Magdalena Jeannine Gay Lefaure
Expediente 1563/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1563/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Magdalena Jeannine Gay Lefaure
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, informa que ordenó levantar el aplazamiento del recurso de revisión 311/2016; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, quien autoriza y da fe.ammg
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de enero de dos mil dieciséis. Se tienen por recibidos los oficios de Danira Santana Barrera en su carácter de Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, mediante el cual, hace del conocimiento que el treinta de diciembre de dos mil quince, José Fernando Aguilar Palma tomó protesta en el cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, asimismo, informa la oficiante que ya no formaría parte del Ayuntamiento, por lo que se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, solicitando se requiera al Presidente Municipal para que informe quien es el nuevo Tesorero del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos; agréguese a los autos para que obre como legamente corresponda. Atento a lo anterior, se toma debida nota de lo informado por la autoridad oficiante, el que se tomará en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1563/2015-I, promovido por Magdalena Jeannine Gay Lefaure y Enrique del Corazón de Jesús Konigs Silva, respecto de los actos que reclama del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado ese mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, Magdalena Jeannine Gay Lefaure y Enrique del Corazón de Jesús Konigs Silva, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Secretario de Finanzas y Planeación, y Subsecretario de Ingresos dependiente de la citada Secretaría, todos del Estado de Morelos, así como del Tesorero Municipal y Director General de Ingresos, ambos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y de la Notaria Público número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado. Actos que esencialmente hizo consistir en: a) La aprobación, expedición, promulgación y publicación de los artículos 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; de los numerales del 94 ter, 94 ter-1, 94 ter-2, 94 ter-10, 94 ter-11 y 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. b) Los actos de aplicación y ejecución de dichos preceptos legales y que se traduce en la retención y recaudación de diversas cantidades que por concepto de pago de derechos de registro, así como del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, respecto del contrato celebrado por Magdalena Jeannine Gay Lefaure y Enrique del Corazón de Jesús Konigs Silva, como parte, contenidos en la escritura pública 83,379, pasada ante la fe de la Notaria Público número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado. SEGUNDO. Por auto de tres de septiembre de dos mil quince, este Juzgado Segundo de Distrito, ordenó registrar la demanda con el expediente 1563/2015-I, asimismo, se admitió a trámite, por lo que solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en los términos del acta que antecede, y CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; que es el lugar donde se verificó el acto de aplicación de la ley que se reclama. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la Página: 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda se advierte como causa de pedir del quejoso que se duele de la inconstitucionalidad de los artículos que establecen tanto el cobro de los derechos de inscripción y del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles como del impuesto adicional municipal, que derivaron en el cobro de diversas cantidades de dinero, por tanto, se hace imperiosa la necesidad de precisar cuáles son las leyes de las que en realidad se duele y se aplicaron a la parte quejosa. Por tanto, en términos de lo que prevén los numerales 74, fracción I y 76 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, corrige el error en la cita de los preceptos que se estiman violados, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda, y por ello, en este juicio se analizarán las siguientes leyes y actos de aplicación: 1. El contenido del artículo 77, fracción II de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el veintiuno de octubre de dos mil seis. 2. El contenido de los artículos 94 ter-1, 94 ter-2, 94 ter-10, 94 ter-11, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el cuatro de enero de mil novecientos ochenta y cuatro. 3. El contenido del artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el cuatro de enero de mil novecientos ochenta y cuatro. 4. El cobro de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de pago de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, en aplicación de la fracción II del artículo 77 de la Ley General de Hacienda Pública del Estado. 5. El cobro de la suma de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional) que estima en aplicación del sistema que integra el impuesto de adquisición de bienes inmuebles, que se contienen en los artículos 94 ter-1, 94 ter-2, 94 ter-10, 94 ter-11, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado. 6. El cobro de la suma de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional) que estima en aplicación del sistema que integra el impuesto adicional que se contienen en el artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS MARCADOS CON LOS PUNTOS 1 AL 3 SEÑALADOS EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO. Son ciertos los actos que se le reclaman al Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno del Estado de Morelos y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y publicación de: I. Los artículos 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el veintiuno de octubre de dos mil seis. II. Los numerales 94 ter-1, 94 ter-2, 94 ter-10, 94 ter-11 y 123, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el cuatro de enero de mil novecientos ochenta y cuatro. Ello en virtud de que la existencia de los actos atribuidos a éstas se corrobora con el texto de las leyes impugnadas, pues de las publicaciones oficiales en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Estado de Morelos, se desprende que fueron aprobadas, expedidas y promulgadas, y publicadas, en el ámbito de sus facultades, por dichas autoridades. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, que precisa lo siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS MARCADOS CON LOS PUNTOS 4, 5 y 6 DEL CONSIDERANDO SEGUNDO. Son ciertos los actos que se reclama a las autoridades responsables, Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la misma Secretaría (denominación correcta de las autoridades que señaló como Secretario de Finanzas y Planeación, y Subsecretario de Ingresos dependiente de la citada Secretaría), que consisten en el cobro de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional) que estiman los quejosos una aplicación del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. Esto es así, porque la existencia de los actos de aplicación se comprueba con las documentales consistentes en copia certificada de la escritura pública 83,379, pasada ante la fe de la Notaria Público número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado, que contiene el contrato de compraventa celebrado por Magdalena Jeannine Gay Lefaure y Enrique del Corazón de Jesús Konigs Silva, como parte compradora; lo que se corrobora con la glosa oficial 00515994 expedida por la Subsecretaría de Ingresos por las suma de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional). A tales documentos se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De dichas pruebas, se advierte que el Notario Público realizó la retención de la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional) en aplicación del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que señala: "Artículo 77. Los derechos por los servicios de Registro Público de la Propiedad se causarán en los siguientes términos: [.] II. Por la inscripción de documentos, resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, incluyendo los fideicomisos traslativos de dominio, así como los relacionados con la propiedad o posesión de buques o aeronaves: $6,000.00. Por otra parte, son ciertos los actos consistentes en el cobro de las cantidades de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional) y $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional) que se realizó a la parte quejosa por concepto de pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y del impuesto adicional, en aplicación de los artículos 94 ter-1, 94 ter-2, 94 ter-10, 94 ter-11 y 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el cuatro de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, que se le imputan al Tesorero Municipal y Director General de Ingresos, ambos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos de Cuernavaca, Morelos. Pues se acredita su existencia a través de los documentos que obran en autos y que consisten en copia certificada de la referida escritura pública 83,379 y con el recibo oficial electrónico 00515994 expedido por la Tesorería Municipal de Cuernavaca, por la suma de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional). De dichos documentos se colige que el cobro sí se realizó