Magdalena Ibañez Garduño
Expediente 449/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 449/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 12/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Magdalena Ibañez Garduño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Córdoba, Veracruz, doce de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), de dicho Acuerdo General, al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo????????????? 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, doce de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), de dicho Acuerdo General, al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo????????????? 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Córdoba, Veracruz, a las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 449/2020 promovido por ., ...A continuación, el Secretario relaciona las constancias que obran en el expediente: Demanda de amparo promovida por ., informe justificado rendido por la autoridad responsable; y el emplazamiento del tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social de cinco de octubre de dos mil veinte. Acto seguido, la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio: el Secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, consistentes en el informe justificado y la presuncional legal y humana; así como las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz. A lo que la Jueza acuerda: Se tienen como elementos de convicción las pruebas ofrecidas por las partes en cita, las que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desahogan dada su propia y especial naturaleza; luego, al no haber más pruebas, se da por concluida esta etapa. Abierto el periodo de alegatos: el Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció alegatos en el juicio de amparo en que se actúa, ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado realizó pedimento alguno. A lo anterior la Jueza acuerda: Al no existir alegatos formulados por las partes, ni pedimento planteado por el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, se da por concluido este periodo procesal. Con lo que concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional, se levanta esta acta para debida constancia, y a continuación se procede al dictado de la siguiente: Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 449/2020, promovido por ., contra un acto de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, el que consideraron violatorio en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, . y otros, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, que a continuación se precisa: ACTO RECLAMADO: "[.] 1. EL NUEVO CESE DE LABORES A CONSECUENCIA DEL CIERRE A LOS JUSTICIABLES Y USUARIOS EN GENERAL, DEL RECINTO QUE OCUPA LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN PONIENTE 5 NÚMERO 170 DE LA CIUDAD DE ORIZABA VERACRUZ, ESTO A PARTIR DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD. 2. LA SUSPENSIÓN POR CUANTO A LA RADICACIÓN DE DEMANDAS, SEÑALAMIENTO DE FECHAS DE AUDIENCIA, CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS, CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DENTRO Y FUERA DE JUICIO, EMISIÓN Y DICTADO DE LAUDOS Y RESOLUCIONES, NOTIFICACIÓN DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES, ASÍ COMO LA PARALIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS PROCESALES Y DE TODO TIPO DE ACTUACIÓN PROCEDIMENTAL DENTRO DE LOS RESPECTIVOS JUICIOS LABORALES PROMOVIDOS POR LOS QUEJOSOS [.]" SEGUNDO. Separación de juicios, admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil diecinueve, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del asunto, lo radicó con el número 429/2020 y decretó la separación de juicios. Derivado de la separación de juicios, mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se radicó este juicio de amparo 449/2020 respecto de la quejosa .; admitió la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: -El cese de labores a partir del diecisiete de septiembre de dos mil veinte; y sus consecuencias, las que hace consistir en la paralización del juicio que promovió en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, así lo manifestó al rendir su informe justificado. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Por razón de técnica, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgado de Distrito, de oficio, advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" De tal disposición deriva que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis que para su actualización requiere que todos los efectos del acto reclamado hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí huella alguna. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido que implica no sólo la detención definitiva del actuar de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo (fracción I); y, cuando sea de carácter negativo (fracción II), el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. En el caso, de autos se advierte que el acto que por esta vía se reclama, consistente en el cese de labores a partir del diecisiete de septiembre de dos mil veinte; y sus consecuencias, cesó sus efectos, toda vez que la suspensión de labores decretada por la Junta responsable fue del diecisiete al veintisiete de septiembre de dos mil veinte, con motivo de que el semáforo epidemiológico se encontraba en color rojo, en términos del boletín sesenta y uno de catorce de julio de ese año, emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que estableció que en las Entidades Federativas en las que el semáforo de riesgo estuviera en color naranja se reanudarían las actividades en la Juntas Especiales y en donde se encontrara en rojo, continuarían prestando únicamente servicios esenciales. En ese entendido, si el periodo de suspensión de las labores en la Junta responsable ya transcurrió; y actualmente el semáforo epidemiológico en la ciudad de Orizaba se encuentra en color verde, como se advierte de la página electrónica http://coronavirus.gobiernodigital.gob.mx/wpcontent/ uploads/sites/50/2021/05/SEMAFOROEPIDEMIOLOGICO- DEL-10-AL-23-DE-MAYO-DE-2021.pdf; entonces, el acto reclamado cesó sus efectos, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a los derechos humanos de la peticionaria de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en la página número 38, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en mención, con fundamento en lo que establece el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se impone sobreseer en el presente juicio. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto de admisión de la demanda de amparo se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73 a 75, y 124, de la Ley de Amparo en vigor, es de resolverse y se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ., contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se desprende que la titular de este órgano jurisdiccional se encuentra de licencia en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; toda vez que el referido numeral únicamente autoriza al secretario encargado del despacho a practicar diligencias y dictar las providencias de trámite, así como a emitir resoluciones de carácter urgente, y la celebración de la audiencia constitucional no se encuentra prevista dentro de los supuestos antes señalados. En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, la cual se fija objetivamente, atendiendo a la carga de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda; la que se llevará a cabo sin la presencia física de las partes, toda vez que ésta no se requiere, ya que el acto reclamado no se encuentra dentro de alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los que puede alegar verbalmente. Lo que obedece estrictamente a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En el entendido de que de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 5°, fracción II, segunda parte, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia se llevará a partir de los escritos presentados o que se presenten hasta ese momento procesal, física o electrónicamente por las partes. Resulta innecesario librar oficios a las autoridades responsables, para comunicarles el motivo por el cual se difirió la audiencia constitucional, en razón que se encuentran en aptitud legal de consultar la nueva fecha en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo_ini.asp
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