Magnolia Alejandra López Sevilla

Expediente 547/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
547/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/05/2021

Partes del expediente

  • Magnolia Alejandra López Sevilla

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa Magnolia Alejandra López Sevilla, haya interpuesto recurso alguno en contra del auto de seis de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido...Notifíquese.

  2. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL AL TERCERO INTERESADO DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL CUAL agréguese a los presentes autos para que obre como en derecho corresponda el oficio número 215/2021, rendido vía correo electrónico por la Jueza Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual remite por la misma vía la sentencia dictada dentro del juicio de amparo 362/2020, dictada el veinticinco de marzo de la presente anualidad, dentro del cuaderno auxiliar 76/2021, en la que se resuelve: "PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud de Tamaulipas", contra el acto que reclamó de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, señalado en el proemio de esta resolución; por las razones y fundamentos jurídicos precisados en el considerando VII y para los efectos señalados en el diverso VIII de la presente sentencia." En consecuencia, acúsese recibo de estilo al correo electrónico institucional 3jdoaux8cto@correo.cjf.gob.mx. y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y notifíquese a las partes dicha sentencia. Al efecto, se les remite copia de la misma. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la autoridad responsable, vía correo electrónico al Fiscal Federal adscrito al Juzgado y personalmente a las terceras interesadas Margarita Hernández Hernández y Patricia Sánchez Martínez.