conforme lo disponen los numerales 94 ter-1, 94 ter-2, 94 ter-10, 94 ter-11 y 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado. El citado cobro se explica a razón del dos por ciento sobre el monto del avalúo del bien inmueble que consta en la citada escritura pública y que adquirió el quejoso, que es de $8'000,000.00 (ocho millones pesos 00/100 M.N.), lo que da la cantidad de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), dicho porcentaje es el que está previsto en el artículo 94 ter de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos. A esta cifra, el Notario aplicó el veinticinco por ciento (25%) por concepto de adicionales, arrojando la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional), cuyo porcentaje es el que está previsto en el artículo 122 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos y su aplicación desglosada en el numeral 123, inciso a). De lo que se observa que efectivamente se realizó a la parte quejosa, el cobro de las cantidades de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional) y $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional) derivado de la aplicación del sistema que integra el impuesto de adquisición de bienes inmuebles y su adicional, que prevén los artículos 94 ter-1, 94 ter-2, 94 ter-10, 94 ter-11 y 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado. QUINTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA QUE SE ADVIERTEN DE OFICIO O QUE HACEN VALER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferente, este juzgador procede a analizar si se actualiza alguna de las alegadas por las autoridades responsables. I. El juicio de amparo debe sobreseerse respecto de la Notaria Pública número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado, con sede en esta ciudad, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1 último párrafo y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Se actualiza dicha causal, en virtud de que no es autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no actúa de manera unilateral y obligatoria sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan llevar a cabo el cálculo, retención y entero de impuestos, de donde se entiende que actúa como auxiliar del fisco. En conclusión, al actualizarse la causa de improcedencia que se precisa, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías respecto del acto que se reclama a la Notaria Pública número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. II. El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, hizo valer la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, ya que la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo; pues desde la fecha en que se llevaron a cabo los actos de aplicación de los artículos impugnados, que dicen, fue desde el diecisiete de febrero de dos mil quince, en que se llevó el acto jurídico de la compraventa y se firmó la escritura pública ante la Notaria Pública Cinco de esta ciudad, y que también es la misma fecha en que la citada Notario realizó la retención de los derechos por inscripción y del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, hasta la fecha de presentación de la demanda que fue hasta el dieciocho de agosto de este año, transcurrieron más de quince días, faltando a la verdad en su escrito recibió en este juzgado el dos de septiembre de este año, complementario a su demanda de amparo, pues allí dijo que conoció el acto reclamado hasta el cuatro de agosto de esta anualidad. Ahora bien, para examinar dicha causal de improcedencia, conviene determinar cómo debe acreditarse en un juicio de amparo que el quejoso tuvo conocimiento pleno del acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, para que a partir de ese momento se tome como fecha de inicio para computar el plazo de quince días, que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de garantías. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 451/2012, suscitada entre los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos de este Décimo Octavo Circuito, que dio origen a la jurisprudencia 47/2013, estableció lo siguiente: "Para resolver dicha cuestión, es necesario conocer el contenido del artículo 21 de la Ley de Amparo, que establece: "21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos". De acuerdo con el precepto transcrito, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se actualice cualquiera de las siguientes hipótesis: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Por su parte, los artículos 22, fracción I y 73, fracción VI y XII, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: I.- Los casos en que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, pues entonces el término para la interposición de la demanda será de treinta días. "73. El juicio de amparo es improcedente: (.) VI.- Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio; (.) XII.- Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218. No se entenderá consentida tácitamente una Ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso". De las disposiciones transcritas, se desprende que cuando se impugna una norma general con motivo de un acto concreto de aplicación, la demanda de amparo debe presentarse dentro de los quince días siguientes al en que el quejoso tenga conocimiento de dicho acto o se ostente sabedor del mismo. Ahora bien, respecto del conocimiento del acto reclamado, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, debe computarse a partir de que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto, lo que debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse con base en presunciones. Al respecto son aplicables los siguientes criterios: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE". "ACTO RECLAMADO, SU CONOCIMIENTO POR EL ARRENDATARIO, NO IMPLICA QUE LO CONOCIERA EL ARRENDADOR". "ACTOS CONSENTIDOS". "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL". De acuerdo con los criterios citados, la finalidad de que el conocimiento de los actos reclamados conste fehacientemente y no se infiera con base en presunciones, es dar seguridad jurídica a los particulares. Lo anterior porque el hecho de que pudieran existir indicios y presunciones de los cuales se pudiera derivar que el particular tuvo conocimiento de los actos reclamados en determinada fecha, no es bastante para tener por probada plenamente la circunstancia de que el quejoso tuvo conocimiento de los actos impugnados en su demanda con una anticipación mayor a la de quince días que señala la Ley de Amparo. En cambio, el hecho de que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa, le da la posibilidad de que pueda impugnar el acto vía amparo, teniendo todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios de que considera adolece y así defender sus derechos, de lo contrario, podría darse el caso de que careciera de información para poder hacerlo. En ese sentido, se concluye que aun cuando para efectos de la procedencia del juicio de amparo, el acto por virtud del cual el notario público retiene los derechos por el Registro Público de la Propiedad constituye el primer acto de aplicación del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, lo cierto es que para computar el plazo de quince días previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo para presentar la demanda de amparo en contra de dicho precepto, no basta con tener por acreditado ese solo hecho, sino que, además, es necesario que se encuentre demostrado fehacientemente que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto de aplicación, es decir, que se pueda deducir, sin lugar a dudas, cuáles fueron el concepto de la retención y el sustento legal de esa actuación. Dicho en otras palabras, con independencia de que la retención que efectúa el notario público de los derechos previstos en el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, constituya el primer acto de aplicación de esa disposición para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, dicha retención sólo puede servir de base para computar el plazo de quince días previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, cuando se acredite plenamente que el quejoso tuvo total conocimiento del acto de aplicación, es decir, que se pueda deducir sin lugar a dudas cuál fue el concepto de la retención y su fundamento legal. Al respecto son aplicables, por analogía, las jurisprudencias sustentadas por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SU RETENCIÓN POR EL PATRÓN AL EFECTUAR EL PAGO DE ALGÚN CONCEPTO QUE LA LEY RELATIVA PREVÉ COMO INGRESO POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO, Y ES SUSCEPTIBLE DE GENERAR LA IMPROCEDENCIA POR CONSENTIMIENTO TÁCITO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL DOCUMENTO RESPECTIVO SE EXPRESEN LOS CONCEPTOS SOBRE LOS CUALES SE EFECTÚA DICHA RETENCIÓN Y SU FUNDAMENTO LEGAL". "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO". II.a Una vez puntualizado lo anterior, se determina que en el caso se actualiza la causal de improcedencia, respecto de los actos de aplicación consistente en el cobro de las cantidades de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional) y $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional) derivado de la aplicación del sistema que integra el impuesto de adquisición de bienes inmuebles y su adicional, que prevén los artículos 94 ter-1, 94 ter-2, 94 ter-10, 94 ter-11 y 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado. En el caso concreto un auxiliar en la recaudación de la contribución reclamada, como lo es la Notaria Pública número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado, realizó la retención del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y del impuesto adicional municipal, derivados del contrato de compraventa contenida en la escritura pública 83,379, por lo que debe estimarse como el primer acto de aplicación de la ley tributaria para efectos del amparo, en perjuicio de quien sufrió la retención de las contribuciones. Por ende, en el citado instrumento público debe expresarse los conceptos respecto de los cuales se efectuó la retención y el sustento legal de tal actuación, para que pueda deducirse sin lugar a dudas cuál fue el concepto de la retención y su fundamento legal. Ahora bien, respecto de los impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles y el adicional municipal, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que en la escritura pública 83,379, en el apartado de liquidación de impuestos de la compraventa, aparece lo siguiente: "--- B).- IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES. ---------------------------------------------------------. --- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos noventa y cuatro Ter al noventa y cuatro Ter once, ciento diecinueve, ciento veintiuno, ciento veintidós, ciento veintitrés, y demás relativos de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, y demás relativos de la Ley General de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos para el ejercicio fiscal dos mil quince, "LA PARTE COMPRADORA" los señores ENRIQUE DEL CORAZÓN DE JESÚS KONIGS SILVA, GRAUBEN ENRIQUE CEBALLOS CÁRDENAS, MAGDALENA JEANNINE GAY LEFAURE Y RUBÉN SÁNCHEZ OROZCO, manifiestan tener conocimiento de que están obligados a hacer el pago respecto al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles más el impuesto adicional, por la cantidad de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), misma que se desglosa de la siguiente manera: ---. --- Valor más alto del inmueble $8'000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL). --- Impuesto por pagar $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL) --- 15% apoyo a la educación $24,000.00 (VEINTICUATRO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL). --- Por industrialización $8,000.00 (OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL). --- 5% pro-UAEM $8,000.00 (OCHO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL) --- Tasa aplicable 2% (DOS POR CIENTO). --- Subtotal $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL). --- Total a pagar $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL). --- De acuerdo con las liquidaciones que agrego al apéndice de este instrumento con la letra "D". Asimismo, en la cláusula décima del contrato de compraventa se aprecia lo siguiente: "DÉCIMA.- "LA PARTE COMPRADORA" tiene pleno conocimiento de que la liquidación del Impuesto de Adquisición de Bienes Inmuebles podrá ser revisada por las Autoridades Competentes del Estado, y que por lo tanto, queda obligada a pagar la diferencia que por dicho impuesto resultare como consecuencia de un valor fiscal o catastral superior al que actualmente reportan los documentos, más recargos y multas que procedan." De las transcripciones que anteceden se aprecia que desde la firma del contrato de compraventa contenido en la escritura pública, se le hizo saber a los quejosos, que por el citado acto jurídico se causaría el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y el adicional, asimismo, el fundamento de dicha contribución, era con base en lo dispuesto por la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en sus numerales 94 ter al 94 Ter-11, 119, 122, 123, y relativos, que la base del impuesto es del avalúo del inmueble por $8'000,000.00 (ocho millones de pesos 00/100 moneda nacional), que se le aplicó la tasa del 2%, del que resultó $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), más $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/10 moneda nacional) de 25% de adicionales, divididos en 15% apoyo a la educación $24,000.00 (VEINTICUATRO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), por industrialización $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) y 5% pro-UAEM $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), por ende, el total a pagar era de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional). De lo que se colige claramente que para esa fecha ya tenía un conocimiento informado del impuesto que pagaría así como el adicional, pues la Notaria asentó en el instrumento notarial los artículos de la ley que se le aplicaría, esto es, del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles de su objeto, base y tasa, asimismo precisó que era más el 25% de adicionales, el cual se encuentra previsto en los artículos 119, 122 y 123 de la propia Ley que citó; luego, el pago por dicho impuesto lo realizó el Notario desde el cuatro de marzo de dos mil quince, como se aprecia del sello de pago que se contiene en el recibo oficial expedido por la Tesorería Municipal de Cuernavaca, que en original anexó la fedataria, razón por la cual, desde la firma de escritura es que se actualiza el acto de aplicación de la ley reclamada, y es cuando debe tomarse como fecha de partida para computar el plazo de quince días para promover la demanda de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, del dieciocho de febrero de dos mil quince, que fue el día siguiente hábil a la fecha en que a los quejosos le fueron recaudados los impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles y adicional municipal, a través del auxiliar en la recaudación de la contribución reclamada, que fue la Notaria Público Número Cinco en esta ciudad, quien en la propia escritura pública del contrato de compraventa celebrada el mismo diecisiete de febrero anterior, le informó a los impetrantes de los impuestos que se le aplicarían y su fundamento, al dieciocho de agosto siguiente, fecha en que promovió la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, ya había transcurrido en exceso el término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. En estas condiciones, es claro que la demanda de amparo, fue presentada de manera extemporánea, motivo por el cual, válidamente puede concluirse que debe sobreseerse en el presente juicio de garantías, al actualizarse la causal de improcedencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento, debe sobreseerse en el juicio, respecto del cobro de la cantidad de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional) que estima en aplicación del sistema que integra el impuesto de adquisición de bienes inmuebles, que se contienen en los artículos 94 ter a 94 ter-11 y por el cobro de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional) que estima en aplicación del sistema que integra el impuesto adicional que se contienen en los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado. Se precisa que no se analizarán las diversas causas de improcedencia que invocan las autoridades responsables, en virtud de que su estudio es innecesario ya que de prosperar alguna en nada variaría el sentido de la resolución que se pronuncia. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, consultable en la página 141 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." II.b Contrario a lo anterior, respecto al artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado, no se actualiza dicha causal de improcedencia. Como ya se puntualizó, si bien es cierto que en la escritura pública debe estimarse como el primer acto de aplicación para efectos del juicio de amparo, también es verdad es que en el documento respectivo no se expresaron los conceptos respecto de los cuales se efectuó la retención ni el sustento legal de los derechos de inscripción a retener, para deducir que los quejosos tuvieron pleno conocimiento del acto de aplicación de la citada norma; además, de que las autoridades no ofrecieron prueba alguna para acreditar la fecha en que los impetrantes tuvieron pleno conocimiento de los actos de aplicación de las normas, es decir, la data a partir de la cual se pueda deducir puntual y claramente el o los conceptos de la retención y sus fundamentos legales. En el caso concreto respecto al pago de derechos de inscripción en la escritura pública únicamente se observa lo siguiente: "DECIMA SEGUNDA.