Magdelaine Ricardo Sablon

Expediente 1746/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1746/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
24/01/2023

Partes del expediente

  • Magdelaine Ricardo Sablon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que en el presente incidente de suspensión se exhibieron los billetes de depósito con números N 854417 y N 854418 expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, ambos por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos, sin centavos, moneda nacional), que exhibiera ********************, para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa, en estos autos. Al efecto, tomando en consideración que por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se previno a la citada ********************, para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su interés convenga con relación a dichos billetes, sin que a la fecha lo hubiera hecho, con fundamento en el artículo 156 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa, para que comparezca a este Juzgado Federal a recoger los billetes de mérito. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo establecido en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se procederá a hacer efectivo el importe de los billetes de depósito de mérito. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado actual que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de cuatro de septiembre de dos mil veinte, se ordenó el archivo de este juicio como asunto total y definitivamente concluido, y que en autos del incidente de suspensión obran los billetes de depósito N ***y ***, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, ambos por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos, sin centavos, moneda nacional), que exhibiera la parte quejosa en su oportunidad, como requisito para que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida; por tanto, dese cuenta con este proveído en dicho cuaderno, para los efectos legales correspondientes, en relación con la garantía de mérito. Notifíquese.

  3. Incidental

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto: en virtud de que mediante proveído de cuatro de septiembre de dos mil veinte, dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo 1749/2019-VII-A del que deriva este incidente, se ordenó el archivo definitivo del presente asunto; al respecto, se acuerda: Toda vez que aún obra en la caja de seguridad los billetes de depósito con números N ***y ***expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, ambos por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos, sin centavos, moneda nacional), que exhibiera Martha ***, para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa, en estos autos. En consecuencia, dese conocimiento a Martha ***, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, se dejarán dichos billetes a disposición de la parte quejosa. En la inteligencia que, de solicitar su devolución, y de probarse posteriormente que el numerario que avalan los billetes de depósito de que se trata no son propiedad de la mencionada ***, si no de la aquí parte quejosa, se dará vista de ello al Ministerio Público de la Federación, para que proceda como corresponda. Se precisa que para acudir al órgano jurisdiccional a recibir los citados billetes de depósito, la parte interesada deberá agendar una cita, indicando el motivo de la misma, mediante la obtención del código "QR" en el micrositio de Servicios Jurisdiccionales del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo establecido por el artículo 3 , del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 1/2021. Apercibida que de no presentarse a recogerlo en el plazo que señala el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se procederá a hacerlo efectivo a favor del erario Federal. Notifíquese personalmente a Martha ***, y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Vista las constancias de notificación actuariales levantadas el día de ayer, de las que se advierte que los directos quejosos Magdelaine Ricardo Sablón y el menor de identidad reservada K. K. K. R., ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor por *********, en contra los actos que reclamaron del Delegado en Yucatán del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, y del Subdirector de Control y Verificación Migratoria de dicho Instituto, ambos con sede en esta ciudad, que hicieron consistir en lo siguiente: La detención e inminente deportación de los directos quejosos. Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de referencia como en derecho procede. Asimismo, téngase por hecha la manifestación del quejoso menor de edad de identidad reservada K. K. K. R., quien dijo tener once años y que su madre **********, ejerce su patria potestad. Ahora bien, toda vez que de acuerdo con la legislación civil, los padres, tutores o quienes ejercen la patria potestad sobre los menores de edad son sus representantes legítimos, sin embargo, por cuanto de autos no obra documento alguno que acredite que *******, sea madre del menor, además que éste cuenta con once años de edad, razón por la cual no puede hacer la designación de representante al tenor de lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 8° de la Ley de Amparo. En consecuencia, a efecto de que los derechos del menor se encuentren legalmente representados, con apoyo en el artículo 8° de la Ley de Amparo, gírese atento oficio a la Delegada Estatal en Yucatán del Instituto Federal de la Defensoría Pública con sede en esta ciudad de Mérida, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la citada ley, de conformidad con el artículo 2º de la misma, para que dentro del término de tres días, contados a partir de su legal notificación, proponga a un asesor jurídico federal a su digno cargo, con la finalidad de que pueda fungir con el carácter de representante del menor de identidad reservada K. K. K. R., hasta en tanto se acredite en estos autos, con documento idóneo, que la aquí quejosa Magdelaine Ricardo Sablón, es madre de él y puede representarlo en juicio; adjuntándole para tal efecto, copia del escrito de demanda, a fin de que se pueda ejercer adecuadamente la representación. Asimismo, dígase a la citada Delegada Estatal, que podrá dar cumplimiento a lo solicitado mediante oficio que al efecto remita, o bien, a través del correo institucional de este Juzgado Federal, esto es, 2jdo14cto@correo.cjf.gob.mx. Lo antes determinado es acorde a lo señalado en el protocolo de actuaciones para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en marzo de dos mil doce, que establece las principales características de la infancia y sus implicaciones en un proceso jurídico, que precisa que el interés superior del niño, niña o adolescente es uno de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño. De hecho, ha sido interpretado como el principio "rector-guía" de dicha Convención, lo que significa que con base en él deben entenderse el resto de los derechos reconocidos en aquélla. De esta forma, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, en todas las medidas concernientes a los niños, niñas y adolescentes que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deberán considerar primordialmente atender el interés superior de los menores de edad (Artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño). Lo anterior, buscando en todo momento que el niño, niña o adolescente comprenda los acontecimientos que se desarrollen antes, durante y al término de un procedimiento administrativo o judicial, sin ser afectados en su integridad y derechos. Ello, aunado a que de acuerdo con los órganos de las Naciones Unidas este principio incluye, por una parte, el derecho a la protección, lo que supone que todo niño, niña o adolescente sea protegido contra toda forma de sufrimiento, injusticia o descuido, incluidos el abuso físico, psicológico, mental y emocional; y por otra, la posibilidad de desarrollarse en forma armoniosa, es decir, que tenga derecho a crecer en un ambiente grato y con un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Con copia autorizada del proveído de once de diciembre de dos mil diecinueve, de la diligencia de ratificación, así como del presente auto y copia simple de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión que se solicita únicamente respecto del acto consistente en la detención de los quejosos, dado que por cuanto hace a la inminente deportación de los directos quejosos, ya se decretó la suspensión de plano. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes a aquel en que reciban el oficio en que se les solicita, en el que expresarán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, al que acompañarán, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la Ley de Amparo. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Dese la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda y autorizada del diverso proveído dictado el once de los corrientes por medio del cual se decretó de oficio la suspensión de plano respecto del acto reclamado consistente en la inminente deportación de los directos quejosos, así como del presente acuerdo. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de treinta unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Sin que haya necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, las fechas y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada ley. Notifíquese personalmente al agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado y cúmplase.

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