Maira Martinez Cardiel

Expediente 350/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
350/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
02/05/2017

Partes del expediente

  • Maira Martinez Cardiel

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha quedado firme el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y específicamente el contenido de la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional, de la que se advierte que la quejosa, reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la omisión de acordar el escrito que fue presentado el seis de julio de dos mil dieciséis, en el juicio laboral 01/37/14. En ese sentido, al rendir su informe con justificación, la autoridad responsable aceptó la existencia de lo reclamado; sin embargo, manifestó que el trece de diciembre de dos mil dieciséis, se acordó la promoción señalada en el párrafo que antecede, mismo que se notificó a la actora en el juicio de origen el tres de abril actual, lo que se acredita con las constancias que en copia certificada acompañaron al informe justificado rendido en la presente contienda constitucional. De lo anterior, es claro advertir que en el presente juicio cobra vigencia la causa de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la misma ley, en cuanto dispone el primero que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio, apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término y éste a su vez, establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Por lo anterior, se sobresee fuera de juicio en el presente asunto y se deja sin efecto la audiencia constitucional. En efecto, si bien es cierto, hasta el uno de marzo del año en curso, en que fue presentada la demanda de amparo, la autoridad laboral aún no notificaba a la actora en el juicio de origen el acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciséis, que recayó al escrito presentado en dicho procedimiento el seis de julio de dos mil dieciséis, también lo es que dicha formalidad procesal fue practicada el tres de mes y año en curso; por lo anterior, es evidente determinar que en el caso en estudio, cesó la omisión reclamada, desapareciendo así la finalidad de este juicio de amparo, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio constitucional. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causa de improcedencia invocada, prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente; lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 210, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Sin que sea aplicable a este juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en la que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia. Lo anterior, así se advierte de la jurisprudencia P./J. 51/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, tomo I, libro 12, noviembre de 2014, materia común, página 24, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia.". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó Manuel Camargo Serrano, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido del Secretario Sergio Ortiz de la Cruz, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Dése vista a las partes con el informe justificado rendido por el Presidente y Tercer Árbitro y la Secretaria General, ambos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita a esta sede judicial copia certificada de la constancia de notificación a la parte actora en el juicio de origen, del auto dictado en dicho procedimiento el trece de diciembre de dos mil dieciséis, o bien, dentro del lapso concedido manifieste el impedimento jurídico y material que tuviere para ello. Se difiere anticipadamente la audiencia constitucional programada en autos, y en su lugar, se fijan de nueva cuenta las diez horas con veinte minutos del veinticinco de abril de dos mil diecisiete, para su desahogo.

  4. Principal

    Se admite la demanda de amparo. Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le compete.Se señalan las diez horas con cincuenta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional. Este órgano jurisdiccional no ordena la apertura del incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa. Se hace del conocimiento a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales con motivo de la tramitación de este procedimiento, en la inteligencia de que la falta de oposición hasta antes de la sentencia que dicte este juzgado federal, conlleva el consentimiento de dicha publicación; además, se les hace saber que en el caso de ofrecimiento de documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial, siempre que tal clasificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados, pues de lo contrario, no se considerarán con tales características.

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