Magdaleno Tapia Pérez

Expediente 1791/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1791/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Magdaleno Tapia Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha en que se actúa no obra en autos el acuse de recibo del oficio 34847/2023 dirigido a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, ni el informe previo de la aludida autoridad responsable. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a la llegada de los informes previos de las autoridades responsables, la audiencia incidental señalada para hoy se difiere para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por el que remite copia certificada del testimonio de la resolución emitida el nueve de noviembre de dos mil veintitrés, en el recurso de revisión ********************y devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa con tres cuadernos auxiliares. Dese a conocer a las partes la devolución de estos autos que se encontraban en revisión y comuníquese que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, en representación legal de la Administradora de Recaudación y del Notificador-Ejecutor, ambos adscritos al Departamento Técnico de Ejecución de la citada Secretaría, conforme a lo determinado en el considerando cuarto de esta ejecutoria." Acúsese el recibo de estilo vía electrónica, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, que hace referencia el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, que se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Respecto del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión, agréguese únicamente la carátula y las actuaciones posteriores a la certificación por la que se integró el aludido cuadernillo; en el entendido de que las restantes deberán destruirse, en términos del artículo 19, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Intégrense los cuadernos incidentales respectivos. En vista de lo resuelto por el Tribunal Colegiado en cita, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de la Función Pública del Estado del Estado de Puebla, para que en el término de tres días cumpla con la ejecutoria de mérito, misma que se concedió para el efecto de que: "a) Deje insubsistente la resolución dictada el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en el recurso de revocación ********************, en la que determinó que resultó infundado el citado medio de impugnación y, por tanto, confirmó la resolución recurrida de once de abril de dos mil dieciocho. b) Emita otra resolución en la que reitere lo que no fue materia de la concesión del amparo, y c) En relación con el fondo del recurso de revocación, con libertad de jurisdicción, determine de manera fundada y motivada la acción u omisión en que -supuestamente- incurrió ********************, y que resultó transgresora del artículo 50, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; asimismo, deberá valorar las pruebas que obran en el sumario, en los términos expuestos en esta sentencia. (.) Concesión del amparo que se hace extensiva respecto de los actos atribuidos a la Administradora de Recaudación perteneciente al Departamento Técnico de Ejecución dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla y al Ejecutor (clave ********************) adscrito al indicado Departamento Técnico de Ejecución, por lo que deberán quedar insubsistentes los actos que se les reclaman, en tanto que derivan de la resolución que quedará insubsistente con motivo de esta sentencia." Por lo que deberá remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a la misma. Por tanto, se apercibe a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, 251 y 259 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés; y, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, constitucional. Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." En ese orden de ideas, requiérase al superior jerárquico de las autoridades responsables Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de la Función Pública del Estado del Estado de Puebla, Administradora de Recaudación perteneciente al Departamento Técnico de Ejecución dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla y Ejecutor (clave ********************) adscrito al indicado Departamento Técnico de Ejecución, es decir, a la Secretaría de la Función Pública del Estado del Estado de Puebla; para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $89.62 (ochenta y nueve pesos sesenta y dos centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno; además de que incurrirá en la misma responsabilidad de la autoridad responsable mencionada. Por otra parte, devuélvase a su lugar de origen las copias certificadas del expediente administrativo ********************, que remitió el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, mismas que obran por cuerda separada del presente juicio de amparo identificadas como cuadernos auxiliares I y II; así como, las copias certificadas del recurso de revocación ********************, del índice de la autoridad responsable Coordinación General Jurídica de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de Puebla, identificadas como cuaderno auxiliar III. