Magnus Eduardo Del Río Torres y Otros.
Expediente 434/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 34 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 434/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 04/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Magnus Eduardo Del Río Torres y Otros.
- Agente de Ministerio Público adscrito al Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia de Oralidad Familiar de la ciudad de León, Guanajuato
- Magnus Eduardo Del Río Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto en el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 81, inciso d, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación , dado que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Asimismo, se toma en consideración que en el incidente de suspensión se negó la suspensión provisional y la definitiva; en consecuencia, el original de dicho cuaderno es susceptible de DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, siempre y cuando exista el original, lo anterior con fundamento en los artículos 20, fracción II, inciso a y 21 inciso c, ambos del Acuerdo General citado en párrafo que antecede . Por otra parte, devuélvase en diez tomos las constancias que remitió la autoridad responsable. Solicítese acuse de recibo. Finalmente, de autos se advierte que se encuentran documentos de la parte quejosa; en consecuencia, se le requiere para que acuda a este juzgado dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original .
- Incidental
De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto en el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 81, inciso d, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación , dado que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Asimismo, se toma en consideración que en el incidente de suspensión se negó la suspensión provisional y la definitiva; en consecuencia, el original de dicho cuaderno es susceptible de DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, siempre y cuando exista el original, lo anterior con fundamento en los artículos 20, fracción II, inciso a y 21 inciso c, ambos del Acuerdo General citado en párrafo que antecede . Por otra parte, devuélvase en diez tomos las constancias que remitió la autoridad responsable. Solicítese acuse de recibo. Finalmente, de autos se advierte que se encuentran documentos de la parte quejosa; en consecuencia, se le requiere para que acuda a este juzgado dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original . Del estado de autos se advierte que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, admitió el recurso de revisión interpuesto en el presente incidente de suspensión, el cual quedó registrado con el número 188/2021; en consecuencia se ordena notificar el presente proveído, para los efecto legales a que haya lugar.
- Principal
LEÓN, GUANAJUATO, OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede se provee: Precisión del acto reclamado. Como cuestión inicial es menester precisar los actos reclamados en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que del examen integral de la demanda, su ampliación,así como de las demás constancias que comprenden el expediente se obtiene que los actos reclamados consisten en: El auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en el que se decretó en contra del quejoso la medida de restricción de acercarse al domicilio de la tercera interesada y sus hijos menores de edad (folio 219 del tomo II de pruebas); y, Las determinaciones contenidas en la etapa de revisión de medidas de la audiencia preliminar celebrada el dos de julio de dos mil veintiuno, consistentes en que debe prevalecer la medida de restricción dictada en contra del peticionario a fin de que no se acerque al domicilio de la tercera interesada y sus hijos menores de edad, así como el acuerdo de convicencia supervisadas vía electrónica por el Sistema para Desarrollo Integral de la Familia de esta ciudad del promovente con sus hijos (tomo VII de pruebas). Todo lo anterior, en el expediente 525/2021-F y su acumulado 1095/2021-F. Se sobresee en el juicio fuera de audiencia. En el caso se verifica la hipótesis prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; dicho precepto es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de efectos se actualiza en dos hipótesis, a saber: a) por revocación, y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo opera por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el que se encontraba en suspenso, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, cuando se interpone un recurso o medio de defensa, o la autoridad revisa el acto reclamado, la determinación dictada sustituye procesalmente el auto o resolución controvertido en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Lo anterior, porque cuando el acto reclamado ya fue materia de análisis en un medio por el cual se puede lograr su revocación o modificación, y recayó una resolución, la validez o insubsistencia de aquél ya depende de lo resuelto en la nueva determinación, la cual sustituye procesalmente al anterior. Entonces, será la nueva determinación, en todo caso, la que podrá ser materia del juicio constitucional. Lo anterior tiene sustento en la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del título y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En el caso, la parte quejosa reclama la medida de restricción de acercarse al domicilio de la tercera interesada y sus hijos menores de edad, decretada en auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno (acto combatido en la demanda de amparo) y reiterada en la audiencia preliminar de dos de julio del año en curso y en la que se ordenó también la convivencia supervisada vía electrónica del peticionario con sus infantes (acto combatido en ampliación de demanda). Bien, de los