Magnolia Córdova Hernández

Expediente 893/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
893/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
11/05/2018

Partes del expediente

  • Magnolia Córdova Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones secretariales que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a las partes quejosa y tercera interesada, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de diez de abril de dos mil dieciocho, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizara manifestación alguna al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo.

  2. Principal

    (AVISO) Visto el estado que guardan los autos de los cuales se advierte que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, por conducto de la Encargada de Despacho de su Presidencia, informó el cumplimiento al fallo protector; por lo que, en acuerdo de veinte de marzo de dos mil dieciocho (foja 91), se dio vista a las partes por el término de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Ahora, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, feneció el plazo de tres días concedido a las partes para que realizaran manifestación alguna en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia de amparo; en consecuencia, se advierte que el presente asunto se encuentra debidamente integrado para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por lo que el suscrito procede a pronunciarse de oficio, al ser una cuestión de orden público. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, marzo de 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Antecedentes del cumplimiento al fallo protector. En ese contexto, se hace relación de los antecedentes correspondientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo: El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho (fojas 49 a 56), se dictó sentencia definitiva, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Magnolia Córdova Hernández, para efectos de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, de esta ciudad, realice lo siguiente: "En el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique la ejecutoria de este fallo, emita la resolución interlocutoria relativa al incidente de falta de personalidad promovido por la parte quejosa derivado del expediente laboral DI-046/2016 de su índice, cuya audiencia de sustanciación se celebró el treinta de octubre de dos mil diecisiete. Notifique personalmente al solicitante de la tutela constitucional, conforme a la ley, de manera fehaciente tal resolución, en el domicilio señalado para tal efecto." En proveído de ocho de marzo del año en curso (fojas 66 y 67), se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio, y se requirió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, el cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, el quince de marzo de la presente anualidad, se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el oficio STyPS/SSTZS/JLCA/267/2018 (foja 74), signado por la Encargada de Despacho de la Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, por el cual informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y al efecto, remitió copia certificada de la resolución interlocutoria relativa al incidente de personalidad de trece de marzo de dos mil dieciocho (fojas 85 a 88), así como las respectivas constancias de notificación a las partes de fechas catorce de marzo del presente año (fojas 89 y 90), todas relativas al expediente DI-46/2016 de su índice. Conviene precisar que a las referidas documentales se les otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fue expedida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora, como en la sentencia de amparo se precisaron los efectos con los que la autoridad responsable podría restituir a la parte promovente de los derechos fundamentales violados, en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo, de las documentales aportadas por la Encargada de Despacho de la Presidencia de la Junta Local responsable, se advierte que el trece de marzo de los corrientes, emitió una resolución interlocutoria en la cual resolvió el incidente de personalidad promovido por la parte quejosa en los autos del juicio laboral DI-46/2016 de su índice, cuya falta de dictado se reclamó en este expediente, así como que el catorce siguiente notificó dicha determinación a las partes quejosa y tercero interesado en el juicio de origen. En ese contexto, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo al satisfacer sus efectos y, con ello, restituyó a la parte quejosa en el derecho fundamental contemplado en artículo 17 constitucional, que le había sido vulnerado. Luego, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en el fallo protector y, por tal motivo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a las partes por el término de quince días a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el párrafo cuarto del numeral 196 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    (AVISO)Agréguese a los autos el oficio signado por la Encargada de Despacho de la Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al fallo protector y al requerimiento formulado en proveído de ocho de marzo de dos mil dieciocho (fojas 66 y 67), remite copia certificada de lo siguiente: Resolución interlocutoria relativa al incidente de personalidad de trece de marzo de dos mil dieciocho, así como las respectivas constancias de notificación a las partes de fecha catorce del presente mes y año, todos relativos al expediente laboral DI-46/2016, de su índice. Vista con cumplimiento de ejecutoria En tal virtud, dése vista a las partes quejosa y tercera interesada con el oficio de cuenta y anexos remitidos por la autoridad responsable oficiante, para que, en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga. Lo anterior, con el apercibimiento que, de no realizar pronunciamiento alguno, se dictará resolución, fundada y motivada, en la cual se declare si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes quejosa y tercera interesada, interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada para todos los efectos legales. Así, toda vez que en el sexto punto considerativo de la aludida sentencia, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que se le notifique el presente proveído, cumpla con la sentencia de amparo. Apercibida que en caso de no hacerlo o de no justificar la causa legal de su impedimento, con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, y 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa; además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Turno, para iniciar el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto y su consignación.

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