo realizó ante dicha autoridad, aunado a que se le pusieron a la vista las constancias de referencia y no realizó manifestación alguna al respecto. También se advierte en relación a la alerta migratoria y sus consecuencias, que la misma fue emitida por la Subdirectora del Centro Nacional de Alertas del Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad de México. Sin embargo, por proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, al advertirse su participación se le dio vista para que manifestara si ampliaba su demanda por lo que a esa autoridad se refiere, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendría únicamente como responsables a las señaladas en su escrito de demanda. Apercibimiento que se hizo efectivo el cinco de enero del año en curso. Lo cual genera imposibilidad para examinar la constitucionalidad de ese acto y sus consecuencias. Es aplicable a lo expuesto, la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." De ahí que por lo que se refiere a esa autoridad, esto es, al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, los actos reclamados sean inexistentes. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la propia autoridad denominada Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, hubiese manifestado que ante ella solamente se inició un trámite de solicitud de visa por oferta de empleo promovido por ******************** en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada ********************., a favor de la aquí quejosa ********************. Pues como se dijo, dicho trámite lo inició la persona moral antes indicada, y fue a ella a quien se le notificó la resolución negativa que recayó a su solicitud, se le hizo saber el recurso que en contra de ella procedía, y el término que tenía para interponerlo; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 del Reglamento de la Ley de Migración. Aunado a que al margen de lo anterior, dicha determinación no se señaló como acto reclamado ni el procedimiento ni la resolución de dicha solicitud de visa por oferta de trabajo. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, por falta de materia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******************** en contra del acto que reclamó de la Secretaría de Gobernación con sede en Ciudad de México así como del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de enero de dos mil veintitrés. Visto: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que se encuentra transcurriendo el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, con relación a lo acordado en el auto de cinco de enero de dos mil veintitrés, a fin de que la parte quejosa interponga el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la Materia, en contra de dicho auto, en el que se tuvo por no ampliada la demanda de amparo, en caso de que así lo considere. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que está señalada para este día y se fijan las nueve horas con cuarenta y dos minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintidós, como nueva hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda este expediente y toda vez que mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación que se le hiciera de dicho proveído, manifestara si es su deseo señalar como autoridad responsable en este asunto a la Subdirectora del Centro Nacional de Alertas del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México; mismo auto que le fue notificado el cinco de diciembre en curso. Por tanto, aún no ha transcurrido el citado término de quince días; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las nueve horas con treinta y dos minutos del doce de enero de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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