- "LA PARTE COMPRADORA" cubre los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se causen con motivo de ésta escritura, quedando a cargo de "LA PARTE VENDEDORA" el pago del Impuesto Sobre la Renta." Lo que permite colegir que, en la especie, no se puede estimar que existió un conocimiento pleno de la norma aplicada a la parte quejosa para el cobro del derecho reclamado, por lo que no puede considerarse la liquidación así efectuada por el notario público, para el cómputo del término legal para la promoción del juicio de garantías. En las condiciones apuntadas, si no hay prueba de que la notaria público hubiera informado cierta y completamente del precepto legal en que se apoyó para la retención del derecho de inscripción en el Registro Público, no puede considerarse éste acto como el que da pauta para el inicio del cómputo del plazo para la promoción de la demanda de amparo, por lo que no asiste razón para sostener que a partir de la fecha de la realización del contrato que se contiene en la escritura pública, empezó a transcurrir el término de quince días para la presentación de la demanda de garantías. Por tal motivo, debe admitirse que el término para la interposición de la demanda de amparo, debe empezar a computarse al día siguiente en que se ostentó sabedora la parte quejosa, de los actos de aplicación de las normas combatidas, y toda vez que en su escrito recibido el uno de septiembre de dos mil quince, en el cual, los quejosos subsanaron la prevención realizada por este juzgado, afirmaron que tuvieron conocimiento el cuatro de agosto de dos mil quince, entonces, se colige que no había trascurrido el término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, en virtud de que presentó la demanda el dieciocho de agosto siguiente, tal como consta en el sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos; de ahí que es claro que se hizo con la oportunidad prevista en el citado artículo de la materia y, por ende, no se surte la causal de improcedencia señalada en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. III. El Congreso del Estado de Morelos, manifiesta que debe sobreseerse el presente juicio de garantías en virtud de que los quejosos no acreditan los actos de aplicación del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos. Arguye que resulta necesario que se compruebe de manera fehaciente, que a través de los actos de aplicación, se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio la hipótesis normativa, lo cual no puede derivarse de las presunciones o afirmaciones vertidas por el peticionario de garantías. Además, alega el Congreso que los amparistas no exhibieron originales ni copias certificadas de los recibos de entero de pago efectuado ante la Secretaría de Hacienda o Subsecretaría de Ingresos de dicha Secretaría, tampoco de la escritura pública 83,379 que contiene el acto jurídico de la compraventa contrato de compraventa, ni del recibo de retención expedido por la Notaria Público número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado, ni aporta algún otro elemento que genere convicción en relación con el acto de aplicación de las leyes tildadas de inconstitucionales; razón por la cual, no acredita los actos de aplicación de todas las normas impugnadas. Tales manifestaciones implican, en todo caso, el análisis de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones, XII y XXIII, en relación con el 107, fracción I, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. No asiste razón a la responsable, respecto del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, que aquí se combate, en virtud de que, contrariamente a lo que afirma, como ya quedó demostrado en el considerando cuarto que antecede, sí se encuentran acreditados en este juicio dichos actos, por consiguiente, al realizarse la recaudación, del pago por el derecho de inscripción en el Registro Público, es innegable que existen los actos de aplicación reclamados, lo que posibilita a los impetrantes a reclamarlo a través del presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por Segunda Sala (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 43/2000, consultable en la página 112, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Mayo de 2000, registro número 191786, del rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS.". Por tanto, debe arribarse a la conclusión de que existen los actos de aplicación de la norma detallada en el primer párrafo de este apartado, motivo por el cual no se actualiza la causal de improcedencia que hizo valer la indicada autoridad responsable, prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el 107, fracción I, de la Ley de Amparo. SEXTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DE LOS QUEJOSOS, RELATIVOS AL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN II, DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS. Al no actualizarse causal de improcedencia del juicio, se procede a analizar los conceptos de violación de los impetrantes. Son inoperantes los conceptos de violación, sin que sea necesario transcribirlos ya que no existe obligación por parte de este juzgador a hacerlo, pero se procede a su examen de manera puntual, lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Así como la jurisprudencia VI.2o. J/129, de la Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, Materia(s): Común, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." De la lectura completa de la demanda de amparo, se aprecia que no existe un solo argumento en el que combata la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, sino que en el apartado correspondiente al cobro de derecho de registro, únicamente señalan los quejosos, que el artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, es desproporcionado e inequitativo, contrario a lo señalado por el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pero no explica por qué consideran la desproporcionalidad e inequidad de dicha contribución. Sino lo que se observa, es que los impetrantes transcribieron el numeral tildado de inconstitucional, para después argüir que no tuvieron conocimiento de la norma aplicada al momento de que firmaron la escritura pública y, que por ello, que desconocían el origen de los cobros de los derechos e impuestos reclamados, e inmediatamente transcriben cuatro jurisprudencias; por tanto, ni siquiera se aprecia su causa de pedir o "causa petendi", es decir, un argumento que se constituya por un hecho y un razonamiento con el que se explique la inconstitucionalidad aducida. En efecto, en la causa de pedir, debe existir un razonamiento jurídico, que debe presuponer algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado o norma general impugnada, se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en el caso concreto, la alegación que hacen los quejosos, se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas (que el artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, es desproporcionado e inequitativo, contrario a lo señalado por el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal), por lo que no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 1a./J. 81/2002 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO." Así como la jurisprudencia 1a./J. 121/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, materia común, página 143, del rubro: "LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD." Atento a todo ello, es que resultan inoperantes los conceptos de violación, porque los argumentos no combaten por qué debe considerarse inconstitucional el artículo 77, fracción II, de Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, que prevé el derecho de inscripción en el Registro Público con motivo de la compra del bien inmueble. En atención a todo lo anteriormente expuesto, al no resultar inconstitucional el sistema legal relativo al pago del derecho por inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Morelos, y al no advertirse materia qué suplir en deficiencia de la queja, debe negarse el amparo y protección de la justicia federal. Es pertinente aclarar que las jurisprudencias que se emplearon en este estudio, son aplicables, pues conforme al artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo a pesar que fueron emitidas conforme a la anterior Ley de la materia, no se oponen a la Ley vigente a partir del dos de abril de dos mil trece. Por lo anteriormente expuesto, y fundado además en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción I, 2º, 73 a 79, 107 fracción I, 119 y 124 de la Ley de Amparo; así como por los numerales 1º fracción V, 48 y 52 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO 1563/2015-I, promovido por Magdalena Jeannine Gay Lefaure y Enrique del Corazón de Jesús Konigs Silva, contra los actos de la Notaria Público número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado, con sede en esta ciudad. Asimismo, respecto del contenido de los numerales del 94 ter, 94 ter-1, 94 ter-2, 94 ter-10, 94 ter-11 y 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, reclamados al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, así como respecto al cobro de las cantidades de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional) y $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional) respectivamente, que se reclamaron al Tesorero Municipal y Director General de Ingresos, ambos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Magdalena Jeannine Gay Lefaure y Enrique del Corazón de Jesús Konigs Silva, contra el numeral 77, fracción II, de Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, reclamados al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, así como respecto a su acto de aplicación de dichas normas, traducido en el cobro de las sumas de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional), reclamó a las autoridades, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la Secretaría. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entro en vigor el uno de noviembre del dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos. Así lo resolvió y firma el maestro en derecho Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, hoy catorce de diciembre de dos mil quince, en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron. DOY FE.