Magnolia Corona Benítez
Expediente 1258/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1258/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Magnolia Corona Benítez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de nueve de agosto de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por MAGNOLIA CORONA BENÍTEZ, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, el auto de nueve de agosto del dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: ...Cuernavaca, Morelos, nueve de agosto de dos mil dieciocho. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Magnolia Corona Benítez por su propio derecho contra actos del Director del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, Número 12 "Benito Juárez García", fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número que le corresponde 1258/2018-V-B. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Para efectuar el examen a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Amparo, deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la demanda y sus anexos; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de suerte que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables. Es orientadora la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, puesto que sería ocioso admitir a trámite una demanda pese a tener la plena convicción de que no será procedente. Acto reclamado. La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: ".IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA.- De la autoridad señalada como responsable, reclamo la omisión de dar respuesta al escrito presentando por la suscrita, dirigido al director del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 12 "BENITO JUÁREZ GARCÍA", mediante el cual entre otras cosas, solicité se me proporcionaría mi usuario y contraseña para poder ingresar a la plataforma del SISEEMS, así como se me indicara cuales son los medios de comunicación oficiales que la ley marca para los trabajadores de la educación, no obstante de habérsela solicitado por escrito de forma respetuosa desde el día cuatro de junio del año en curso, violando con ello mi derecho humano de petición, consagrada el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por otra parte, para mejor comprensión del asunto, se considera necesario precisar los puntos de los antecedentes del acto reclamado plasmados en el escrito de demanda, que son del tenor literal siguiente: En ese contexto, respecto al acto reclamado al Director del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, Número 12 "Benito Juárez García", este juzgador advierte la actualización de manera notoria y manifiesta de la causal de improcedencia prevista en la fracción, XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De esos dispositivos legales se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad", concepto éste que, precisamente, es el que, en la especie, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado del Director del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, Número 12 "Benito Juárez García" en este juicio de amparo. La fracción II, del artículo 5, de la Ley de Amparo, establece claramente: "los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad", esto es, para determinar que un particular deba ser llamado al juicio de amparo como autoridad responsable, debe examinarse el tipo de acto que realiza, esto es, sí realiza un acto equivalente a uno de autoridad, entonces se le considerara como autoridad responsable, pero si sus actos, no reúnen dichas características, no pueden ser llamados con tal carácter. De tal modo, el suscrito considera que la relación jurídica existente entre el Director del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, Número 12 "Benito Juárez García" y la quejosa, no corresponde a la de autoridad y gobernado, sino a una relación de coordinación, al desempeñarse la quejosa como docente en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, Número 12 "Benito Juárez García", según se advierte del escrito cuya omisión de respuesta exhibió. Ello, porque tales acciones no colocan al nombrado centro en un grado de superioridad o suprasubordinación respecto del gobernado-usuario, ya que al omitir la respuesta a escrito aludido por la quejosa no crea, modifica o extingue una situación que afecte la esfera jurídica de ésta de manera unilateral. Para demostrar lo anterior, es preciso tener en cuenta diversas puntualizaciones que se vinculan necesariamente con tal premisa, como son las relativas a los conceptos de "autoridad responsable", "acto de autoridad" y a la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Al tomar en cuenta las consideraciones contenidas en el criterio invocado, es dable concluir que una autoridad para efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público otorgadas por la norma jurídica, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun contra ella (unilateralmente). Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que con facultades de hecho o derecho o aquel particular que con facultades establecidas en una norma, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público o particular con funciones y facultades establecidas en una norma general; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. En ese tenor, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo vigente. Ahora, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se dijo líneas arriba, resulta necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que el acto reclamado en el presente juicio no es de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Carta Magna establece una serie de garantías para proteger Derechos Fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. Conforme a lo expuesto, es claro que cuando el gobernado promueve un juicio de amparo contra actos atribuibles a las autoridades, únicamente en su calidad de patrón y/o superior jerárquico, al no reunir tales características explicadas, se estima que el juicio de amparo no es la instancia idónea para su resolución, sino que deben dirimirse conforme a las normas jurídicas que rigen esa relación de coordinación y en su caso, mediante los procedimientos ordinarios correspondientes. Por tanto, la alegada omisión de dar contestación a la petición no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio, al realizarse la petición por la aquí quejosa, sin reconocer carácter de autoridad al Centro de estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, Número 12 "Benito Juárez García, sino como empleada, particularmente, docente del mismo y, por lo tanto, un una relación de coordinación; al no tener la omisión combatida las notas distintivas de acto de autoridad, el juicio de amparo resulta improcedente. De lo que se tiene, que los actos reclamados al Director del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, Número 12 "Benito Juárez García" señalado como responsable no se encuentran revestidos de imperio frente al particular en términos del artículo 5 fracción II, de la Ley de Amparo vigente, porque carece de las características de unilateralidad propias de un acto de autoridad. Sin que pase por alto, la jurisprudencia I.1o.A. J/17, de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 2018, Libro 51, Tomo III, Página 1280, con Registro 2016220, de rubro siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SU EJERCICIO NO ESTÁ RESTRINGIDO PARA EL CASO DE QUE EL GOBERNADO MANTENGA UNA RELACIÓN DE TRABAJO CON EL ENTE DEL ESTADO ANTE EL QUE SE FORMULA LA SOLICITUD RESPECTIVA." Conforme a ella, es cierto que no existe alguna restricción al ejercicio del derecho de petición, por el hecho de que el gobernado mantenga una relación de trabajo y/o profesional con el ente del Estado u organismo o instituto ante quien se formula la solicitud respectiva; sin embargo, también lo es, que para que el gobernado pueda acudir al juicio de amparo a combatir la transgresión a ese derecho, debe elevar esa solicitud reconociéndole al ente ante quien la realiza, el carácter de autoridad, lo cual no ocurre en caso analizado por las razones ya explicadas. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diverso 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el artículo 113 de la propia codificación legal vigente. Domicilio procesal y personas autorizadas. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en privada Laureles, número 23, fraccionamiento Insurgentes, colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
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