Magdaleno Rios Pérez
Expediente 1050/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1050/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/07/2023
Partes del expediente
- Magdaleno Rios Pérez
Actuaciones
- Principal
Intégrese a los autos el oficio de cuenta registrado como 16215; visto su contenido, se provee: Téngase a los integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, informando las gestiones que se encuentran realizando a efecto de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual remiten copia certificada de las constancias correspondientes para acreditar su dicho, de lo que el suscrito toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del acuerdo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta, visto su contenido se provee: Autoridad informa vías de cumplimiento. Se tiene al Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remitiendo copia certificada del acuerdo de veintiséis de mayo y nueve de junio de dos mil veintitrés, emitido en el expediente ...., de su índice, relativos a la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo de los atestes ...., lo anterior en cumplimiento al proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés No obstante, del citado proveído se advierte que se le solicitó copia certificada del auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, sin que haya remitido el mismo, en tal virtud se provee: Requerimiento de cumplimiento. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que en el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada del citado auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, referente al desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte aquí quejosa, a cargo de ... Apercibimiento En el entendido de que subsiste el apercibimiento previamente decretado en autos. Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.
- Principal
Sin mayor acuerdo.Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Jueza de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual informa que en la carpeta digital .. fueron señaladas las catorce horas del diez de julio de dos mil veintitrés, para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos; lo anterior sin realizar mayor pronunciamiento, toda vez que mediante acuerdo de uno de marzo de dos mil veintitrés, causó estado el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, y se ordenó el archivo del juicio en que se actúa. Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.
- Principal
Razón actuarial Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que no fue posible al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, notificar de forma personal a la parte tercera interesada .... por conducto de su representante legal .... la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en el domicilio señalado para tal efecto; en consecuencia: Se ordena notificar mediante lista a la citada tercera interesada, la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, así como, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio completo para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este Juzgado o en la zona conurbada al mismo; de conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese; y por lista a la tercera interesada. Licenciada Brenda Gayosso Saavedra, actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en cumplimiento a lo ordenado en párrafos anteriores, notificado por medio de lista a la parte tercera interesada la sentencia de la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice : "San Andrés Cholula, Puebla, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Sentencia Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 134/2023; y, R E S U L T A N D O: 1. PRIMERO. Escrito de demanda, autoridades responsables, acto reclamado y preceptos constitucionales que se estiman violados. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido a este Juzgado de Distrito, ...., por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes: Autoridad responsable: Juez Municipal de San Pedro Cholula, Puebla. Acto reclamado: "La Sentencia Interlocutoria dictada por la autoridad señalada como responsable, de fecha siete de diciembre de dos mil veintidós, notificada el cinco de enero del año en curso, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 114/2011, que resolvió el Incidente de Prescripción de Ejecución de Sentencia que hice valer declarándolo improcedente." 2. La parte impetrante del amparo narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 134/2023; y, se admitió; se dio al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento; se ordenó el emplazamiento a la tercera interesada, lo que así aconteció; y, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado. 4. TERCERO. Por auto de doce de abril de dos mil veintitrés, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: 5. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es legalmente competente para conocer y resolver de este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6° y 7° del Acuerdo General 23/2015, de veintiuno de mayo de dos mil quince, que aprobó la creación de este Juzgado, publicado en el Diario Oficial de la Federación1. 6. Lo anterior, pues se reclaman actos de naturaleza civil a una autoridad con residencia en el territorio sobre el que se ejerce jurisdicción. 7. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado en los siguientes términos: Acto reclamado: Autoridad responsable: La resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 114/2011, por la cual que resolvió el incidente de prescripción de ejecución de sentencia. Juez Municipal de San Pedro Cholula, Puebla ERCERO. Certeza de los actos. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable indicó: Autoridad responsable Sentido Registro y fojas Juez Municipal de San Pedro Cholula, Puebla. Aceptó el acto reclamad o 3396 19 y 20 9.Tal como se advierte, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado. 10.Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por la responsable como sustento de su informe justificado y las que le fueron requeridas, a las cuales se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código ederal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al diverso 2º de la Ley de Amparo. 11.CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. De la copia certificada remitida por la autoridad responsable, previamente valorada, se advierten los antecedentes siguientes: Del juicio ejecutivo mercantil. 12.1. El treinta de octubre de dos mil dieciocho2, se dictó sentencia en el juicio ejecutivo mercantil....n la que se condenó a la parte demandada al pago de la cantidad de $.... por concepto de la diferencia de la suerte principal e intereses moratorios. 13. 2. Por auto de trece de mayo de dos mil diecinueve3, se tuvo por recibió el testimonio dictado el veinticinco de abril de dos mil diecinueve4, en el amparo directo..., del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el cual, se negó el amparo a la aquí tercera ... Mediante acuerdo de veintiséis de junio de dos mil diecinueve5, se tuvo a la parte demandada, aquí quejosa, exhibiendo ficha de depósito por la cantidad de $....., dándosele vista a su contraria. 15. 4. Por acuerdo de cinco de julio de dos mil diecinueve6, tuvo a parte demandada, aquí quejosa, dando cumplimiento al pago de la cantidad a que fue condenada por sentencia de treinta de octubre de dos mil dieciocho; asimismo, tuvo a la parte actora, formulando liquidación de sentencia; con la cual, dio vista a la parte demandada. 16. 5. El treinta de septiembre de dos mil diecinueve7, se dictó la sentencia interlocutoria que resolvió la planilla de liquidación planteada por la actora, la cual no fue aprobada en los términos planteados. 17. 6. Por acuerdo de cinco de noviembre de dos mil diecinueve8, se hizo constar que causaba ejecutoria la interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil diecinueve; asimismo, se tuvo a la parte actora, formulando liquidación de sentencia y se dio vista a la parte demandada. 18. 7. El seis de enero de dos mil veinte9, se hizo constar que la parte demandada no hizo manifestación alguna respecto a la planilla de liquidación de sentencia planteada por la actora por escrito de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve y se tuvo por perdido el derecho que debió ejercitar, turnando los autos para dictar la interlocutoria que conforme a derecho correspondiera. 19. 8. El veintitrés de enero de dos mil veinte10, se dictó la sentencia interlocutoria que resolvió la planilla de liquidación planteada por la actora por escrito de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, la cual fue aprobada por la cantidad de $.... 20. 9. Mediante proveído de veinte de mayo de dos mil veintiuno11, y en cumplimiento a la ejecutoria dictada en los autos del juicio de amparo indirecto 2...., del índice de éste órgano jurisdiccional, dejó sin efecto la sentencia interlocutoria de veintitrés de enero de dos mil veinte, y en esa misma fecha, dictó nueva resolución12 relativa a la planilla de liquidación, la cual no fue aprobada. 21. 10. En acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno13, se tuvo a la parte actora formulando liquidación de sentencia y se dio vista a la parte demandada. 22. 11. El veintidós de noviembre de dos mil veintiuno14, se dictó la sentencia interlocutoria que resolvió la planilla de liquidación planteada por la actora, la cual no fue aprobada. 23. 12. Por auto de nueve de marzo de dos mil veintidós15, se tuvo nuevamente a la parte actora formulando liquidación de sentencia y se dio vista a la parte demandada. 24. 13. Mediante resolución de cuatro de julio de dos mil veintidós16, se resolvió la planilla de liquidación planteada por la actora, la cual no fue aprobada. 25. 14. En auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós17, se tuvo a la parte actora, formulando liquidación de sentencia y se dio vista a la parte demandada. 