Magdalena Ortiz Mejía
Expediente 628/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 628/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Magdalena Ortiz Mejía
Actuaciones
- Principal
PRAL.628/2018-6B´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de julio de dos mil dieciocho. Causa estado la determinación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra la determinación de veintisiete de junio del año en curso (fojas 9 a 15), en la que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Magdalena Ortiz Mejía; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho acuerdo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo del expediente. Por otro lado, como de la certificación que antecede, se advierte que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. 3.1. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 3.2. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. 3.3. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno impreso y electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Fermín Santiago Santiago, secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargado del despacho por licencia académica del titular, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.628/2018-6B-´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil dieciocho.San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en este municipio el veinticinco de este mes y año y turnada a este órgano jurisdiccional el día siguiente, promovida por Magdalena Ortiz Mejía, contra actos del juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxtepec, con residencia en San José Cosolapa, Oaxaca; por tanto, con la boleta de turno de amparos indirectos, con la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 628/2018. 2. Desechamiento. En el caso, se estima que debe desecharse de plano la demanda, en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, pues, conforme a la lectura integral de la misma, queda de manifiesto que el medio de control constitucional que intenta por la vía indirecta, es evidente e indudablemente improcedente, por lo que se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado contrario sensu. En efecto, el numeral 113 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" La anterior disposición legal es el fundamento con el cual este órgano de control constitucional estima que se debe desechar la demanda de amparo; además, es ineludible precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; por lo que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta, es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado que, bajo protesta de decir verdad, narró la parte quejosa, los cuales sucintamente se describen (fojas 2 a 3): 1. Dice la promovente que es parte demandada dentro los autos del juicio ejecutivo 232/2014, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxtepec, con residencia en San José Cosolapa, Oaxaca, promovido por la licenciada María de la Concepción González Martínez, endosataria en procuración de Ignacio Peña Montiel y Catalina Epitacio Mejía, quienes le reclamaron el pago de cuarenta y siete mil pesos, por concepto de suerte principal y otras prestaciones. 2. El trece de diciembre de dos mil diecisiete se dictó sentencia definitiva, en la que se le condenó al pago de las prestaciones reclamadas por la parte actora, contra la cual promovió juicio de amparo directo, mismo que fue desechado por haber sido presentado de forma extemporánea, lo que ocasionó que la resolución final de primera instancia causara ejecutoria. 3. En virtud de lo anterior, la parte actora promovió planilla de liquidación de intereses, por lo que la autoridad responsable el catorce de mayo del año en curso le dio vista para que en el término de tres días se pronunciara al respecto, apercibida que de no hacerlo, se tendría perdido su derecho; respecto a ello, y al considerar que la petición de la demandante fue acordada en términos del artículo 1348 del Código de Comercio, cuando lo correcto era que desechara por no ajustarse a la tramitación de los incidentes, de conformidad con los artículos 1349 a 1356 del citado código, provocó que promoviera recurso de revocación, contra ese auto. 4. En auto de veintiocho de mayo del año en curso, el juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxtepec, con residencia en San José Cosolapa, Oaxaca, declaró notoriamente improcedente el planteamiento efectuado por la demandada, ya que el auto contra el que promovió recurso, lo era el trámite de una planilla de liquidación, respecto a lo condenado en la sentencia que puso fin al juicio, por lo que se encontraban en la etapa de ejecución; y desechó de plano el recurso por notoriamente improcedente. Hecha la anterior narración, como se dijo con anterioridad, se ve actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo y tercero, ambos de la Ley de Amparo vigente, toda vez que el acto reclamado no se trata de la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia. En efecto, los referidos artículos prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.)" IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". (.)" Este último precepto establece que en el procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo sólo es procedente cuando el acto reclamado sea la última resolución dictada en aquél; pudiendo reclamarse las demás violaciones cometidas en ese período que hubiesen dejado sin defensa al quejoso. Por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo del expediente; será, entonces que podrá acudirse amparo y no las que las precedan, tendentes a hacer efectiva la condena, ya que su cumplimiento no debe obstaculizarse, por ser de interés público. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 190035, con rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.- La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En ese orden, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia; es decir, con posterioridad a que la sentencia dictada en el juicio natural quede firme, el amparo indirecto sólo procederá contra la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo, lo que se traduce en aquella resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y que en el caso no acontece, puesto que el acto reclamado es la determinación de veintiocho de mayo del año en curso, dictada dentro del incidente de liquidación deducido del juicio ejecutivo 232/2014, en el que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxtepec, con residencia en San José Cosolapa, Oaxaca, desechó de plano el recurso de revocación por notoriamente improcedente, interpuesto contra el proveído de catorce de mayo del año en curso, por medio del cual tuvo a la parte actora promoviendo planilla de liquidación de intereses. Debe hacerse notar que conforme a lo dispuesto en el artículo 1348 del Código de Comercio, la presentación de la planilla de liquidación es condición necesaria para que inicie el procedimiento respectivo, y la oportunidad para que ello suceda se determina claramente en el propio precepto, al señalar que dicho documento debe presentarse al pedir la ejecución, lo cual obedece a la necesidad de dar vista a la parte contraria para que manifieste lo que a su derecho convenga, y así permitir la sustanciación del procedimiento de ejecución con base en cantidades determinadas. Por tanto, es claro que apenas dio inicio a la etapa de ejecución y el auto que se pretende combatir por medio del juicio de amparo, no conlleva alguna ejecución material. Es decir, a estimación de este Juzgado, no se trata de la última determinación dictada en la etapa de ejecución; pues no es aquélla donde se tuviera cumplida la condena; o que se declarara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; u ordenara el archivo del expediente. No es obstáculo para arribar a lo anterior, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, hubiera establecido que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia; porque se trata de un caso de excepción y ello únicamente, acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos del impetrante, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Aunado a ello, el máximo tribunal estimó que con el juicio de amparo no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable, pues el acto reclamado es consecuencia directa y está encaminado a cumplir con lo resuelto en la sentencia definitiva dictada en el incidente deducido del juicio natural, cuya ejecución, como se dijo, no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 60, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 164639 , con rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA.- La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." En ese contexto, se reitera, el acto reclamado, descrito en párrafos que anteceden, no es el último acto de ejecución en el procedimiento para cumplimentar la sentencia definitiva dictada en el incidente derivado del juicio natural, porque con el mismo se trata de iniciar dicha etapa. Además, al tratarse de un acto emitido en ejecución de sentencia, con la fuerza de cosa juzgada, el juicio de amparo sólo prosperará, hasta que se pronuncie la resolución final en ese procedimiento, donde tendrá la oportunidad, de hacer valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido durante ese período. Es aplicable la Jurisprudencia VI.2º. J/27, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 435, Tomo II, Septiembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 204367, cuyo rubro y texto son: "EJECUCION DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis aislada 2a. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 196894, con rubro y texto siguientes: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." En ese contexto, como el acto reclamado no es la última resolución, ni constituye el supuesto de excepción para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto; se ve actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 113, todos de la Ley de Amparo vigente; por lo cual, por evidente e indudablemente improcedente, se desecha de plano la demanda de amparo indirecto promovida por Magdalena Ortiz Mejía, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxtepec, con residencia en San José Cosolapa, Oaxaca. 3. Domicilio y personas autorizadas. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional; y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Mauricio Arenas Hernández, por haberse encontrado registro de su cédula profesional en el sistema computarizado para registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, mediante el acceso informático a la página ciber.cjf.gob.mx/RegProf/; y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas que indica. Es aplicable al respecto, la tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1384, del tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". 4. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Anotaciones. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico, siempre y cuando así proceda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. .......Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ...
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