Maggali Charmin González Ganzález
Expediente 640/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 640/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Maggali Charmin González Ganzález
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda los autos, y la certificación de cuenta, se desprende que el auto donde se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE) y en el libro de gobierno.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Demanda de Amparo e identificación de las partes. Téngase por recibida la demanda de amparo al parecer promovida por ************, en contra actos que reclama del Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, que considera violatorio en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 640/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que se tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Ahora bien, en el caso concreto se advierte no obstante que la demanda de amparo de cuenta fue presentada a través del portal de internet de juicio en línea del Consejo de la Judicatura Federal, el archivo digital correspondiente fue firmado por el autorizado de la promovente de manera electrónica, careciendo de la firma electrónica de la promovente Maggali Charmin González González; por lo que se colige que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que motiva su desechamiento de plano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Federal, en relación con los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que en lo que interesa son del tenor siguiente: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, (.)" "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 3o. (.) Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los preceptos transcritos se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales, por lo que en tales casos, los gobernados, que sean titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. Asimismo, se tiene que para la procedencia de la demanda de amparo es requisito indispensable que sea promovida por aquella persona, ya sea física o moral, que teniendo la calidad de gobernado, resienta en su esfera jurídica los efectos de un acto de autoridad; lo anterior se traduce en que, el juicio de amparo debe ser iniciado por la demanda que haga valer la persona que ha sido afectada por un acto de autoridad, de forma real y actual, quien podrá impugnar el acto reclamado por sí mismo, por medio de su apoderado o representante legal. De igual forma, las promociones podrán ser presentadas de forma electrónica, utilizando la firma electrónica, ésta producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En ese sentido, es requisito indispensable de procedencia que en la demanda presentada vía electrónica se indique el nombre de la persona en la que recae la figura de quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, y 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo; igualmente, se deberá agregar la firma electrónica vigente de quien promueve, ya que éste es un requisito establecido en el artículo 72 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el cual se obligan las personas, tal como se advierte de lo siguiente: "Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de Demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionarán de un mapa la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. Asimismo, podrán enviar junto con su demanda de amparo los archivos electrónicos que contengan los documentos anexos." Así, el juicio de amparo es improcedente ante la ausencia de expresión de la voluntad de quien se estima agraviado; esto es, de quien firma de manera autógrafa la demanda de amparo, toda vez que su firma electrónica no puede ser sustituida por autorizados por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad de la parte interesada que influyan en la configuración de la litis constitucional. Motivo por el cual, en el caso en concreto, aun cuando la demanda electrónica de cuenta se encuentra firmada electrónicamente por Luis Ángel Contreras Malibrán, a quien la promovente nombra en su escrito como autorizado, no se puede afirmar que dicho nombramiento sea voluntad de la peticionaria de amparo. Esto es así, pues cuando el solicitante del amparo no agrega su firma electrónica vigente en la demanda presentada en esa vía, dicha omisión provoca una ausencia de voluntad, lo que ocasiona la improcedencia notoria y manifiesta del juicio de amparo, puesto que no podría realizarse el análisis de las violaciones de derechos fundamentales alegados en ese escrito, sin que exista la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional para tal fin. En el caso, atendiendo a la certificación de cuenta y a la evidencia criptográfica que obra en la última hoja del escrito de demanda presentado vía electrónica, se advierte que no contiene firma electrónica vigente, correspondiente a la parte quejosa, esto es, de la promovente Maggali Charmin González González, por tanto, si la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa, se considera que se evidencia la falta de la voluntad de la referida solicitante de amparo para instar la vía jurisdiccional. Sin que en el caso, los actos reclamados por la solicitante de amparo se