Magdaleno Juárez Caporal
Expediente 810/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 810/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 15/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Magdaleno Juárez Caporal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el diez de octubre de dos mil dieciocho (fojas 73 a 78), en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase del conocimiento de las partes que el mismo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Asimismo, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Por cuanto hace al cuaderno original del incidente de suspensión, es destruible, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en el primer párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue negada la medida cautelar respecto a los actos reclamados. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos. Asimismo, sin mayor proveído, y para los efectos legales a que haya lugar, se ordena agregar copia certificada de la presente determinación en los cuadernos incidentales derivados el expediente en que se actúa.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Agente del Ministerio Público Investigador Titular de la Unidad de Investigación Zacatelco; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Por otra parte, téngase a la citada autoridad, remitiendo copia certificada del antecedente de la averiguación previa A.P. 197/2014/ZAC-1, documental que será relacionada en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. A la documental que exhibe la autoridad responsable, se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Sobresee fuera de audiencia Ahora, del informe que rinde la autoridad responsable, así como de las constancias que anexa, se advierte que ha dejado de existir el acto reclamado consistente en la omisión y abstención del Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa Número Dos de Zacatelco, Tlaxcala, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, de ejercer acción penal dentro del término establecido en el artículo 21 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala, dentro de la querella o carpeta de investigación 178/2014/ZAC-2, de la que se advierten los siguientes antecedentes: El diez de marzo de dos mil catorce, se inició el acta circunstanciada número 178/2014/ZAC-2, con motivo de la querella formulada por Magdaleno Juárez Caporal y en contra de Eladia Torres Muñoz, Luisa Maravilla Juárez, Adela Torres Muñoz y Mauricio Nava Gómez, por el delito de bigamia (fojas 37 a 39). Con motivo de lo anterior, el Agente del Ministerio Público recibió la declaración del testigo Jenizbeth Elisaura Olmedo Valdivieso y Víctor Portilla Mora (fojas 45 a 47). El seis de mayo de dos mil catorce, Magdaleno Juárez Caporal ratificó su escrito de querella (foja 51 vuelta). Mediante escrito de veintidós de septiembre de dos mil catorce, el querellante manifestó que no era su voluntad conciliar, solicitando que el acta iniciada fuera elevada a averiguación previa (fojas 55 y 56) El veintisiete de octubre de dos mil catorce, y al tenerse por fracasada la etapa de mediación, se ordenó continuar con la indagatoria, por lo que se radicó la averiguación previa 197/2014/ZAC-1 (fojas 65 vuelta a 67). Mediante escrito de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho el querellante Magdaleno Juárez Caporal, solicitó se ejerciera acción penal en la indagatoria 178/2014/ZAC-2 (foja 68) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el Agente del Ministerio Público, determinó procedente el no ejercicio de la acción penal al estimarse que los hechos denunciados en el acta 178/2014/ZAC-2, que dio origen a la averiguación previa 197/2014/ZAC-1 han prescrito, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 75, 76, 77, 79, 84 y 85 del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, en el momento en que sucedieron los hechos; así como los artículos 21, 28, 243 y 245 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Y remitió el original de las actuaciones al Procurador General de Justicia del Estado, para su autorización (fojas 69 a 72). Siendo ésta la última actuación que consta en autos. Ahora, resulta conveniente señalar, que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, se hizo consistir en: La omisión y abstención del Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa Número Dos de Zacatelco, Tlaxcala, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, de ejercer acción penal dentro del término establecido en el artículo 21 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala, dentro de la querella o carpeta de investigación 178/2014/ZAC-2. En ese sentido, del análisis de la documental aportada por la autoridad responsable, se advierte que el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito, con residencia en Zacatelco, Tlaxcala, adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, determinó procedente determinar el no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa 197/2014/ZAC-1, que inició con motivo del acta circunstanciada 178/2014/ZAC-2, emitiendo los autos a sus superior para su autorización. Lo anterior pone de relieve que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al resolver en la averiguación previa citada, cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Bajo esa óptica, como se precisó, respecto del acto reclamado consistente en la omisión y abstención de proceder al ejercicio de la acción penal de la averiguación previa 197/2014/ZAC-1, formada por virtud al acta circunstanciada 178/2014/ZAC-2 del oficio remitido por la responsable, se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la parte quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así también, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión y abstención de ejercer acción penal en la averiguación previa 197/2014/ZAC-1, la cual se originó con la querella de Magdaleno Juárez Caporal que se registró como número 178/2014/ZAC-2, que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Sin embargo, se insiste, se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la responsable, a través del oficio 622/2018 adjuntó copia certificada de lo actuado en la averiguación previa 197/2014/ZAC-1 la cual se radicó por virtud al acta circunstanciada 178/2014/ZAC-2 iniciada por virtud de la querella de Magdaleno Juárez Caporal, -aquí quejoso- en la que se puede observar la determinación de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, que contiene el no ejercicio de la acción penal al estimar que los hechos denunciados han prescrito. De lo anterior se concluye que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, pues la omisión y dilación de que se duele la parte quejosa se subsanó al determinarse el no ejercicio de la