Maher Ociel Flores Díaz

Expediente 97/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
97/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Maher Ociel Flores Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dos de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, que el artículo 98 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de queja contra el auto dictado en el juicio de amparo en que se actúa, el catorce de febrero de la presnete anualidad, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, por las consideraciones que en él se precisan, sin que se haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356 y 357, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 2 disposición expresa de su artículo 2º, se declara que CAUSA ESTADO el auto de referencia para todos los efectos legales correspondientes. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales; publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en la caratula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, procédase a transferirse este juicio de amparo, previo aviso a la Dirección General de General de Archivo y Documentación. JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 3 Posterior, procédase a la destrucción del presente juicio de amparo, debiéndose generar previamente los documentos por duplicado que establece el artículo 29 del Acuerdo General de mérito, a efecto de tener plena identificación del expediente destruido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Oswaldo Alejandro López Arellanos, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, quien actúa ante Juan Carlos Hernández Trejo, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Paulina

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a catorce de febrero de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Maher Ociel Flores Díaz, contra actos del Fiscal del Ministerio Público en Escuintla, consistentes en: las omisiones de constar su comparecencia y hacerle saber sus derechos, así como un trato discriminatorio, efectuados en diligencia de tres de febrero de dos mil veintidós, deducida del Registro de Atención 00031/1190/2022. Con el original de la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 97/2022. Ahora bien, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De lo anterior se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación hagan inerjecitable la acción de amparo, tomando en JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 2 consideración que los adjetivos "manifiesto", significa, claro, evidente "indubitable", significa, cierto, seguro, que no puede dudarse. Cobra aplicación la tesis V.2o. J/75, consultable en la página 77, registro 215188, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 68, Agosto de 1993, Octava Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la tesis en cuestión, explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 3 improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, este juzgador de oficio advierte que este juicio de amparo es improcedente en términos del artículo fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación al 5º., fracción I, de tal ordenamiento, de conformidad con el 63, fracción V, igualmente de esa normatividad, que establecen: "Artículo 5o.- Son partes en el juicio de amparo: "I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º., de la presente Ley y con ello se produzca una afectación rea y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: "[.] "XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5o., de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: "[.] JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 4 "V.- Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Los preceptos invocados, aluden en lo relativo al "interés jurídico", que la pretensión constitucional, puede intentarse por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pues, es una condición sine qua non, para que prospere la acción constitucional que el acto (norma general, acto u omisión de la autoridad) reprochado causen perjuicio a sus derechos fundamentales o afecten la esfera jurídica del agraviado. En este aspecto, debe exaltarse la relación existente entre "perjuicio" e "interés jurídico", pues quien alega un acto de autoridad y lo reclama en su demanda de amparo, lo hace como un legítimo "interés jurídico". El "interés jurídico" a que alude el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del gobernado. En efecto, el "interés jurídico", refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 5 Ante ese contexto, entonces, el "interés jurídico", está identificado con el derecho subjetivo (facultad o potestad de exigir y la obligación o deber jurídico de cumplir la exigencia), atento que, en su concepción clásica, se constituye como la posición a cuyo favor la norma jurídica contiene alguna prescripción, configurándolo como la posición de preeminencia o ventaja que el derecho objetivo asigna al gobernado frente a otros. Cabe recordarse, además, que el "interés jurídico", tiene tres elementos: un agravio; la calidad de personal; y, que es directo. El agravio, es la trasgresión de autoridad en los derechos fundamentales de una persona física o moral. También se entiende como la causación de un daño o perjuicio a una persona en correlación con sus derechos humanos a ella atribuidas. El daño, es el menoscabo patrimonial o no patrimonial, el cual afecte a la persona; el perjuicio es cualquier ofensa en detrimento de la personalidad humana, es decir, es sinónimo de ofensa a los derechos o intereses de una persona. El agravio, para los efectos del amparo, tiene dos componentes: un elemento jurídico, el cual es la violación de un derecho humano o de una invasión de esfera de competencia, o viceversa; empero, en ambas, debe originar la violación al derecho fundamental; y, el elemento material, subjetivizado en la persona del quejoso, como sujeto de derecho, el cual es el perjuicio. El carácter personal, proviene de la circunstancia del acto de autoridad (norma general u omisión) el cual debe JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 6 afectar a una persona concreta, no abstracta, titular del derecho trastocado. Lo directo, precisa la afectación, la cual, debe ser pasada, presente o futura, inminente, real, actual y debe producirse, además, que se efectúe en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual aleatorio, hipotético, los actos probables no engendran agravio, pues resulta indispensable su existencia o elementos los cuales deduzcan su realización futura con certeza. Igualmente, el interés jurídico puede identificarse a partir de cuatro elementos: 1.