Magdiel Raymundo Macias

Expediente 397/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
397/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
19/11/2020

Partes del expediente

  • Magdiel Raymundo Macias
  • MAGDIEL RAYMUNDO MACIAS y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que ya concluyó el plazo de diez días con el que contaba la parte quejosa para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra la sentencia dictada en este juicio, en donde se negó la protección de la Justicia Federal, sin que a la fecha aparezca que hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se negó la protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente y háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, dado que resulta innecesaria la retención del tomo de pruebas formado con las constancias que remitió la autoridad responsable, como apoyo a su informe justificado, devuélvase a su lugar de origen. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 397/2020 III-A, promovido por **, contra el acto que reclama de los integrantes de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. El problema jurídico a resolver en el presente asunto consiste en determinar -en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes- si la autoridad responsable vulneró los derechos fundamentales de la parte quejosa, consagrados por los artículos 1°, 14, 16, 17 y 123, apartado A, fracciones XXXI y XXVII, incisos G y H, de la Constitución Federal, al dictar la resolución de diez de marzo de dos mil veinte, en el expediente J.32/06/2018. I. ANTECEDENTES Mediante escrito presentado el tres de enero de dos mil dieciocho, ante la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, ** demandó en la vía ordinaria laboral al Instituto Mexicano del Seguro Social el pago de diversas prestaciones. En proveído de veintidós de enero de dos mil dieciocho, dicha Junta radicó la demanda bajo el número **, señaló fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ordenó emplazar a la parte demandada Instituto Mexicano del Seguro Social y **n, Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del aludido Instituto. A las diez horas del nueve de mayo de dos mil dieciocho, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se certificó que no comparecieron los demandados y se reprogramó la audiencia. Mediante escrito presentado ante la Junta responsable el tres de diciembre de dos mil dieciocho, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de sus apoderados legales, promovió incidente de insumisión al arbitraje, al referir que la relación laboral que existió entre el aquí quejoso y el referido patrón, fue como trabajador de confianza. En dicho libelo, el Instituto Mexicano del Seguro Social indicó que el importe líquido a pagar al actor **, ascendía a $** (** pesos mexicanos con cincuenta y cuatro centavos). A las diez horas del tres de diciembre de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se tuvo al apoderado legal del mencionado Instituto, promoviendo incidente de insumisión al arbitraje, por lo que se dio trámite al incidente, se ordenó correr traslado a la parte actora y se señalaron las once treinta horas del veintisiete de mayo de dos mil trece (sic) para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos del incidente de mérito. El doce de diciembre siguiente, se regularizó el procedimiento y se señalaron las once horas del uno de abril de dos mil diecinueve para el desahogo de la referida audiencia. En la data señalada para la audiencia incidental de pruebas y alegatos, el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social indicó que se encontraba pendiente actualizar las cantidades ofrecidas, por lo que solicito que se difiriera la audiencia; el apoderado legal de la parte obrera no se opuso ante tan manifestación, por lo que la Junta responsable reprogramó la audiencia. Mediante escrito de fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de sus apoderados legales, actualizó el importe líquido a pagar al actor, quedando en $** (** pesos mexicanos con setenta y nueve centavos) menos las deducciones que ascienden a $** (**e pesos mexicanos con catorce centavos), por lo que quedaba un total de $** (**s mexicanos con sesenta y dos centavos). A las nueve horas del veintiuno de junio de dos mil diecinueve, compareció ante la Junta responsable, de manera personal, libre y espontánea, el actor **, quien después de identificarse, manifestó lo siguiente: "Que estando dentro del término concedido por esta Junta en diligencia de fecha 18 de junio de 2019, en la Audiencia Incidental de Pruebas y Alegatos en la que se me otorga el plazo de tres días para que manifieste lo que a mi interés convenga respecto a