Magdalena Rodriguez Hernandez

Expediente 68/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
68/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
28/07/2021

Partes del expediente

  • Magdalena Rodriguez Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    MESA 5-A.- Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que, por una parte se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral. 2. Una vez concluido el proceso de depuración, transferir el expediente principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 18, y 27 del mencionado Acuerdo General. 3. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo.

  2. Principal

    MESA 5-A.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días, que el artículo 202 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de inconformidad, contra el auto de veintidós de junio de la presente anualidad, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia amparadora, sin que la parte quejosa y tercera interesada lo hubiesen hecho valer; en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con apoyo en el numeral 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que, por una parte se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral. 2. Una vez concluido el proceso de depuración, transferir el expediente principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 18, y 27 del mencionado Acuerdo General. 3. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. Finalmente, devuélvase al Fiscal del Ministerio Público Investigador Número Once, adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Judicialización para Delitos No Graves, con sede en esta ciudad, la copia certificada del registro de atención 3066-089-0501- 2020 de su índice (constante de un tomo), que remitió en apoyo a su informe justificado.

  3. Principal

    MESA 5-A.- Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintiocho de mayo de la presente anualidad, el Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Judicialización para Delitos No Graves, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que, por una parte se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. De modo que, en dicha determinación, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera con el cumplimiento dado por la autoridad responsable y, se apercibió que de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido...Así, por sentencia dictada dentro del presente juicio constitucional, terminada de engrosar el nueve de abril de dos mil veintiuno, se determinó por una parte sobreseer en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Fiscal del Ministerio Público Investigador Número Once adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Judicialización para Delitos No Graves, Tapachula, Chiapas, realizara lo siguiente:...En consecuencia, el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador Número Once adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Judicialización para Delitos No Graves, Tapachula, Chiapas, para que acatara en sus términos el fallo protector. Así, la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador Número Once adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Judicialización para Delitos No Graves, Tapachula, Chiapas, mediante oficio presentado el dieciocho de mayo del año en curso (correspondiente a la promoción 4619) informó a este juzgado federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, al efecto señaló: Debido a que el asesor particular de la aquí quejosa, exhibió una copia simple de la póliza de seguros Cualitas compañía de Seguros Sociedad Anónima de Capital Variable y, atento a los lineamientos de dicha póliza, esto es, que la compañía de seguros se haría cargo de la reparación de los daños y lesiones ocasionados a los que se ostentaron como ofendidos, realizó un nuevo acuerdo en el que ordenó la devolución del vehículo marca Nissan, tipo Tsuru GSI, color verde, Modelo 2017 (dos mil diecisiete), con número de serie 3N1EB31S5HK350698, con motor GA16190044P, con placas de circulación número 2635BHG del servicio público del Estado de Chiapas, en su modalidad taxi local, hasta en tanto no se resolviera su situación jurídica. Para ello, hizo entrega de manera virtual del referido vehículo así como entrega física del oficio 212/0840/2021 de fecha diecinueve de marzo del año actual, dirigido al Delegado de Seguridad Turística y Vial para que realizara el trámite correspondiente a la devolución del referido vehículo a la aquí quejosa. Empero, este juzgado en auto de diecinueve de mayo de esta anualidad, requirió a la responsable para que de manera prioritaria dejara insubsistente la resolución de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, emitida dentro de la carpeta de investigación 3066-089- 0501- 2020 y, en su lugar emitiera otra bajo los lineamientos precisados en la sentencia concesoria de amparo; en tanto que del oficio recibido primigeniamente, se inadvertía esa circunstancia. Luego, la autoridad responsable, mediante oficio de veintisiete de mayo del año en curso (correspondiente a la promoción 4982), comunicó la forma en que cumplió cabalmente con la ejecutoria de mérito, esto es: Dejó insubsistente la resolución de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, emitida dentro de la carpeta de investigación 3066-089-0501- 2020. Emitió un acuerdo de veinticinco de mayo del presente año, en el que dispuso que la determinación de dieciséis de marzo