Magdalena Rodriguez Chavez

Expediente 1048/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1048/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
13/07/2017

Partes del expediente

  • Magdalena Rodriguez Chavez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; trece de julio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio a través del cual el Presidente de la Junta Especial Número Nueve Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por medio del cual informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; dígase a la responsable, que los efectos precisados en la sentencia dictada en este asunto son los siguientes: "para el efecto de que la Junta responsable deje sin efecto la diligencia de emplazamiento cuestionada, así como todas y cada una de las actuaciones posteriores a la misma incluyendo el laudo que se dictó en el juicio de origen, y ordene se realice el emplazamiento respectivo a la hoy quejosa en el juicio de origen con las formalidades que al efecto establece el artículo en comento". Por tanto, con fundamento en los artículos 77, fracción I, 192 y 193, de la ley de la materia en vigor, para que en el término de tres días informe el cumplimiento dado al fallo protector y remita las constancias que lo acrediten fehacientemente, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo previsto en el artículo 258, fracción de la Ley de Amparo y el expediente será remitido al Tribunal Colegiado para que inicie con el trámite de inejecución términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Víctor Manuel Rendón Sosa que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta de junio de dos mil diecisiete. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Magdalena Rodríguez Chávez, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Familiar de Toluca, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1048/2017-I. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 62 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en estudio. Lo anterior, se robustece con la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Tal consideración se expone, pues de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, al respecto, se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen, por las razones siguientes. Por haberse interpretado disposición de similar contenido, es aplicable la tesis I.4o.A.269 A, publicada en la página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." En este tenor, este órgano jurisdiccional considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo referido, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Así pues, de la intelección del precepto que sirve de sustento a esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: I. El acto reclamado emane de una autoridad de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. II. En contra de ese acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal. III. Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. IV. Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. Mediante la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia invocada y, sólo se contemplan como casos de excepción: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Así, al no agotarse el recurso o medio de defensa, es inconcuso que el juicio de amparo resulta improcedente. En ese contexto, el promovente del amparo previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables al caso, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, en razón de que para acudir al juicio biinstancial como medio extraordinario de defensa es necesario agotar los recursos que procedan. Luego, se concluye que el precepto legal transcrito colige que para la procedencia del juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional, debe agotarse el medio de defensa legal ordinario que establezca la ley aplicable, en observancia al principio de definitividad que rige el juicio de garantías, pues de lo contrario, imperaría el arbitrio de la parte agraviada, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a sus garantías tuteladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar el medio ordinario de defensa que la ley secundaria establece, en su caso. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de garantías individuales, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del aludido principio de definitividad. De la cita que antecede, se tiene que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los requeridos por la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente. Bajo esa premisa, resulta pertinente precisar que la quejosa reclama lo siguiente: El auto de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, mediante el cual se llevó a cabo la junta de herederos en la que se nombró nuevo albacea de la sucesión, ello en atención a que la fecha de mérito fue señalada en la interlocutoria de quince de junio del año en curso emitida al resolver el incidente de remoción de albacea nombrado inicialmente en el expediente 133/2005, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de Toluca, Estado de México. De igual forma resulta procedente y necesario transcribir lo expuesto en el artículo 5.74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual prevé lo siguiente: "Artículo 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables." De dicho precepto, se aprecia el supuesto en el cual tratándose de autos y decretos dictados fuera de audiencia éstos son revocables, siendo el supuesto aplicable al presente asunto el ordinal en cita. En efecto, del artículo 5.74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se aprecia que procede el recurso de revocación en contra de los autos y decretos dictados fuera de audiencia; es decir, serán revocables, actualizándose la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII del ordinal 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 3/2001 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, tomo XIII, Enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo." Y, la jurisprudencia publicada con el número 573, en la página 515, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto y rubro son: "RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada Ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la Ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Bajo tales condiciones, este órgano de control constitucional concluye que el acto reclamado que pretende ventilarse en el presente asunto, puede ser combatido mediante el recurso de revocación, en términos de la legislación que rige la actuación de la autoridad responsable, por lo que resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el recurso referido, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Asimismo, es preciso indicar que en el caso no se surten las excepciones previstas en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, consistente en que no existe obligación de agotar el medio ordinario de defensa referido en párrafos anteriores, cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento o cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Circunstancia que revela la necesidad de ser estudiada ante la instancia ordinaria, previo a someterla a un pronunciamiento de regularidad constitucional. Sostener el criterio contrario, esto es, admitir la procedencia del juicio de amparo, permitiría su abuso, y haría nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir cualquiera de las excepciones señaladas en dicho precepto, para hacer procedente el juicio de garantías, obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes haya sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas, lo cual incluso permitiría que imperara el arbitrio del quejoso. Al respecto resulta aplicable la tesis XIX.1 o.1 K, visible en la página 177, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que refiere: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y NO A LOS PARTICULARES DETERMINAR SI DEBE AGOTARSE O NO. No basta que el peticionario de garantías haga valer en su demanda exclusivamente violaciones directas a la Constitución Federal para exonerarlo de agotar el principio de definitividad, sino que el juzgador debe examinar en cada caso concreto el acto autoritario para determinar si carece o no de la debida fundamentación, como exige el artículo 73, fracción XV, último párrafo, de la Ley de Amparo para proceder en consecuencia; ya que de otra manera quedaría al arbitrio del quejoso y no del órgano jurisdiccional determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse." Además, este órgano jurisdiccional también advierte que el acto reclamado por la quejosa no es de aquellos considerados como de imposible reparación, por lo que las violaciones que aduce deben reclamarse cuando se concluya la etapa respectiva. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada en la presente determinación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Magdalena Rodríguez Chávez, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Familiar de Toluca, Estado de México. DOMICILIO PROCESAL. En otro orden, de conformidad con el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquese a la quejoso las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en el local que ocupa este de este Juzgado de Distrito. AUTORIZADOS. Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Moisés Ramírez, por tener registrada su patente para ejercer la profesión de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que respecta a Mayra Ballesteros Martínez, José Luis Ballesteros Martínez, Patricia Sánchez Mendoza y a Noé Castañeda Salazar, se les tiene por autorizadas únicamente en términos de la parte in fine del referido artículo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; personalmente al quejoso en términos del presente proveído. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.

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