Magdaleno Alcudia Alejandro
Expediente 516/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 21 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 516/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 18/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Magdaleno Alcudia Alejandro
- General Secretario de la Defensa Nacional
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
El dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del treinta y uno de agosto al trece de septiembre, ambos de dos mil diecisiete, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (50 a la 55), dictada por este Juzgado dentro del juicio de amparo número 516/2017. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión, que no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse y que no existe recurso pendiente por resolver. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el veintiocho de agosto del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del mencionado acuerdo, se determina que el expediente original del incidente de suspensión relativo al expediente principal en que se actúa SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Luis.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 516/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Magdaleno Alcudia Alejandro, Sebastián Cortes Rosas, José Luis Mateos Sánchez, Francisco Javier Torres López, Jesús Ulises Martínez Gramajo, Julio Cesar Castro Alcalan, Saúl López Lázaro y Abelardo Pascual, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: -Secretario de la Defensa Nacional. -Procurador General de Justicia Militar. -Comandante del 52/O. Batallón de Infantería con sede en la ciudad de Guadalupe, Zacatecas. -Agente del Ministerio Público Militar adscrito al Centro de Justicia Militar número 11, en Guadalupe, Zacatecas. Acto reclamado: ".De las autoridades señaladas como ordenadoras, actos de tortura que comenzaron el día catorce de mayo del año en curso, el acoso, la intimidación y la tortura psicológica y emocional y las amenazas a las que estamos siendo sometidos así como la inconstitucional orden de que en este caso ya fuimos objetos para proporcionar sangre para estudios diversos sin nuestro consentimiento voluntario y cuyos resultados en su ejecución van desde la compurgación de arrestos hasta la baja de la institución sin mediar recurso de defensa alguno, que conozcamos previamente los motivos de dichos actos de intimidación, dejándonos en estado de indefensión y vulnerabilidad si se continúan ejerciendo en nuestra contra.". Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 22 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó el mismo día para su conocimiento al Juzgado Primero de Distrito de Amparo Materia Penal en la Ciudad de México, cuyo titular, en proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete registró el asunto bajo el número de expediente 446/2017 y se declaró incompetente, al considerar que quien debía conocer de la demanda era el Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas en turno. Así, el asunto se remitió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; luego, en auto de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete (fojas 8 a la 12), la titular de este juzgado ordenó registrar la demanda en referencia con el expediente 516/2017 y la admitió a trámite, por lo que solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, dio la intervención que legamente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de veintisiete de junio de dos mil diecisiete (foja 84) se tuvo por inexistente a la autoridad responsable Procurador General de Justicia Militar. El veinticuatro de julio pasado dio inicio la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que los actos reclamados tienen o tendrán ejecución en el estado de Zacatecas en el cual ejerce jurisdicción este órgano judicial. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio por los quejosos se concreta en los actos reclamados siguientes: La tortura física y psicológica que les fue impuesta, que comenzó el catorce de mayo de dos mil diecisiete. La orden para que les tomaran una muestra de sangre. La imposición de la medida de arresto. La baja como miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados del Secretario de la Defensa Nacional y del Agente del Ministerio Público Militar adscrito al Centro de Justicia Militar número 11, en Guadalupe, Zacatecas, consistentes en la tortura física y psicológica impuesta a los quejosos, la imposición de la medida de arresto, la orden para que les tomaran una muestra de sangre y la baja como miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues lo negaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 21 a la 26, y 89), sin que los quejosos allegaran algún medio de convicción que desvirtuara tales negativas. De igual forma, en su respectivo informe (fojas 38 a la 43), el Comandante del 52/O. Batallón de Infantería con sede en la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, negó los actos consistentes en la tortura física y psicológica impuesta a los quejosos, la orden para que les tomaran una muestra de sangre y la baja como miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional reclamados por todos los quejosos, aunque respecto la imposición de la medida de arresto, los negó sólo respecto los impetrantes Sebastián Cortes Rosas, José Luis Mateos Sánchez, Francisco Javier Torres López, Jesús Ulises Martínez Gramajo, Julio Cesar Castro Alcalan, Saúl López Lázaro y Abelardo Pascual; lo anterior, se reitera, sin que los quejosos allegaran algún medio de convicción que desvirtuara tales negativas En esos términos, lo conducente es sobreseer en el presente juicio con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo respecto de los actos negados por las responsables, al no existir medios de prueba que den certeza de su existencia. Tiene aplicación, por identidad jurídica sustancial, la tesis jurisprudencial número 284, publicada en la página doscientos treinta y seis, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza del acto reclamado precisado en el inciso c), consistente en la imposición de la medida de arresto, únicamente por lo que ve al quejoso Magdaleno Alcudia Alejandro. Al rendir informe justificado, el Comandante del 52/O. Batallón de Infantería con sede en la ciudad de Guadalupe, Zacatecas aceptó la imposición de la medida de arresto a Magdaleno Alcudia Alejandro. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecido lo anterior, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Tal como lo refiriere la responsable Comandante del 52/O. Batallón de Infantería con sede en la ciudad de Guadalupe, Zacatecas en su informe justificado, se advierte que respecto del acto reclamado consistente en la imposición de la medida de arresto impuesta a Magdaleno Alcudia Alejandro se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que dicho acto se ha consumado de forma irreparable. En efecto, la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. .XVI. Contra actos consumados de modo irreparable.". El invocado precepto dispone que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de modo irreparable, esto es, cuando los actos reclamados han sufrido en forma total todos sus efectos, lo que hace que ya no puedan ser reparados mediante la vía constitucional. Lo anterior, ya que para lograr su objetivo se requiere que las infracciones cometidas en perjuicio de la parte quejosa sean reparables, es decir, debe existir posibilidad de que restituya al solicitante de amparo en el goce y disfrute de su derecho violado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en atención a su naturaleza y efectos, los actos consumados se pueden clasificar en: a) actos consumados de modo reparable; y, b) actos consumados de modo irreparable. Los actos consumados de modo reparable son aquellos que no obstante haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser enmendados por medio del juicio constitucional, es decir, que su ejecución o consumación puede ser restituida o reparable al obtener amparo favorable, lo que hace que proceda el juicio de amparo. En cambio, los consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente, ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, por lo que ningún caso práctico tendría analizar de fondo la violación alegada respecto de dicho acto, si de cualquier forma es imposible la restituir el derecho transgredido ante una eventual concesión del amparo. Sirve de apoyo a lo argumentado la tesis I. 3o. A. 150 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 325, Tomo XIV, Diciembre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)". Como se dijo, en el presente juicio el quejoso reclama la imposición de la medida de arresto por parte de la responsable Comandante del 52/O. Batallón de Infantería con sede en la ciudad de Guadalupe, Zacatecas. De las constancias que dicha autoridad allegó en copia certificada, se advierte que mediante oficio de seis de mayo de dos mil diecisiete (foja 44 y 45) dirigido al impetrante, esencialmente se hizo de su conocimiento que le sería impuesta la medida disciplinaria de arresto, por no extremar las medidas de seguridad durante su desplazamiento al efectuar patrullamientos, habiéndose accidentado con la consecuencia de la volcadura del vehículo oficial Cheyene, siglas (0852310), poniendo en riesgo la integridad del personal bajo su mando. Ahora bien, se observa el diverso escrito de catorce de mayo de dos mil diecisiete, a través del cual el hoy quejoso Magdaleno Alcudia Alejandro manifestó al Comandante de Batallón que en esa fecha, cumplió con la medida disciplinaria que le fue impuesta, consistente en el arresto por ocho días. Se advierte que esos ocho días de arresto corresponden con la medida impuesta el seis de mayo de dos mil diecisiete, ya que desde esa fecha hasta el escrito de catorce de mayo de dos mil diecisiete presentado por el quejoso, trascurre precisamente esa temporalidad. Luego, es posible establecer que la medida de arresto impuesta al quejoso el seis de mayo de dos mil diecisiete concluyó el catorce siguiente. En tales condiciones, es claro que se está ante la presencia de actos consumados de forma irreparable, al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, por lo que física y materialmente ya no puede ser restituido el impetrante al estado en que se encontraba antes de las violaciones que el acto le pudo haber producido. De manera que las infracciones cometidas en su perjuicio son irreparables, ante la imposibilidad material de dar cumplimiento a una sentencia que le concediera el amparo y protección constitucional contra el acto que reclamó. Consecuentemente, como se adelantó, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo y lo conducente es sobreseer en el presente juicio respecto del acto en estudio, en términos de la fracción V del artículo 63 del referido ordenamiento. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Magdaleno Alcudia Alejandro, Sebastián Cortes Rosas, José Luis Mateos Sánchez, Francisco Javier Torres López, Jesús Ulises Martínez Gramajo, Julio Cesar Castro Alcalan, Saúl López Lázaro y Abelardo Pascual, respecto de los actos que reclamaron del Secretario de la Defensa Nacional, del Agente del Ministerio Público Militar adscrito al Centro de Justicia Militar número 11, en Guadalupe, Zacatecas, y el Comandante del 52/O. Batallón de Infantería con sede en la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, como se explica en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto del acto que el quejoso Magdaleno Alcudia Alejandro reclamó del Comandante del 52/O. Batallón de Infantería con sede en la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, consistente en la imposición de la medida de arresto, por las razones expuestas el quinto considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Soto Moreno, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, por así permitirlo las labores del juzgado. Doy Fe.