la cuantificación que realiza el IMSS dentro del incidente de insumisión al arbitraje que interpuso la referida demandada, en la que se me ofrece la cantidad de $** menos la cantidad de $** por concepto de deducciones aplicadas, arrojando como cantidad líquida la cantidad de $**, en atención al principio de verdad sabida y buena fe guardada, manifiesto que ACEPTO LA CANTIDAD OFRECIDA POR CONDUCTO DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA MORAL EN CITA, SOLICITANDO SE ORDENE SU EXHIBICIÓN A MI FAVOR DEL CHEQUE EN LA QUE SE CONTENGA LA CANTIDAD DEBIDAMENTE ACTUALIZADA EN LA FECHA DE SU PAGO, así como el CFDI y la constancia de retención de impuestos respectiva y/o el comprobante fiscal que ampare el monto total de las deducciones realizadas por el IMSS, debiendo esta autoridad apercibir al instituto demandado que en caso de no emitir el cheque, seguirán corriendo los salarios caídos con base en el contrato colectivo de trabajo celebrado entre el IMSS y el SNTSS aplicable en el presente asunto y como el propio IMSS acepta como una confesión expresa que el suscrito fue contratado bajo el amparo del contrato colectivo del trabajo, corriendo pues salarios caídos completos hasta el pago del suscrito. (.) Por lo expuesto y fundado; a esta H. Junta Federal atentamente solicito: PRIMERO: Tenerme ACEPTANDO LA CANTIDAD OFRECIDA POR CONDUCTO D LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA MORAL EN CITA, SOLICITANDO ORDENE SU EXHIBICIÓN A MI FAVOR DEL CHEQUE EN LA QUE SE CONTENGA LA CANTIDAD DEBIDAMENTE ACTUALIZADA EN LA FECHA DE SU PAGO, así como el CFDI y la constancia de retención de impuestos respectiva. SEGUNDO: Para el caso de existir un cálculo indebido en la retención de los impuestos deducidos al suscrito, dejar a salvo mis derechos para hacer efectiva la devolución a mi favor ante el SAT o Dependencia Federal respectiva. TERCERO: Señalar día, hora y fecha para la exhibición del cheque respectivo por parte del Representante legal del IMSS, reservándome el uso de la voz para el caso de así ser necesario." Mediante resolución de diez de marzo de dos mil veinte, la Junta responsable indicó que no existía controversia al existir acuerdo de voluntades entre las partes, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social ofreció pagar a **, como indemnización, la cantidad de $**, misma que fue aceptó; por lo que declaró procedente el incidente al allanarse la parte demandada incidentista (aquí parte quejosa) y condenó al mencionado Instituto al pago del monto antes precisado. Los puntos resolutivos de dicha resolución, son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. La actora incidentista Instituto Mexicano del Seguro Social, PROBÓ los hechos en el que fundó su incidente de INSUMISIÓN AL ARBITRAJE planteado. SEGUNDO. Se declara PROCEDENTE el INCIDENTE DE INSUMISIÓN AL ARBITRAJE promovido por la actora incidentista Instituto Mexicano del Seguro Social (demandada en lo principal), por consiguiente, se da por TERMINADA LA RELACIÓN DE TRABAJO existente entre el actor MAGDIEL RAYMUNDO MACÍAS y el demandado Instituto Mexicano del Seguro Social. En consecuencia de lo anterior, se condena al IMSS a pagar al actor la cantidad líquida de $652,712.62 (seiscientos cincuenta y dos mil setecientos doce pesos 62/100 m.n.) por concepto de indemnización, en la inteligencia de que el IMSS al momento del pago de la condena actualizará la misma con los salarios vencidos que se continúen generando al cumplimiento de la presente, así mismo se le condena a entregar al actor el CFDI (comprobante digital) y la constancia de retención de impuestos respectiva. TERCERO. Se ordena la reanudación del procedimiento por lo que respecta al resto de las prestaciones que no fueron motivo del presente INCIDENTE DE INSUMISIÓN AL ARBITRAJE, y que son las enumeradas en los incisos D), G), H), I), J), K), L), N), P), Q), R), S), y U), por lo cual se señalan las NUEVE HORAS DEL DÍA TRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE para la celebración de la audiencia de CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES. Quedando vigente los apercibimientos decretados a las partes en el auto de inicio." II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo se formuló mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. El quejoso señaló como autoridad responsable a la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, y como acto reclamado, la resolución de diez de marzo de dos mil veinte, emitida en el incidente de insumisión al arbitraje, dentro del expediente laboral J.32 **. La demanda fue turnada a este órgano jurisdiccional en la fecha de su presentación; por auto de cinco de agosto de dos mil veinte, se registró con el