acción penal, aun cuando ello sea contrario a los intereses del quejoso; sin embargo, este juzgador está imposibilitado para analizar el acto, dada la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de gobierno y de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Agente del Ministerio Público Investigador Titular de la Unidad de Investigación Zacatelco; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Por otra parte, téngase a la citada autoridad, remitiendo copia certificada del antecedente de la averiguación previa A.P. 197/2014/ZAC-1, documental que será relacionada en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. A la documental que exhibe la autoridad responsable, se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Sobresee fuera de audiencia Ahora, del informe que rinde la autoridad responsable, así como de las constancias que anexa, se advierte que ha dejado de existir el acto reclamado consistente en la omisión y abstención del Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa Número Dos de Zacatelco, Tlaxcala, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, de ejercer acción penal dentro del término establecido en el artículo 21 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala, dentro de la querella o carpeta de investigación 178/2014/ZAC-2, de la que se advierten los siguientes antecedentes: El diez de marzo de dos mil catorce, se inició el acta circunstanciada número 178/2014/ZAC-2, con motivo de la querella formulada por Magdaleno Juárez Caporal y en contra de Eladia Torres Muñoz, Luisa Maravilla Juárez, Adela Torres Muñoz y Mauricio Nava Gómez, por el delito de bigamia (fojas 37 a 39). Con motivo de lo anterior, el Agente del Ministerio Público recibió la declaración del testigo Jenizbeth Elisaura Olmedo Valdivieso y Víctor Portilla Mora (fojas 45 a 47). El seis de mayo de dos mil catorce, Magdaleno Juárez Caporal ratificó su escrito de querella (foja 51 vuelta). Mediante escrito de veintidós de septiembre de dos mil catorce, el querellante manifestó que no era su voluntad conciliar, solicitando que el acta iniciada fuera elevada a averiguación previa (fojas 55 y 56) El veintisiete de octubre de dos mil catorce, y al tenerse por fracasada la etapa de mediación, se ordenó continuar con la indagatoria, por lo que se radicó la averiguación previa 197/2014/ZAC-1 (fojas 65 vuelta a 67). Mediante escrito de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho el querellante Magdaleno Juárez Caporal, solicitó se ejerciera acción penal en la indagatoria 178/2014/ZAC-2 (foja 68) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el Agente del Ministerio Público, determinó procedente el no ejercicio de la acción penal al estimarse que los hechos denunciados en el acta 178/2014/ZAC-2, que dio origen a la averiguación previa 197/2014/ZAC-1 han prescrito, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 75, 76, 77, 79, 84 y 85 del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, en el momento en que sucedieron los hechos; así como los artículos 21, 28, 243 y 245 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Y remitió el original de las actuaciones al Procurador General de Justicia del Estado, para su autorización (fojas 69 a 72). Siendo ésta la última actuación que consta en autos. Ahora, resulta conveniente señalar, que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, se hizo consistir en: La omisión y abstención del Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa Número Dos de Zacatelco, Tlaxcala, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, de ejercer acción penal dentro del término establecido en el artículo 21 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala, dentro de la querella o carpeta de investigación 178/2014/ZAC-2. En ese sentido, del análisis de la documental aportada por la autoridad responsable, se advierte que el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito, con residencia en Zacatelco, Tlaxcala, adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, determinó procedente determinar el no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa 197/2014/ZAC-1, que inició con motivo del acta circunstanciada 178/2014/ZAC-2, emitiendo los autos a sus superior para su autorización. Lo anterior pone de relieve que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al resolver en la averiguación previa citada, cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Bajo esa óptica, como se precisó, respecto del acto reclamado consistente en la omisión y abstención de proceder al ejercicio de la acción penal de la averiguación previa 197/2014/ZAC-1, formada por virtud al acta circunstanciada 178/2014/ZAC-2 del oficio remitido por la responsable, se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la parte quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así también, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión y abstención de ejercer acción penal en la averiguación previa 197/2014/ZAC-1, la cual se originó con la querella de Magdaleno Juárez Caporal que se registró como número 178/2014/ZAC-2, que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Sin embargo, se insiste, se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la responsable, a través del oficio 622/2018 adjuntó copia certificada de lo actuado en la averiguación previa 197/2014/ZAC-1 la cual se radicó por virtud al acta circunstanciada 178/2014/ZAC-2 iniciada por virtud de la querella de Magdaleno Juárez Caporal, -aquí quejoso- en la que se puede observar la determinación de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, que contiene el no ejercicio de la acción penal al estimar que los hechos denunciados han prescrito. De lo anterior se concluye que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, pues la omisión y dilación de que se duele la parte quejosa se subsanó al determinarse el no ejercicio de la acción penal, aun cuando ello sea contrario a los intereses del quejoso; sin embargo, este juzgador está imposibilitado para analizar el acto, dada la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de gobierno y de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa Adán Juárez Caporal, en atención a su contenido y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase al promovente formulando a manera de alegatos, las manifestaciones que vierte en su escrito, sin perjuicio de hacer relación de los mismos y tenerlos por reproducidos en la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase a la parte de mérito ofreciendo como pruebas la instrumental pública de actuaciones y presuncional legal y humana, misma que se desahoga por sí misma dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional.
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