artículos 828, fracción V, y 839 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, se advierte que en los juicios orales ordinarios, como el de origen, en la audiencia preliminar el juez revisa las medidas provisionales, de aseguramiento y precautorias decretadas, y puede modificarlas. Ello con el objetivo de que las partes contendientes tengan la oportunidad de alegar y probar en la audiencia preliminar, a efecto de que el juzgador esté en posibilidad de determinar si las medidas decretadas quedan intocadas o deben modificarse, conforme a los elementos que hasta ese momento se hayan proporcionado. Bien, como se precisó en un inicio, el quejoso combate las siguientes medidas cautelares decretadas en el juicio de origen: El auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en el que la jueza responsable decretó en contra del peticionario la medida de restricción de acercarse al domicilio de la tercera interesada y sus hijos menores de edad (folio 219 del tomo II de pruebas); y, Las determinaciones contenidas en la etapa de revisión de medidas de la audiencia preliminar celebrada el dos de julio de dos mil veintiuno, consistentes en: Que debe prevalecer la medida de restricción dictada en contra del peticionario a fin de que no se acerque al domicilio de la tercera interesada y sus hijos menores de edad; y, Las convivencias supervisadas vía electrónica por el Sistema para Desarrollo Integral de la Familia de esta ciudad, entre el promovente y sus hijos (tomo VII de pruebas). Cabe precisar que la audiencia preliminar fue cerrada provisionalmente, por lo que su reanudación se fijó para las nueve horas del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. En ese orden de ideas, la jueza responsable envió el oficio registrado como promoción 13483 al que adjuntó acta de la diligencia y disco versátil digital identificado como tomo XI, de la que se advierte que el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, reanudó la audiencia preliminar en la contienda de origen. En esa audiencia, se continuó con la etapa de revisión de medidas, en la que por cuanto, a los actos combatidos por el quejoso, la jueza resolvió lo siguiente (12:04:24 a 12:05:45 del DVD registrado como tomo XI): "De igual manera en atención a lo que me expresaron los hijos de ambos partes se autoriza las convivencia con el padre los días domingo de las diez de la mañana a las veinte horas todos los días domingo, comenzando el próximo domingo veintidós de agosto del año dos mil veintiuno, para lo cual la madre tiene la obligación de facilitar que sus hijos se acerquen puntualmente a la casa donde viven a la puerta de entrada, permitir que los niños vayan a convivir con el padre y el padre tiene la obligación de recibir a los niños al domicilio donde viven; sin que ambos padres por el momento y hasta que los psicólogos que los atienden indiquen que puedan rehabilitar su comunicación que advierto evidentemente esta rota; y, el padre deberá de reincorporar a los niños de igual manera a la entrada del domicilio donde se tiene la guarda y custodia y, la madre la obligación de supervisar la entrada de los niños. No tienen permitido señores por el momento tener ustedes contacto hasta en tanto estén rehabilitados y hayan aprendido nuevamente a comunicarse de manera respetuosa asertiva y con el compromiso de atender los asuntos que a sus hijos atañen. Por tanto la medida de restricción queda excepcionada solamente a estos días y a estos horarios con relación al padre." De lo apuntado se obtiene que la medida de restricción de acercarse al domicilio de la tercera interesada y sus hijos menores de edad, decretada en auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno (acto combatido en la demanda de amparo) y reiterada en la audiencia preliminar de dos de julio del año en curso y en la que se ordenó también la convivencia supervisada vía electrónica del peticionario con sus infantes (acto combatido en ampliación de demanda), fueron sustituidas procesalmente con la reanudación de la audiencia preliminar celebrada el dieciséis de agosto del año en curso, por lo que esta última hizo cesar los efectos de aquéllas, pues incidió en su vigencia y ejecutividad. Luego, es la determinación adoptada en la continuación de la audiencia preliminar de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, la que ahora rige a esas medidas. En consecuencia, al operar el motivo de improcedencia anunciado, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito al resolver el amparo en revisión 39/2020 mediante ejecutoria de veintiséis de agosto de dos mil veinte, derivado de la impugnación de la sentencia del juicio de amparo 768/2019 del índice de este juzgado. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Jesús Salud Méndez García, secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por Acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2642/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistido de Pedro Armando Seijas Lugo, secretario que da fe. Doy fe. Firmado electrónicamente.