Magdalena Martinez Rojas

Expediente 394/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
394/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/04/2021

Partes del expediente

  • Magdalena Martinez Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el diecinueve de abril en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por Luz Alejandra Hernández Rojas, a nombre de MAGDALENA MARTÍNEZ ROJAS, contra actos de la Fiscalía General de la República Delegación Estatal Oaxaca y otras autoridades; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 394/2021. Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la especie, a juicio de quien resuelve se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5°, fracción I y 6°, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor; y 107, fracción I, de la Constitución General de la República, pues, quien suscribió la demanda carece de facultades para promover el juicio de amparo. A efecto de justificar lo anterior, se estima necesaria la transcripción de los artículos invocados, que disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada. II.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (...).". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Como se ve, los artículos 107, fracción I, constitucional y 5°, fracción I y 6°, primer párrafo de la Ley de Amparo aplicable, prevén el principio de instancia de parte agraviada, toral para la procedencia del juicio de amparo. Este principio implica que la acción de amparo sólo puede ejercerse por la persona que ve afectada su esfera jurídica con motivo de la emisión o ejecución de un acto de autoridad. Esto es, el derecho de promover ese juicio es personalísimo. Apoya lo anterior, por analogía, la Tesis Aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 76, Primera Parte, página 45, con número de registro 232899, de rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." (Lo subrayado es propio de este Tribunal). El citado principio contempla la existencia de los requisitos siguientes: 1. Que el promovente sea el directamente agraviado por el acto de autoridad; y 2. Que sea titular del derecho cuya tutela exige. De ahí que, la falta de cualquiera de dichos requisitos, torna improcedente el juicio de amparo. Esto es así, porque la falta de legitimación activa se suscita cuando no existe identidad entre quien promueve el juicio de amparo, con aquél a quien la ley le otorga ese derecho, es decir, cuando no exista identidad entre el acto de autoridad y su destinatario. En tanto que el segundo de los requisitos mencionados, atañe a un presupuesto de la acción, esto es, a la falta de legitimación en la causa, derivada de no tener el quejoso la titularidad de los derechos o posesiones que dice se afectan con motivo de los actos reclamados, cuya ausencia también impide al juzgador de amparo analizar la constitucionalidad del acto. Sirve de orientación el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, sustentado en la Tesis XVII.2o.9 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 1996, página 412, con número de registro 202692, de título y contenido siguientes: "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquél a quien la ley le otorga ese derecho". Ello es así, pues de la demanda de amparo, se aprecia que la promovente reclama: ".El intento de aprensión que en su caso se ordenó ejecutar o se intenta ejecutar en contra del ciudadano MAGDALENA MARTÍNEZ ROJAS de manera ilegal y fuera de todo procedimiento, sin que medie previa notificación de inicio de procedimiento penal en su contra y que son un peligro claro para su libertad y su vida". (Sic). De ahí que, en la especie no se actualiza las hipótesis de excepción a que se refieren los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo, al no advertirse que la directa agraviada se encuentre sufriendo alguno de los actos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni que éste se encuentre imposibilitada para promover el juicio de amparo por su propio derecho. Al respecto, debe aclararse que si bien es cierto el artículo 6° de la Ley de Amparo, refiere que el juicio de amparo podrá promoverse por medio de su defensor o de cualquier persona, esta facultad se encuentra limitada a los casos en que la propia ley lo permita expresamente; bajo esa tesitura, como ya se precisó en los párrafos que anteceden, el artículo 15 del citado ordenamiento legal establece que cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la libertad FUERA DE PROCEDIMIENTO y la agraviada SE ENCUENTRE IMPOSIBILITADA PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre. Sin embargo, en el presente caso no se cumple con los requisitos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en primer lugar, porque la promovente no acredita con las constancias conducentes la personalidad con la que promueve el juicio de amparo intentado, tomando en consideración que comparece a promover juicio de amparo en nombre de MAGDALENA MARTÍNEZ ROJAS; ello, toda vez que dicha promovente no anexa documento con el cual acredite la representación legal que la faculte para promover juicio de amparo en nombre de la citada persona, tal como lo sería un mandato general o especial en el que se faculte a la ocursante a tramitar el juicio de amparo. En mérito de lo anterior, es indudable que no se cumple con la primera condición para que la demanda de amparo pueda ser solicitada por alguna persona extraña a la persona a quien le afecta el acto reclamado, toda vez que el acto que pretende combatir no fue dictado fuera de procedimiento. Así mismo, se estima que tampoco se cumple con la segunda condición esto, es que la parte agraviada se encuentre imposibilitada para promover el amparo por sí misma; lo anterior es así, en atención a que en los antecedentes de su demanda precisó: "a). b) Por temor a ser detenido de manera arbitraria decidió esperar a que se retirarán de su domicilio para poder ingresar, ello ya que hasta la fecha no ha sido notificado de denuncia alguna en su contra, no ha cometido ningún ilícito ni es prófugo de algún procedimiento judicial". (sic) Luego entonces la propia promovente reconoce que tal persona se encuentra en su domicilio particular, lo que implica indudablemente que la persona a cuyo favor pretende promover el juicio de amparo se encuentra gozando de su libertad personal. Bajo esa tesitura, en la especie no se acredita que la agraviada se encuentre imposibilitada para promover el amparo solicitado por su propio derecho, máxime que de lo narrado por la promovente del amparo, no se advierte que aquélla se encuentre incomunicada. En mérito de lo anterior, como ya se precisó en párrafos precedentes, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado y que en casos en donde el acto reclamado sea de los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad persona fuera de procedimiento, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal y la parte agraviada se encuentre imposibilitada para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona a su nombre. Por lo tanto, en el caso concreto no se satisface la segunda de las hipótesis referidas por el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, que la agraviada MAGDALENA MARTÍNEZ ROJAS se encuentre imposibilitada para promover amparo. En consecuencia, no se satisfacen los extremos de los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo, y por ende Luz Alejandra Hernández Rojas, no está legitimada para promover a favor de MAGDALENA MARTÍNEZ ROJAS, ya que no se acredita que ésta se encuentre imposibilitada de promover por sí misma el juicio constitucional. En tales condiciones, resulta procedente DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO al encontrarse de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia que impide su admisión, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6, 15, primer párrafo y 113 de la Ley de Amparo. (.) Por otra parte, toda vez que la promovente no señalo domicilio para oír y recibir notificación, a fin de no dejarla en estado de indefensión se ordena notificar el presente proveído y los subsecuentes hasta en tanto cumpla con dicho requisito por estrados. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2021 del mismo pleno, se le tiene señalando el correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Tome nota el área de actuaria para los efectos legales consiguientes. Se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Asimismo, se hace de su conocimiento que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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