Magdaleno González Pacheco

Expediente 524/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
524/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
08/12/2016

Partes del expediente

  • Magdaleno González Pacheco

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa, no impugnó el proveído de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó de plano su demanda de garantías, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción I del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo de cuenta que promueve Magdaleno González Pacheco, contra actos del Jefe de la Residencia de la Procuraduría Agraria, con residencia en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, y otra autoridad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el normativo 61 fracción XXIII, en relación con el 217 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que enseguida se cita: .. De lo anterior, advierte que, el juicio de amparo es improcedente cuando así resulta de disposición legal alguna, además de las veintidós fracciones anteriores; que la jurisprudencia que establezcan los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los Juzgados de Distrito, entre otros órganos; y, finalmente, que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, ya que se trata de una violación de carácter adjetivo; jurisprudencia que es aplicable al caso, en virtud de que no contraviene la Ley de Amparo vigente. Ahora, de la demanda de garantías se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la falta de respuesta a su escrito de veinticuatro de octubre del año en curso, en donde solicita determinada información para acudir a un citatorio. Lo anterior revela que el juicio de amparo que promueve el quejoso es improcedente, en razón que el acto reclamado deriva de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. En efecto, el acto controvertido en este juicio de amparo es una violación a! artículo 8o Constitucional, dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, esto es, falta de contestación a un escrito en el que el aquí quejoso fue citado, lo que revela que la omisión reclamada tampoco tiene el carácter de "imposible reparación". Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el diverso 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de garantías. Como la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones, y los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en los estrados del Juzgado; por consiguiente, por ser esa la voluntad de la quejosa y estar ajustada a derecho, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Se tiene como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Félix González García, quien justifica estar legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, dado que se encuentra registrado en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red de Internet de Abogados Postulantes acreditados ante eí Poder Judicial de la Federación. Finalmente, hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de ios Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a tas pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional.": por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En !a inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8o del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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