Magdaleno Ascona Loeza

Expediente 453/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
453/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/03/2023

Partes del expediente

  • Magdaleno Ascona Loeza

Actuaciones

  1. Principal

    Estado procesal. Del estado procesal de los autos se advierte que el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se concedió el amparo, para los efectos siguientes: "1.- Elabore, discuta, apruebe y engrose el laudo del juicio laboral D-1/542/2019; siempre que no exista diligencia pendiente para esclarecer la verdad, en cuyo caso deberá proceder conforme a los artículos 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. 2.- Notifique tal resolución a las partes." Dicha sentencia quedo firme el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Posteriormente, en autos de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós y diez de febrero de dos mil veintitrés, se concedió prórroga para el cumplimiento, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a la sentencia amparadora. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, POR ÚLTIMA OCASIÓN para que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la sentencia amparadora. Apercibimiento Se apercibe a las autoridades requeridas que en caso de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa, de cien unidades de medida y actualización, a cada uno, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, lo cual resulta en la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos, moneda nacional). Obligación de cumplir. En el entendido que en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, los citados titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y, de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Separación de cargo Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192, segundo párrafo, de la ley de la materia, se hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad.

  2. Principal

    ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL(LOS) ACUERDO(S) DICTADO(S) EL SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, seis de marzo de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal del presente juicio de amparo y en atención a la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el término de tres días concedido a la parte quejosa en la audiencia constitucional de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, a efecto de que ofreciera pruebas y contrapruebas en el incidente de objeción de documentos planteado, por lo que dicho término transcurrió del uno al tres de marzo de dos mil veintitrés, ya que fue notificada por lista el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Escrito. La tercera interesada, ********************, en cumplimiento a la audiencia constitucional de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, ofrece pruebas en el incidente de objeción de documentos planteado, las cuales son: La prueba documental pública consistente en el informe que se sirva rendir la Dirección del Archivo de Notarías del Estado de Puebla, para que haga del conocimiento de este juzgado, quien tiene bajo resguardo el protocolo, los instrumentos, volúmenes, apéndices, sellos, documentos, archivos digitales e instalaciones de la ********************, que estaba a cargo de ********************. La documental pública consistente en la copia certificada de la ratificación notarial de ********************, que obra en el protocolo volumen ********************, ante la ********************, por lo que solicita se requiera al Dirección del Archivo de Notarías del Estado de Puebla, remita copia certificada de la misma. La documental pública consistente en el informe que se sirva rendir la Dirección del Archivo de Notarías del Estado de Puebla, para que haga del conocimiento a este juzgado de Distrito, si existe materialmente la ratificación notarial de ********************, en el protocolo volumen ********************, y en caso afirmativo, manifieste si dicha ratificación fue elaborada en hoja membretada y foliada, y en su caso, remita copia certificada del volumen, del número de instrumento y el formato de hojas utilizadas en el año dos mil siete por el Colegio de Notarios del Estado de Puebla. La inspección judicial que deberá desahogarse sobre la matriz y apéndice que forman el protocolo volumen ********************, de la ********************, para el efecto de verificar si se encuentra agregada la ratificación notarial de ********************. La documental pública consistente en el Acuerdo del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, por el que suspende de forma temporal el ejercicio de sus funciones a ********************, como ********************. La instrumental de actuaciones. La presuncional legal y humana. Fundamentación. Artículos 119, 121 y 122 de la Ley de Amparo. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo Desechamiento de pruebas. En relación a la prueba de inspección judicial no ha lugar a admitirla, por las razones siguientes. Conforme a los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo, previa a la admisión y tramitación de las pruebas testimonial, pericial e inspección judicial, se requiere que el oferente reúna elementos formales y materiales y la carencia de ellos generará procesalmente el desechamiento de las probanzas. Los elementos de valoración formales de las pruebas son los siguientes: a.- Se ofrezcan a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; máxime que tratándose de las pruebas ofrecidas dentro de los incidentes de objeción de documentos, dicho plazo será de tres días, de conformidad con el artículo 122 de la Ley de Amparo. b.- Se exhiban los interrogatorios para examinar a los testigos, el cuestionario para los peritos o los puntos sobre los que deba versar la inspección. c.- Se exhiban las copias respectivas para correr traslado a las partes; y, d.