Magdalena Hoil May
Expediente 497/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 497/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Magdalena Hoil May
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil veintiuno. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia firmada el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo a la parte quejosa; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que por la citada sentencia ejecutoria se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando asimismo la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil veintiuno. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el inciso c) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil veintiuno y por resolución interlocutoria de siete de abril del citado año, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que deberá conservarse únicamente las determinaciones relativas a su otorgamiento, así como que el duplicado deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictada la resolución que resolvió la suspensión definitiva antes citada. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
MESA IV. Mérida, Yucatán, quince de julio de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede y toda vez que no obra en autos constancia alguna que acredite que se haya notificado al tercero interesado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), la sentencia dicta en el presente juicio; en tal virtud, notifíquese el presente acuerdo y la referida sentencia al citado tercero interesado, para todos los efectos legales pertinentes. Notifíquese y cúmplase. (.)
- Principal
MESA IV. Vistos, para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo 497/2021-IV promovido por Magdalena Hoil May contra actos de la entonces Juez Tercero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, actualmente Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y Actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, que consideró violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, posteriormente recepcionado en esa propia fecha, en la Oficialía de partes de este juzgado, a quien por razón de turno le correspondió conocer del asunto, Magdalena Hoil May solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la entonces Juez Tercero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, actualmente Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y Actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con residencia en esta ciudad. Segundo. Admisión demanda. En auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, se dio la intervención que legalmente le compete a la Representante Social de la Federación adscrita, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo aplicable; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un juicio de amparo promovido en contra de actos con ejecución material dentro del ámbito territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable, procede determinar cuál son los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo, especialmente del capítulo de acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación se advierte que la quejosa reclama: - Del ahora Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán: La orden de emplazamiento que se le realizó en el juicio extraordinario hipotecario 212/2008 promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en contra de la aquí quejosa y otra persona; así como el secuestro del predio marcado con el número trescientos cuarenta y tres, de la calle "I", del Fraccionamiento Juan Pablo II, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, y todo lo actuado dentro del citado juicio. - De la Actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad: La ejecución del emplazamiento al juicio extraordinario hipotecario de origen. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, al rendir su informe justificado admitió la existencia del acto reclamado, motivo por el cual se tiene como cierto. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas del juicio extraordinario hipotecario 212/2008 que adjuntó a su informe como justificación de sus actos, a las que se les otorga el valor probatorio pleno de documentos públicos de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de ahí la certeza de acto reclamado. Por su parte, la Actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, manifestó que se adhiere a lo señalado por la Juez responsable, por tanto, al haber aceptado el acto reclamado la Juez, también se tiene por cierto lo reclamado a la Actuaria responsable. Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte: 1. Mediante escrito de treinta de enero de dos mil ocho, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), por conducto de sus apoderados Rafael José Ramos Vázquez y José Andrés González Delgado, promovió juicio extraordinario hipotecario en contra de la aquí quejosa y diversa persona. 2. En auto de quince de febrero de dos mil ocho, la entonces Jueza Tercero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, admitió la demanda en la vía y forma propuestas, la cual registró con el número 212/2008 y ordenó correr traslado de la demanda a la parte demandada con entrega de las copias simples exhibidas y de sus anexos, emplazándola al juicio. 3. El cinco de marzo de dos mil ocho, la actuaria adscrita al juzgado responsable levantó su razón actuarial en la que asentó que al haberse constituido en el domicilio señalado en la demanda para emplazar a la demandada, aquí quejosa y no encontrarla, dejó citatorio para que la esperara el día seis siguiente a las trece horas con diez minutos. 