número 397/2020, se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se otorgó la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la adscripción y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El nueve de octubre de dos mil veinte, mediante oficio 18182/2020, se emplazó al tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social. La audiencia constitucional tuvo verificativo el veintinueve de octubre del presente año, al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque este órgano de control constitucional conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; el acto reclamado es de naturaleza laboral y la autoridad responsable se ubica dentro la demarcación territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. VI. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, lo siguiente: La resolución de diez de marzo de dos mil veinte, emitida en incidente de insumisión al arbitraje, dentro del expediente J.32 6/2018 del índice de la responsable. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, del Tomo 76, abril de 1994, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el número de registro 212775, que al rubro y texto dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Hecha esta precisión, procede ahora analizar el contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable. La Presidente por ministerio de ley de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le reclama. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corroboró con el tomo de pruebas que acompañó la autoridad responsable a su informe de ley, consistente en el expediente 6/2018 de su índice, que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, y de las que se advierte la existencia de la resolución reclamada. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. OPORTUNIDAD De las constancias remitidas por la autoridad responsable se desprende que la parte quejosa quedó notificada de la resolución reclamada el diecinueve de marzo de dos mil veinte. En términos del 747, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, dicha notificación, al haberse practicado de forma personal, surtió efectos en el día y hora que se practicó. Sin embargo, es necesario precisar que derivado de la crisis global ocasionada por la pandemia del virus COVD-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los Acuerdos Generales 4/2020, 8/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, determinó la suspensión de labores del dieciocho de marzo al dos de agosto del año en curso, por lo que no corrieron plazos ni términos. Por tanto, si la demanda se presentó el tres de agosto de dos mil veinte, se instó oportunamente. VII. LEGITIMACIÓN Magdiel Raymundo Macías, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, por ser la parte actora en el juicio laboral J.32/06/2018 de la estadística de la Junta responsable. VIII. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, este Juzgado considera que no se actualiza la causa de improcedencia alguna, así como tampoco la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente IX. ESTUDIO. Los motivos de inconformidad expresados por la parte quejosa, son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo; tal como se observa de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, son inoperantes sin que se adviertan motivos para aplicarse a su favor, la suplencia de la queja deficiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, como más adelante se precisara. Los motivos de disenso hechos valer por la parte quejosa, se sintetizan a continuación: Señala que el convenio de indemnización propuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social necesariamente requiere de análisis jurisdiccional para que proceda su validez. Que la Junta responsable se limitó a transcribir la propuesta del referido Instituto por concepto de indemnización, salarios vencidos, aguinaldo y fondo de ahorro. A su decir, se viola en su perjuicio el derecho humano a recibir una indemnización justa, ya que la que le ofreció la parte demandada, se aparta de lo establecido en el artículo 123, apartado A, fracciones XXI y XXVII, inciso g) de la Constitución Federal y numeral 33 de la Ley Federal del Trabajo. Refiere que son incorrectas las cantidades ofrecidas por la parte demandada, por lo que respecta a salarios vencidos, cálculo de indemnización (cláusula 56), aguinaldo (cláusula 107) y fondo de ahorro; consecuentemente, el monto correcto que se le debe otorgar asciende a la cantidad de $1,208,234.23 (un millón doscientos ocho mil doscientos treinta y cuatro pesos mexicanos con veintitrés centavos) y no el monto que se condenó. En este punto, conviene recordar que en el incidente de insumisión