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Ricardo Mora Álvarez, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de trece de noviembre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable mencionada en la certificación de cuenta, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y a la fecha el plazo de ocho días que establece el mismo, aún no transcurre; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J.54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, de rubro "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo, del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a través del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad responsable, rindiendo el informe justificado respectivo y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer su llegada a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de ser relacionado con el valor que la ley le concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, se tienen por recibidas las copias certificadas del expediente 28/2016, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, mismas que serán tomadas en consideración al momento de dictarse la sentencia que en derecho corresponda. En esas condiciones, para el mejor manejo de las mencionadas copias certificadas que anexó la autoridad oficiante al oficio de cuenta, estás correrán por cuerda separada debidamente identificadas como cuaderno auxiliar I, conservando su folio, rúbrica y sello originales. De igual forma, toda vez que la autoridad oficiante también rinde informe previo, por tanto, se ordena dar vista en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, y toda vez que el mismo se tramita por cuerda separada, remítase copia del oficio de cuenta, para que se acuerde lo conducente en el incidente de mérito. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y del estado procesal de autos se advierte que en proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, se reservó el emplazamiento de la parte tercera interesada, en caso de que en la etapa de substanciación del presente procedimiento se advierta la participación de diversos terceros interesados, lo cual se advierte de las constancias remitidas por la autoridad oficiante. Por tanto, se provee al respecto. Ahora bien, del estudio integral de las constancias remitidas por dicha autoridad, se advierte que Zenón Torres Cuatepotzo y Abelina Sánchez Flores, son parte actora y demandada, respectivamente dentro del expediente 28/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, por lo que les asiste el carácter de terceros interesados en el presente juicio, razón por la cual se ordena su emplazamiento. En consecuencia, con apoyo en el artículo 27, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, así como en los diversos 298 y 314, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su numeral 2º, 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como, en el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que adiciona el similar 3/2013 y, en el artículo 79 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena enviar atento exhorto por vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TLAXCALA, CON RESIDENCIA EN APIZACO, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal emplace al tercero interesado Zenón Torres Cuatepotzo en los siguientes domicilios ubicados en: Avenida dieciséis de Septiembre, número ocho, La Aurora 90180, Tepeyanco, Tlaxcala o, en Calle Aquiles Serdán, número mil ciento trece, Colonia San Miguel, Apizaco Tlaxcala. Calle Aquiles Serdán, número mil ciento trece, Colonia San Miguel, Apizaco, Tlaxcala Asimismo, emplace a la tercera interesada Abelina Sánchez Flores en el domicilio ubicado en: Calle Reforma, número siete y/o nueve de la Comunidad de Santiago Tlacochcalco, Tepeyanco, Tlaxcala. Para tal efecto, deberá entregarles a los referidos terceros interesados al momento de la diligencia copia de la demanda de amparo, copia autorizada del auto admisorio y del presente proveído para el traslado correspondiente. Igualmente, les informe que en el incidente de suspensión que se tramita por cuerda separada del presente asunto se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados. Asimismo, les haga saber que las autoridades responsables Jueces Primero y Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ya rindieron su informe justificado, con los que se les da vista en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. También, les hagan saber el día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, el derecho que tienen de apersonarse al juicio si a su interés conviene. Los requiera para que dentro del término de tres días señalen domicilio en esta ciudad o en la ciudad de Puebla, Puebla, para recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las personales se les practicarán mediante lista de acuerdos publicada electrónicamente en la página del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los numerales 209 y 209 BIS del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, sin necesidad de posterior acuerdo y hasta en tanto subsane su omisión. En el entendido de que, el actuario judicial que realice la diligencia encomendada, deberá cumplir con las formalidades y requisitos que la Ley de Amparo y ordenamientos supletorios establecen respecto a las notificaciones personales. Para lo anterior, con fundamento en el precepto 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para el desahogo de tal diligencia. Asimismo, se hace la precisión de que aun cuando la presente comunicación oficial la recibiere el día de la audiencia o con posterioridad a la misma, deberá llevar a cabo el emplazamiento de que se trata, pues en su caso se proveerá lo conducente. Se solicita al juez federal exhortado que, de no tener inconveniente legal alguno, una vez diligenciado en sus términos la comunicación oficial de referencia, se sirva devolverla a la brevedad posible por el mismo medio electrónico. Se hace saber a la autoridad exhortada que el presente juicio de amparo se vinculará con su comunicación a efecto de tener acceso a las constancias que integran el expediente electrónico para que de ser necesario, pueda correr el traslado correspondiente a la parte tercera interesada. Notifíquese; y, emplácese a la parte tercera interesada mediante exhorto electrónico. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los autos y de la certificación que antecede se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable, respecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, página 243, de rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Por escrito depositado en el buzón judicial el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, turnado el veintisiete de diciembre siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla y remitido al día siguiente, por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Yonni Cruz Franco, por propio derecho, promovió juicio de amparo en contra de las autoridades responsables y actos reclamados que a continuación se citan: a) La separación del quejoso del cargo como policía municipal adscrito al Ayuntamiento de Tianguismanalco, Puebla, atribuida al Presidente y al Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil -en su denominación correcta-, ambos del Ayuntamiento Municipal de Tianguismanalco, Puebla. b) La cancelación del pago de salario con motivo de la separación señalada en el punto que antecede, reprochada al Tesorero del Ayuntamiento Municipal de Tianguismanalco, Puebla. c) La cancelación del servicio médico con motivo de la separación del quejoso como policía municipal adscrito al Ayuntamiento de Tianguismanalco, Puebla, imputada al Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguidos los trámites de ley, el veinte de julio de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito celebró audiencia constitucional y dictó sentencia en la que por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que la autoridades responsables Presidente, Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil -en su denominación correcta- y Tesorero, todos del Ayuntamiento Municipal de Tianguismanalco, Puebla, realizaran lo siguiente: ".1. Dejen insubsistente la separación del quejoso cese como policía municipal adscrito al Ayuntamiento de Tiangismanalco, Puebla. 2. Por sí o a través de las áreas correspondientes, indemnicen al quejoso por haber dejado de ser policía municipal y paguen las prestaciones a que tienen derecho como tal, es decir, la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación y hasta que se realicen los pagos correspondientes, por lo siguiente. .Por tanto, se reitera, cuando la autoridad jurisdiccional emite una resolución favorable contra el cese de los agentes policiales, sea por una decisión de fondo o por vicios de procedimiento, como pudiera ser una violación al derecho de audiencia, el Estado no tiene la obligación de reincorporarlos en sus funciones policiales, pero sí a cubrir una indemnización. En el entendido de que dicha indemnización deberá consistir en el pago de tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal o estatal, existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos será innecesario acudir a la Constitución, sino que la autoridad aplicará directamente lo dispuesto en esos ordenamientos.. .3. Derecho a la Salud. Tomando en consideración que el derecho a la salud constituye una prestación inherente en materia de seguridad social que tienen los miembros de las instituciones policiales y demás sujetos a que se refiere la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional; se estima que debe seguirse otorgando a dichos sujetos, incluso en los mismos términos que ya fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita. Bajo ese tenor, las autoridades responsables quedan constreñidas a cubrir la prestación de los servicios de salud ante la Institución de Salud en la que se encuentre dado de alta, tanto para el quejoso y -en su caso- de sus coasegurados, la cual se proporcionará hasta el día en que se realice el pago total de la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho la parte quejosa. .4. Anotaciones: Por otro lado, se deberá ordenar la anotación en el expediente personal de Yonni Cruz Franco, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o cesado de manera injustificada." Inconforme con la citada resolución la autoridad responsable Presidente Municipal Constitucional de Tianguismanalco, Puebla, hizo valer el recurso de revisión en contra de la misma, el cual fue radicado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, bajo el número amparo en revisión 614/2022, mismo que se desechó por extemporáneo. Por lo que, con fecha trece de enero de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió a las autoridades responsables para que en el término de tres días informaran a este juzgado sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir copia certificada de las constancias respectivas. Previo requerimiento realizado en trece de febrero de dos mil veintitrés, en auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos los oficios del Presidente Municipal, Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil y Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento de Tianguismanalco, Puebla, a través de los cuales, remitieron copia certificada del oficio 21/2023 dirigido al Tesorero Municipal, en el que el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tianguismanalco, Puebla, le solicitó girara instrucciones al área de contabilidad adscrita a su unidad administrativa, para que realizara los cálculos de las prestaciones que se debían pagar al quejoso. En dieciséis de marzo y trece de abril de dos mil veintitrés, se realizaron diversos requerimientos a las autoridades responsables a fin de que dieran cumplimiento al fallo amparador. Mediante auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 193, párrafo cuarto, en relación con el diverso 66, ambos de la Ley de Amparo, se ordenó la apertura del incidente a fin de determinar el monto de indemnización que se debía pagar al quejoso; se solicitó al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que designara un perito en materia contable; se requirió al Presidente Municipal y al Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, ambos de Tianguismanalco, para que remitieran a este órgano jurisdiccional los tabuladores y hojas de nómina de los últimos ocho meses antes del despido del aquí quejoso Yonni Cruz Franco, a fin de integrar el incidente planteado; y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental a que se refiere el artículo 67, de la Ley de Amparo. Con fecha uno de septiembre de dos mil veintitrés, se resolvió el incidente innominado para determinar la cantidad líquida que las autoridades responsables deberán pagar por concepto de actualización de la indemnización y demás prestaciones en cumplimiento a la sentencia que concedió el amparo al quejoso, en los siguientes términos: ". R E S U E L V E : PRIMERO. Se declara fundado el incidente innominado para precisar la cantidad líquida que las autoridades responsables deberán pagar por concepto de indemnización y demás prestaciones en cumplimiento a la sentencia que concedió el amparo al quejoso Yonni Cruz Franco; en los términos precisados en la parte final de la presente resolución. SEGUNDO. Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días den cumplimiento a la presente resolución y paguen la cantidad indicada al quejoso." El veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se declaró que causó estado la citada resolución y se requirió al Presidente, Tesorero y Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, todos del Ayuntamiento de Tianguismanalco, Puebla, para que en el plazo de tres días, cumplieran con la ejecutoria dictada en el juicio de amparo del que emana el incidente, es decir, pagaran al quejoso Yonni Cruz Franco por concepto de indemnización restando los importes de prima de antigüedad y retención de importe sobre la renta es de $279,119.97 (doscientos setenta y nueve mil ciento diecinueve pesos noventa y siete centavos moneda nacional). Debiendo remitir al efecto copia certificada de las constancias que acreditaran lo anterior. El dos de octubre de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos los oficios de cuenta del Presidente y Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, todos del Ayuntamiento de Tianguismanalco, Puebla, a través de los cuales, informaron que se giró oficio al Director de Seguridad Pública del Municipio de Tianguismanalco, Puebla, a efecto de que solicitara al Director de Telecomunicaciones del C5I de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, realizara la anotación en el Registro Nacional de Seguridad Pública de que el quejoso Yonni Cruz Franco, fue separado o cesado de manera injustificada. En el auto de trece de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio de conocimiento de la Directora de Telecomunicaciones del C5I de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, así como los diversos oficios del Presidente Municipal y del Director de Seguridad Municipal, ambos del Ayuntamiento de Tianguismanalco, Puebla, de los que se advertía lo siguiente: Con el oficio de conocimiento registrado con el número 19959, signado por la Directora de Telecomunicaciones del C5I de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, de su contenido se advertía que en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, no se cuenta con registro a nombre del quejoso Yonni Cruz Franco, por tal motivo se encuentra imposibilitado para realizar la anotación correspondiente, de que fue separado o cesado de manera injustificada. Respecto a los oficios registrados con los números 19996 y 19997, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tianguismanalco, Puebla, informaron que: 1) Que se giró oficio a la Directora de Telecomunicaciones del C5I de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, para que realizara la anotación en el Registro Nacional de Seguridad Pública que el quejoso Yonni Cruz Franco, fue separado o cesado de manera injustificada. 2) Que llegaron a un convenio de pago con el quejoso Yonni Cruz Franco, el cual fue firmada por el propio quejoso y por el Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento de Tianguismanalco, Puebla Documentales que remitieron las autoridades responsables y, por ende, tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo. Con las constancias anteriores, el trece de octubre de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal procede a realizar el análisis relativo para determinar si se encuentra o no cumplido el fallo protector. De la lectura de las constancias que obran en autos, se advierte que mediante auto de trece de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tianguismanalco, Puebla, informando que giró oficio a la Directora de Telecomunicaciones del C5I de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, para que realizara la anotación en el Registro Nacional de Seguridad Pública que el quejoso Yonni Cruz Franco, fue separado o cesado de manera injustificada, a lo cual informó que no se cuenta con registro a nombre del quejoso Yonni Cruz Franco, por tal motivo se encontraba imposibilitado para realizar la anotación correspondiente, de que fue separado o cesado de manera injustificada. Asimismo hizo del conocimiento de este juzgado que llegaron a un convenio de pago con el quejoso Yonni Cruz Franco, el cual fue firmado con fecha seis de octubre de dos mil veintitrés, por el propio quejoso y por el Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento de Tianguismanalco, Puebla. De lo anterior, es evidente que las autoridades responsables se encuentran impedidas para dar cumplimiento a la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, dado que la misma se concedió para el efecto de que: 1) Dejaran insubsistente la separación del quejoso cese como policía municipal adscrito al Ayuntamiento de Tiangismanalco, Puebla. 