ubique en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad; de ahí que el asunto no se ubique en el supuesto de excepción previsto en el arábigo 3º, párrafo último, del citado ordenamiento legal. Al respecto es importante destacar, que los actos reclamados por la promovente no corresponden a alguno de los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los que por disposición expresa del diverso 109 del ordenamiento legal invocado, puede soslayarse la carencia de la firma autógrafa o electrónica. Lo anterior es así, en razón de que los actos reclamados por la quejosa consisten en la orden de presentación, detención o aprehensión, y su ejecución; actos reclamados que no se subsumen en alguna de las hipótesis que prevé el multicitado numeral 15 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, se estima pertinente hacer del conocimiento de la promovente, que la exigencia de su firma electrónica vigente, no resulta un obstáculo para que ésta ejerza eficazmente su derecho fundamental de acceso a la justicia, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal ha puesto a disposición de los justiciables, una aplicación para tramitar a Firma Electrónica Certificada (FIREL), procedimiento que debe iniciarse desde el portal www.firel.pjf.gob.mx. Conforme a lo expuesto, al no haberse manifestado la voluntad de promover este juicio por parte de Maggali Charmin González González, y considerando que la irregularidad apuntada no puede ser corregida mediante prevención por no ser una omisión de los requisitos exigidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo, con apoyo en los artículos 3º y 113 del ordenamiento legal invocado. Autorizados y domicilio. Toda vez que no se tiene la certeza de que M************ efectivamente sea quien promueve la demanda de amparo, al carecer de firma de su firma autógrafa o electrónica, no es posible hacer pronunciamiento respecto del autorizado que la promueve, el domicilio que se señala, el acceso al expediente electrónico y las notificaciones por misma vía, por lo que las notificaciones en este sumario deberán realizarse por lista de acuerdos que se fije en los estrados. Se cita en lo conducente la Tesis: I.1o.P.31 K (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, registro 2017689; de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2981, de rubro y contenido siguiente: "MEDIOS ELECTRÓNICOS DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN FEDERAL. LA FACULTAD PREVISTA EN EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE AMPARO, PARA QUE EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO PUEDA AVALAR QUE SU FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) SEA UTILIZADA POR ALGUNO DE SUS AUTORIZADOS, ESTÁ LIMITADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL EFECTO DE OÍR NOTIFICACIONES E IMPONERSE DE LOS AUTOS. De conformidad con el último párrafo del artículo 64 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, y con el artículo 994, fracciones II y III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2015, se advierte que el "nombre de usuario" y la "firma electrónica", relativos al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, son de carácter personalísimos e intransferibles, pues no pueden utilizarse por ninguna persona ajena o distinta de quien a favor se generaron, siendo que por lo que hace a la firma electrónica "FIREL", es obligación de su titular resguardar la confidencialidad de su llave privada y de la clave de acceso a ésta, así como la de revocación del certificado digital de la "FIREL"; como también el de mantener un control físico, personal y exclusivo de su certificado digital, llave privada y archivo con extensión .pfx. Sin embargo, el párrafo tercero del artículo 24 de la Ley de Amparo prevé que cuando el quejoso y el tercero interesado cuenten con firma electrónica y pretendan que los autorizados utilicen o hagan uso de ésta en su representación, deberán comunicarlo al órgano jurisdiccional correspondiente, señalando las limitaciones o revocación de facultades en el uso de ésta. Al respecto, de la interpretación sistemática del párrafo tercero en mención y del diverso segundo del propio precepto, se colige que esa posibilidad (de que los autorizados puedan utilizar la firma electrónica de sus autorizantes, ya sea el quejoso o el tercero interesado), está limitada única y exclusivamente para el efecto de oír notificaciones -aun las de carácter personal- e imponerse de los autos, pero no para realizar alguna de las facultades que pueden ejercer los autorizados en la modalidad amplia, en términos del artículo 12 de la ley de la materia (para interponer recursos, ofrecer pruebas, alegar en audiencia y, en general, actuar en el juicio de amparo en defensa de los derechos de su autorizante), pues para esto, es necesario que se satisfagan ciertos requisitos, como lo es que se acredite que la persona a quien se pretende autorizar, ejerce la profesión de licenciado en derecho y que se proporcionen los datos correspondientes en el escrito en el que se otorgue dicha autorización." (Lo destacado se realizó en la transcripción) Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL).
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