Magnolia Cedillo Hurtado
Expediente 10/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Magnolia Cedillo Hurtado
Actuaciones
- Incidental
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo; y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la primera, se declara que el auto por el que se desechó la demanda de amparo, QUEDA FIRME para todos los efectos legales subsecuentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Cabe señalar que toda vez que el presente asunto no cuenta con documentos originales y no es de relevancia documental, atendiendo a que carece de valor jurídico e histórico. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. Ahora, toda vez que el juicio en que se actúa se encuentra totalmente concluido, se ordena el archivo definitivo, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio remitido vía electrónica proveniente del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, por medio del cual se devuelve sin diligenciar el exhorto que se envió para notificar a la parte quejosa el auto de desechamiento de demanda de cinco de enero del año en curso, por razones que expone; sin que haya ha lugar a ordenar el acuse de recibo respectivo, por no haber sido solicitado. Bajo esa tesitura, en términos de los artículos 27 fracción III inciso a) y 29 ambos de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa del auto de referencia, QUE A LA LETRA DICE, """""""""""""""""""""""Naucalpan de Juárez, México, cinco de enero de dos mil veintitrés. V i s t a la demanda de amparo de cuenta se provee: ténganse por presentada a Magnolia Cedillo Hurtado, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: Autoridad responsable 1. El administrador Desconcentrado de Auditoria Fiscal de México "2" con sede en México, de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria. Actos reclamados ? La resolución de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en donde se niega levantar el aseguramiento precautorio de bienes realizado mediante oficio 500-36-07-04-03-2022-129908, expediente SAT-7S.2-2022-GIF1500009/2022, folio 4570673 RFC CEHM7604043HA, orden GIF1500009/22 de fecha ocho de noviembre de dos mil veintidós; solicitado por la quejosa mediante escrito de veintiocho de noviembre del año en cita, en atención a que estimó que cesó la conducta que dio origen a dicho aseguramiento. Registro de la demanda Fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. Desechamiento No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que dispone: ????????????? Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - - - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. - - - Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.). El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De lo transcrito se desprende que en materia administrativa, es necesario agotar los medios de defensa procedentes contra el acto de autoridad que se estime lesivo, siempre que conforme a las leyes que los prevén, de oficio o mediante la promoción del juicio o interposición del recurso o medio de defensa legal correspondiente, se suspendan los efectos de los actos impugnados, con los mismos alcances previstos en la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que ésta consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el establecido para el otorgamiento de la suspensión provisional; independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo medio ordinario de defensa, sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de los derechos públicos subjetivos de los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de defensa legalmente reconocidos. Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio en comento responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se reclama posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. En resumen, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Para que opere la anotada causa de improcedencia, es necesario que concurran los requisitos siguientes: 1) Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso, juicio o medio de defensa legal; y, ??????????????? 3) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En tanto que, como excepciones a la obligación de agotar los medios de defensa, se establecen: a) Cuando las leyes que rigen los actos reclamados exijan mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; y, b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Ahora bien, de un análisis minucioso de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa en esencia reclama: ? La resolución de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en donde se niega levantar el aseguramiento precautorio de bienes realizado mediante oficio 500-36-07-04-03-2022-129908, expediente SAT-7S.2-2022-GIF1500009/2022, folio 4570673 RFC CEHM7604043HA, orden GIF1500009/22 de fecha ocho de noviembre de dos mil veintidós; solicitado por la quejosa mediante escrito de veintiocho de noviembre del año en cita, en atención a que estimó que cesó la conducta que dio origen a dicho aseguramiento. Sin embargo, en contra de dichos actos la quejosa debe agotar en juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 3, fracción V, de la Ley Orgánica de dicho tribunal, que establece: Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; III. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; (.) Del precepto en cita, se obtiene que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, son competentes, a través del juicio contencioso administrativo, para conocer de las resoluciones que dicten las autoridades administrativas que causen un agravio en materia fiscal. En la especie, de un análisis de la demanda de amparo, se advierte que los actos que reclama la quejosa son de naturaleza administrativa, los cuales se llevaron a cabo por una autoridad de la misma naturaleza, dentro de un procedimiento que se rige por el Código Fiscal de la Federación, específicamente, dentro de un procedimiento de revisión de gabinete, y que la resolución reclamada, causa un agravio en materia fiscal en perjuicio de la quejosa, ya que en ésta se niega levantar el aseguramiento precautorio de bienes realizado con motivo de un adeudo fiscal presunto por la cantidad de $29,834,722.21 (veintinueve millones ochocientos treinta y cuatro mil setecientos veintidós pesos 21/100 M.N.); solicitado por la quejosa mediante escrito de veintiocho de noviembre del año en cita, en atención a que estimó que cesó la conducta que dio origen a dicho ????????????? aseguramiento, y que ante ello era procedente levantar la medida en términos de lo previsto en el artículo 40-A, fracción VIII del Código Fiscal de la Federación. Por consiguiente, la quejosa debe agotar el juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues dicho juicio constituye un medio ordinario de defensa, por el cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Además, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé la suspensión de los actos impugnados con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo. Al respeto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro y contenido1: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal 1 Registro digital: 2011289. de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Por ello, se reitera, que es a través del medio ordinario de defensa aludido, la quejosa puede obtener la modificación, revocación