Magdalena Margarita Perez Arias
Expediente 1140/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1140/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/08/2021
Partes del expediente
- Magdalena Margarita Perez Arias
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos, el oficio con anexo de la actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Sexto Circuito, a través del cual, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada dentro del recurso de queja Q-****/2021 de su índice. En tales condiciones, acúsese recibo del testimonio recibido y anótese lo procedente en el libro de gobierno, así como, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, de la ejecutoria de cuenta se advierte que la citada superioridad resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara FUNDADO el recurso de queja.". En consecuencia, en atención a lo determinado por la Superioridad, se provee lo siguiente: Por otra parte, dado que, en auto de catorce de julio del presente año, se suspendió el procedimiento en el presente juicio de amparo, se ordena reanudar el mismo y, se señala como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Ahora bien, visto el escrito la parte quejosa ****, por medio del cual amplía la demanda de amparo respecto a las siguientes autoridades responsables y actos reclamados. Autoridades responsables: 1.- Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. 2.- Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. 3.- Titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos. 4.- Titular de la Oficina de Juicios Civiles, Asuntos Especiales y Penales del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Puebla. 5.- Titular de la Jefatura de Pensiones de la Subdelegación Sur, Puebla, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Acto reclamado: -El artículo 295 de la Ley del Seguro Social, al considerar que vulnera diversos principios constitucionales. En esas condiciones, dado que se colman los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de la demanda en los términos que se precisaron previamente... Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), así como de la representación del Titular del Poder Ejecutivo Federal que a continuación se precisará. Se requiere a las referidas autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, los cuales se computarán a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, y con una anticipación de por lo menos ocho días en relación con la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 22, 31, fracción I, y 117, de la Ley de Amparo. En la inteligencia que la solicitud de informe del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, deberá enviarse a través del Secretario del Trabajo y Previsión Social, de conformidad con el artículo tercero, fracción XVI, punto 7, del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos que a cada uno les reclaman, para lo cual acompañarán, en su caso, copia certificada completa, ordenada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, pudiendo rendirlo a través de los medios que señala el referido arábigo. Se les apercibe que de ser omisas en rendir su informe con justificación o de rendirlo sin remitir, en su caso, copia certificada completa, ordenada y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá una multa por el importe de cien días del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo; 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Además, se les hace saber que aludir hechos falsos en su informe justificado, podría actualizar el delito previsto en el artículo 262, fracción I, de la ley de la materia, el cual prevé una pena de prisión de tres a nueve años y una multa de cincuenta a quinientos días de salario que corresponda, según la Unidad de Medida y actualización, en relación con el artículo 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; más su destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Asimismo, requiérase a dichas autoridades, para que al momento de rendir su informe justificado, manifiesten si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de amparo y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó el mismo. Finalmente, en términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Fiscal ejecutiva Asistente adscrita, la intervención legal que le corresponde, por lo que deberá notificársele electrónicamente el presente acuerdo, asimismo, se deja a su disposición en el órgano jurisdiccional copia del escrito de ampliación que se acuerda. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya se cuenta con las constancias de notificación a las partes respecto del auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, en el que se acordó el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, auto por el cual no se tuvo por admitida la prueba documental consistente en copia certificada de la carpeta de investigación ****/2020, radicada ante el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Mesa Seis Orientadora de la Unidad de Atención y Determinación Inmediata de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe correspondiente en los siguientes términos: Es cierto el acto reclamado, pues en proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, no se tuvo por admitida la prueba documental consistente en copia certificada de la carpeta de investigación ****/2020, radicada ante el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Mesa Seis Orientadora de la Unidad de Atención y Determinación Inmediata de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla. En ese sentido, remítase el original del escrito de queja, así´ como copia certificada de las constancias conducentes, derivadas del expediente en que se actúa, al Encargado de la Oficina de Correspondencia del Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al Tribunal Colegiado que deba substanciar dicho medio de impugnación. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que en proveído de diecinueve del mes pasado, se ordenó la remisión del presente medio de defensa al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al ser el órgano colegiado que conoció del diverso recurso de queja Q-****/2021; sin embargo, como se advierte de líneas que anteceden, en esta data se acordó dicha resolución, por lo que lo procedente es enviar el recurso de queja que nos ocupa al Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Sexto Circuito en turno.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 173/2021, con número de orden 233/2021, de veintiocho de julio del año en curso. En consecuencia, se tiene por recibida la referida comunicación oficial, dése de baja y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Luego, de la certificación secretarial que antecede se advierte que a la fecha en que se actúa feneció el plazo de cinco días con el que contaba la parte quejosa para impugnar el auto de veintiocho de julio del año en curso, que desechó la demanda origen de este juicio. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; en consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso d) de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo, de la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por el que en atención al requerimiento de cinco de agosto del año en curso, remite copia certificada del acuse de notificación de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, del oficio que giró al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Cholula, Puebla, para que dicha autoridad cumpla con lo requerido en proveído de dos de agosto del de dos mil veintiuno, dictado en el procedimiento de origen; dése a conocer su llegada a las partes para los fines legales procedentes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, para que en el plazo de tres días siguientes al en que el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Cholula, Puebla, cumpla lo requerido en proveído de dos de agosto del actual, esto es, remita copia certificada del acuerdo que dicte en consecuencia, asimismo, en el que determine que han quedado sin efecto la totalidad de los actos de ejecución en el procedimiento de origen, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. En el entendido que, de no dar cumplimiento con lo anterior, se le hará efectivo el apercibimiento hecho en auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno y se procederá en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo.
