Magdalena Orozco Padua
Expediente 80/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 80/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Magdalena Orozco Padua
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Documentos originales. En este orden, no existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Se ordena la devolución. Requiérasele a fin de que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlos correrán la suerte del expediente. En el entendido que, para la expedición de copias, consulta de expediente y devolución de documentos, se deberá atender al sistema de citas, en día y hora hábil fijado para la atención al público conforme los lineamientos y protocolos previsto en los artículos 3, 4, 5 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 y 37/2020 que lo prorrogó. Significándole deberá acudir puntualmente a la cita programada con el código QR, así como acatar en todo momento las medidas sanitarias necesarias para su ingreso y durante su estancia en el inmueble: sana distancia, respetar las flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención, evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento, ya que el incumplimiento de ello dará lugar a restringir el acceso al edificio o, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto, conforme a lo señalado en el numeral 7 del enunciado Acuerdo General.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Documentos originales. En este orden, no existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Se ordena la devolución. Requiérasele a fin de que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlos correrán la suerte del expediente. En el entendido que, para la expedición de copias, consulta de expediente y devolución de documentos, se deberá atender al sistema de citas, en día y hora hábil fijado para la atención al público conforme los lineamientos y protocolos previsto en los artículos 3, 4, 5 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 y 37/2020 que lo prorrogó. Significándole deberá acudir puntualmente a la cita programada con el código QR, así como acatar en todo momento las medidas sanitarias necesarias para su ingreso y durante su estancia en el inmueble: sana distancia, respetar las flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención, evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento, ya que el incumplimiento de ello dará lugar a restringir el acceso al edificio o, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto, conforme a lo señalado en el numeral 7 del enunciado Acuerdo General. Notifíquese personalmente.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Fórmese expediente con la demanda de amparo signada por **********, por propio derecho, contra omisiones del Juez Sexto de lo Civil en Veracruz, Veracruz. Regístrese con el número 80/2021-VIII, en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En el término previsto por el artículo 2, fracción VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y el diverso 37/2020 que lo prorrogó; se acuerda: -DESECHAMIENTO- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. En este orden, cabe señalar que el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. En relación con esto, se atiende al diverso 107, fracción V de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Conforme a los invocados numerales, el amparo es improcedente cuando los actos u omisiones, dictados dentro del juicio natural, no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación las actuaciones o abstenciones, si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera. Esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio. En tanto que los actos u omisiones reparables no tocan por sí tales valores. Sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que la sentencia sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que lo reclamado por la quejosa consiste medularmente en la omisión de la autoridad responsable de emitir el acuerdo correspondiente respecto de las promociones presentadas el cinco, dieciséis y veintidós de octubre de dos mil veinte, en los que desahogó vista; designó perito de su parte y domicilio de éste. Además, solicitó se le hiciera saber su designación y notificara en su domicilio el nombramiento, en el expediente 1813/2018 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz. En efecto, se considera que lo aquí combatido tiene el carácter de una violación procesal que no es de imposible reparación. Versa sobre la dilación de acordar tres promociones, derivada de la secuela procesal de un juicio civil. La amparista aduce las presentó ante el Juez responsable el cinco, dieciséis y veintidós de octubre de dos mil veinte. Sin que indique haya reiterado alguna de esas peticiones posteriormente-ya sea de manera verbal o escrita-. Además versan sobre temas de pruebas y desahogo de una vista, no refiere a cuestiones de afectación a derechos sustantivos. Conforme a ello, es importante precisar que, como se dijo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra omisiones dentro de procedimientos jurisdiccionales y administrativos. Siempre que los mismos tengan el carácter de "imposible reparación" o la quejosa hubiese quedado sin defensa alguna. En el asunto concreto, no se actualiza alguno de esos supuestos. Se trata de un reclamo meramente procedimental, el cual no la deja sin medios de impugnación. De conformidad con el numeral 526 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, se ha establecido que el recurso de queja procede en contra de los ejecutores o secretarios, por omisiones y negligencias en el desempeño de sus funciones. En todo caso, debe acudir ante el Juez ordenador, es decir, al Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, para impulsar el procedimiento (cuestión que se desconoce si lo ha hecho después de las fechas que indica, pues no lo narra en sus antecedentes). Ello es así, pues la abstención reclamada no puede verse de forma autónoma, sino dentro de un procedimiento en el que la impetrante de amparo es parte. Lo que trae como consecuencia no se esté en el caso de excepción para acudir al juicio biinstancial, puesto que se trata de una violación adjetiva -omisión o falta de contestación a sus escritos de cinco, dieciséis y veintidós de octubre de dos mil veinte, a través de los cuales desahogó vista; designó perito de su parte y domicilio de éste. Además, solicitó se le hiciera saber su designación y notificara en su domicilio el nombramiento, en el expediente 1813/2018 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz-, conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación correspondiente. Tal como la promoción del recurso de queja referido con antelación y el impulso del procedimiento a petición de parte, para el efecto de obligar a la autoridad cumpla lo solicitado. Aunado a que se desprende no existe una abierta dilación o paralización total del asunto, dado el contexto en el que se encuentra laborando el juzgado responsable con motivo de las condiciones de salud derivadas de la pandemia por coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19). Y tratarse de un asunto civil que requiere impulso procesal y seguir las cargas procesales a través de los medios ordinarios previstos en la ley procedimental correspondiente. Como apoyo a lo anterior es aplicable, por sus consideraciones, la tesis jurisprudencial 1a./J. 8/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 478 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, Materia Administrativa, Registro 2008883, del tenor literal siguiente: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Así como la diversa 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1086 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, Materias Constitucional y Común, Registro 2011580, de rubro y contenido siguientes: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Los razonamientos expuestos, ponen de relieve lo manifiesto en la causal de improcedencia del juicio constitucional. Resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes dados los lineamientos del Alto Tribunal. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de derechos humanos, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. "...de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de derechos humanos, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia..."
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