del acto que reclama en sede constitucional. Así es, la impetrante del amparo estaba obligada a interponer el medio de defensa que la ley que rige el acto reclamado le otorga para la salvaguarda de sus derechos, en aras de obtener la revocación de los actos reclamados, ya que con ello se evitaría el abuso del juicio de amparo mediante la previa tramitación de aquéllos medios de impugnación que tiendan a modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. De esta suerte, si la parte promovente del amparo, instó el presente juicio constitucional no obstante encontrarse obligada a agotar el medio de defensa ordinario que la legislación administrativa le concede, es decir, le asistía la carga procesal de observar el principio de definitividad previamente al ejercicio de su acción constitucional, es inconcuso que al no haberlo hecho, se actualiza de manera indudable un motivo de improcedencia. No pasa desapercibido, que la quejosa en su demanda reclama una violación a sus derechos fundamentales previstos en el artículo 14 y 16 Constitucionales, ya que de lo expuesto en la demanda, se advierte que ésta en esencia ?????????????? controvierte que la autoridad responsable incumple con lo previsto en el artículo 40-A, fracción VIII del Código Fiscal de la Federación. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto, porque el quejoso debió agotar previamente el recurso de revocación o el juicio de nulidad en contra de los actos que ahora reclama. E indudable, ya que no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se DESECHA DE PLANO por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Domicilio La parte quejosa señala domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en Carretera a Coatepec, número 7, San Francisco Acuautla, Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, código postal, el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito. Por tanto, a efecto de hacer del conocimiento el presente proveído a la quejosa, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para que en auxilio de la Justicia Federal, notifique a la citada quejosa el presente acuerdo en el domicilio referido. Asimismo, deberá requerirle para que en el momento de la diligencia respectiva o dentro del plazo de tres días hábiles, señale domicilio para oír y recibir notificaciones, en el Municipio de Naucalpan de Juárez. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que si al constituirse el diligenciario de su adscripción en el domicilio mencionado este no resultare cierto y fuere informado que el quejoso puede ser notificado en otro distinto dentro de la jurisdicción de ese juzgado, se constituya de inmediato en ese lugar y practique la diligencia ordenada en autos, debiendo asentar la razón correspondiente. Se faculta al juez de referencia para que, con plenitud de jurisdicción, acuerde las promociones pertinentes, en su caso, aplique las medidas necesarias de apremio conducentes, a efecto de cumplimentar cabalmente la diligencia de mérito, inclusive se realice en días y horas inhábiles, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se ordena remitir la presente comunicación a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el rubro correspondiente, utilizando la firma electrónica autorizada para tal efecto, en términos del párrafo quinto del artículo tercero de la Ley de Amparo. ??????????? Juicio en línea Con fundamento en el artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea". Autorizados para oír notificaciones En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a las restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Medios alternativos de contacto Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, se les requiere a las partes para que proporcionen un medio alternativo de contacto (número telefónico y cuenta de correo electrónico), para entablar comunicación no procesal con éstas, cuando así lo considere necesario este órgano jurisdiccional. Publicación de datos personales Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II, V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su ????????????? publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente, vía exhorto, a la quejosa."""""""""""""""""""""""", así como el presente proveído, por medio de la lista que se fije en los estrados de este juzgado; en el entendido que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le harán por el mismo medio. Notifíquese; por estrados a la parte quejosa el auto de desechamiento y la presente determinación
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, V i s t a la demanda de amparo de cuenta se provee: ténganse por presentada , por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. Desechamiento No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que dispone El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De lo transcrito se desprende que en materia administrativa, es necesario agotar los medios de defensa procedentes contra el acto de autoridad que se estime lesivo, siempre que conforme a las leyes que los prevén, de oficio o mediante la promoción del juicio o interposición del recurso o medio de defensa legal correspondiente, se suspendan los efectos de los actos impugnados, con los mismos alcances previstos en la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que ésta consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el establecido para el otorgamiento de la suspensión provisional; independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo medio ordinario de defensa, sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de los derechos públicos subjetivos de los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de defensa legalmente reconocidos. Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio en comento responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se reclama posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. En resumen, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Para que opere la anotada causa de improcedencia, es necesario que concurran los requisitos siguientes: Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo Que la ley conceda contra ese acto algún recurso, juicio o medio de defensa legal; y, Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En tanto que, como excepciones a la obligación de agotar los medios de defensa, se establecen: Cuando las leyes que rigen los actos reclamados exijan mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; y, Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Ahora bien, de un análisis minucioso de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa en esencia reclama La resolución de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en donde se niega levantar el aseguramiento precautorio de bienes realizado mediante oficio de fecha ocho de noviembre de dos mil veintidós; solicitado por la quejosa mediante escrito de veintiocho de noviembre del año en cita, en atención a que estimó que cesó la conducta que dio origen a dicho aseguramiento.Del precepto en cita, se obtiene que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, son competentes, a través del juicio contencioso administrativo, para conocer de las resoluciones que dicten las autoridades administrativas que causen un agravio en materia fiscal.
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