Magdaleno Castillo Almazo

Expediente 710/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
710/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
17/07/2017

Partes del expediente

  • Magdaleno Castillo Almazo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de cinco de julio de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, que dio origen al presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. ...

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo promovida por ************** por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza, Guerrero y de otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número ************** y fórmese expediente físico y electrónico. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone la facultad de los juzgadores para desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, entonces, es ineludible precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, o sea, ni aun cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para la suscrita juzgadora determinar con exactitud la intención de los promoventes de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Sentado lo anterior, es de precisar que los quejosos señalan como actos reclamados: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Lo son: a).- Del CIUDADANO JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZARAGOZA, GUERRERO, los proveidos dictados con fecha treinta de mayo y dieciséis de junio, ambos de dos mil diecisiete, pronunciados por el ciudadano Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza, Guerrero; dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 22-C/2014 promovido por ENRIQUE FARIAS VILLALOBOS. b).- Del DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DE HUAMUXTITLÁN, GUERRERO, la cumplimentación que dé a la orden de designación de elementos de seguridad pública para el auxilio del personal designado por el juzgado para que se constituyan en el domicilio de los suscritos a fin de proceder al avalúo del referido bien inmueble." Asimismo en el capítulo de antecedentes manifiestan: 7.- El veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis se dictó sentencia definitiva dentro del Juicio de Amparo Indirecto número 400/2016 radicado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo en la cual se concedió en Amparo y la Justicia Federal, para el efecto de dejar insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, se emitiera otra en la que, respecto de la prestación relativa a los intereses moratorios, con base en las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, analice si en el caso se actualiza la configuración del fenómeno usurario, fallo protector que se declaró efectivamente cumplimentado hasta el ocho de febrero de dos mil diecisiete a través de la sentencia definitiva dictada por el Juez responsable el trece de diciembre de dos mil dieciséis, a través de la cual resuelve ajustando su determinación a los lineamientos trazados por el Tribunal Federal, quedando insubsistente la Definitiva de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis mediante proveído dictado el veintiuno de octubre de dicha anualidad, declarándose por ejecutoriada la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado el siete de marzo de la misma anualidad. 8.- Inconforme con la Sentencia Definitiva dictada el trece de diciembre de dos mil dieciséis por el Juez Responsable, la parte actora hoy tercero interesado promovió diverso Juicio de Amparo, mismo que se ordenó remitir al Tribunal Federal para su substanciación sin que a la presente fecha tenga conocimiento de lo que ha sucedido en su trámite, por lo cual el veinte de junio al no tener notificación alguna respecto a dicho juicio, acudimos a las instalaciones que ocupa el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza a fin de conocer el estado procesal que guarda el juicio ejecutivo mercantil del cual derivan los actos que se reclaman, encontrándonos sorpresivamente con los actos que hoy se reclaman y de los cuales no hemos recibido notificación alguna, máxime que de su literalidad se advierte que estos contienen la orden expresa de que una perito, de la cual nunca se me dio vista de su designación, se constituya en nuestro domicilio asociado de la secretaria del Juzgado a efecto de dictaminar respecto al valor del inmueble de nuestra propiedad, contando con el auxilio de la fuerza pública para el caso de no permitir el acceso a dichas personas, sin embargo, debe precisarse que en ningún momento se ha hecho la designación de tal perito y mucho menos se me ha notificado el estado actual del juicio mercantil, por lo que resulta notoriamente violatorio de derechos fundamentales el acto de molestia que pretenden ejecutar en contra de nuestras personas y patrimonio al ordenar tal diligencia sin antes haberse seguido las formalidades esenciales del procedimiento y mucho menos requerirme en términos de ley para que permita el acceso a dichas personas y para el caso de encontrarse con una negativa manifiesta, que además conste en autos, entonces apercibir bajo alguna medida de apremio para permitir el acceso a tales personas, lo que en el presente caso NO SUCEDE Y que flagrantemente vulnera nuestros derechos fundamentales de Legalidad, Seguridad Jurídica y Propiedad estatuidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales." En ese orden, en virtud del acto reclamado de la autoridad responsable, debe indicarse que se actualiza la causal de improcedencia en términos de los artículos 113, 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo. 