- Titularidad del interés: es una persona, de manera individual y exclusiva; 2.- Poder de exigencia del titular: es la capacidad de exigir de otro, en este caso, de la autoridad, que realice cierta conducta de dar, hacer o no hacer en su beneficio exclusivo; 3.- Norma de la que surge: se crea para salvaguardar los intereses de particulares individualmente considerados; y 4.- Tipo de afectación que sufre el titular del interés: la afectación deriva de una lesión directa a la esfera jurídica del gobernado. Efectivamente, el interés jurídico, corresponde al derecho subjetivo, el cual se entiende como la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 7 objetiva del derecho y supone la conjunción de dos elementos inseparables: 1.- Una facultad de exigir; y, 2.- Una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir con esa exigencia. Dicho de otra forma, el interés jurídico requiere ser, tutelado por una norma de derecho objetivo, esto es, precisa de la afectación a un derecho subjetivo. Aunado a lo anterior, debe recordarse que para la procedencia del juicio de amparo, también, es presupuesto procesal la existencia de un "perjuicio", al agraviado, el cual deriva de la afectación a su esfera de derechos. Dicho "perjuicio", debe reunir las siguientes características: actual, personal, objetivo y directo. 1.- Actual.- Lo cual significa que la imposición de deberes o la privación de derechos en que se hace consistir, debe poder revertirse por virtud de la sentencia que conceda el amparo; 2.- Personal.- Que la persona que promueva el amparo sea a la que se le privó del derecho o se le impusieron deberes que considera contrarios a la Constitución; 3.- Objetivo.- Que sea real, que no quede a la estimación del que se considera agraviado; y JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 8 4.- Directo.- Que el menoscabo de derechos constitucionales originados por la ley o acto de autoridad violatorio de la Constitución, debe afectar precisamente, al titular de tales derechos y sólo a él, por lo que no tendrá el carácter de agravio la ofensa resentida por el tercero o por quien de modo reflejo (indirecto), resiente el perjuicio. Ante ese panorama, en tratándose de la afectación que sufre el quejoso en su esfera jurídica, éste debe demostrar, si se trata de interés jurídico, que tal perturbación derive de una lesión directa al ámbito jurídico del gobernado. En otra expresión, el interés jurídico requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo. Así las cosas, es evidente para que se actualice el interés jurídico, es necesario que se demuestre que el promovente del amparo, tiene algún derecho tutelado por la ley, respecto del cual, según ella, pueda ser objeto de afectación directa o indirecta en relación a los actos que reclama. Veamos porque tal causa de improcedencia se actualiza en el presente caso. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos que reprocha la parte quejosa, fue emitido en la fase conciliatoria y no de investigación del delito, n el cual se faculta al Ministerio Público facultan para ordenar la comparecencia del imputado en la investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados. JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 9 También debe enfatizarse que, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, consisten en diversos procedimientos mediante los cuales, las personas puedan resolver sus controversias, sin la intervención de una autoridad jurisdiccional, y consisten en la negociación (autocomposición), la mediación, la conciliación y el arbitraje (heterocomposición). La exposición de motivos de la reforma constitucional al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, refiere a que los mecanismos alternativos de solución de controversias, son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita que permiten, en primer lugar, cambiar al paradigma de la justicia restaurativa, propician una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. En ese sentido, tanto la tutela judicial como los mecanismos alternativos de solución de controversias, se establecen en un mismo plano constitucional y con igual dignidad; además de que tienen como objeto una finalidad idéntica, que es la de resolver los diferendos entre los sujetos que se encuentren bajo el imperio de la ley. Con ese contexto, los actos reclamados relativos a las omisiones de constar su comparecencia y hacerle saber sus derechos, así como un trato discriminatorio, efectuados en diligencia de tres de febrero de dos mil veintidós, deducida del Registro de Atención JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 10 00031/1190/2022, no pueden comprender, una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, pues tales actos acaecidos en la diligencia relativa que fue llevada a cabo para realizar una junta restaurativa para que se presentaran alternativas de solución de controversias en relación a los principios de la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, entre dicho quejoso y la señora Emperatriz Hilerio Vázquez; situaciones que constituyen solamente una invitación para presentarse ante la mencionada autoridad con la finalidad de realizar una diligencia correspondiente al proceso de