Mail De la Cruz Pérez
Expediente 1450/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1450/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/09/2016
Partes del expediente
- Mail De la Cruz Pérez
Actuaciones
- Principal
Se declara que el auto por el que se tuvo por desechada la demanda de amparo, ha causado estado. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, en el entendido que el mismo es susceptible de destrucción.
- Principal
Téngase por recibida la demanda promovida por ****, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en San Juan del Río. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1450/2016, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. ...Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae el siguiente acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en San Juan del Río, Querétaro: El acuerdo de diez de agosto del año en curso, dictado dentro del juicio ordinario laboral número 00384/2016/4/1, radicado ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en San Juan del Río, Querétaro. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, de conformidad con el los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la propia ley. Este último precepto estipula: [...]. En términos del numeral invocado con antelación, se estima que la demanda de amparo que presentó el justiciable, es improcedente. Lo anterior, puesto que el acto que se reclama, se trata de una decisión intraprocesal cuyo alcance jurídico y material carece del carácter de irreparable en perjuicio del promovente, por lo que se actualiza lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, el último aplicado en sentido contrario que disponen lo siguiente: [...] Las letras reproducidas revelan que la procedencia del amparo en tratándose de actos sucedidos en el juicio presupone como requisito que sus efectos sean de imposible reparación por afectar derechos sustantivos reconocidos por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación a la evolución histórica de la procedencia del amparo respecto de los actos sucedidos en el juicio bajo el esquema de la abrogada Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la regla general es que un acto es de imposible reparación y, en consecuencia, reclamable a través del amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando la violación afecta de manera inmediata o directa algún derecho sustantivo o fundamental, y que para discernir entre aquéllos que lo son de los que no, es un parámetro válido atender si sus efectos trascienden más allá del ámbito procesal y afectan derechos sustantivos, por lo que a pesar de que el gobernado obtuviera una sentencia favorable a sus intereses, no se vería reparado el perjuicio ocasionado por el acto reclamado, pues entonces la afectación no sería el resultado de la secuela procesal; asimismo, también consideró que existe la posibilidad de que sea procedente el juicio de amparo indirecto bajo el esquema de aquella ley, contra actos dentro del juicio que tuvieran aparejada una afectación en grado predominante respecto de cuestiones procesales. Bajo esta última premisa, se había venido estimando que el juicio de amparo indirecto es procedente contra resoluciones que aborden temas meramente procesales, pero que ahora está vedado con motivo del nuevo debate surgido en la actividad jurisdiccional por causa del texto de la porción normativa antes transcrita, que llevó a determinar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 que derivó de la contradicción de tesis 377/2013, sustentada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, el Segundo y Cuarto Tribunal Colegiado, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que lleva por rubro "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2011 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", que el texto actual del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, quedando excluidos los de naturaleza formal o adjetiva. Entonces, al tenor del criterio jurisprudencial precedente, cuya aplicación es obligatoria para esta juzgadora federal en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, se concluye la improcedencia del presente juicio de amparo, ya que en función a la naturaleza del acto aquí reclamado, se clarifica que se trata de un acto verificado dentro del procedimiento, empero, con efectos meramente adjetivos, esto es, con consecuencias jurídicas al interior del proceso, sin afectar derechos sustantivos de la parte quejosa. En ese sentido, cabe señalar que el acto que reclama la promovente, consistente en el acuerdo dictado el diez de agosto del año en curso, a través del cual, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, es inconcuso que ésta no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la quejosa previstos en la Constitución Federal, o bien, en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, toda vez que en dicha actuación, la responsable asumió una determinación meramente procedimental, esto es, impacta en derechos adjetivos de la hoy quejosa, por lo que si bien es cierto se ven afectadas las defensas de la misma, no menos cierto resulta que dicha determinación dictada por la Junta responsable, en su caso trasciende al resultado del fallo, por lo que su estudio procedería en el juicio de amparo directo. Lo anterior es así, en la medida que las consecuencias derivadas del acto reclamado estriban en la fecha señalada para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; así como la falta de firma de dicho proveído por los demás integrantes de la junta responsable, determinación que por sí misma, no implica afectación a un derecho sustantivo de la quejosa, ya que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados en un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados, no tengan reparación alguna para el gobernado en un momento que se dicte la resolución que concluya el procedimiento natural, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos. De ahí que, una vez dictado el laudo, si éste no favorece a los intereses de la justiciable, dicha circunstancia la podrá hacer valer en amparo directo de conformidad con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que contiene, la jurisprudencia 2ª3/J.36/2013, sustentada por la Segunda Sala, Décima Época, con número de registro 2004392, publicada en Septiembre de 2013, Tomo 2, en el Semanario Judicial de la Federación, que señala lo siguiente: .... En síntesis, de las determinaciones constitutivas del acto reclamado no se desprende una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus consecuencias afectan solamente derechos adjetivos o procesales, toda vez que en el caso en particular, no constituye un acto de ejecución irreparable que vulnere los derechos fundamentales de la quejosa, dado que en el procedimiento de origen se encuentra pendiente el dictado del laudo, por lo que en este momento la determinación de la Junta no tiene el carácter de irreparable. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sensu, pues la resolución reclamada no afecta los derechos fundamentales que a favor del individuo tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de que México es parte. Sin que con la anterior decisión se deje en estado de indefensión a la quejosa en la medida en que cuando se resuelva en definitiva el juicio de donde deriva el acto reclamado, la hoy solicitante de amparo puede reclamar las violaciones al procedimiento siempre que trasciendan al resultado del fallo; en términos de lo dispuesto por el artículo 170 y 171 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último mencionado interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Mail de la Cruz Pérez. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mariana del Rosario Sepúlveda Padilla, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para efectos de oír y recibir notificaciones a la diversas personas que señala, ello en virtud de que así lo manifiesta expresamente. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa precisó como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, los cuales no pueden tenerse como tal, hágase de su conocimiento que hasta en tanto señale uno en esta ciudad, las notificaciones que deban hacérsele, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de la lista, de acuerdo con lo previsto por el artículo 26, fracción III y 27 de la Ley de Amparo. Apoya esta consideración la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, identificada con la clave XXII.1º.22K, visible en la página 1067, del Tomo VIII, Diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: ...Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. ...INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo provee y firma la licenciada Cecilia Aguilera Ríos Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, quien actúa con la licenciada Gafy Trujillo Sierra, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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