  3. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL CUAL: "Vista la cuenta que antecede, téngase a Magnolia Alejandra López Sevilla, solicitando el amparo y la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad y su Actuario adscrito, y por estimar violatorio el artículo 17 de la Constitución Federal. Fórmese y regístrese bajo el número de expediente 547/2021. Como punto de partida es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace el quejoso en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, el quejoso manifiesta que el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de notificar la resolución que dirime el incidente de competencia planteado dentro del expediente 194/E08/2018. En el caso, este juzgador advierte, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo [.].". El reproducido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción en comento permite concluir que para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa sea factible de interponer dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior, patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar el acto del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Con lo citado anteriormente, conviene rememorar que en el presente juicio de amparo se reclama en la omisión de la autoridad responsable de notificar la resolución que dirime el incidente de competencia planteado dentro del expediente 194/E08/2018. Ahora, el artículo 764 de la Ley Federal del Trabajo establece: "Artículo 764. Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá su efecto como si estuviera hecha conforme a la Ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado." El incidente procede cuando se apoya en los siguientes supuestos: La falta de notificaciones; y, Las que se hagan en forma distinta de la prevenida por la ley Al respecto, se cita la tesis de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXVI, Página 746, que en su rubro y texto dispone: "NULIDAD DE ACTUACIONES EN EL JUICIO DE TRABAJO. La nulidad de lo actuado en los juicios de trabajo sólo procede cuando se apoya en la falta de notificaciones o en que se hagan en forma distinta de la prevenida por la ley, atento lo dispuesto por el artículo 446 del código laboral, por lo que si el apoderado del sindicato actor no apoyo su pedimento para que se declarara nulo lo actuado, en ninguna de las circunstancias anotadas, sino en la ilegalidad de determinadas resoluciones, esto es, si no fue planteada, ante la responsable, la nulidad de actuaciones por notificaciones omitidas o irregulares, no es admisible que en el amparo se trata de subsanar su omisión, haciendo referencia indirecta, en la demanda de garantías, a notificaciones defectuosas." Tesis que interpreta el artículo 466 de la anterior Ley laboral, pero que al margen de la misma aparece la anotación que remite a los artículos 752 y 764 de la LFT de 1970, que disponían: "Artículo 752.- Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este capítulo. Artículo 764.- Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá su efecto como si estuviera hecha conforme a la Ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado." Como se puede ver, actualmente el artículo 764, respecto a su contenido esencial no se ha modificado, y el mismo prevé la procedencia del incidente de nulidad entre otras, contra las notificaciones omitidas. Como ejemplo se podría citar que contra la falta de emplazamiento en el curso del procedimiento, procede el incidente de referencia, ya que lo que se impugna es precisamente que el actuario no haya hecho la notificación personal propia del emplazamiento, es decir una notificación omitida. Ahora, al resolver la contradicción de tesis 107/2004, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio lugar a la Jurisprudencia de rubro: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL INCIDENTE RELATIVO DEBE PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO GENÉRICO DE TRES DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 735 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL AFECTADO TENGA CONOCIMIENTO O SE MANIFIESTE SABEDOR DE LA ACTUACIÓN QUE LE AGRAVIA, Y SE CONTARÁ EL DÍA DE SU VENCIMIENTO", en cuya ejecutoria analizó -entre otros- el artículo 764 de la Ley Federal del Trabajo, en relación a tal precepto sostuvo lo siguiente: "SEXTO. Para verificar la oportunidad del incidente de nulidad del que se habla, es decir, el momento a partir del cuál empieza y cuándo fenece el término genérico de "tres días hábiles" previsto en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo habrá que atenderse, además, lo dispuesto en el artículo 764 de la propia legislación laboral que ordena: "Artículo 764. Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano." Del precepto antes reproducido se advierte que el elemento que debe atenderse para considerar que surtirá sus efectos una notificación mal hecha u omitida, es el relativo al momento en el que el afectado por dicha notificación tiene conocimiento de la actuación procesal; es decir, el momento en el que se ostenta sabedor de ella, y conforme al artículo 733, también transcrito, se advierte que en el proceso laboral "los términos comenzarán a correr el día siguiente al en que surta efecto la notificación y se contará en ellos el día del vencimiento." Concluyendo la manera en que corre el término de tres días para promover el incidente de nulidad de notificación contra aquellas mal realizadas u omitidas. Emitiendo la Jurisprudencia cuyo rubro y texto se citan a continuación: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL INCIDENTE RELATIVO DEBE PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO GENÉRICO DE TRES DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 735 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL AFECTADO TENGA CONOCIMIENTO O SE MANIFIESTE SABEDOR DE LA ACTUACIÓN QUE LE AGRAVIA, Y SE CONTARÁ EL DÍA DE SU VENCIMIENTO. El citado precepto establece un plazo genérico de tres días hábiles para la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho cuando no tengan fijado alguno, pero no prevé el momento a partir del cual inicia ni cuándo fenece, por lo cual debe tenerse en cuenta el contenido del Título Catorce (Derecho Procesal del Trabajo), Capítulo VI (De los términos procesales), de la Ley Federal del Trabajo, específicamente el artículo 733 que ordena que en el procedimiento laboral los plazos comenzarán a correr el día siguiente al en que surta efecto la notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento, y el diverso 764, del cual se advierte que el elemento que debe atenderse para considerar que surte efectos una notificación mal hecha u omitida, es el relativo al momento en el que el afectado tiene conocimiento de la actuación procesal, es decir, el momento en el que se ostenta sabedor de ella. En tal virtud, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el procedimiento laboral deberá promoverse dentro del plazo genérico de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que el afectado tenga conocimiento o se manifieste sabedor de la actuación procesal cuya nulidad promueve, y se contará el día de su vencimiento." (El énfasis es autoría de este Juzgado) De lo antes expuesto se desprende que el artículo 764 de la Ley Federal del Trabajo, prevé la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones contra las notificaciones que se practiquen de manera irregular o de aquellas que se omitan. Consecuentemente, si la parte quejosa reclama en la omisión de la autoridad responsable de notificar la resolución que dirime el incidente de competencia planteado dentro del expediente 194/E08/2018, lo cual constituye una notificación omitida, entonces, la parte quejosa, debió interponer incidente de nulidad contra la falta u omisión de notificar la interlocutoria que decida el incidente de competencia. Al respecto, se estima aplicable la tesis de jurisprudencia número 2a./J.65/2002, de rubro: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO.". Igualmente aplicable se estima, la tesis de jurisprudencia número: I.6o.C. J/37, cuyo rubro es: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.". Bajo este contexto, es menester precisar que la ahora parte quejosa no se ostenta como tercero extraño a juicio, toda vez que de los hechos narrados en la demanda, se puede colegir que es parte formal en el juicio laboral de origen y que la parte demanda fue quien compareció a promover el mismo. En las condiciones anotadas, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. De igual manera, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su demanda, sin necesidad de acreditar que estén autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho, por ser laboral el juicio de donde deviene el acto reclamado y ser la parte trabajadora quien acude al amparo. Asimismo, atento a lo dispuesto por el artículo 2° del ya citado ACUERDO GENERAL 13/2020, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". "Artículo 2. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". En caso de que un asunto calificado como urgente sea promovido físicamente, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho, exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". De igual forma, de conformidad con el artículo 2, punto I, fracción XIX del ACUERDO GENERAL 13/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19; se requiere A LAS PARTES para que proporcionen un número de teléfono móvil y un correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este juzgado estime necesario. Con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído al Fiscal de la Federación Titular de la Agencia en Materia de Amparo Adscrita a este juzgado a través del correo electrónico rafael.desantillana@pgr.gob.mx. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa debiéndose privilegiar los medios electrónicos para tal efecto, en términos del Acuerdo General 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el VIRUS COVID-19; y, vía correo electrónico al Fiscal Federal adscrito a este juzgado."

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