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del catorce de diciembre del dos mil quince, que en lo conducente dice: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1563/2015-I, promovido por Magdalena Jeannine Gay Lefaure y Enrique del Corazón de Jesús Konigs Silva, respecto de los actos que reclama del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado ese mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, Magdalena Jeannine Gay Lefaure y Enrique del Corazón de Jesús Konigs Silva, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Secretario de Finanzas y Planeación, y Subsecretario de Ingresos dependiente de la citada Secretaría, todos del Estado de Morelos, así como del Tesorero Municipal y Director General de Ingresos, ambos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y de la Notaria Público número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado. Actos que esencialmente hizo consistir en: a) La aprobación, expedición, promulgación y publicación de los artículos 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; de los numerales del 94 ter, 94 ter-1, 94 ter-2, 94 ter-10, 94 ter-11 y 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. b) Los actos de aplicación y ejecución de dichos preceptos legales y que se traduce en la retención y recaudación de diversas cantidades que por concepto de pago de derechos de registro, así como del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, respecto del contrato celebrado por Magdalena Jeannine Gay Lefaure y Enrique del Corazón de Jesús Konigs Silva, como parte, contenidos en la escritura pública 83,379, pasada ante la fe de la Notaria Público número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado. SEGUNDO. Por auto de tres de septiembre de dos mil quince, este Juzgado Segundo de Distrito, ordenó registrar la demanda con el expediente 1563/2015-I, asimismo, se admitió a trámite, por lo que solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en los términos del acta que antecede, y CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; que es el lugar donde se verificó el acto de aplicación de la ley que se reclama. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la Página: 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda se advierte como causa de pedir del quejoso que se duele de la inconstitucionalidad de los artículos que establecen tanto el cobro de los derechos de inscripción y del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles como del impuesto adicional municipal, que derivaron en el cobro de diversas cantidades de dinero, por tanto, se hace imperiosa la necesidad de precisar cuáles son las leyes de las que en realidad se duele y se aplicaron a la parte quejosa. Por tanto, en términos de lo que prevén los numerales 74, fracción I y 76 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, corrige el error en la cita de los preceptos que se estiman violados, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda, y por ello, en este juicio se analizarán las siguientes leyes y actos de aplicación: 1. El contenido del artículo 77, fracción II de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el veintiuno de octubre de dos mil seis. 2. El contenido de los artículos 94 ter-1, 94 ter-2, 94 ter-10, 94 ter-11, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el cuatro de enero de mil novecientos ochenta y cuatro. 3. El contenido del artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el cuatro de enero de mil novecientos ochenta y cuatro. 4. El cobro de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de pago de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, en aplicación de la fracción II del artículo 77 de la Ley General de Hacienda Pública del Estado. 5. El cobro de la suma de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional) que estima en aplicación del sistema que integra el impuesto de adquisición de bienes inmuebles, que se contienen en los artículos 94 ter-1, 94 ter-2, 94 ter-10, 94 ter-11, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado. 6. El cobro de la suma de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional) que estima en aplicación del sistema que integra el impuesto adicional que se contienen en el artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS MARCADOS CON LOS PUNTOS 1 AL 3 SEÑALADOS EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO. Son ciertos los actos que se le reclaman al Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno del Estado de Morelos y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y publicación de: I. Los artículos 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el veintiuno de octubre de dos mil seis. II. Los numerales 94 ter-1, 94 ter-2, 94 ter-10, 94 ter-11 y 123, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el cuatro de enero de mil novecientos ochenta y cuatro. Ello en virtud de que la existencia de los actos atribuidos a éstas se corrobora con el texto de las leyes impugnadas, pues de las publicaciones oficiales en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Estado de Morelos, se desprende que fueron aprobadas, expedidas y promulgadas, y publicadas, en el ámbito de sus facultades, por dichas autoridades. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, que precisa lo siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS MARCADOS CON LOS PUNTOS 4, 5 y 6 DEL CONSIDERANDO SEGUNDO. Son ciertos los actos que se reclama a las autoridades responsables, Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la misma Secretaría (denominación correcta de las autoridades que señaló como Secretario de Finanzas y Planeación, y Subsecretario de Ingresos dependiente de la citada Secretaría), que consisten en el cobro de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional) que estiman los quejosos una aplicación del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. Esto es así, porque la existencia de los actos de aplicación se comprueba con las documentales consistentes en copia certificada de la escritura pública 83,379, pasada ante la fe de la Notaria Público número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado, que contiene el contrato de compraventa celebrado por Magdalena Jeannine Gay Lefaure y Enrique del Corazón de Jesús Konigs Silva, como parte compradora; lo que se corrobora con la glosa oficial 00515994 expedida por la Subsecretaría de Ingresos por las suma de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional). A tales documentos se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De dichas pruebas, se advierte que el Notario Público realizó la retención de la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional) en aplicación del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que señala: "Artículo 77. Los derechos por los servicios de Registro Público de la Propiedad se causarán en los siguientes términos: [.] II. Por la inscripción de documentos, resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, incluyendo los fideicomisos traslativos de dominio, así como los relacionados con la propiedad o posesión de buques o aeronaves: $6,000.00. Por otra parte, son ciertos los actos consistentes en el cobro de las cantidades de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional) y $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional) que se realizó a la parte quejosa por concepto de pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y del impuesto adicional, en aplicación de los artículos 94 ter-1, 94 ter-2, 94 ter-10, 94 ter-11 y 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el cuatro de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, que se le imputan al Tesorero Municipal y Director General de Ingresos, ambos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos de Cuernavaca, Morelos. Pues se acredita su existencia a través de los documentos que obran en autos y que consisten en copia certificada de la referida escritura pública 83,379 y con el recibo oficial electrónico 00515994 expedido por la Tesorería Municipal de Cuernavaca, por la suma de $28,750.00 (veintiocho mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). De dichos documentos se colige que el cobro sí se realizó conforme lo disponen los numerales 94 ter-1, 94 ter-2, 94 ter-10, 94 ter-11 y 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado. El citado cobro se explica a razón del dos por ciento sobre el monto del avalúo del bien inmueble que consta en la citada escritura pública y que adquirió el quejoso, que es de $8'000,000.00 (ocho millones pesos 00/100 M.N.), lo que da la cantidad de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), dicho porcentaje es el que está previsto en el artículo 94 ter de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos. A esta cifra, el Notario aplicó el veinticinco por ciento (25%) por concepto de adicionales, arrojando la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional), cuyo porcentaje es el que está previsto en el artículo 122 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos y su aplicación desglosada en el numeral 123, inciso a). De lo que se observa que efectivamente se realizó a la parte quejosa, el cobro de las cantidades de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional) y $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional) derivado de la aplicación del sistema que integra el impuesto de adquisición de bienes inmuebles y su adicional, que prevén los artículos 94 ter-1, 94 ter-2, 94 ter-10, 94 ter-11 y 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado. QUINTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA QUE SE ADVIERTEN DE OFICIO O QUE HACEN VALER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferente, este juzgador procede a analizar si se actualiza alguna y las alegadas por las autoridades responsables. I. El juicio de amparo debe sobreseerse respecto de la Notaria Pública número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado, con sede en esta ciudad, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1 último párrafo y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Se actualiza dicha causal, en virtud de que no es autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no actúa de manera unilateral y obligatoria sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan llevar a cabo el cálculo, retención y entero de impuestos, de donde se entiende que actúa como auxiliar del fisco. Al caso en concreto tiene aplicación la jurisprudencia 2a/J. 127/2015, correspondiente a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendiente de publicación, cuyo rubro y texto reza: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS EN QUE CALCULAN, RETIENEN Y ENTERAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PORQUE ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Sobre esa base, cuando el notario público por disposición legal calcula, retiene y entera el impuesto sobre adquisición de inmuebles, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no actúa de manera unilateral y obligatoria sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan la realización de esos actos, de donde se entiende que actúa como auxiliar del fisco. Ello no implica desconocer que esos actos pueden ser considerados como la aplicación de una norma general para efectos de la promoción del juicio de amparo." En conclusión, al actualizarse la causa de improcedencia que se precisa, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías respecto del acto que se reclama a la Notaria Pública número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. II. El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, hizo valer la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, ya que la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo; pues desde la fecha en que se llevaron a cabo los actos de aplicación de los artículos impugnados, que dicen, fue desde el diecisiete de febrero de dos mil quince, en que se llevó el acto jurídico de la compraventa y se firmó la escritura pública ante la Notaria Pública Cinco de esta ciudad, y que también es la misma fecha en que la citada Notario realizó la retención de los derechos por inscripción y del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, hasta la fecha de presentación de la demanda que fue hasta el dieciocho de agosto de este año, transcurrieron más de quince días, faltando a la verdad en su escrito recibió en este juzgado el dos de septiembre de este año, complementario a su demanda de amparo, pues allí dijo que conoció el acto reclamado hasta el cuatro de agosto de esta anualidad. Ahora bien, para examinar dicha causal de improcedencia, conviene determinar cómo debe acreditarse en un juicio de amparo que el quejoso tuvo conocimiento pleno del acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, para que a partir de ese momento se tome como fecha de inicio para computar el plazo de quince días, que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de garantías. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 451/2012, suscitada entre los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos de este Décimo Octavo Circuito, que dio origen a la jurisprudencia 47/2013, estableció lo siguiente: "Para resolver dicha cuestión, es necesario conocer el contenido del artículo 21 de la Ley de Amparo, que establece: "21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos". De acuerdo con el precepto transcrito, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se actualice cualquiera de las siguientes hipótesis: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Por su parte, los artículos 22, fracción I y 73, fracción VI y XII, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: I.- Los casos en que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, pues entonces el término para la interposición de la demanda será de treinta días. "73. El juicio de amparo es improcedente: (.) VI.- Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio; (.) XII.- Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218. No se entenderá consentida tácitamente una Ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso". De las disposiciones transcritas, se desprende que cuando se impugna una norma general con motivo de un acto concreto de aplicación, la demanda de amparo debe presentarse dentro de los quince días siguientes al en que el quejoso tenga conocimiento de dicho acto o se ostente sabedor del mismo. Ahora bien, respecto del conocimiento del acto reclamado, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, debe computarse a partir de que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto, lo que debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse con base en presunciones. Al respecto son aplicables los siguientes criterios: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE". "ACTO RECLAMADO, SU CONOCIMIENTO POR EL ARRENDATARIO, NO IMPLICA QUE LO CONOCIERA EL ARRENDADOR". "ACTOS CONSENTIDOS". "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL". De acuerdo con los criterios citados, la finalidad de que el conocimiento de los actos reclamados conste fehacientemente y no se infiera con base en presunciones, es dar seguridad jurídica a los particulares. Lo anterior porque el hecho de que pudieran existir indicios y presunciones de los cuales se pudiera derivar que el particular tuvo conocimiento de los actos reclamados en determinada fecha, no es bastante para tener por probada plenamente la circunstancia de que el quejoso tuvo conocimiento de los actos impugnados en su demanda con una anticipación mayor a la de quince días que señala la Ley de Amparo. En cambio, el hecho de que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa, le da la posibilidad de que pueda impugnar el acto vía amparo, teniendo todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios de que considera adolece y así defender sus derechos, de lo contrario, podría darse el caso de que careciera de información para poder hacerlo. En ese sentido, se concluye que aun cuando para efectos de la procedencia del juicio de amparo, el acto por virtud del cual el notario público retiene los derechos por el Registro Público de la Propiedad constituye el primer acto de aplicación del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, lo cierto es que para computar el plazo de quince días previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo para presentar la demanda de amparo en contra de dicho precepto, no basta con tener por acreditado ese solo hecho, sino que, además, es necesario que se encuentre demostrado fehacientemente que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto de aplicación, es decir, que se pueda deducir, sin lugar a dudas, cuáles fueron el concepto de la retención y el sustento legal de esa actuación. Dicho en otras palabras, con independencia de que la retención que efectúa el notario público de los derechos previstos en el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, constituya el primer acto de aplicación de esa disposición para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, dicha retención sólo puede servir de base para computar el plazo de quince días previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, cuando se acredite plenamente que el quejoso tuvo total conocimiento del acto de aplicación, es decir, que se pueda deducir sin lugar a dudas cuál fue el concepto de la retención y su fundamento legal. Al respecto son aplicables, por analogía, las jurisprudencias sustentadas por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SU RETENCIÓN POR EL PATRÓN AL EFECTUAR EL PAGO DE ALGÚN CONCEPTO QUE LA LEY RELATIVA PREVÉ COMO INGRESO POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO, Y ES SUSCEPTIBLE DE GENERAR LA IMPROCEDENCIA POR CONSENTIMIENTO TÁCITO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL DOCUMENTO RESPECTIVO SE EXPRESEN LOS CONCEPTOS SOBRE LOS CUALES SE EFECTÚA DICHA RETENCIÓN Y SU FUNDAMENTO LEGAL". "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO". II.a Una vez puntualizado lo anterior, se determina que en el caso se actualiza la causal de improcedencia, respecto de los actos de aplicación consistente en el cobro de las cantidades de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional) y $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional) derivado de la aplicación del sistema que integra el impuesto de adquisición de bienes inmuebles y su adicional, que prevén los artículos 94 ter-1, 94 ter-2, 94 ter-10, 94 ter-11 y 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado. En el caso concreto un auxiliar en la recaudación de la contribución reclamada, como lo es la Notaria Pública número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado, realizó la retención del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y del impuesto adicional municipal, derivados del contrato de compraventa contenida en la escritura pública 83,379, por lo que debe estimarse como el primer acto de aplicación de la ley tributaria para efectos del amparo, en perjuicio de quien sufrió la retención de las contribuciones. Por ende, en el citado instrumento público debe expresarse los conceptos respecto de los cuales se efectuó la retención y el sustento legal de tal actuación, para que pueda deducirse sin lugar a dudas cuál fue el concepto de la retención y su fundamento legal. Ahora bien, respecto de los impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles y el adicional municipal, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que en la escritura pública 83,379, en el apartado de liquidación de impuestos de la compraventa, aparece lo siguiente: "--- B).- IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES. ---------------------------------------------------------. --- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos noventa y cuatro Ter al noventa y cuatro Ter once, ciento diecinueve, ciento veintiuno, ciento veintidós, ciento veintitrés, y demás relativos de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, y demás relativos de la Ley General de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos para el ejercicio fiscal dos mil quince, "LA PARTE COMPRADORA" los señores ENRIQUE DEL CORAZÓN DE JESÚS KONIGS SILVA, GRAUBEN ENRIQUE CEBALLOS CÁRDENAS, MAGDALENA JEANNINE GAY LEFAURE Y RUBÉN SÁNCHEZ OROZCO, manifiestan tener conocimiento de que están obligados a hacer el pago respecto al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles más el impuesto adicional, por la cantidad de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), misma que se desglosa de la siguiente manera: ---. --- Valor más alto del inmueble $8'000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL). --- Impuesto por pagar $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL) --- 15% apoyo a la educación $24,000.00 (VEINTICUATRO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL). --- Por industrialización $8,000.00 (OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL). --- 5% pro-UAEM $8,000.00 (OCHO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL) --- Tasa aplicable 2% (DOS POR CIENTO). --- Subtotal $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL). --- Total a pagar $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL). --- De acuerdo con las liquidaciones que agrego al apéndice de este instrumento con la letra "D". Asimismo, en la cláusula décima del contrato de compraventa se aprecia lo siguiente: "DÉCIMA.- "LA PARTE COMPRADORA" tiene pleno conocimiento de que la liquidación del Impuesto de Adquisición de Bienes Inmuebles podrá ser revisada por las Autoridades Competentes del Estado, y que por lo tanto, queda obligada a pagar la diferencia que por dicho impuesto resultare como consecuencia de un valor fiscal o catastral superior al que actualmente reportan los documentos, más recargos y multas que procedan." De las transcripciones que anteceden se aprecia que desde la firma del contrato de compraventa contenido en la escritura pública, se le hizo saber a los quejosos, que por el citado acto jurídico se causaría el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y el adicional, asimismo, el fundamento de dicha contribución, era con base en lo dispuesto por la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en sus numerales 94 ter al 94 Ter-11, 119, 122, 123, y relativos, que la base del impuesto es del avalúo del inmueble por $8'000,000.00 (ocho millones de pesos 00/100 moneda nacional), que se le aplicó la tasa del 2%, del que resultó $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), más $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/10 moneda nacional) de 25% de adicionales, divididos en 15% apoyo a la educación $24,000.00 (VEINTICUATRO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), por industrialización $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) y 5% pro-UAEM $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), por ende, el total a pagar era de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional). De lo que se colige claramente que para esa fecha ya tenía un conocimiento informado del impuesto que pagaría así como el adicional, pues la Notaria asentó en el instrumento notarial los artículos de la ley que se le aplicaría, esto es, del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles de su objeto, base y tasa, asimismo precisó que era más el 25% de adicionales, el cual se encuentra previsto en los artículos 119, 122 y 123 de la propia Ley que citó; luego, el pago por dicho impuesto lo realizó el Notario desde el cuatro de marzo de dos mil quince, como se aprecia del sello de pago que se contiene en el recibo oficial expedido por la Tesorería Municipal de Cuernavaca, que en original anexó la fedataria, razón por la cual, desde la firma de escritura es que se actualiza el acto de aplicación de la ley reclamada, y es cuando debe tomarse como fecha de partida para computar el plazo de quince días para promover la demanda de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, del dieciocho de febrero de dos mil quince, que fue el día siguiente hábil a la fecha en que a los quejosos le fueron recaudados los impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles y adicional municipal, a través del auxiliar en la recaudación de la contribución reclamada, que fue la Notaria Público Número Cinco en esta ciudad, quien en la propia escritura pública del contrato de compraventa celebrada el mismo diecisiete de febrero anterior, le informó a los impetrantes de los impuestos que se le aplicarían y su fundamento, al dieciocho de agosto siguiente, fecha en que promovió la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, ya había transcurrido en exceso el término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. En estas condiciones, es claro que la demanda de amparo, fue presentada de manera extemporánea, motivo por el cual, válidamente puede concluirse que debe sobreseerse en el presente juicio de garantías, al actualizarse la causal de improcedencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento, debe sobreseerse en el juicio, respecto del cobro de la cantidad de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional) que estima en aplicación del sistema que integra el impuesto de adquisición de bienes inmuebles, que se contienen en los artículos 94 ter a 94 ter-11 y por el cobro de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional) que estima en aplicación del sistema que integra el impuesto adicional que se contienen en los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado. Se precisa que no se analizarán las diversas causas de improcedencia que invocan las autoridades responsables, en virtud de que su estudio es innecesario ya que de prosperar alguna en nada variaría el sentido de la resolución que se pronuncia. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, consultable en la página 141 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." II.b Contrario a lo anterior, respecto al artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado, no se actualiza dicha causal de improcedencia. Como ya se puntualizó, si bien es cierto que en la escritura pública debe estimarse como el primer acto de aplicación para efectos del juicio de amparo, también es verdad es que en el documento respectivo no se expresaron los conceptos respecto de los cuales se efectuó la retención ni el sustento legal de los derechos de inscripción a retener, para deducir que los quejosos tuvieron pleno conocimiento del acto de aplicación de la citada norma; además, de que las autoridades no ofrecieron prueba alguna para acreditar la fecha en que los impetrantes tuvieron pleno conocimiento de los actos de aplicación de las normas, es decir, la data a partir de la cual se pueda deducir puntual y claramente el o los conceptos de la retención y sus fundamentos legales. En el caso concreto respecto al pago de derechos de inscripción en la escritura pública únicamente se observa lo siguiente: "DECIMA SEGUNDA.