Magdalena Ibarra Bracamontes
Expediente 463/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 463/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/02/2021
Partes del expediente
- Magdalena Ibarra Bracamontes
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que por circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, en todos aquellos asuntos que no fueran considerados de tramitación urgente en el referido acuerdo general, es decir, suspender los plazos y términos judiciales en los mismos. De igual forma, por circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó continuar con el referido esquema de contingencia, entre otros, respecto al Decimoquinto Circuito (Baja California), en términos del mencionado Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Por su parte, mediante circular SECNO/4/2021, de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó, respecto del Decimoquinto Circuito (Baja California), el regreso al esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales, conforme al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; a partir del diecinueve de enero de dos mil veintiuno.En ese contexto, en el presente asunto no transcurrieron plazos y términos judiciales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de diez días hábiles para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro que corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio Acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Magdalena Ibarra Bracamontes, contra el acto reclamado al Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y su actuario, consistentes en la omisión de acordar su escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte por parte de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, así como la omisión de notificar el proveído que recayera sobre dicho escrito. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo que promueve Magdalena Ibarra Bracamontes, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y actuario adscrito; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo; fórmese expediente 463/2020-III y anótese su ingreso en el libro de este juzgado. Sin que sea el caso formar el incidente de suspensión, en virtud de que no fue solicitado. Se señalan las nueve horas con veintiséis minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la ley de amparo, pídase el informe justificado a las autoridades responsables al que deberán anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes aquél en que reciban el oficio en el que se les solicita, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la pena en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con los actos reclamados, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, se solicita a las autoridades responsables que de manera preferente remitan el informe justificado a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para la mencionada autoridad responsable, como en éste Juzgado de Distrito y que de igual manera, proporcionen una dirección de correo electrónico oficial para que las notificaciones subsecuentes que sean ordenadas en el presente juicio de amparo, le sean remitidas por esa vía. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que si bien se les otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se les exhorta que en el momento que cuenten con la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a las autoridades que tienen la obligación de recibir los oficios que se les giren en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,606.40 (dos mil seiscientos seis pesos con cuarenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículos 119 de la Ley de Amparo, ténganse como prueba, la documental anexa a la demanda de amparo, misma que se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Por otro lado, se tiene señalando domicilio y se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Matilde del Carmen Pérez contreras, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de los actuarios de este juzgado, realice las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto y se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. En otro contexto, se exhorta a las partes, para que continúen el presente asunto bajo el esquema de "juicio en línea", por las facilidades que éste representa en tiempos de la pandemia que actualmente afecta al ser humano, principalmente la protección que genera al no tener que presentar las promociones de manera física y poder recibir las notificaciones de manera electrónica. De igual forma, se solicita a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y un correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario. Con fundamento en el artículo 5o, fracción IV de la Ley de Amparo, dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. Notifíquese y personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito;
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada · 4,552 expedientes
- Macario Antonio Arce Mesa310/2018
- Macario Lara Murrieta471/2021
- Maclovio Sanchez Perez292/2015
- Magali Acosta Hernández816/2019
- Magaly Barrios Martínez665/2022
- Magdalena Carrillo Cotera452/2021
- Magdalena Saucedo Abundes404/2019
- Magdalena Saucedo Abundes680/2019
- Magnolia Murcia Riaño182/2017
- Maite Castillo Flores y Otros.50/2019
- Manaure Rafael Rivera Garibay458/2020
- Manaure Rafael Rivera Garibay778/2019