Magnolia Champo Gutiérrez
Expediente 304/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 304/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Magnolia Champo Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
"... Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte, que en la especie, en proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, el cual se le notificó el quince de marzo de la presente anualidad; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido..."
- Principal
"... Téngase por recibida la boleta de turno y oficio procedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con residencia en la Ciudad de México, y anexos consistentes en: a) original de escrito de demanda, promovida por ******, contra actos del gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 304/2022. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto. Estudio e improcedencia. Ahora bien, la demanda de amparo debe desecharse por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo. En efecto, de su lectura se advierte que la quejosa reclama: 1) El cambio de medidor de energía eléctrica; 2) La orden de pago Injustificada, cobros excesivos por adeudos de luz no consumidos y la suspensión de energía eléctrica; y 3) La imposición de un nuevo sistema de compra de energía y no pago de energía; todo ello, en su domicilio. Asimismo, en los antecedentes del acto reclamado dicha peticionaria de amparo, bajo protesta de decir verdad relata lo siguiente: "PRIMERO.- . llegaron a mi domicilio unas personas diciendo que son empleados de la Comisión Federal de Electricidad, según ellos, enviados por el GERENTE DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN SURESTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD con domicilio laboral ubicado en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con la intención de retirar mi medidor tradicional, pretendiendo cambiarlo por uno Digital/Electrónico, a lo cual yo me opuse, dado que no se utilizarlo y, éstos me dijeron que posteriormente me enseñarían a usarlo (.) SEGUNDO.- No estoy de acuerdo en que se me obligue y amenace con cortar mi suministro de energía eléctrica, sino me comprometo a pagar un adeudo por consumo de luz que no consumí, ni que se me obligue a firmar convenio de pagos, donde se estipulan tasas de interés y cargos moratorios sobre un consumo de luz que nunca efectúe, como si la paraestatal fuese una entidad financiera y yo un deudor moroso. TERCERO.- Con estas acciones la única señalada como Responsable, pretende violar, en mi perjuicio, los principios de equidad y seguridad jurídica en el suministro de energía eléctrica, al pretender realizar un cambio de medidor de lectura del suministro de energía eléctrica en mi domicilio, que jamás solicité y, la inminente suspensión unilateral del servicio, si no acepto ese cambio y si no pago el arbitrario recibo que pretenden cobrarme;.". En efecto, en el caso se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos se advierte, el juicio de amparo sólo puede promoverse contra actos de autoridad que violen o restrinjan los derechos humanos del quejoso. Para los efectos del juicio de amparo, las notas que distinguen a una autoridad, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así lo determinó, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 39, tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 2001, Novena Época, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora bien, en términos de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales. Lo anterior, pone de manifiesto que la Comisión Federal de Electricidad, no tiene la calidad de autoridad responsable, pues la relación que existe entre ésta y la parte quejosa es de particulares y no de supra a subordinación, por lo que no es procedente el juicio de amparo. Más aún cuando en el caso de la lectura de la demanda se aprecia que la parte quejosa está en aptitud de acudir ante Comisión Federal de Electricidad para resolver su diferencia comercial y aclarar su situación de pago condiciones de prestación del servicio, pues no le ha sido cortado el servicio de energía eléctrica; incluso, los hechos de la demanda en modo alguno revelan que la peticionaria reclame actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o bien, que esté reclamando la aplicación de normas que se estimen inconstitucionales. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, con número de registro 2016656, publicada en la página 532 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Además, la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, con número de registro 2015944, visible en la página 336 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es el siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." Finalmente, para acreditar que nos encontramos en presencia de una causal de inejercitabilidad manifiesta e indudable, en lo conducente, por las razones que la informan, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Materia(s): Común, página 1008, número de registro 2019230, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. Desechamiento. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, atento a lo establecido por el numeral 113 del mencionado ordenamiento legal. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 54/2019; así como el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este mismo Circuito, al resolver el recurso de queja 20/2019, las cuales se invocan como hecho notorio, al haber sido consultadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones es el que se encuentra impreso en la copia simple del recibo que anexa; sin embargo, al no ser exhibida tal documental, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se les practicarán por lista de acuerdos. Habilitan días inhábiles. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Transparencia. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..."
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