del mismo año, sería la que prevalecería en torno a la solicitud de devolución del vehículo automotor que por esta vía defendió la peticionaria. En ese auto de dieciséis de marzo del año actual, el Fiscal del Ministerio Público Investigador Número Once adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Judicialización para Delitos No Graves, Tapachula, Chiapas, acordó procedente la devolución del vehículo marca Nissan, tipo Tsuru GSI, color verde, Modelo 2017 (dos mil diecisiete), con número de serie 3N1EB31S5HK350698, con motor GA16190044P, con placas de circulación número 2635BHG del servicio público del Estado de Chiapas, en su modalidad taxi local, en razón de que la aquí quejosa acreditó la propiedad del vehículo mencionado. Ello, pues exhibió el original de la factura con número de folio 0013347FVD9455 de treinta de junio de dos mil diecisiete, la cual se encontraba debidamente endosada al reverso a su favor. Además, que ese vehículo había sido puesto a disposición de esa representación social por elementos de la Policía Estatal de Tránsito, pero que derivado de la solicitud de la quejosa, en torno a su devolución y, concatenado con el resultado de la consulta emitida por el Registro Público vehicular, éste no contaba con reporte de robo conforme a los registros OCRA. De ahí, que consideró procedente la devolución del bien mueble asegurado siempre y cuando no estuviera sometido a decomiso, restitución o embargo y, cuando se hubieran realizado todas las periciales sobre dicho vehículo. Por lo que, realizadas las diligencias ministeriales que considero pertinentes en el citado vehículo, determinó que no estuvo sujeto a decomiso y, que el dictamen pericial en materia de identificación vehicular no había presentado ninguna alteración en sus números de identificación, de modo que decretó la procedencia de la devolución del referido vehículo. Agrego, que por encontrarse reunidos los requisitos señalados por el artículo 239 y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y, al considerar que no era objeto prohibido de uso ilícito, que no había operado la pérdida de la propiedad o posesión en favor del Estado, tampoco que no se había encontrado sujeto a restitución de persona física o moral alguna que se ostentará como legítimo propietario, fue que resolvió procedente la devolución del vehículo en favor de la aquí quejosa. De modo que ante la autoridad responsable, la quejosa Magdalena Rodríguez Hernández, acreditó la propiedad de su vehículo y, ésta determinó la procedencia de la devolución del vehículo marca Nissan, tipo Tsuru GSI, color verde, Modelo 2017 (dos mil diecisiete), con número de serie 3N1EB31S5HK350698, con motor GA16190044P, con placas de circulación número 2635BHG del servicio público del Estado de Chiapas, en su modalidad taxi local, con la obligación de su poseedora de exhibirlo cuantas y tantas veces le fuera requerido. Asimismo, giró un oficio con número 194/0840/2021, dirigido al Delegado de Seguridad Turística Vial, de fecha dieciséis de abril del presente año, para que le hicieran entrega de dicho vehículo a la aquí quejosa; asimismo, en dicho oficio, se advierte que ésta firmó al calce y, estampó su nombre y firma. Al respecto, es oportuno descartar que con las anteriores constancias, se dio vista a la parte quejosa de manera personal el dos de junio del presente año y parte tercera interesada por medio de lista el treinta y uno de mayo del año que transcurre, sin que realizaran manifestación alguna, por lo que es evidente que tuvieron pleno conocimiento del pronunciamiento dado por la autoridad responsable referida. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos humanos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo tomando en consideración que la autoridad responsable, tenía libertad de jurisdicción para después de haber realizado lo anterior, resolviera lo que en derecho correspondiera. Luego, debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplido. Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    MESA 5-B.- Glósese el oficio 00465/0840/2021 signado por el Fiscal del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Judicialización para Delitos no Graves, con sede en esta ciudad y anexos que acompaña en copia certificada, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, y al efecto remite copia certificada del acuerdo de veinticinco de mayo del presente año, dictado en la carpeta de investigación número 3066-089-0501-2020 de su índice. A fin de estar en condiciones de proveer en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes -quejosa y tercera interesada- con los oficios 00443/0840/2021 de diecisiete de mayo de la presente anualidad, así como el diverso de 00465/0840/2021 de veintiséis del mismo mes y año (correspondientes a las promociones 4619 y 4982 respectivamente), suscritos por el Fiscal del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Judicialización para Delitos no Graves, con sede en esta ciudad, para que, en el PLAZO DE TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés legal convenga; apercibidas que de no desahogar la vista, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables; en apoyo a esta determinación se cita por identidad jurídica, la tesis VI.1º.P.27 K, visible en la página 832, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Febrero de 2002, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente:..

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