justicia restaurativa, que en términos legales, tiene como consecuencia que si no acude, se dará por concluido el mecanismo alternativo de solución de la controversia en materia penal, lo que no le afectaría, porque tendría a salvo su derecho para poder conciliar con la víctima u ofendido, aun cuando el imputado sea vinculado a proceso, y en caso de que acuda, y no se llegase a un acuerdo, entonces, los intervinientes conservarán sus derechos para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan, o bien, cuando se alcance parcialmente, respecto del conflicto que no fue posible resolver, lo cual tampoco le afecta. Lo anterior se corrobora con el contenido de los artículos 4, fracción I, 7, fracciones IV y VI, 31 y 32, fracción I, de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, que disponen lo siguiente: "Artículo 4. Principios de los mecanismos alternativos "Son principios rectores de los mecanismos alternativos los siguientes: JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 11 "I. Voluntariedad: La participación de los intervinientes deberá ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación; [.] "Artículo 7. Derechos de los intervinientes "Los intervinientes en los mecanismos alternativos tendrán los derechos siguientes: [.] "IV. No ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a un mecanismo alternativo; [.] "VI. Dar por concluida su participación en el Mecanismo Alternativo en cualquier momento, cuando consideren que así conviene a sus intereses, siempre y cuando no hayan suscrito el Acuerdo; [.] "Artículo 31. Salvaguarda de derechos "Cuando no se alcance acuerdo, los intervinientes conservarán sus derechos para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan, o bien, cuando se alcance parcialmente, respecto del conflicto que no fue posible resolver". "Del mismo modo, cuando el acuerdo verse sobre la solución parcial de la controversia, se dejarán a salvo los derechos de los intervinientes respecto de lo no resuelto en el acuerdo. [.] "Artículo 32. Conclusión anticipada de los mecanismos alternativos "El mecanismo alternativo se tendrá por concluido de manera anticipada en los casos siguientes: "I.- Por voluntad de alguno de los Intervinientes.". En efecto, de conformidad con los preceptos transcritos, dentro de los principios rectores de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, se encuentra el de voluntariedad, de acuerdo con el cual, la participación de los intervinientes debe ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación; es decir, no puede obligarse al requerido a asistir y participar en el mecanismo alternativo respectivo. JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 12 Asimismo, dentro de sus derechos, se encuentra el relativo a que no puede ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a dicho mecanismo alternativo. En consecuencia, cuando alguno de los requeridos asista a la cita o comparecencia y llegue a un acuerdo con su contraparte, o en su caso, no llegue a algún acuerdo, debe darse por concluido, de forma anticipada, el mecanismo alternativo de solución, y se dejan a salvo los derechos de los intervinientes para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan. Lo anterior implica que el quejoso no se encuentra obligado a someterse a ese mecanismo alternativo de solución de la controversia penal, o arreglo armonioso que solicitó el denunciante de los hechos; y que éste conserva su derecho para resolverla mediante la acción legal que corresponda. En esas condiciones, se estima que los actos reclamados por el quejoso, los cuales, precisa, se suscitaron dentro ese medio alternativo de solución de controversia, no causan una afectación real y actual en su esfera jurídica, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, pues fue emitido en la etapa conciliatoria, respecto de la cual, por las razones expuestas, no se encontraba obligado, ni puede ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción, por parte de la autoridad responsable, para obligarlo a someterse a dicho mecanismo alternativo de solución de la controversia en materia penal denunciada por la ahora tercero interesada, y en su caso, bajo sus términos o los de la propia autoridad. JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 13 Por el contrario, de los antecedentes de los actos reclamados se aprecia que fueron realizados como parte de un mecanismo alternativo de solución o arreglo armonioso, el cual tiene como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan con motivo de la denuncia o querella referida a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad. En ese contexto, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, pues se colman los supuestos para su acreditación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007, del tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, visible en la página 225, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual expresa: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.- El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 14 la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Luego, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación al 5º., fracción I, de tal ordenamiento, de conformidad con el 63, fracción V, igualmente de esa normatividad y 113 del propio ordenamiento legal, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Luis Pérez Jiménez, esto es, para el solo efecto de oír y recibir notificaciones, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que precisa en su demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales días y horas inhábiles, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, JUAN CARLOS

  3. Principal

    EL DIA DE HOY SE TIENE POR NOTIFICADO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICADO POR MEDIO DE AVISO DE NOTIFICACION DE QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS.

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