al arbitraje promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el expediente 6/2018 de la estadística de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el aquí quejoso Magdiel Raymundo Macías indicó estar conforme con la cantidad ofrecida por el mencionado instituto, pues al comparecer ante dicha Junta el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, solicitó se le tuviera: ".Tenerme ACEPTANDO LA CANTIDAD OFRECIDA POR CONDUCTO DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA MORAL EN CITA, SOLICITANDO ORDENE SU EXHIBICIÓN A MI FAVOR DEL CHEQUE EN LA QUE SE CONTENGA LA CANTIDAD DEBIDAMENTE ACTUALIZADA EN LA FECHA DE SU PAGO." (Énfasis de origen) Por ello, al dictar la resolución que en esta vía se combate, la Junta responsable indicó que no existía controversia, al haber un acuerdo de voluntades entre las partes, ya que la parte demandada incidentista, aquí parte quejosa, se allanó a la indemnización ofrecida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con motivo de lo anterior, se condenó al Instituto demandado al pago de la cantidad líquida de $652,712.62 (seiscientos cincuenta y dos mil setecientos doce pesos mexicanos con sesenta y dos centavos), por concepto de indemnización, en la inteligencia que la parte condenada al momento del pago, deberá actualizar la misma con los salarios vencidos que se continúen generando hasta su cumplimiento. Como se adelantó son inoperantes los conceptos de violación que hace valer el impetrante, sin que haya motivo de suplencia de la queja, como a continuación se explica. Los motivos de disenso sintetizados en las líneas que anteceden, están enderezados a combatir la resolución reclamada, argumentando toralmente que los montos ofrecidos por la patronal son incorrectos y no se ajustan a lo establecido en el artículo 123, apartado A, fracciones XXI y XXVII, inciso g) de la Constitución Federal y numeral 33 de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, que es incorrecto el monto calculado respecto de la indemnización de ley, aguinaldo, fondo de ahorro y salarios vencidos. Ahora bien, lo inoperante de los argumentos vertidos, radica en que al momento de comparecer al incidente de insumisión al arbitraje de que se trata, el aquí quejoso se allanó del mismo y aceptó la cantidad ofrecida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para avalar lo aseverado, es necesario mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias ha analizado el tema del allanamiento, sobre todo su significado; por ejemplo, tenemos que en la ejecutoria de la tesis jurisprudencial número 2a./J. 130/2015 (10a.), del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, Décima Época, página 1915, de título y texto siguiente: "NULIDAD DE ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA DELIMITACIÓN, DESIGNACIÓN Y DESTINO DE TIERRAS EJIDALES. EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE RECLAME AQUÉLLA, EL ALLANAMIENTO A LA DEMANDA IMPIDE ANALIZAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY AGRARIA." Como el allanamiento a la demanda constituye el reconocimiento del demandado a la pretensión del actor y de los hechos en que se sustenta, cuyo efecto lógico procesal es la inexistencia de la litis, es decir, del conflicto de intereses o de la controversia judicial, se hace innecesaria la etapa probatoria, pues el Juez está en condiciones de dictar sentencia, concediendo lo que el demandado reconoció y aceptó con el allanamiento; en ese sentido, en los juicios en que se reclama la nulidad de las actas donde constan los acuerdos de la asamblea ejidal relativos a la delimitación, destino y asignación de tierras, el Tribunal Unitario Agrario no puede analizar de oficio la prescripción establecida en el artículo 61, párrafo segundo, de la Ley Agraria, cuando el demandado, por conducto del comisariado ejidal, se allana a la demanda, previa autorización de la asamblea ejidal por ser de su competencia exclusiva la decisión de ese tipo de asuntos, ni siquiera por virtud de la suplencia de la queja deficiente, porque en este caso, debe entenderse que no existe oposición a la acción de nulidad, ni coexiste conflicto de intereses, sino el reconocimiento y la aceptación del demandado a la pretensión del actor y, por tanto, tampoco existe obligación de suplir deficiencia alguna. Lo anterior, en el entendido de que este criterio sólo resulta aplicable a las controversias agrarias en las que la nulidad del acta de la asamblea se reclama respecto de tierras de uso común que no fueron asignadas a un tercero, pues en este caso éste tendría que ser llamado al juicio y hacer valer sus defensas." Por tanto, para resolver si aquel criterio rige incluso en los juicios donde existe