4. Constancia actuarial de seis de marzo de dos mil ocho, donde la fedataria judicial responsable hizo constar que notificó el auto quince de febrero del año en cita, corrió traslado y emplazó a la solicitante de amparo al juicio de origen, mediante cédula a su nombre, entregada a Yeni Romo Lavalle, en virtud de no haber encontrado a la demandada. (Acto reclamado en este asunto). 5. Por auto de quince de mayo de dos mil ocho, se tuvo por acusada la rebeldía de ley en que incurrió la demandada Magdalena Hoil May y se declararon perdidos los derechos que en tiempo oportuno pudo haber ejercitado y se citó a las partes para oír la sentencia definitiva. 6. El veintiséis de mayo de dos mil ocho, se dictó sentencia definitiva en el juicio natural, en la que declaró procedente el juicio, probada la acción del actor y condenó a la contraria a pagarle entre otras prestaciones, la suerte principal. 7. En auto de veintisiete de junio de dos mil ocho, causó ejecutoria la sentencia definitiva dictada en el referido juicio. 8. Por acuerdo de ocho de julio de dos mil ocho, se fijó a la parte demandada el término de tres días para que cumpliera con el fallo definitivo. 9. Mediante auto de doce de agosto de dos mil ocho, se fijó a la demandada el término de veinticuatro horas para que designara perito de su parte para emitir el avalúo del bien secuestrado en el juicio de origen, con apercibimiento que de no hacerlo, el juzgado natural lo haría en su rebeldía. 10. En Acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil ocho, se nombró perito en rebeldía de la parte demandada y tercero en discordia. 11. En auto de dieciséis de octubre de dos mil ocho, se tuvo al perito tercero en discordia aceptando el nombramiento otorgado a su favor. 12. Por proveído de diecinueve de febrero de dos mil trece, la parte actora señaló nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en el juicio de origen y autorizados para tal efecto. Quinto. Análisis de los conceptos de violación. Al no existir causal de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse alguna de oficio, se procede estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a través de los conceptos que el quejoso expresó y están contenidos en su escrito de demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos con apoyo en la jurisprudencia 2ª/J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". La solicitante del amparo, en esencia, aduce como concepto de violación que se vulneraron sus derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que la autoridad responsable incurrió en violaciones a las reglas del procedimiento, al no habérsele citado al juicio de origen en la forma prevenida por ley, por lo que se siguió el juicio a sus espaldas negándole el derecho de alegar y probar a su favor. Es infundado este motivo de inconformidad. Se afirma lo anterior, pues la quejosa no aportó alguna prueba para acreditar las violaciones en que, según aduce, incurrió la actuaria responsable al practicar el emplazamiento reclamado, sino por el contrario se aprecia que éste fue realizado en el domicilio señalado por el actor y a través de cédula de notificación que se entregó a una persona quien dijo llamarse Yeni Romo Lavalle y ser su pariente, lo cual se estima apegado a las formalidades esenciales del procedimiento. Es pertinente señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el emplazamiento es la actuación a través de la cual se hace del conocimiento íntegro del demandado la pretensión deducida en su contra por la parte actora, así como de las actuaciones de inicio y trámite, para estar en posibilidades de oponer las defensas y excepciones que tuviera en contra de las prestaciones que se le demandan y probar a través de los medios de convicción que la propia ley le conceda, lo que considere procedente. De ahí, entre los derechos humanos que contiene la Constitución en su artículo 14, destaca por su primordial importancia, la de audiencia previa. Así es, esta Norma Suprema impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. A esas formalidades se unen además, los relativos a los derechos humanos de legalidad contenida en el texto del artículo 16 de la Carta Magna, los cuales se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico, sino por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Con base en dichos dispositivos todo procedimiento o juicio debe estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran el derecho fundamental de audiencia a favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, lo que tiene como finalidad que conozca la existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa, a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa la demuestre y quien estime lo contrario cuente a su vez con el derecho de probar sus afirmaciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes; y finalmente, que el procedimiento iniciado se concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Encuentran apoyo dichas consideraciones, en la jurisprudencia P./J. 47/95, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 133, Tomo II, diciembre 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Ahora bien, a efecto de analizar el acto reclamado es necesario establecer el contenido de los artículos 25 al 28, 33, 549 y 586 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, vigente en época de los hechos, los cuales señalan: "CAPÍTULO III De las notificaciones Artículo 25. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar casa ubicada en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Cuando un litigante no cumpla con lo prevenido en la primera parte de este artículo, las notificaciones, aun las que conforme a las reglas generales deban hacerse personalmente, se harán en los términos de los artículos 32 y 34; si faltare a la segunda parte, no se hará notificación alguna a la persona contra quien promueva, hasta que se subsane la omisión. Artículo 26. La primera notificación será hecha personalmente al interesado, en la casa designada por el promovente, leyendo íntegramente la resolución al notificarla y asentando en autos el día y hora en que se verificó. No encontrándose a la persona que se trate de notificar y cerciorado el actuario que el domicilio sea el que éste habita, le dejará citatorio para que lo aguarde al día siguiente en la hora señalada y, en caso de no hacerlo, se le hará la notificación por medio de cédula que entregará a los parientes, familiares o domésticos del interesado o cualquiera otra persona que se encuentre en el mismo; de no encontrarse ninguno de estos, o el domicilio se encontrare cerrado, se entregará la cédula a cualquier vecino, haciéndole saber su obligación de entregársela al interesado. Artículo 27. En la cédula a que se refiere el artículo anterior, se hará constar el nombre y apellido del promovente, el tribunal que mandó practicar la diligencia, la determinación que se trata de notificar y la fecha y hora en que se deja y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega. Artículo 28. En el expediente se pondrá copia de la cédula entregada y se asentará todo lo correspondiente a la diligencia. Artículo 33. Deben firmar las notificaciones la persona que las hace y aquella a quien se hacen; si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el notificador haciendo constar esta circunstancia. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, si la pidiere". "TÍTULO SEGUNDO Del juicio ordinario CAPÍTULO ÚNICO De la tramitación del juicio Artículo 549. Los efectos del emplazamiento son: I. Prevenir el juicio en favor del Juez que lo hace. II. Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el Juez que le emplazó, siendo competente al tiempo de la citación, aunque después deje de serlo con relación al demandado, porque éste cambie de domicilio o por otro motivo legal. III. Obligar al demandado a contestar ante el Juez que le emplazó, salvo siempre el derecho de promover la incompetencia". "CAPÍTULO III Del juicio hipotecario Artículo 586. Presentada la demanda, que deberá estar acompañada del documento público respectivo, si el Juez la encuentra arreglada a derecho y el documento presentado reúne los requisitos exigidos en el artículo 584, proveerá auto en el que: I. (.) --- II. (.) --- III. (.) IV. Mandará correr traslado de la demanda al deudor, emplazándolo para que, dentro de tres días, ocurra a contestarla y a oponer las excepciones que tuviere". De la lectura de los preceptos legales transcritos, se aprecia que en la práctica del emplazamiento pueden presentarse tres supuestos: El primero se produce cuando la diligencia se entiende directamente con el interesado en el domicilio designado para tal efecto, caso en el que la ley adjetiva no exige más requisitos que el consistente en que se realice por el actuario. El segundo caso acontece cuando de no encontrarse a la persona que se trata de notificar en el domicilio en el que habita, le dejará citatorio para que lo aguarde al día siguiente en la hora señalada y, en caso de no hacerlo, se le hará la notificación por medio de cédula que entregará a los parientes, familiares o domésticos del interesado o cualquiera otra persona que se encuentre en el mismo. El tercero se actualiza cuando no se hallare en el domicilio señalado por el actor al sujeto a notificar y de no encontrarse a ninguno de los parientes, familiares o domésticos del interesado o cualquiera otra persona que se encuentre en el mismo, o el domicilio se encontrare cerrado, se entregará la cédula a cualquier vecino, haciéndole saber su obligación de entregársela al interesado. Es importante señalar que la entrega del citatorio y en su caso de la cédula a los parientes o empleados del demandado, incluso, vecinos, garantiza que éste tenga real conocimiento del inicio de un juicio instado en su contra, por lo que se considera necesario que el fedatario judicial al momento de llevar a cabo la diligencia y de no encontrar al demandado, precise mayores elementos que permitan establecer que el citatorio y, en su caso, la cédula de notificación le será entregado. En efecto, para la práctica del emplazamiento, se requiere de la entrega de un citatorio en la primera búsqueda, en caso de no encontrarse al demandado, en donde el referido numeral no establece a qué tipo de persona debe dejarse, pues solo se señala: "le dejará citatorio para que lo aguarde al día siguiente en la hora señalada". En cambio, en tratándose de la segunda búsqueda y no se hallare al interesado se debe practicar la notificación por medio de cédula pero ésta no puede ser entregada a cualquier persona, sino necesariamente debe hacerse a quien tenga parentesco, sea un familiar, tenga una relación de carácter laboral con el interesado, o en su defecto, a cualquier otro sujeto que se encuentre habitualmente en el domicilio donde se verifica el llamamiento a juicio, y por tanto, esté