- Principal
Con la demanda de amparo a que se refiere la razón de cuenta que antecede que promueve ***, por propio derecho, contra actos atribuidos al Congreso del Estado de Puebla, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese expediente y regístrese bajo el número 1140/2021-II. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. En el caso, se actualiza de manera indudable y notoria la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo, este último en concordancia con los diversos 6°, párrafo primero, de la misma ley, y 107, fracción I, Constitucional. . . . de la demanda de amparo que nos ocupa se advierte que carece de la firma autógrafa de la promovente ***, lo que hace improcedente el juicio de amparo, dado que éste se rige por principios fundamentales entre los que destaca el consagrado en el artículo 107 constitucional y que recoge los diversos numerales 5° y 6° de la Ley de Amparo; mismos que se hacen consistir en la iniciativa o instancia de parte agraviada, esto es, que la vía constitucional de amparo debe promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame. Sin que la citada promovente haya manifestado el impedimento que tenía para estampar su firma o su huella digital; de ahí que, la causal de improcedencia que se invoca, surge ante la falta de firma o huella digital de la parte quejosa. Es así, debido a que la parte agraviada debe exteriorizar su voluntad, y para ello, debe estampar su firma en la demanda por sí o mediante representante legal, siendo ésta una formalidad indispensable para accionar al órgano jurisdiccional, así como para determinar la autenticidad de la propia demanda, y al carecer de la suscripción de quien aparece como promovente en su texto, se llega a la conclusión de que no existe parte agraviada. Cierto, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado; de modo que, al existir en otros cuerpos legales, normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir, bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, para demostrar la manifestación de voluntad de quien promueve el juicio biinstancial; ello, dado que coexiste el elemento de individualización (huella digital), con el diverso de perfeccionamiento de la voluntad del promovente (firma a ruego y encargo), cuando éste no sabe o no puede firmar. Sin embargo, en el caso tampoco concurren los citados elementos, pues de los antecedentes que la promovente manifestó bajo protesta de decir verdad en la demanda, no se advierte manifestación alguna en relación al motivo por el cual la demanda de amparo no cuenta con su firma autógrafa; tampoco de las copias adjuntadas a la demanda, se advierte su firma autógrafa. Por ende, si la demanda carece de firma, es evidente que dicha constancia carece de valor probatorio en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º; y como consecuencia, ante la falta de ésta, torna improcedente la demanda, pues omite señalar los motivos por los que no asentó de manera autógrafa la misma o, en su caso, aquéllos que le impidieron estampar su huella digital al calce de la referida demanda; circunstancia que permite estimar que no existe instancia de parte agraviada, por no encontrarse exteriorizada la voluntad de la directamente interesada en la promoción del juicio de amparo. De ahí que resulte improcedente el juicio biinstancial que intenta la promovente ***, por propio derecho, dado que éste se rige por principios fundamentales entre los que destaca el consagrado en el artículo 107 constitucional y que recogen los diversos numerales 5° y 6° de la Ley de Amparo; mismos que se hacen consistir en la iniciativa o instancia de parte agraviada, esto es, que la vía constitucional de amparo debe promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame. Y, para que la parte agraviada exteriorice su voluntad, debe estampar su firma en la demanda por sí o mediante representante legal, siendo ésta una formalidad indispensable para accionar al órgano jurisdiccional, así como para determinar la autenticidad de la propia demanda; en esa tesitura, si la demanda de amparo no está suscrita por quien aparece como promovente en su texto, se llega a la conclusión de que no existe parte agraviada y que la demanda resulta improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos preceptos legales 5° y 6°, todos de la Ley de Amparo. En ese orden, dado que no se cumplió con el requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente como la autenticidad del documento y en consecuencia lograr la eficacia prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, entonces debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada respecto a éste, dado que no se encuentra exteriorizada su voluntad en la promoción del juicio de amparo en estudio y se estima que la misma es un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. En tales condiciones, al inexistir parte agraviada a quien le perjudique la emisión de los actos reclamados, lo procedente es, con fundamento en los artículos 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo, este último en concordancia con los diversos 6, párrafo primero, de la misma ley, y 107, fracción I, Constitucional, desechar de plano por su notoria improcedencia la demanda origen de este juicio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en razón a que el domicilio físico que señaló la quejosa para tales efectos, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado. No obstante, dado lo acordado en párrafos precedentes; con fundamento en el artículo 27, fracción II, de dicha Ley, gírese atento despacho al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, en turno, a fin de que ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio que se citó para tales efectos en la demanda, a saber, el ubicado en ***, y le notifique de manera personal el presente proveído, entregándole copia autorizada del mismo. Asimismo, la citada autoridad, deberá ordenar que en el momento de la diligencia respectiva, se le requiera para que en el plazo de tres días, contados a partir de que quede emplazado a juicio, señale domicilio en la residencia de este juzgado, para oír y recibir notificaciones, también deberá apercibirle que de omitir hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado de conformidad con los artículos 26, fracción IV, y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Se previene a la citada autoridad, para que en el lapso de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que se le notifique este acuerdo, remita a este juzgado las constancias que acreditan haber efectuado dicha notificación; con el apercibimiento que de omitir dar cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad federal, se le impondrá una multa . . . Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, se comisiona al Secretario que integre la presente en el expediente electrónico. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuáles son: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. En atención a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; hágase saber a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinario de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberá de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente.
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