allanamiento de la parte actora, habrá que definir lo que se entiende por "allanamiento". La doctrina ha establecido que el allanamiento designa la actitud autocompositiva propia de la parte demandada, consistente en aceptar o en someterse a la pretensión de la parte actora, de la parte atacante. Cuando el demandado se allana o se somete a la pretensión de la otra parte, no opone ninguna resistencia frente a aquélla, por lo que no llega a manifestarse realmente un litigio. Por esta razón, cuando el demandado se allana en el proceso, se suprimen las etapas de pruebas y de alegatos; y aunque el juzgador cita para sentencia y pronuncia una resolución a la que denomina formalmente sentencia, ésta no tiene realmente tal carácter, pues no es una decisión sobre un litigio, que no llegó siquiera a manifestarse, sino que es simplemente una resolución que aprueba el allanamiento del demandado. Para que el juzgador pueda aprobar esta actitud autocompositiva, es indispensable que el allanamiento se refiera a derechos de los que pueda disponer libremente el demandado, a derechos renunciables. El allanamiento, como el desistimiento, constituye un acto de disposición de derechos, por lo que sólo podrá tener eficacia cuando se haga sobre derechos renunciables. Por esa razón, el juzgador no deberá aprobar este acto de disposición cuando pretenda afectar derechos irrenunciables o indisponibles o derechos de terceros. De lo anterior, se concluye que el allanamiento constituye una actitud autocompositiva del demandado, a través de la cual acepta, reconoce y se somete a las pretensiones que le reclama la parte actora. En ese sentido, como el allanamiento a la demanda constituye el reconocimiento de la parte demandada a la pretensión del actor y de los hechos en que se sustenta, en principio, su efecto lógico procesal es la inexistencia de litis, es decir, de conflicto de intereses o de controversia judicial; razón por la cual se hace innecesaria la etapa probatoria, pues el Juez estará en condiciones de dictar sentencia concediendo lo que el demandado reconoció y aceptó con el allanamiento. Sirve de apoyo la tesis 4a./J. 11/93, del índice de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Núm. 63, Marzo de 1993, Octava Época, página 19, cuyo título y texto son los siguientes: "OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. ES DE NATURALEZA DIFERENTE AL ALLANAMIENTO De la confrontación realizada entre la institución del allanamiento y la figura del ofrecimiento del trabajo, se llega a la conclusión de que se trata de actos cuya naturaleza jurídica, características y efectos legales difieren notablemente entre sí, pues mientras el primero requiere para su existencia y eficacia que se reconozca, de manera expresa e indubitable, la procedencia de la acción o acciones intentadas en juicio, la veracidad de los hechos narrados y los fundamentos de derecho invocados, el ofrecimiento únicamente consiste en la oferta que hace el patrón al trabajador para que éste se reintegre a sus labores, sin que exista algún reconocimiento en relación a las anteriores circunstancias, sino que, por el contrario, este último debe ir siempre asociado a la negativa del despido y, por ende, de los hechos y fundamentos en que se apoya la reclamación de reinstalación. Además, los efectos que producen también se diferencian en la medida de que cuando el allanamiento resulta eficaz la consecuencia es que la controversia se vea agotada en el aspecto involucrado; en cambio, el ofrecimiento del trabajo, cuando es de buena fe, produce que la carga probatoria del despido alegado se invierta al trabajador actor. En consecuencia, al no constituir el ofrecimiento del trabajo un allanamiento a la acción de reinstalación ejercitada, la Junta responsable debe analizar la buena o mala fe del ofrecimiento y con base en las pruebas aportadas al juicio, resolver la concerniente a la procedencia de la acción de reinstalación." Por último, la tesis aislada, cuyo número de registro es 241065, del índice de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 103-108, Cuarta Parte, Séptima Época, página 83, establece lo siguiente: "DEMANDA, ALLANAMIENTO A LA. Así como la confesión implica el reconocimiento de los hechos de la demanda, cuando es otorgada por el demandado al contestar el libelo, y ella acarrea como resultado la citación para sentencia, de igual forma, el allanamiento indudablemente implica también ese mismo resultado, ya que es, en efecto, más que el reconocimiento de los hechos que sirven de causa a la pretensión, el reconocimiento de que ésta es justificada o legítima, y puede realizarse no sólo en la contestación de la demanda, sino en cualquier estado del juicio." Sentado lo