en aptitud propicia de entregársela al interesado, pero asentando su nombre y apellido de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la ley adjetiva civil. De ahí que para la práctica de la notificación por medio de cédula, debe entenderse que se dejará con los parientes, familiares, domésticos del interesado, o cualquier otra persona que habitualmente viva en el domicilio señalado y no a cualquier persona, pues solo así se puede tener la certeza que se entregó a una que ofrezca cierta garantía de que informará sobre el emplazamiento a su destinatario; para que éste, en estricta observancia al derecho fundamental de audiencia, se encuentre enterado del juicio en que fue demandado y acuda oportunamente a dar contestación o a oponer excepciones si así lo estimare conveniente. A efecto de establecer la legalidad del emplazamiento reclamado, es conveniente transcribir el contenido de las actuaciones levantadas por la actuaria responsable: "En la ciudad de Mérida, Yucatán, México, siendo las trece horas con diez minutos del día cinco del mes de marzo del año dos mil ocho, Yo la actuaria del Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, licenciada en derecho Aracelly Marciala Camelo Novelo me constituyo en el predio número trescientos cuarenta y tres de la calle tres I del fraccionamiento Juan Pablo II de esta ciudad, como el domicilio señalado de los demandados Carlos Virrey Cruz Oliva y Magdalena Hoil May. del cual me cercioro por las nomenclaturas de las calles, por el número 343 que tiene al frente del predio y porque así me lo asegura una persona del sexo femenino que se encuentra en estos momentos en dicho predio y quien dijo llamarse Yeni Romo Lavalle y dice ser la pariente de los demandados y que en el domicilio señalado viven o habitan, pero no se encuentran, por lo que procedo a dejarle citatorio para que me aguarde el día seis de los corrientes a las trece horas con diez minutos, mismo que entrego a mi informante quien ha dicho llamarse Yeni Romo Lavalle, quien lo recibe y promete hacerlo llegar oportunamente a sus destinatarios y no firma por no querer hacerlo. Y ANEXO COPIA DEL CITATORIO PARA CONSTANCIA. DOY FE". "En la ciudad de Mérida, Yucatán, México, siendo las trece horas con diez minutos del día seis del mes de marzo de dos mil ocho, Yo la Actuaria del Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, licenciada en derecho Aracelly Marciala Camelo Novelo, me constituyo en el predio número trescientos cuarenta y tres de la calle tres I del fraccionamiento Juan Pablo II de esta ciudad, como el domicilio de los demandados Carlos Virrey Cruz Oliva y Magdalena Hoil May . del cual me cercioro por las nomenclaturas de las calles, por el número 343 que tiene al frente del predio y por el informe que me da una persona del sexo femenino que se encuentra presente en el interior de dicho predio y quien dice llamarse Yeni Romo Lavalle y dice ser la parienta de los demandados y que en el domicilio señalado viven o habitan, pero que en esos momentos no se encuentran presentes, procedo a hacerle la notificación, traslado, emplazamiento y prevención ordenada en el proveído que inmediatamente antecede por medio de cédula, misma que entrego a mi informante quien dice llamarse: Yeni Romo Lavallle quien lo recibe juntamente con las copias simples exhibidas debidamente cotejadas y le hago saber la obligación que tiene de hacerle llegar dicha documentación oportunamente a sus destinatarios y no firma por no querer hacerlo. ANEXO COPIA__ DE LAS CÉDULAS PARA CONSTANCIA. DOY FE". Del análisis integral de la diligencia reclamada, se reitera, contrario a lo afirmado por la peticionaria de amparo, el emplazamiento se practicó con apego a dichos numerales y, por ende, no es violatorio de los derechos humanos contenidos en la Constitución. Se afirma lo anterior, porque del acta levantada por la actuaria judicial se advierte que en cumplimiento a lo ordenado en el auto de quince de febrero de dos mil ocho y a efecto de emplazar a juicio a la demandada, aquí quejosa, el cinco de marzo de dos mil ocho, a las trece horas con diez minutos, se constituyó en el domicilio proporcionado por la parte actora, calle tres letra I, número trescientos cuarenta y tres, del fraccionamiento Juan Pablo II de esta ciudad, del cual previamente se cercioró por la nomenclatura oficial de la calles y por el número exterior que tenía al frente del predio; además, porque así se lo aseguró la persona que se encontraba en el interior del inmueble, quien dijo llamarse Yeni Romo Lavalle, ser pariente de la demandada y le afirmó que en ese domicilio "vive o habita" la persona buscada, la cual no se encontraba presente en esos momentos; motivo por el cual le entregó citatorio para que se lo hiciera llegar a la demandada Magdalena Hoil May, para que la aguardara el seis del citado mes y año, a las trece horas con diez minutos a efecto de realizar el emplazamiento personalmente; persona que se comprometió hacérselo llegar oportunamente a su destinatario y no firmó la constancia por no querer hacerlo. Sin embargo, al constituirse nuevamente en la fecha y hora señaladas en el citatorio de mérito y cerciorada la fedataria responsable de ser el domicilio para emplazar a la demandada (por la nomenclatura de las calles y por el número exterior que se encuentra al frente del predio), fue atendida de nueva cuenta por Yeni Romo Lavalle, quien dijo ser pariente de Magdalena Hoil May y le reiteró que en ese inmueble vive o habita la persona