Magdaleno Sánchez Salamanca
Expediente 743/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 743/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Magdaleno Sánchez Salamanca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese sin mayor trámite el oficio sin número signado por el apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada Compañía de Agua Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable y/o Empresa de Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, SAPI de C.V., con el cual informa haber dado cumplimiento a lo solicitado en auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós; toda vez que mediante auto de veinticuatro de noviembre del año próximo pasado, se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
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Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.********************En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia en la que se SOBRESEYÓ el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. ********************Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. ********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. ********************Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
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Boca del Río, Veracruz, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Titular del Departamento Contencioso del Instituto Mexicano del Seguro social, con residencia en Xalapa, Veracruz; en atención a su contenido, sin lugar hacer mayor pronunciamiento, toda vez que el veintisiete de octubre del año en curso, se dictó sentencia. Notifíquese en términos de ley.
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III. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa la sentencia engrosada el veintisiete de octubre del año en curso, misma que a la letra dice. SENTENCIA Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 743/2022, yR E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veinticuatro de agosto dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, y turnado el día veinticinco de agosto a este Juzgado Federal, Magdaleno Sánchez Salamanca, promovió juicio de amparo contra actos de la 1. Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mismos que quedarán precisados en el considerando segundo de esta sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia. SEGUNDO. Mediante proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se acordó admitir la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló alegatos; emplazar a la tercera interesada moral Desarrolladora de Vivienda Urvitec, S.A. de C.V., y fijar fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable (foja 33); y se emplazó a la representación ministerial de la federación (foja 16); la audiencia constitucional tuvo verificativo en la fecha y hora señalada para tal efecto, quedando el expediente en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII, y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo, del Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por cuestión de la vía, en virtud de que la parte quejosa reclama la trasgresión directa a un precepto constitucional por parte de una autoridad jurisdiccional, en el caso, el artículo 17 constitucional que prevé el derecho de acceso a la efectiva impartición de justicia; lo que es impugnable en amparo indirecto, según lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Así también es competente por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Finalmente, también se es competente por cuestión del territorio, atento a que el acto reclamado no precisa de ejecución alguna, pues se trata de un acto omiso; de ahí la competencia de este órgano para conocer y resolver el presente asunto, al haber recibido, por cuestión de turno, la demanda de mérito. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la aplicable Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman. Atendiendo a lo narrado por la parte quejosa en la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados en el presente juicio a la 1. Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Boca del Río, Veracruz, lo constituye: La omisión de dar continuidad al juicio laboral número 486/IX/2018. Establecida la fijación clara y precisa de los actos reclamados, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Existencia de actos. La autoridad responsable 1. Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Boca del Río, Veracruz, si bien negó la existencia del acto que se le reclama, tal como se aprecia de su informe justificado (foja 33) de sus manifestaciones y en complemento se advierte la certeza del mismo, lo que además se corrobora con las constancias que obran en autos, de las que se advierte que el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en el expediente laboral 486/IX/2018, se dictó el correspondiente laudo, en la que se condenó a Desarrolladora de Vivienda Urvitec S.A. de C.V., Jorge Bautista Vargas y Fabiola Olivares Domínguez, a pagar al quejoso Magdaleno Sánchez Salamanca, los conceptos relativos a la indemnización constitucional, salarios caídos, intereses capitalizables del 2%, prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, diferencias salariales y horas extras, notificando el laudo a las partes dentro del expediente laboral hasta el día nueve de septiembre de dos mil veintidós, de ahí que ha lugar a tener por cierto el acto que se le reclama. Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que adjuntó como complemento a su informe justificado, pues de éstas se advierte el acto reclamado en el presente juicio. A las referidas documentales se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, se procede al estudio de las que de oficio pudieran advertirse en la especie, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. MARCO NORMATIVO En relación con la omisión combatida, en la especie se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado en sus efectos dicha omisión. El numeral citado al respecto cita: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del artículo trascrito se advierte que la causa de improcedencia precitada se genera por la insubsistencia del acto reclamado; es decir, que materialmente las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido no deje ninguna huella, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De ahí que la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia y tesis aislada que son del contenido siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. ANTECEDENTES Enseguida, a efecto de exponer las consideraciones que sustentan el presente fallo, se estima necesario hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, mismas que se desprenden del escrito inicial de demanda, así como de las copias certificadas del juicio laboral 486/IX/2018, del índice de la Junta responsable, cuyo valor probatorio ya ha sido asignado, y que esencialmente son los siguientes: a).- El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el aquí quejoso Magdaleno Sánchez Salamanca presentó demanda ante la Junta responsable contra Desarrolladora de Vivienda Urvitec S.A. de C.V., Jorge Bautista Vargas en su calidad de contratante y jefe inmediato y Fabiola Olivares Domínguez, en su calidad de jefa de recursos humanos, radicándose bajo juicio laboral 486/IX/2018 (foja 4). b).- El diecinueve de agosto de dos mil veintidós, la Junta responsable emitió el laudo correspondiente en el expediente laboral 486/IX/2018 (foja 34 a 41) notificando a las partes el día nueve de septiembre de dos mil veintidós (foja 42 a 45). Hasta aquí la relatoría de antecedentes. SUBSUNCIÓN En términos de lo anterior, se estima que la omisión que existía al momento de la presentación de la demanda de amparo que generó el presente juicio, ha quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues mediante fecha de nueve de septiembre de dos mil veintidós, se notificó a Magdaleno Sánchez Salamanca, Desarrolladora de Vivienda Urvitec S.A. de C.V., Jorge Bautista Vargas y Fabiola Olivares Domínguez, el laudo de fecha diecinueve de agosto de los corrientes, resolución con la que se concluyó la etapa de instancia y juicio del proceso laboral 486/IX/2018. Por tanto, la omisión en el trámite del proceso quedó destruida en forma total e incondicional, de manera que las cosas se encuentran en el estado que tendrían como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiese afectado la esfera jurídica del impetrante de amparo, pues basta que el Juez pueda apreciar por las constancias de autos, que dichos efectos han dejado de existir, para que de oficio declare que el juicio es improcedente en relación con dicho acto reclamado. CONCLUSIÓN En los términos antes apuntados, al quedar probada la cesación de la omisión aquí combatida, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. En congruencia con lo anterior no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." En términos de lo anteriormente considerado, el suscrito considera procedente emitir el presente fallo, aun cuando no se han emplazado a juicio a quienes fueran señalados con el carácter de terceros interesados, siendo estos la Desarrolladora de Vivienda Urvitec S.A. de C.V., Jorge Bautista Vargas en su calidad de contratante y jefe inmediato y Fabiola Olivares Domínguez en su calidad de jefa de recursos humanos. Lo anterior, pues el sentido de esta sentencia no les produce perjuicio alguno; de ahí que a nada práctico conllevaría posponer el dictado de la misma, a fin de ordenar que se realicen dichos emplazamientos. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531 de la séptima época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." Así también, es aplicable la tesis aislada del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVII, 74 a 76 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Magdaleno Sánchez Salamanca, contra los actos precisados en el considerando segundo, que atribuye a la 1. Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, por las razones que quedaron precisadas en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia, en términos del considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
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