26. 15. El veinticinco de enero de dos mil veintitrés18, se hizo constar que la parte demandada no hizo manifestación alguna respecto a la planilla de liquidación de sentencia planteada por la actora y se tuvo por perdido el derecho que debió ejercitar, turnando los autos para dictar la interlocutoria que conforme a derecho correspondiera. Del incidente de prescripción de ejecución de sentencia. 27. 1. Por acuerdo de catorce de julio de dos mil veintidós19, se tuvo a la demandada ...., promoviendo incidente de prescripción de ejecución de sentencia, y ofreciendo pruebas, se ordenó correr traslado a la contraria para que diera contestación y ofreciera pruebas. 28. 2. Mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintidós20, se tuvo a la demandada a través de su autorizado, dando contestación al incidente planteado y ofreció pruebas. 29. 3. El siete de diciembre de dos mil veintidós, se resolvió el incidente de prescripción de ejecución de sentencia planteado por la aquí quejosa, señalando lo siguiente:"San Pedro Cholula, Puebla, a siete de diciembre del año dos mil veintidós. V I S T O S.- Para resolver el INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, hecho valer por ....entro del juicio ejecutivo mercantil promovido por....en contra de ....n su carácter de deudor principal. R E S U L T A N T O 1.- Por escrito presentado el día veinticuatro de junio de dos mil veintidós, ante la oficialía común de partes de este Juzgado Municipal,...ocurrió a interponer INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. 2.- Por auto de fecha trece de octubre del año dos mil veintidós, se ordenó turnar los autos a la vista del suscrito Juez, para dictar la sentencia interlocutoria que en derecho corresponde. C O N S I D E R A N D O I.- COMPETENCIA.- Este Tribunal es competente para conocer y fallar del presente recurso de reclamación. En término de lo establecido por los artículos 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 1349 del Código de Comercio. II.- CONTENIDO Y FUNDAMENTO DE LA SENTENCIA.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 1350 del Código de Comercio, los incidentes se sustanciarán en la misma pieza de autos sin que se suspenda en el trámite en el principal. Por lo tanto, la presente sentencia interlocutoria se ocupará los argumentos hechos valer por el recurrente, el que se tienen aquí por reproducido como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones innecesarias. III.- PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN.- NO ES PROCEDENTE el incidente expresado por el recurrente, por las consideraciones de orden legal y valoraciones que enseguida se precisan. De la simple lectura de las actuaciones que integran el expediente que nos constriñe se desprenden diversas planillas de liquidación de sentencia con posterioridad al dictado de la resolución definitiva, y por tanto, dichos actos tendientes a ejecutar la resolución dictada interrumpen el término de la prescripción, tal como se desprende de la tesis jurisprudencial que en seguida (sic) se transcribe: INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SU INTERPOSICIÓN INTERRUMPE EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES LÍQUIDAS E ILÍQUIDAS (INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN SU TEXTO ANTERIOR A LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MAYO DE 1996). La interposición del incidente de liquidación interrumpe el plazo de prescripción de la ejecución de la sentencia, independientemente de que se condene al pago de prestaciones líquidas e ilíquidas, porque no existe disposición que establezca la posibilidad de que opere la prescripción parcial para ejecutar una sentencia; esto es, no puede sustentarse que existan derechos autónomos por cada prestación a la que se condene en un juicio ejecutivo mercantil, pues independientemente de que el fallo contenga prestaciones líquidas, genéricas o de ambas clases, éstas derivan de una misma sentencia que constituye cosa juzgada y, por ende, es única e indivisible. Ahora bien, la circunstancia de que el artículo 514 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria al Código de Comercio (vigente antes de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 1996), señale que la condena al pago de cantidad líquida puede hacerse efectiva sin necesidad de esperar a que se liquiden las prestaciones a que se hayan condenado de manera genérica; no conlleva una obligación para ejecutar la sentencia respecto de la condena líquida, sino que únicamente prevé una facultad a favor del ejecutante, quien no tiene que esperar a que las prestaciones que no están determinadas se cuantifiquen, para exigir el pago de las que se encuentren en cantidad líquida, sin que constituya una exigencia que esto ocurra, pues la norma no es imperativa en ese sentido PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. *Datos de localización: Registro digital: 2012540, Instancia: Plenos de Circuito, Décima Época, Materias(s): Civil, Tesis: PC.I.C. J/32 C (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo II, página 1553, Tipo: Jurisprudencia. IV.- DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES.- De las actuaciones judiciales practicadas en el presente asunto, y del cual se deduce el presente recurso de revocación, actuaciones judiciales que cuentan con plena validez jurídica en término de lo establecido por el artículo 1294 del Código de Comercio. Actuaciones que se han analizado por esta autoridad, para resolver el presente recurso de revocación. Por lo expuesto y fundado SE RESUELVE: PRIMERO.- Ha sido competente esta autoridad para conocer y fallar del presente INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. SEGUNDO.- Esta Autoridad determina que no es procedente el presente INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA." Resolución que constituye el acto reclamado. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que cons na cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos.21 31. Este juzgador estima que de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa no se advierte causal de improcedencia alguna. 32. SEXTO. Estudio del fondo del asunto. La quejosa argumenta, en esencia, que la autoridad responsable transgrede en su perjuicio los derechos certeza y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que la resolución reclamada carece de una debida fundamentación y motivación. 33. Sostiene que la responsable de manera errónea fundamentó su fallo atendiendo a que existían diversas planillas de liquidación de sentencia, y que dichos actos son tendentes a ejecutar la sentencia, y que las mismas interrumpen la prescripción; sin embargo, las 21 Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia 814 visible en la página 553, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, novena época, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". planillas no son aprobadas y, por tanto, dejan sin avance y movimiento la ejecución. 34. La idoneidad de los escritos para interrumpir la prescripción radica en que además de orientarse a activar la ejecución, sean acordados y resuelven en definitiva favorablemente. 35. La jurisprudencia que alude la responsable no es aplicable al caso concreto, atendiendo a que no abunda el caso del incidente de liquidación cuando no es aprobado. 36. La autoridad responsable no aprobó la acción de la incidencia como correlativa a un derecho sustantivo que tiene un tiempo para ejecutarse (tres años, no pudiendo extenderse o interrumpirse tal termino por meras promociones que son ineficaces para conseguir la ejecución), como si la ejecución no estuviera sujeta a prescripción. 37. Los conceptos de violación son fundados. 38. Disposiciones legales aplicables respecto a derechos fundamentales. Para corroborar lo anterior, resulta necesario traer a colación que el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho fundamental relativo a que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; tal como se confirma con dicho numeral que establece:"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." 39. Del precepto transcrito se desprende que todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. 40. Así es, conforme a lo dispuesto en el precepto constitucional transcrito, todo acto de autoridad debe reunir los requisitos siguientes: Ser emitido por autoridad competente Adoptar la forma escrita; Citar el fundamento legal en que se sustenta el acto; y, ? Encontrarse motivado. 41. La exigencia de tales requisitos tiene como propósito los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, es decir, que todo acto debe provenir de autoridad competente y cumplir con las formalidades esenciales que le den eficacia jurídica, lo que significa que los actos de esta naturaleza necesariamente deben emitirse por quien esté facultado expresamente. 42. El segundo de los requisitos mencionados entraña un formalismo que radicó en que por medio de la emisión escrita del acto de autoridad se busca asegurar la certeza jurídica en las relaciones entre los órganos del Estado y los gobernados, tanto en la existencia de esos actos, como en la de su contenido y consecuencias. 43. El tercer y cuarto requisito, atinente a la fundamentación y motivación, implica que la autoridad debe citar la norma jurídica que considera aplicable al caso, esto es, la disposición normativa en que se ubica el caso concreto sometido a su consideración y que sirve de sustento para resolverlo, mientras que la motivación implica el deber de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, para que ésta sea correcta, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, esto es, que en cada caso en concreto se configuren las hipótesis normativas. 