- Incidental
En diez de agosto de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta al Secretario encargado del despacho del Juzgado con un oficio con folio 10770. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas a diez de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual hace del conocimiento de este Juzgado que en lo sucesivo todos los documentos sean dirigidos a la Unidad a su cargo; lo anterior, en razón de que mediante interlocutoria de once de julio del año en curso, se resolvió la suspensión definitiva dentro del presente incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. Doy fe. Luis.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, hora y día señalados para la celebración de la audiencia incidental relacionada con el juicio de amparo 516/2017, la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo vigente, la declaró abierta, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. El Secretario da cuenta con el pedimento registrado bajo el folio 9485, signado por la agente del Ministerio Público adscrita; a lo cual, la Juez determina relacionarlo en la etapa procesal correspondiente. Enseguida, el Secretario procede a hacer relación de las constancias que integran el presente cuaderno incidental, entre las que destacan: copia de la demanda de amparo; auto de veinticinco de mayo del año en curso, en el que se admitió a trámite el presente incidente de suspensión; constancias de notificación a las partes respecto de la sustanciación de esta incidencia; el informe previo de la autoridad responsable General Secretario de la Defensa Nacional, con residencia en la ciudad de México (por conducto de Jefe de la Sección de Amparos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de dicha Secretaría). Al respecto, la Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes y por rendido el informe previo de la autoridad antes mencionada. Enseguida, el Secretario hace constar que en proveído de veintisiete de junio del año actual, se tuvo como inexistente a la autoridad que los quejosos denominaron como "Procurador General de Justicia Militar, con residencia en la Ciudad de México" (foja 68). En el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que ninguna de las partes las ofreció. En el periodo de alegatos, el Secretario da cuenta con el pedimento registrado bajo el folio 9485, signado por la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado; a lo que la Juez acuerda: con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngasele por formulando los alegatos que a su parte corresponden. Asimismo, como lo solicita y con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia fotostática simple de la presente interlocutoria, previa razón que por su recibo se deje en autos. No existiendo más actuaciones y constancias que relacionar, se procede a dictar la interlocutoria correspondiente. V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 516/2017; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Magdaleno Alcudia Alejandro, Sebastián Cortes Rosas, José Luis Mateos Sánchez, Francisco Javier Torres López, Jesús Ulises Martínez Gramajo, Julio César Castro Alcalán, Saúl López Lázaro y Abelardo Pazcual promovieron juicio de amparo y solicitaron la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados en los términos siguientes: Acto reclamado: La orden para proporcionar sangre. Las órdenes de arresto. La baja de la institución. Autoridades responsables: General Secretario de la Defensa Nacional, con residencia en la Ciudad de México. Procurador General de Justicia Militar, con sede en la Ciudad de México. Comandante del 52 Batallón de Infantería, con residencia en Guadalupe, Zacatecas. Mayor de Justicia Militar, Agente del Ministerio Público, adscrito al Centro de Justicia Militar número 11 (campo militar), con residencia en Guadalupe, Zacatecas. SEGUNDO. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se dio trámite al presente incidente, en que por una parte se negó y por otra se concedió a los quejosos la suspensión provisional de los actos reclamados; se requirió a las autoridades responsables su informe previo; se notificó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se citó a las partes a la audiencia incidental, al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución; y, TERCERO. En resolución interlocutoria de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se resolvió la suspensión definitiva solicitada, en la que, por una parte se negó la suspensión definitiva solicitada y por lo otra se concedió; además, se difirió la audiencia incidental por lo que atañe a las diversas responsables que no habían rendido su informe de ley. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, por tener competencia legal para conocer del juicio de amparo del cual se origina la incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 132, 144 de la Ley de Amparo vigente; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Por razón de técnica jurídica y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual señala que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva debe contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados que se obtengan del estudio y análisis conjunto de la demanda, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Bajo esa tesitura, los actos reclamados en esta instancia consisten en: Acto reclamado: La orden para proporcionar sangre. Las órdenes de arresto. La baja de la institución. Autoridades responsables: General Secretario de la Defensa Nacional, con residencia en la Ciudad de México. Procurador General de Justicia Militar, con sede en la Ciudad de México. Comandante del 52 Batallón de Infantería, con residencia en Guadalupe, Zacatecas. Mayor de Justicia Militar, Agente del Ministerio Público, adscrito al Centro de Justicia Militar número 11 (campo militar), con residencia en Guadalupe, Zacatecas. TERCERO. La autoridad responsable General Secretario de la Defensa Nacional, con residencia en la ciudad de México (por conducto de Jefe de la Sección de Amparos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de dicha Secretaría), al rendir su informe previo negó expresamente la existencia de los actos que se le reclaman, sin que los impetrantes aportaran elemento probatorio alguno para desvirtuar esa negativa; por tanto, al no demostrarse la existencia de los actos reclamados, debe negarse la medida cautelar solicitada respecto a dicha autoridad, al no haber materia sobre la que pudiera decretarse. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1008, visible en la página 1630 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado al no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario.". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 144, 146, 215, 216 y 217, de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve: ÚNICO. Se NIEGA a Magdaleno Alcudia Alejandro, Sebastián Cortes Rosas, José Luis Mateos Sánchez, Francisco Javier Torres López, Jesús Ulises Martínez Gramajo, Julio César Castro Alcalán, Saúl López Lázaro y Abelardo Pazcual, la suspensión definitiva solicitada, respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable especificada en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos que ahí se indican. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Ajc.
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