anterior, es dable concluir que en el caso concreto, la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, estuvo en lo correcto al resolver el incidente de insumisión al arbitraje, toda vez que en la materia de análisis de dicho incidente no existió litis y, por tanto, no hubo materia de comprobación pues es evidente que el actor Magdiel Raymundo Macías, al comparecer a las nueve horas del veintiuno de junio de dos mil diecinueve, se allanó a la indemnización propuesta por la parte demandada Instituto Mexicano del Seguro Social. No está de más considerar que el allanamiento consiste en el sometimiento a las pretensiones de su contraparte, esto es: sin oponer resistencia frente aquéllas, lo que implica que dicho allanamiento sólo podrá tener eficacia cuando se haga sobre derechos privados renunciables, consecuentemente, no será admisible tratándose de derechos de terceros o de cuestiones que interesen al orden público o puedan fundar una condena a prestación imposible o contraria a las buenas costumbres; o cuando la autoridad responsable disponga de elementos suficientes para considerar que está en presencia de un proceso simulado o resulte un hecho impeditivo o extintivo que pueda ser declarado de oficio. En ese sentido, ante el allanamiento del actor, la autoridad laboral tiene la obligación de admitir como ciertos los hechos aducidos y, salvo que no se actualicen las anteriores hipótesis tiene obligación de condenar al demandado en los términos de la propuesta de indemnización que éste exhibió, supuestos que en el caso concreto se actualiza. Como se dijo en párrafos precedentes el allanamiento tiene como consecuencia tener la controversia agotada, esto porque el actor no opuso resistencia a lo pretendido por la parte demandada, por tanto, no llega a manifestarse un litigio como tal, aceptando y sometiéndose a lo que pretende la parte patronal, sin oponer resistencia. Tampoco sobra decir que aun cuando la materia de análisis del incidente de insumisión al arbitraje lo es el cuantificar en cantidad líquida los conceptos que deberán pagarse al trabajador por su indemnización de ley, por tratarse de un trabajador de confianza, no debe pasarse por alto el hecho de que existe manifestación expresa de voluntad por el actor en el sentido de allanarse a lo pretendido por la parte demandada sin oponer ninguna resistencia. Entonces, queda claro que en dicho incidente no hubo materia de controversia o litis; por lo tanto, la Junta responsable estuvo en lo correcto al condenar al Instituto demandado al pago de $** (** pesos 62/100 m.n.) por concepto de indemnización y demás prestaciones, precisando que deberá actualizar dicho monto con los salarios vencidos que se sigan generando hasta el cumplimiento. Por ello, la Junta actuó correctamente al transcribir los montos ofrecidos por el actor, ya que éstos fueron expresamente aceptados por Magidiel Raymundo Macías. En consonancia con lo expuesto, es que también deviene inoperante el concepto de violación en el cual el quejoso refiere que para que el convenio ofrecido por la aquí parte tercero interesada fuera válido, es necesario su análisis jurisdiccional, ello en razón de que el actor, como se indicó en varias ocasiones, se allanó de éste y estuvo conforme con los montos ofrecidos; máxime que no se trata de un salario irrisorio el establecido por la patronal. X. DECISIÓN Luego, al resultar inoperantes los conceptos de violación analizados, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada por Magdiel Raymundo Macías. Resulta importante destacar, que el suscrito no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por la parte tercero interesada, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio de amparo. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo anteriormente expuesto y, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a **, contra el acto reclamado a los integrantes de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de conformidad con el apartado IX del presente fallo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no existe constancia que acredite que la parte tercera interesada Instituto Mexicano del Seguro Social, haya sido emplazada a juicio; en consecuencia, a fin de no violar las normas del procedimiento, mediante oficio que al efecto se gire y con transcripción del auto admisorio y el diverso dictado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, con copia de la demanda, emplácese a juicio a la referida parte procesal. Para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy se reprograma para las catorce horas con cinco minutos del veintinueve de octubre de dos mil veinte. NOTIFÍQUESE."

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