Magdalena Huerta Gómez
Expediente 191/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 191/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/04/2018
Partes del expediente
- Magdalena Huerta Gómez
Actuaciones
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, dejado en el domicilio procesal del quejoso, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, por lista y por lista en una página electrónica al QUEJOSO que dice...Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de diez de abril de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de once de abril de dos mil dieciocho, dejado en el domicilio procesal del quejoso, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de diez de abril de dos mil dieciocho, por lista y por lista en una página electrónica al QUEJOSO que dice...Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho, misma que fue promovida, contra actos de las siguientes autoridades: 1.- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje. 2.- Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 191/2018-VII-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto recamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 ó 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir en: "A).- De la JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE TIJUANA, se le reclama la orden de emplazamiento a mi representada conforme al auto admisorio, las subsecuentes actuaciones, incluyendo el acta que se levantó con motivo de la audiencia de conciliación, Demanda, Excepciones y la de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas de fechas 23 de Febrero del año 2018, y 02 de Marzo del año 2018 y actuaciones subsecuentes en el juicio. B).- De la C. ACTUARIO adscrita a la JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE TIJUANA, se combaten las constancias actuariales de fechas 30 y 31 de Enero del 2018, que obran en autos a fojas 10 a 12, dentro del expediente número 52/2018, seguido por *** en contra de la suscrita ***. Las mencionadas Actuaciones contienen violaciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez, que la responsable en el juicio laboral que se menciona, declaró en rebeldía a todos y cada uno de los demandados, sin tomar en cuenta la regla del procedimiento ordinario, las reglas que se fijan para las notificaciones y tampoco tomo en cuenta los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con ello nos causa agravios, porque no permite que seamos oídos y vencidos en juicio, limitando el ejercicio de las garantías de audiencia, legalidad y justicia procesal, toda vez que la responsable efectuó de manera indebida e ilegal el llamamiento a juicio" Así es, a juicio de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, XXIII, en relación con el 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que se reclama el ilegal emplazamiento al juicio laboral; sin embargo, la causa de improcedencia se actualiza ya que la quejosa no tiene el carácter de tercero extraño para instar el presente juicio de amparo, tomando en consideración lo manifestado por la promovente del amparo, en el sentido de que aún no se ha dictado laudo. El citado precepto legal establece: "Artículo. 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;". El primero de los preceptos legales transcritos dispone la improcedencia del amparo, en los casos en que resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia ley; mientras que el segundo determina la procedencia del juicio de amparo contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Para los efectos del juicio de amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular resulta aplicable la tesis de jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto se reproduce a continuación: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." (Novena Época, Registro: 1002712, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, Materia(s): Común, Tesis: 646, Página: 719) Ahora, si la quejosa en su escrito de demanda confiesa que el catorce de marzo de dos mil dieciocho, se percató por medio de los estrados de la junta responsable, la existencia del juicio laboral 58/2018, promovido por *** en contra de la citada quejosa, compareciendo ante la misma responsable a solicitar copia simple del citado expediente, percatándose que se habían celebrado las audiencias respectivas en sus etapas de conciliación, demanda y excepciones, así como la de ofrecimiento y admisión de pruebas. Por tal motivo, el veinte de marzo del presente año, la quejosa a través de su abogado promovió incidente de nulidad de notificación en contra del supuesto ilegal emplazamiento; medio de impugnación al que se le negó dar el trámite correspondiente, bajo el argumento de haberse decretado el cierre de instrucción, cuando a la fecha en que fueron expedidas las copias no obraba el cierre de instrucción, pero se insiste no se ha dictado el laudo definitivo. En ese orden de ideas, se afirma que se actualiza la aludida causa de improcedencia, en virtud de que la parte quejosa no tiene el carácter de tercero extraño para instar el presente juicio de amparo, porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento; lo anterior, toda vez que compareció al juicio al que dice fue indebidamente emplazada, percatándose que en dicho procedimiento no se ha dictado laudo definitivo. Por tanto, al no tener la calidad de persona extraña a juicio por equiparación, no se actualiza el supuesto de procedencia establecido en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a dichas consideraciones, aplicado conforme con lo dispuesto por el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, los siguientes criterios jurisprudenciales emitidos por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." (Décima Época, Registro: 2000293, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 47/2011 (10a.), Página: 1627) "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." (Época: Décima Época, Registro: 2004274, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J., 67/2013 (10a.), Página: 729) Sin que pase inadvertido para esta juzgadora, el hecho de que la quejosa señala en su libelo de garantías, que compareció ante la junta responsable y promovió el incidente de nulidad en contra de la notificación de emplazamiento, la cual dicha responsable negó darle trámite, bajo el argumento de que ya se había cerrado la instrucción; sin embargo, no obstante lo anterior, debe dejarse claro que el juicio de amparo indirecto, únicamente procede en contra del ilegal emplazamiento cuando quien acude a solicitar la protección constitucional, se entera después de dictado el laudo, y como en la especie la quejosa tuvo conocimiento antes de que se emita el mismo, estuvo en lo correcto al promover el incidente de nulidad de notificaciones, al constituir un medio ordinario de defensa previsto en los artículos 735, 752, 762, 765 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, y no obstante que la junta responsable lo hubiese desechado o bien no le hubiese dado el trámite correspondiente, al emitirse el laudo y si éste no favorece a las pretensiones de la quejosa, en términos del artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo, podrá hacer valer como agravio en amparo directo la ilegal determinación emitida en el incidente de nulidad. Sirve de apoyo a la anterior determinación por su contenido, la Jurisprudencia por contradicción 2a./J. 65/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , visible en la página 259 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Materia Laboral, Novena Época, número de registro 186512, del rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo." En mérito de lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO, por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Magdalena Huerta Gómez, por propio derecho. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la peticionaria promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a la anterior determinación la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito , de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en: calle Segunda, número 1758, de la colonia Obrera de esta ciudad y por autorizado con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a ***, en virtud de que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
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