Magdalena Rios Ramirez

Expediente 115/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
115/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Magdalena Rios Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II inciso a), del Acuerdo General antes mencionado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el Capítulo Séptimo, fracción I, Inciso a) del citado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es depurable y por tal motivo, deberá conservarse la resolución donde se concedió la suspensión provisional. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 115/2021, promovido por Magdalena Ríos Ramírez por propio derecho, contra actos del Juez de Paz de Jiutepec, Morelos y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el mismo día, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Magdalena Ríos Ramírez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado Juez de Paz de Jiutepec, Morelos "De la autoridad señalada como ejecutora, reclamo la diligencia de exequendo de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte, toda vez que con la misma se violenta en mi perjuicio el Derecho Humano al debido proceso, así como el apercibimiento de uso de la fuerza pública". Actuario adscrito al Juzgado de Paz de Jiutepec, Morelos SEGUNDO. El veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, esta autoridad radicó el asunto con el número de expediente 115/2021, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables sus informes justificados, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone: Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama la diligencia del auto de exequendo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, relacionado con el expediente 195/2020. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido de los informes justificados. CUARTO. Improcedencia del juicio. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia y en consecuencia, el sobreseimiento a que se refiere el artículo 61 fracción XXII y 63, fracción V de la Ley de Amparo. En el primero de los numerales referidos, se prevé que el juicio biinstancial es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Por su parte, en el segundo de los artículos mencionados, se contempla que el sobreseimiento del juicio de amparo ocurre cuando durante su tramitación sobreviene alguna causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió. De esa forma, a pesar de que se determine que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria del amparo, debido a la situación jurídica que surgió con motivo del acto de autoridad. Así, aun y cuando el acto reclamado subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, lo que impide que ese acto y sus efectos lo afecten y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Ahora bien, en el presente caso se estima que se está en presencia de la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61 fracción XXII de la Ley de Amparo, pues de las constancias que exhibió la autoridad responsable, se desprende lo siguiente: El uno de diciembre de dos mil veinte, Eva Italvi Miranda Morelos, endosataria en propiedad, en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, demandó a Magdalena Ríos Ramírez, el pago de las siguientes prestaciones: El pago de $11,705.00 (once mil setecientos cinco pesos 00/100 m.n.), por concepto de suerte principal. El pago que resulte por concepto de interés ordinario a razón de 87.60% (ochenta y siete punto sesenta por ciento). El pago de gastos y costas que se originen. El tres de diciembre de dos mil veinte, el juez responsable emitió el auto de exequendo en contra de la aquí quejosa. El dieciocho de diciembre de dos mil veinte y el nueve de marzo de dos mil veintiuno, el actuario responsable se constituyó en el domicilio de la parte quejosa a fin de llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo ordenado. Dichas diligencias no pudieron concretarse debido a las razones expuestas por ese fedatario. Por acuerdo de doce de marzo de dos mil veintiuno, el juez responsable tuvo por recibido el escrito de la actora, por el cual se desistió de la acción entablada en contra de la ahora quejosa. Mediante diligencia de nueve de abril de dos mil veintiuno, la actora acudió ante la autoridad responsable a fin de ratificar su desistimiento. En consecuencia, el juez responsable tuvo por desistida a la compareciente de la acción intentada. Bajo esa óptica, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia invocada por este juzgado de distrito, pues a pesar de que se emitió el auto de exequendo, cuya ejecución reclama la quejosa, lo cierto es que la parte actora de ese expediente se desistió de la acción intentada. Lo anterior se estima así, ya que el juicio del que derivó el requerimiento de pago ya se encontraba concluido. Por tanto, es evidente que el entorno en el cual se realizó el acto reclamado se vio modificado de forma tal que el acto reclamado, a pesar de subsistir, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado que amerite una reparación. Así, al dejar de existir la materia del auto de exequendo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, pues a ningún fin práctico llevaría conceder el amparo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 19/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "AMPARO DIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO LA JUNTA RESPONSABLE INFORMA QUE TUVO POR CUMPLIDO EL LAUDO IMPUGNADO, AUN CUANDO QUIEN SE HAYA OSTENTADO COMO REPRESENTANTE DE LA PARTE DEMANDADA EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN PARA CUMPLIR TAL RESOLUCIÓN NO HAYA ACREDITADO SU PERSONALIDAD. Cuando durante la sustanciación del juicio de amparo directo promovido por la parte demandada en el juicio laboral de origen, la Junta responsable informa al Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento que tuvo a la demandada dando cumplimiento al laudo impugnado y a la actora conforme con él, y remite las constancias que así lo acreditan, la materia del referido laudo deja de existir y, en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que sea obstáculo para lo anterior que la persona que se ostentó como representante de la parte demandada para cumplir con el referido laudo no haya acreditado su personalidad ante la Junta responsable, pues el tribunal de amparo no puede pronunciarse sobre la legalidad de actos que no fueron materia de impugnación a través del juicio de garantías y, por ende, las decisiones emitidas por la Junta responsable en ejecución del laudo reclamado deben estimarse válidas para los efectos legales conducentes, en tanto no exista resolución emitida por autoridad competente que decida lo contrario, máxime que el quejoso no queda en estado de indefensión ante el evento de que el tercero perjudicado pretendiera la ejecución de dicho laudo y se abriera a trámite el procedimiento respectivo, ya que los actos emitidos durante él son impugnables a través del recurso de revisión establecido en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surtan sus efectos legales a que haya lugar, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dichos informes dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas que se ofrecen, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Finalmente, con fundamento en el en el arábigo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de la Materia se habilita al Actuario Adscrito a este Juzgado para que incluso en días y horas inhábiles tal como lo dispone el artículo 21 de la Ley amparo, se sirva a emplazar a Eva Italivi Miranda Morelos en el domicilio ubicado en Avenida Benito Juárez, sin número, Colonia Centro en Jiutepec, Morelos, corriéndole traslado con el escrito inicial de demanda, para que se imponga de su contenido, toda vez que le asiste el carácter de tercera interesada en el presente juicio de amparo, tal como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable. De igual forma, se requiere a la citada parte procesal, para que al momento de la diligencia, o en el plazo de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado federal, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se realizarán por medio de lista, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese y emplácese a la tercera interesada. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, trece de abril de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguense a los autos los informes previos rendidos respectivamente por las autoridades responsables; al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de la Materia, se tienen por rendidos los citados INFORMES PREVIOS. Finalmente con fundamento en el ordinal 143 de la ley de la materia, se tienen por admitidas las documentales que exhiben mismas que serán relacionadas al momento de celebrar la audiencia incidental respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

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