- Tratándose de la prueba testimonial, únicamente se aceptarán tres testigos por cada hecho. El elemento material consiste en la idoneidad del medio probatorio, esto es, que se trate de pruebas aceptadas por la Ley de Amparo y que se refieran a los hechos controvertidos, conforme a los artículos 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En la especie, la tercera interesada ofrece la prueba de inspección judicial, sin exhibir las copias respectivas para correr traslado a las partes, aunado a que tampoco acreditó el elemento material de la idoneidad, en virtud de que la misma es insuficiente para demostrar; o, en su defecto, desvirtuar, hechos contenidos en algún medio probatorio acaecidos con anterioridad y únicamente es apta para demostrar las características físicas de algún objeto o bien inmueble al momento de realizar la diligencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis I.7o.A.51 K, de rubro y texto siguientes: "INSPECCIÓN JUDICIAL. NO ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA DEMOSTRAR O DESVIRTUAR ACTUACIONES QUE REQUIEREN CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS. De conformidad con los artículos 161 a 164 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la finalidad de la inspección judicial es que el funcionario que la practique perciba por medio de sus sentidos alguna situación fáctica sobre lugares, personas u objetos relacionados con la controversia en un momento determinado, sin que para su comprensión o interpretación se requieran de conocimientos técnicos especiales; por tanto, el servidor público que realice tal diligencia no tiene manera de percibir actividades o circunstancias acontecidas en el pasado, pues para que así fuera, sería necesario que el fedatario se hubiese constituido en el momento en que sucedieron los hechos. Por tanto, la inspección judicial por sí sola es insuficiente para demostrar, o en su defecto desvirtuar, hechos contenidos en algún medio probatorio acaecidos con anterioridad y únicamente es apta para demostrar las características físicas de algún objeto o bien inmueble al momento de realizar la diligencia y, en su caso, dar fe de los hechos o actividades que pueda percibir en ese instante." Entonces, toda vez que en el incidente de objeción de falsedad de documentos versa respecto del contrato de compraventa celebrado entre ******************** y ******************** de fecha veinticinco de enero de dos mil siete (fojas 13 y 14); y, su ratificación ante el Notario Público Auxiliar de la ******************** (foja 12), la prueba de inspección judicial que ofrece la tercera interesada no resulta idónea para determinar la autenticidad de dichos documentos. Pues, la prueba idónea para determinar la veracidad de dichos documentos no será la inspección que realice el Actuario adscrito a este juzgado de Distrito en la Dirección del Archivo de Notarías del Estado de Puebla, en relación con las constancias antes mencionadas; pues, como más adelante se provee la prueba idónea en su caso será el requerimiento de las documentales que se encuentran relacionadas con dicho contrato y su ratificación, en la Dirección del Archivo de Notarías del Estado de Puebla. Por otra parte, respecto al medio de convicción identificado con la letra E, consistente en el Acuerdo del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, por el que suspende de forma temporal el ejercicio de sus funciones a ********************, como ******************** se desecha de conformidad con el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, página 260, con registro digital 191452, que de rubro dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". Asimismo, apoya lo referido la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 65, primera parte, página 15, con registro digital 233090, que de rubro dice: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA.". De igual forma, las pruebas identificadas con las letras A, B y C, se desechan en los términos ofrecidos por la tercera interesada, en virtud de que no se ajustan a lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. Sobre el tema, el artículo 121 de la Ley de Amparo, establece que a fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los servidores públicos tienen obligación de expedir con toda oportunidad las copias o documentos que les soliciten; si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber formulado su petición solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos. Ahora, conforme al artículo 121 de la Ley de Amparo para que el Juez de Distrito pueda formular requerimiento de copias o documentos a las autoridades, es necesario que se reúna lo siguiente: a) Que el promovente acredite que formuló la solicitud expresa ante la autoridad o funcionario; b) Que exista una conducta omisiva en la expedición de lo solicitado; y, c) Que la solicitud se haga cuando menos tres días hábiles antes del fijado para la audiencia constitucional, sin contar el día del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia: "COPIAS Y DOCUMENTOS EN EL AMPARO, OBLIGACION DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES PARA EXPEDIRLAS (INTERPRETACION DEL ARTICULO 152 DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo, la obligación de autoridades y funcionarios de expedir las copias o documentos que les soliciten las partes para ser rendidas como pruebas en la audiencia constitucional, debe entenderse referida a cualquier autoridad o funcionario, no únicamente a las señaladas en la demanda como responsables. A esta conclusión se arriba de la interpretación relacionada de los numerales 150 de la Ley de Amparo, que establece la posibilidad de que en el juicio puedan ofrecerse toda clase de pruebas, salvo la de posiciones y las que sean contra la moral o contra el derecho; el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el amparo, el cual dispone que el juzgador para conocer la verdad puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, cualquier cosa o documento ya sea que pertenezcan a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos y el 129 y 133 de la misma legislación procesal que definen como pruebas tanto a los documentos públicos como los privados, ambos susceptibles de ser expedidos por autoridades distintas de las responsables, de modo que si existe la facultad de servirse de un documento en poder de un tercero, entonces la obligación a que se refiere el artículo 152 de la Ley de Amparo debe entenderse referida a cualquier autoridad o funcionario, y no únicamente a las señaladas como responsables." En la especie, la tercera interesada no cumplió con el primer requisito establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo, esto es, no exhibió constancia alguna de la que se advirtiera que formuló la solicitud expresa ante la autoridad o funcionario. Ergo, no procede requerir la información y documentación requerida a la autoridad señalada, de conformidad con el artículo 