2. Por sí o a través de las áreas correspondientes, indemnizaran al quejoso por haber dejado de ser policía municipal y paguen las prestaciones a que tenía derecho como tal, es decir, la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación y hasta que se realicen los pagos correspondientes, por lo siguiente. 3. Las autoridades responsables quedaron constreñidas a cubrir la prestación de los servicios de salud ante la Institución de Salud en la que se encuentraba dado de alta, tanto para el quejoso y -en su caso- de sus coasegurados, la cual se proporcionará hasta el día en que se realice el pago total de la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho la parte quejosa. 4. Se deberá ordenar la anotación en el expediente personal de Yonni Cruz Franco, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o cesado de manera injustificada." Luego al haber informado las responsables que el quejoso no se encontraba inscrito en el Registro Nacional de Seguridad Pública, por lo que no estaban en aptitud de realizar anotación alguna en la que el quejoso fue separado o cesado de manera injustificada. Además de remitir copia certificada del convenio de pago realizado con el quejoso Yonni Cruz Franco, el seis de octubre de dos mil veintitrés, en el que se acordó el pago de una cantidad diversa a la establecida en la resolución de uno de septiembre de dos mil veintitrés, en el incidente innominado para determinar la cantidad líquida que las autoridades responsables deberán pagar por concepto de actualización de la indemnización y demás prestaciones en cumplimiento a la sentencia que concedió el amparo al quejoso, la cual le será entregada de manera diferida, además de que el quejoso en dicho convenio aceptó no promover actualización de la liquidación de sentencia de que se trata. Ahora bien, se estima que el cumplimiento de la sentencia de amparo ha quedado sin materia, debido a que no obstante que se impusieron diversas obligaciones procesales por hacer a las autoridades responsables lo cierto es que el quejoso llegó a un convenio con la responsable el seis de octubre de dos mil veintitrés, en el que se establecieron diversas condiciones a las establecidas en la sentencia amparadora, a fin de reparar los derechos fundamentales violados en su perjuicio. En mérito a lo anterior, y de acuerdo con la interpretación que hizo el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, de la jurisprudencia P/J. 23/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia en el amparo indirecto 864/2022, del índice de este juzgado, se arriba a la conclusión de que en los casos como el que nos ocupa, le celebración del convenio, a más de una imposibilidad, revela inexistencia de materia para cumplir con el fallo protector, ante la modificación sustantiva de las condiciones que le dieron origen. Así, conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse el juicio de amparo hasta que se encuentre enteramente cumplida la sentencia que concede la protección constitucional al quejoso, salvo el caso en que aparezca que ya no existe materia para su ejecución, supuesto que no debe ser confundido con el de la imposibilidad material o jurídica para que la responsable dé cumplimiento a la sentencia de amparo. En ese sentido, la hipótesis que establece el precitado artículo 214 de la Ley de Amparo para determinar el archivo de un juicio de amparo sin que se haya cumplido la ejecutoria de amparo implica que sus efectos no puedan materializarse al haber dejado de existir las condiciones que motivaron la concesión. Pues, en el caso concreto, la parte quejosa llegó a un convenio con la autoridad responsable el seis de octubre de dos mil veintitrés, lo que hace patente que han sido modificadas sustancialmente las condiciones que motivaron la concesión de amparo en cuanto a indemnizar al quejoso por haber dejado de ser policía municipal y pagar las prestaciones a que tenía derecho en los términos establecidos en la resolución de uno de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en el incidente citado; lo que implica que el cumplimiento de la sentencia amparadora, quede sin materia. En ese sentido, no asiste razón al quejoso al solicitar que no se tenga por cumplida la sentencia, hasta en tanto la autoridad responsable de cumplimiento al convenio celebrado el seis de octubre del actual, pues -se insiste- el entorno bajo el cual se dictó la sentencia ha variado de tal modo, que el cumplimiento del amparo se torna sin materia pues la autoridad responsable contrajo nuevas obligaciones con el quejoso, y éste aceptó los términos en que habrán de ser cumplidas. En esa tesitura, ha desaparecido el objeto de la reparación ordenada, aspecto que ha sido relevado por el convenio celebrado. Por ende, una vez que cause estado la presente actuación, se ordena el archivo del presente expediente, al no existir materia para proseguir el cumplimiento del fallo. Lo anterior conforme a la interpretación a contrario sensu del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece que una sentencia de amparo no puede declararse cumplida parcialmente. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.

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