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios, o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De lo anteriormente transcrito se desprende que los autos de treinta de mayo y dieciséis de junio de dos mil diecisiete, dictados en autos del juicio ejecutivo mercantil número 22-C/2014, por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza, Guerrero, mediante los cuales se ordena que cualquier día y hora hábil se constituyan en su domicilio la perito designada por la actora y la secretaria del juzgado, en auxilio de la fuerza pública para proceder a dictaminar respecto de su propiedad, constituyen determinaciones dictadas en ejecución de sentencia en el expediente de origen; empero, no se trata de aquellas con las cuales se haya puesto fin a ese procedimiento, ni otra que sea independiente a dicha fase ejecutiva o, bien, una a través de la que declarara la imposibilidad jurídica o material para tenerlo por cumplido o, incluso, que obstaculice esa finalidad; por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia, conviene tener presente que la emisión de un determinado acto de autoridad, tratándose de actos meramente jurisdiccionales, conlleva una afectación en la esfera jurídica de una de las partes en la contienda que la legítima para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que invalide el acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales, en su perjuicio. Sin embargo, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica de un gobernado que acuda a solicitar el amparo, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ha establecido diversos mecanismos que condicionan la procedencia de dicha vía. Esto, en virtud de que en lo relativo al juicio de amparo, en consideración a los principios de celeridad y expeditez que deben regir todo proceso que resuelva una contienda entre partes para asegurar una pronta impartición de justicia y evitar el uso indiscriminado, el legislador determinó mecanismos de improcedencia de los cuales deriva, como elemento fundamental, evitar el retraso o entorpecimiento en la ejecución de una sentencia definitiva que haya adquirido el carácter de cosa juzgada. Proceder en sentido contrario redundaría en una franca contravención a la regla específica introducida por el legislador en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 107, fracción IV, párrafo segundo , de la Ley de Amparo. Ahora bien, de acuerdo con la redacción del mencionado precepto 107, fracción IV, de dicho ordenamiento, destaca el propósito del legislador en cuanto a la celeridad que debe darse al procedimiento de ejecución, porque su efecto es consolidar el derecho emanado de la sentencia en el menor tiempo posible, lo que acentúa la idea acerca de que una vez iniciado el trámite del juicio en su fase ejecutiva, no debe ser entorpecido, limitándose así la posibilidad de acceder al juicio de amparo indirecto contra resoluciones intermedias para las partes. Ello es así, pues en la intención del constituyente, plasmada en ese precepto legal, subyace la idea de que la sentencia ejecutoria debe cumplirse en un lapso perentorio, limitando la posibilidad de que los contendientes puedan acudir a su instauración, hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento respectivo, lo que revela que la idea sustancial no es tanto el vedar la posibilidad de promover el juicio de amparo, sino que en realidad el procedimiento ejecutorio no se vea dilatado, independientemente de quien sea la parte que intente el juicio de amparo. Asimismo se invoca la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, julio de 2004, página 75, con registro 181144, cuyo rubro dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.". Así, de conformidad con lo establecido por la fracción IV del citado numeral 107 transcrito, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, los cuales no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en ese juicio. No obstante, tratándose de actos de esa naturaleza, es decir, actos en ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la demanda relativa las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al gobernado. Así, la procedencia del juicio de amparo en la forma planteada sólo se justifica si se tiene en cuenta que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, dada la naturaleza propia del procedimiento, como una serie de actos concatenados entre sí, que culmina con una resolución. Esto es, dada la vinculación de causa-efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de acreditarse que hubo una infracción legal y que se dejó sin defensa al inconforme, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación y, de lo contrario, de resultar infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de garantías, que no permite que sea utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Pues bien, con la finalidad de sostener las razones por las cuales en el caso particular se surte la causal de improcedencia en comento, es necesario reiterar que el acto reclamado no constituye la última resolución que haya puesto fin de manera expresa o tácita al procedimiento de ejecución del juicio de origen. Lo anterior se sostiene, pues basta imponerse del contenido de dichas actuaciones (autos de treinta de mayo y dieciséis de junio de dos mil diecisiete, mediante los cuales se ordena que cualquier día y hora hábil se constituyan en su domicilio la perito designada por la actora y la secretaria del juzgado, en auxilio de la fuerza pública para proceder a dictaminar respecto de su propiedad) para darse cuenta que se trata de actos emitidos en una fase de ejecución; por lo que dichas actuaciones no constituyen la última resolución dictada en esa etapa de ejecución, es decir, con la que se haya culminado o reconocido de manera expresa o tácita el cumplimiento total del laudo. Además, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, tratándose de procedimientos de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En las condiciones apuntadas, lo que procede es desechar la demanda planteada, con apoyo en el artículo 113 de la ley de Amparo. DOMICILIO. No lugar a tener como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones el que indican en su demanda, toda vez que el mismo se encuentra fuera de la residencia oficial de este juzgado federal; por lo que, atendiendo a lo establecido en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes aún las de carácter personal, hágansele por medio de la lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional.

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