121 de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2a./J. 79/2018 (10a.), de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA SOLICITUD DE COPIAS O DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, LE SON APLICABLES LAS REGLAS DEL DIVERSO 119, TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA SU OFRECIMIENTO. De la interpretación de los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, se advierten las reglas de los párrafos tercero y cuarto del numeral citado en primer término, que indican que las pruebas que ameritan un desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, y que este plazo no podrá ampliarse con motivo de su diferimiento, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos novedosos; de ahí que, son aplicables a la petición formulada a la autoridad jurisdiccional de requerir la expedición de copias o documentos que obren en poder de un servidor público al que se hubieren solicitado previamente, contenida en el numeral 121 aludido, pues en este caso, el desahogo de la prueba documental requiere preparación, ya que el juzgador deberá emplear los medios que tenga a su alcance para que se exhiban tales probanzas y se incorporen materialmente al juicio de amparo. Ello, porque considerar que cuando la audiencia no tiene lugar en la fecha inicialmente fijada, las partes cuentan con una nueva oportunidad para ofrecer documentales que no tienen a su disposición, contravendría los principios de economía procesal, concentración y expeditez del procedimiento, que delinean el carácter sumario del juicio de amparo indirecto. Por tanto, la solicitud de las partes al Juez de Distrito en términos del artículo 121 mencionado, para que requiera a algún servidor público una prueba documental que, pese a haberla solicitado no han obtenido, debe realizarse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional primigenia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia." Admisión de pruebas. Por otro lado, se admiten las pruebas ofrecidas, identificadas con las letras F y G, las cuales se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Requerimiento de constancias. No obstante a lo anterior, se ordena girar oficio a la Dirección del Archivo de Notarías del Estado de Puebla, para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente proveído, remita copia certificada de todo lo relacionado con el resguardo que tenga sobre el protocolo volumen ********************, que contenga la ratificación notarial de ********************, de la ********************. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J17/97, visible en la página 108, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, de rubro siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.". En el entendido que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, en el término antes indicado, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, lo cual resulta en la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos, moneda nacional). Estado procesal. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que en la audiencia constitucional de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se reservó acordar lo conducente respecto del escrito de la tercera interesada recibido el dos de enero de dos mil veintitrés, hasta en tanto transcurriera el plazo de tres días concedido a las partes para que ofrecieran pruebas y contrapruebas relativas a la objeción planteada, lo cual ya aconteció, por lo que se provee: Toda vez que las pruebas que ofreció la tercera interesada mediante escrito recibido el dos de enero de dos mil veintitrés son las mismas que se acordaron en párrafos precedentes; en consecuencia, dígasele que deberá estarse a lo acordado en el presente proveído. Diferimiento anticipado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentran señaladas las doce horas del siete de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la continuación de la audiencia constitucional. Asimismo, en párrafos precedentes se advierte que en esta fecha se proveyó sobre las pruebas ofrecidas por la tercera interesada en el incidente de objeción de documentos planteado; en consecuencia, procede el diferimiento anticipado de la continuación de la audiencia constitucional, pues tal acto procesal no constituye una violación en perjuicio de las partes, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la audiencia, si el suscrito juzgador ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder se impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio a las partes a fin de que se impongan de las constancias del presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES. Si con motivo de diversas constancias enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el Juez de Distrito, oficiosamente y antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dejó sin efectos dicho señalamiento y fijó nuevas fecha y hora para esos fines, tal proceder es legal si con ello se concede otra vez el término de ocho días previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y, por ello, cuentan con la oportunidad suficiente, en términos del artículo 151 del mismo ordenamiento, para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar el informe justificado y las constancias correspondientes. Por ello, el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que éstas cuenten con todo el término y la oportunidad de rendir sus pruebas, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la primera audiencia, si el juzgador de Distrito ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder el Juez Federal impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio al reiniciar el tiempo en que las partes pueden conocer los términos del informe justificado, preparar y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes; lo cual es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, y con los fines del artículo 157 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios respectivos no queden paralizados." Fecha y hora. De esta manera, se fijan para la continuación de la audiencia constitucional las DIEZ HORAS DEL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se ordena la notificación del presente proveído a la (s) autoridad (es) responsable (s) por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y en forma electrónica a la tercera interesada.

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