Magnolia Sistos Lazaro
Expediente 100/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 100/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Magnolia Sistos Lazaro
Actuaciones
- Principal
MESA 9.-VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve (fojas 20 a 22), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en el presente expediente; por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.
- Principal
MESA 9.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos; agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Auxiliar de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, actuando como Presidente por Ministerio de Ley, con sede en esta ciudad, en atención a su contenido, se acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental que anexa. Ahora bien, el Auxiliar de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, actuando como Presidente por Ministerio de Ley, anexó a su oficio copia certificada de la resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral 1098/2016; documento que goza de pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su artículo 2o., al ser emitida por una autoridad en uso de las facultades que le confiere la ley, y porque de ella se advierte la dilación reclamada. Tienen aplicación la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, materia común, del rubro y texto que a continuación se trascriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, y atendiendo a que la quejosa Magnolia Sistos Lázaro, promovió el presente juicio de garantías, en contra de la dilación para dictar resolución incidental de acumulación en el juicio laboral 1098/2016; en ese sentido, de la constancia remitida por la autoridad responsable, se aprecia que el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (fojas 18 y 19), emitió una resolución en la contienda laboral materia del presente juicio, del que se aprecia que levantó la reserva del procedimiento y proveyó sobre la resolución incidental de acumulación, en los autos precitado juicio laboral 1098/2016; de ahí que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que es evidente que en la especie el acto reclamado cesó en sus efectos porque la autoridad responsable restituyó a la impetrante de mérito en el goce de sus garantías. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, de la Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Es decir, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia 404, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 425 del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte- SCJN, Segunda Sección Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común Novena Época del Apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación con el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, se deja sin efectos la hora y fecha de la audiencia señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE (foja 9). No es obstáculo a lo antes decretado, la circunstancia de que la Junta responsable no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto de la resolución de treinta y uno de enero del año en curso, dictado en el expediente laboral 1098/2016, de su índice, ya que conjuntamente con el presente auto se ordena al fedatario de la adscripción notifique en forma personal la citada resolución a la parte quejosa, y le corra traslado con copia simple de ésta para su debido conocimiento. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 36/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, del Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Aunado a lo anterior, la actualización de la causa de inejercitabilidad del juicio de amparo promovido se erige en el caso de manera manifiesta e indudable, ya que a nada práctico conduciría la tramitación del presente medio de control constitucional, debido a su propia naturaleza excepcional y práctica, si los efectos que podrían lograrse con el mismo han sucedido al haber emitido la Junta responsable, la resolución de treinta y uno de enero del año actual, de ahí que de continuar el trámite del mismo, se afectaría la naturaleza jurídica de éste, sin poder concretarse los efectos de la concesión que, en su caso, se llegara a otorgar.
- Principal
MESA VII.-Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual anexa, copia certificada del proveído de veintinueve del presente mes y año, emitido en el expediente laboral 431/2004, del cual se desprende que la referida autoridad determinó lo siguiente: Que no fue posible la asistencia de la quejosa Beatriz Méndez Santana, el once de enero del presente año, y en su lugar requirió nuevamente a la aludida quejosa para efectos de que se constituya personalmente a las catorce horas del veintidós de febrero del año que transcurre, para que presente la documentación necesaria para que la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, realice los trámites de alta y asignación de la creación de su plaza Se giró oficio a la Secretaría de Administración e Innovación gubernamental del Estado de Tabasco, para que en el término de tres días siguientes al desahogo de la diligencia señalada, requiera a la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, lo siguiente: Remita los documentos exhibidos por la C. Beatriz Méndez Santana, para efectos de hacer la reconversión y acredite que se realizó la creación de la plaza estatal categoría de Técnico de Programa de Salud, clave MO2073 o categoría similar para Beatriz Méndez Santana. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que una vez que se lleve a cabo la diligencia de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, REMITA COPIA CERTIFICADA DE LA MISMA, así como las constancias con las cuales acredite el cumplimiento al fallo protector, en virtud de que dichas documentales son necesarias para que este órgano jurisdiccional se pronuncia al respecto.
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