- "LA PARTE COMPRADORA" cubre los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se causen con motivo de ésta escritura, quedando a cargo de "LA PARTE VENDEDORA" el pago del Impuesto Sobre la Renta." Lo que permite colegir que, en la especie, no se puede estimar que existió un conocimiento pleno de la norma aplicada a la parte quejosa para el cobro del derecho reclamado, por lo que no puede considerarse la liquidación así efectuada por el notario público, para el cómputo del término legal para la promoción del juicio de garantías. En las condiciones apuntadas, si no hay prueba de que la notaria público hubiera informado cierta y completamente del precepto legal en que se apoyó para la retención del derecho de inscripción en el Registro Público, no puede considerarse éste acto como el que da pauta para el inicio del cómputo del plazo para la promoción de la demanda de amparo, por lo que no asiste razón para sostener que a partir de la fecha de la realización del contrato que se contiene en la escritura pública, empezó a transcurrir el término de quince días para la presentación de la demanda de garantías. Por tal motivo, debe admitirse que el término para la interposición de la demanda de amparo, debe empezar a computarse al día siguiente en que se ostentó sabedora la parte quejosa, de los actos de aplicación de las normas combatidas, y toda vez que en su escrito recibido el uno de septiembre de dos mil quince, en el cual, los quejosos subsanaron la prevención realizada por este juzgado, afirmaron que tuvieron conocimiento el cuatro de agosto de dos mil quince, entonces, se colige que no había trascurrido el término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, en virtud de que presentó la demanda el diecinueve de mayo siguiente, tal como consta en el sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos; de ahí que es claro que se hizo con la oportunidad prevista en el citado artículo de la materia y, por ende, no se surte la causal de improcedencia señalada en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. III. El Congreso del Estado de Morelos, manifiesta que debe sobreseerse el presente juicio de garantías en virtud de que los quejosos no acreditan los actos de aplicación del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos. Arguye que resulta necesario que se compruebe de manera fehaciente, que a través de los actos de aplicación, se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio la hipótesis normativa, lo cual no puede derivarse de las presunciones o afirmaciones vertidas por el peticionario de garantías. Además, alega el Congreso que los amparistas no exhibieron originales ni copias certificadas de los recibos de entero de pago efectuado ante la Secretaría de Hacienda o Subsecretaría de Ingresos de dicha Secretaría, tampoco de la escritura pública 83,379 que contiene el acto jurídico de la compraventa contrato de compraventa, ni del recibo de retención expedido por la Notaria Público número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado, ni aporta algún otro elemento que genere convicción en relación con el acto de aplicación de las leyes tildadas de inconstitucionales; razón por la cual, no acredita los actos de aplicación de todas las normas impugnadas. Tales manifestaciones implican, en todo caso, el análisis de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones, XII y XXIII, en relación con el 107, fracción I, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. No asiste razón a la responsable, respecto del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, que aquí se combate, en virtud de que, contrariamente a lo que afirma, como ya quedó demostrado en el considerando cuarto que antecede, sí se encuentran acreditados en este juicio dichos actos, por consiguiente, al realizarse la recaudación, del pago por el derecho de inscripción en el Registro Público, es innegable que existen los actos de aplicación reclamados, lo que posibilita a los impetrantes a reclamarlo a través del presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por Segunda Sala (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 43/2000, consultable en la página 112, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Mayo de 2000, registro número 191786, del rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS.". Por tanto, debe arribarse a la conclusión de que existen los actos de aplicación de la norma detallada en el primer párrafo de este apartado, motivo por el cual no se actualiza la causal de improcedencia que hizo valer la indicada autoridad responsable, prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el 107, fracción I, de la Ley de Amparo. SEXTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DE LOS QUEJOSOS, RELATIVOS AL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN II, DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS. Al no actualizarse causal de improcedencia del juicio, se procede a analizar los conceptos de violación de los impetrantes. Son inoperantes los conceptos de violación, sin que sea necesario transcribirlos ya que no existe obligación por parte de este juzgador a hacerlo, pero se procede a su examen de manera puntual, lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Así como la jurisprudencia VI.2o. J/129, de la Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, Materia(s): Común, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." De la lectura completa de la demanda de amparo, se aprecia que no existe un solo argumento en el que combata la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, sino que en el apartado correspondiente al cobro de derecho de registro, únicamente señalan los quejosos, que el artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, es desproporcionado e inequitativo, contrario a lo señalado por el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pero no explica por qué consideran la desproporcionalidad e inequidad de dicha contribución. Sino lo que se observa, es que los impetrantes transcribieron el numeral tildado de inconstitucional, para después argüir que no tuvieron conocimiento de la norma aplicada al momento de que firmaron la escritura pública y, que por ello, que desconocían el origen de los cobros de los derechos e impuestos reclamados, e inmediatamente transcriben cuatro jurisprudencias; por tanto, ni siquiera se aprecia su causa de pedir o "causa petendi", es decir, un argumento que se constituya por un hecho y un razonamiento con el que se explique la inconstitucionalidad aducida. En efecto, en la causa de pedir, debe existir un razonamiento jurídico, que debe presuponer algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado o norma general impugnada, se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en el caso concreto, la alegación que hacen los quejosos, se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas (que el artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, es desproporcionado e inequitativo, contrario a lo señalado por el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal), por lo que no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 1a./J. 81/2002 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO." Así como la jurisprudencia 1a./J. 121/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, materia común, página 143, del rubro: "LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD." Atento a todo ello, es que resultan inoperantes los conceptos de violación, porque los argumentos no combaten por qué debe considerarse inconstitucional el artículo 77, fracción II, de Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, que prevé el derecho de inscripción en el Registro Público con motivo de la compra del bien inmueble. En atención a todo lo anteriormente expuesto, al no resultar inconstitucional el sistema legal relativo al pago del derecho por inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Morelos, y al no advertirse materia qué suplir en deficiencia de la queja, debe negarse el amparo y protección de la justicia federal. Es pertinente aclarar que las jurisprudencias que se emplearon en este estudio, son aplicables, pues conforme al artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo a pesar que fueron emitidas conforme a la anterior Ley de la materia, no se oponen a la Ley vigente a partir del dos de abril de dos mil trece. Por lo anteriormente expuesto, y fundado además en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción I, 2º, 73 a 79, 107 fracción I, 119 y 124 de la Ley de Amparo; así como por los numerales 1º fracción V, 48 y 52 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO 1563/2015-I, promovido por Magdalena Jeannine Gay Lefaure y Enrique del Corazón de Jesús Konigs Silva, contra los actos de la Notaria Público número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado, con sede en esta ciudad. Asimismo, respecto del contenido de los numerales del 94 ter, 94 ter-1, 94 ter-2, 94 ter-10, 94 ter-11 y 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, reclamados al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, así como respecto al cobro de las cantidades de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional) y $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional) respectivamente, que se reclamaron al Tesorero Municipal y Director General de Ingresos, ambos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Magdalena Jeannine Gay Lefaure y Enrique del Corazón de Jesús Konigs Silva, contra el numeral 77, fracción II, de Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, reclamados al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, así como respecto a su acto de aplicación de dichas normas, traducido en el cobro de las sumas de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional), reclamó a las autoridades, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la Secretaría. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entro en vigor el uno de noviembre del dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos. Así lo resolvió y firma el maestro en derecho Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, hoy catorce de diciembre de dos mil quince, en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron. DOY FE.
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