44. Bajo ese panorama, se considera que el principio de legalidad debe imperar en todo acto de molestia, dentro del cual queda comprendida la obligación consistente en que todo acto de autoridad esté debida y suficientemente fundado y motivado22. 45. En efecto, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación a cargo de las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera jurídica de los gobernados; empero, la contravención a ese mandato constitucional puede revestir dos formas: 1. La derivada de su falta; 2. La relativa a su incorrección. 46. En este sentido, la falta de fundamentación y motivación se produce cuando la autoridad responsable omite expresar el precepto o preceptos legales aplicables al caso concreto y las razones por las que se considere que encuadra en esas hipótesis normativas. 47. En tanto que, la indebida fundamentación y motivación tiene lugar cuando en el acto reclamado la autoridad responsable sí invoca los preceptos legales aplicables y expone las razones que sustentan su determinación; empero, resultan inaplicables al caso concreto por las características específicas de éste que impiden su adecuación a las hipótesis normativas, pues no obstante que la autoridad responsable sí exprese las razones que tiene en consideración para emitir el acto reclamado, éstas no concuerdan con el contenido de las normas legales invocadas. 48. De lo anterior se sigue que la falta de fundamentación y motivación implica la ausencia de esos requisitos; en tanto que, la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero los razonamientos expuestos por la autoridad responsable no encuadran con el contenido de las normas invocadas; por lo que la eventual concesión de la protección constitucional, en el primer caso, tendrá como efecto que se subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación y, en el segundo, que se aporten fundamentos y motivos diversos a los contenidos en el acto impugnado. 49. Además, cuando se trate de autoridades que ejercen actos materialmente jurisdiccionales, la intensidad en el escrutinio de la fundamentación y motivación debe ser a la luz de los artículos 14 y 16 constitucionales. Es decir, que además de que se citen los preceptos legales en que se apoya una determinación, deben de realizarse los argumentos lógicos que se encaminen a justificar la emisión del acto. Lo que variablemente implica que deben tener congruencia interna y externa. 50. En este tenor, debe destacarse que todas las resoluciones sean decretos de trámite, autos provisionales, definitivos o preparatorios y sentencias interlocutorias deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. 51. Sirven de apoyo a lo expuesto, la tesis jurisprudencial de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que xista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."23 52. Ahora bien, los artículos 1038, 1039, 1040, 1041, 1042 y 1079, fracción IV,24 del Código de Comercio, advierten que la prescripción de las acciones que se deriven de actos comerciales se tramitará con arreglo a las disposiciones del Código de Comercio, por lo que los términos fijados para el ejercicio de acciones procedentes de actos mercantiles serán fatales. 53. Asimismo, dichos preceptos indican que la prescripción negativa es el medio de liberarse de la acción que encausa el derecho sustantivo por no haberla ejercido y concluido dentro del plazo previsto en la ley, por ello la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva, se justifica por el abandono de las prestaciones obtenidas en la condena respectiva. 54. De igual forma, dichos preceptos prevén los casos en los cuales se interrumpirá la prescripción y a partir de cuándo se empezará a computar el nuevo término para que opere dicha figura. 55. También, establecen que para que se actualice la figura de la prescripción, tratándose de juicios ejecutivos mercantiles, se requiere el transcurso de tres años, sin que existan actos que impliquen que el actor insista en sus pretensiones de obtener la ejecución de la sentencia. 56. En atención a lo anterior, se concluye que, en materia mercantil, el derecho para ejecutar una sentencia reviste una naturaleza sustantiva, y como tal, se encuentra sujeto al plazo de prescripción que la legislación aplicable determina, en el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio. 57. Marco jurídico aplicable al caso concreto. Al respecto, la responsable emitió la resolución reclamada, con base en lo dispuesto por los artículos 1349 y 1350 del Código de Comercio, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 1349.- Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano. Artículo 1350.- Los incidentes se substanciarán en la misma pieza de autos, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal." 58. De los preceptos transcritos se advierte que los incidentes son las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, y de no guardar relación serán desechados de plano; y que se substanciarán en la misma pieza de autos, sin suspender el trámite del juicio en lo principal. 