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte tercera interesada Karla Yvonne Sánchez Padilla, el proveído de ocho de octubre de dos mil veintiuno que en resumen dice: "En el caso se verifica la hipótesis prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; dicho precepto es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de efectos se actualiza en dos hipótesis, a saber: a) por revocación, y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo opera por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el que se encontraba en suspenso, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, cuando se interpone un recurso o medio de defensa, o la autoridad revisa el acto reclamado, la determinación dictada sustituye procesalmente el auto o resolución controvertido en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Lo anterior, porque cuando el acto reclamado ya fue materia de análisis en un medio por el cual se puede lograr su revocación o modificación, y recayó una resolución, la validez o insubsistencia de aquél ya depende de lo resuelto en la nueva determinación, la cual sustituye procesalmente al anterior. Entonces, será la nueva determinación, en todo caso, la que podrá ser materia del juicio constitucional. Lo anterior tiene sustento en la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del título y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En el caso, la parte quejosa reclama la medida de restricción de acercarse al domicilio de la tercera interesada y sus hijos menores de edad, decretada en auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno (acto combatido en la demanda de amparo) y reiterada en la audiencia preliminar de dos de julio del año en curso y en la que se ordenó también la convivencia supervisada vía electrónica del peticionario con sus infantes (acto combatido en ampliación de demanda). Bien, de los artículos 828, fracción V, y 839 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, se advierte que en los juicios orales ordinarios, como el de origen, en la audiencia preliminar el juez revisa las medidas provisionales, de aseguramiento y precautorias decretadas, y puede modificarlas. Ello con el objetivo de que las partes contendientes tengan la oportunidad de alegar y probar en la audiencia preliminar, a efecto de que el juzgador esté en posibilidad de determinar si las medidas decretadas quedan intocadas o deben modificarse, conforme a los elementos que hasta ese momento se hayan proporcionado. Bien, como se precisó en un inicio, el quejoso combate las siguientes medidas cautelares decretadas en el juicio de origen: El auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en el que la jueza responsable decretó en contra del peticionario la medida de restricción de acercarse al domicilio de la tercera interesada y sus hijos menores de edad (folio 219 del tomo II de pruebas); y, Las determinaciones contenidas en la etapa de revisión de medidas de la audiencia preliminar celebrada el dos de julio de dos mil veintiuno, consistentes en: Que debe prevalecer la medida de restricción dictada en contra del peticionario a fin de que no se acerque al domicilio de la tercera interesada y sus hijos menores de edad; y, Las convivencias supervisadas vía electrónica por el Sistema para Desarrollo Integral de la Familia de esta ciudad, entre el promovente y sus hijos (tomo VII de pruebas). Cabe precisar que la audiencia preliminar fue cerrada provisionalmente, por lo que su reanudación se fijó para las nueve horas del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. En ese orden de ideas, la jueza responsable envió el oficio registrado como promoción 13483 al que adjuntó acta de la diligencia y disco versátil digital identificado como tomo XI, de la que se advierte que el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, reanudó la audiencia preliminar en la contienda de origen. En esa audiencia, se continuó con la etapa de revisión de medidas, en la que por cuanto, a los actos combatidos por el quejoso, la jueza resolvió lo siguiente (12:04:24 a 12:05:45 del DVD registrado como tomo XI): "De igual manera en atención a lo que me expresaron los hijos de ambos partes se autoriza las convivencia con el padre los días domingo de las diez de la mañana a las veinte horas todos los días domingo, comenzando el próximo domingo veintidós de agosto del año dos mil veintiuno, para lo cual la madre tiene la obligación de facilitar que sus hijos se acerquen puntualmente a la casa donde viven a la puerta de entrada, permitir que los niños vayan a convivir con el padre y el padre tiene la obligación de recibir a los niños al domicilio donde viven; sin que ambos padres por el momento y hasta que los psicólogos que los atienden indiquen que puedan rehabilitar su comunicación que advierto evidentemente esta rota; y, el padre deberá de reincorporar a los niños de igual manera a la entrada del domicilio donde se tiene la guarda y custodia y, la madre la obligación de supervisar la entrada de los niños. No tienen permitido señores por el momento tener ustedes contacto hasta en tanto estén rehabilitados y hayan aprendido nuevamente a comunicarse de manera respetuosa asertiva y con el compromiso de atender los asuntos que a sus hijos atañen. Por tanto la medida de restricción queda excepcionada solamente a estos días y a estos horarios con relación al padre." De lo apuntado se obtiene que la medida de restricción de acercarse al domicilio de la tercera interesada y sus hijos menores de edad, decretada en auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno -acto combatido en la demanda de amparo- y reiterada en la audiencia preliminar de dos de julio del año en curso y en la que se ordenó también la convivencia supervisada vía electrónica del peticionario con sus infantes (acto combatido en ampliación de demanda), fueron sustituidas procesalmente con la reanudación de la audiencia preliminar celebrada el dieciséis de agosto del año en curso, por lo que esta última hizo cesar los efectos de aquéllas, pues incidió en su vigencia y ejecutividad. Luego, es la determinación adoptada en la continuación de la audiencia preliminar de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, la que ahora rige a esas medidas. En consecuencia, al operar el motivo de improcedencia anunciado, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito al resolver el amparo en revisión 39/2020 mediante ejecutoria de veintiséis de agosto de dos mil veinte, derivado de la impugnación de la sentencia del juicio de amparo 768/2019 del índice de este juzgado..."
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