Magdalena Zarate Tozcano

Expediente 1133/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1133/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Magdalena Zarate Tozcano
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de nueve de diciembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. Notifíquese.

  2. Principal

    ES NOTIFICACIÓN PERSONAL...

  3. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Acapulco, Guerrero; nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos lo de cuenta; en atención a su contenido, se tiene a la parte quejosa por desahogada la prevención formulada en proveído de veinticinco de noviembre del año en curso y al efecto se advierte el nombre correcto de la quejosa (MAGDALENA ZÁRATE TOZCANO), así como la fecha en la que refiere haber conocido el auto reclamado; así como el contenido de este último en torno al recurso de apelación que planteó, y el domicilio donde podría emplazarse a quien reviste el carácter de tercero interesado. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del escrito de demanda se advierte que el objeto de estudio en esta instancia lo constituye el auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, dictado en autos del expediente 288-2/2019 derivado del juicio de divorcio incausado, promovido por Walterio Morales Cortés, en contra de la quejosa Magdalena Zárate Tozcano, mediante el cual, respecto al recurso de apelación planteado en contra de lo resuelto en audiencia de siete de octubre anterior, se determinó que no era procedente proveer de conformidad lo solicitado en virtud de que en la aludida audiencia se citó a las partes para oír sentencia y por ende, el impulso procesal se encontraba suspendido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 353 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero. Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de amparo deviene improcedente dado que debió agotar el recurso de queja previsto en el artículo 399, fracción II, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, en acatamiento al principio de definitividad que lo rige. Sobre el tema, resulta conveniente citar el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el caso concreto, es evidente que el auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en el que no dio trámite al recurso de apelación planteado en contra de lo resuelto en audiencia de siete de octubre anterior, porque en la propia audiencia se citó a las partes para oír sentencia, debió impugnarse a través del recurso de queja previsto en el invocado artículo 399, fracción II, del Código de Procesal Civil del Estado de Guerrero, previamente a la instauración de la presente instancia constitucional, pues precisamente dicha legislación adjetiva prevé expresamente aquel medido ordinario de defensa en contra de las decisiones que no acojan favorablemente la interposición del diverso recurso de apelación. Al no hacerlo incumplió el principio de definitividad que exige el invocado artículo 61 de la Ley de Amparo, máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, primeramente, porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio, pues la propia parte quejosa refirió que compareció a la audiencia de siete de octubre pasado dentro del juicio de divorcio incausado 588-2/2019 promovido por Walterio Morales Cortes, aunado a que dicha resolución no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal, derivado de un procedimiento penal. De ahí que es dable estimar que la procedencia del recurso o medio de defensa no debe sujetarse a una interpretación adicional, ni su fundamento es insuficiente para determinarla, para que éste, en caso contrario quedara en libertad de interponerlo, ya que, como se dijo, el artículo 399, fracción II, del Código de Procesal Civil del Estado de Guerrero, expresamente prevé el recurso de queja en contra de la denegación de la apelación. Ello en virtud de que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para el quejoso cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Mayo de 2002, página 902, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Notifíquese personalmente..... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

  4. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

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