59. Caso concreto. En el presente juicio, se reclama la resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 114/2011, por la cual que de amparo en que se actúa -en la parte que interesa25-, dispuso lo siguiente: 61. - Que no fue procedente el incidente promovido por la recurrente, atendiendo a que de las actuaciones que integran el expediente de origen, se desprendían diversas planillas de liquidación de sentencia, promovidas con posterioridad al dictado de la resolución definitiva. 62. - Que las planillas intentadas eran tendientes a ejecutar la resolución dictada, e interrumpen el término de la prescripción. 63. - Citó como fundamento la tesis jurisprudencial de rubro: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SU INTERPOSICIÓN INTERRUMPE EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES LÍQUIDAS E ILÍQUIDAS (INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN SU TEXTO ANTERIOR A LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MAYO DE 1996)." 64. Dichas consideraciones realizadas por la responsable en la resolución reclamada se consideran insuficientes para considerar que se 25 Fojas 64 y 65, cuaderno auxiliar. encuentran colmados los requisitos de fundamentación y motivación, en atención a las consideraciones siguientes. 65. Como puede verse, en la resolución reclamada la responsable, fundó su actuar en la tesis antes citadas; y motivó su resolución señalando que de autos se desprendían diversas planillas de liquidación de sentencia, promovidas con posterioridad al dictado de la resolución definitiva, y que las mismas eran tendientes a ejecutar la resolución dictada, y como consecuencia interrumpen el término de la prescripción. 66. Al respecto, tal como lo sostiene la parte quejosa la responsable fue omisa en fundamentar y motivar la resolución reclamada; atendiendo a que: 67. Si bien la responsable señaló que las planillas de liquidación promovidas dentro del juicio de origen, interrumpían la prescripción; no precisó cuáles, ni distingue entre aquellas que fueron aprobadas o desaprobadas, tal y como le fue planteado en la demanda incidental; y si ello resulta relevante o eficaz para interrumpir o no la prescripción. 68. Del mismo modo, fundamentó su actuar aplicando una tesis; sin embargo, no basta invocar la tesis señalada, sino que debe justificar cómo resulta aplicable al caso concreto para estimar correcta la fundamentación. 69. Ahora bien, las diversas planillas de liquidación resultas el treinta de septiembre de dos mil diecinueve26, veinte de mayo de dos mil veintiuno27, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno28, y cuatro de julio de dos mil veintidós29, no fueron aprobadas en sus términos, por lo que la autoridad judicial debía valorar su contenido a fin de establecer si las mismas son aptas o no para interrumpir la prescripción, como le fue planteado en la demanda incidental, sin que tal valoración pueda realizarse en esta instancia, pues sería un acto equivalente a sustituirse en las funciones del Juez responsable, desnaturalizando la materia y formalidad del juicio de amparo. 70. En consecuencia, es evidente que la responsable con la resolución reclamada transgredió en perjuicio de la parte quejosa sus derechos de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 26 Fojas 58 y 59 del cuaderno auxiliar. 27 Foja 74 del cuaderno auxiliar. 28 Fojas 96 a 99 del cuaderno auxiliar. 29 Foja 106 y 107 del cuaderno auxiliar. Constitucionales y, por ende, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SÉPTIMO. Precisión de los efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede otorgar el amparo solicitado para el efecto de que el quejoso sea restituido en el goce de sus derechos fundamentales, para los efectos siguientes: resolvió el incidente de prescripción de ejecución de sentencia, y se declaró que no era procedente el citado incidente. 60. Ahora, la responsable en la resolución reclamada y que es materia de estudio del juicio Autoridad responsable: Juez Municipal de San Pedro Cholula, Puebla. Efectos: Obligación de hacer 1. Deje insubsistente la resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil .... por la cual que resolvió el incidente de prescripción de ejecución de sentencia. 2. Dicte una nueva determinación de manera fundada y motivada y se pronuncie sobre lo debatido en la litis incidental. 71. OCTAVO. Firma de la sentencia. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, párrafo primero30 y 2831 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esta sentencia se firmará electrónicamente. 72. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia Federal ampara y protege a .... contra los actos reclamados y autoridades precisadas en el onsiderando segundo, en términos del considerando sexto de esta sentencia. El amparo se concede para los efectos especificados en el considerando penúltimo de esta resolución. Notifíquese."
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