buscada, pero que en esos momentos no se encontraba, motivo por el cual entendió la diligencia de emplazamiento con aquélla por medio de cédula y le notificó el auto admisorio de la demanda, corrió traslado, emplazó y efectuó la prevención ordenada en dicho acuerdo, entregándole las copias simples exhibidas debidamente cotejadas y le hizo saber su obligación de hacer llegar a su destinario dicha documentación y, finalmente, asentó que no firmaba por no quererlo hacer. Además, la funcionaria responsable agregó la cédula de notificación dirigida a la demandada, aquí quejosa, de la cual se advierte que le fue entregada a aquélla en el propio acto del emplazamiento, la cual contiene el nombre y apellido de la parte actora, la autoridad que ordenó la práctica de esa diligencia, el contenido del proveído de quince de febrero de dos mil ocho, la fecha y hora de la entrega y el nombre y apellido de la persona que la recibió, como lo establece el artículo 27 de la ley adjetiva civil. En los términos anotados, el emplazamiento reclamado efectuado por medio de cédula fue apegado a derecho, pues durante su desarrollo se cumplieron con las formalidades y disposiciones establecidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, toda vez que ante la ausencia de la demandada, a pesar del citatorio previo, la actuaria lo entendió con una persona que se encontraba en el domicilio donde se ordenó realizar la diligencia en cita y quien dijo ser su pariente, proporcionó su nombre y apellido, además hizo constar los pormenores que consideró para cerciorarse del domicilio donde se le ordenó realizar esa encomienda y la entrega de la documentación respectiva para que se la hiciera llegar a su destinatario. En esas condiciones, quedó satisfecho el objetivo del emplazamiento a juicio, esto es, enterarse la encausada de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente de origen. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 5/2011 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 575, Décima Época, Libro V, Febrero de 2012, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. EL FEDATARIO JUDICIAL EN EL ACTA CORRESPONDIENTE DEBE ASENTAR EXPRESAMENTE QUE EL DEMANDADO NO SE ENCONTRABA EN EL DOMICILIO SEÑALADO AL EFECTO PARA QUE LA DILIGENCIA RELATIVA PUEDA PRACTICARLA CON PERSONA DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De la interpretación sistemática de los artículos 114, 116 y 117, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, deriva que el emplazamiento debe realizarse personalmente con el demandado y sólo en el caso de que no se encuentre en el domicilio señalado, se hará la notificación por cédula, la cual se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona que viva en el domicilio, para lo cual el notificador, previamente a ello, deberá cerciorarse de que en el lugar vive la persona que deba emplazarse, haciendo constar en la cédula los pormenores que prevé el citado artículo 116, es decir, la fecha y hora en que se entregue la cédula, el nombre y apellido del promovente, así como el nombre y apellido de la persona a quien le sea entregada la cédula, el juez que manda a practicar la diligencia y la determinación que ordena efectuar la correspondiente notificación. En esa virtud, una vez que el fedatario judicial se cerciora de que está en el domicilio correcto y de que el demandado vive ahí, debe requerir su presencia y, únicamente en el caso de que se le informe que no se encuentra, estará en aptitud legal de realizar el emplazamiento con una persona que tenga alguna de las calidades establecidas en el citado artículo 117, lo que debe asentar expresamente en la razón actuarial, porque si bien dichos artículos no prevén tal obligación para el fedatario, lo cierto es que al constituir un presupuesto lógico y legal indispensable -que el demandado no se encuentre en el domicilio y verificar que se siguió el orden de prelación que señala este precepto-, se requiere que dicha particularidad quede asentada en el acta correspondiente, a fin de salvaguardar las formalidades del procedimiento, pues a juicio de este alto tribunal, no basta que el notificador se constituya en el domicilio buscado y entienda la diligencia con algún pariente, empleado o doméstico del interesado, o alguna persona que viva en el domicilio señalado, pues la diligencia debe practicarse directamente con la persona buscada, y sólo en el caso de que ésta no se encuentre, podrá practicarse con diversa persona". De igual manera, se cumplió con los efectos del emplazamiento contenido en el artículo 549 del citado ordenamiento legal, pues se previno el juicio en favor del juez que lo ordenó, sujetó al demandado a seguirlo ante su potestad y lo obligó a contestar la demanda entablada en su contra. Por tanto, contrario a lo que aduce la parte quejosa en su concepto de violación, conoció del procedimiento entablado en su contra y estuvo en aptitud de comparecer al juicio de origen a defender sus intereses y oponer las excepciones para acreditar sus pretensiones. Máxime, que las constancias de emplazamiento en cita alcanzan valor probatorio pleno al no encontrarse desvirtuadas con medio de convicción alguno que las haga inverosímil; pues al ser la actuaria una funcionaria legalmente facultada para realizar notificaciones, cuenta con fe pública respecto a las manifestaciones relacionadas a su función y al haberse cumplido con las formalidades legales para realizar un emplazamiento a juicio en materia civil, su actuación crea convicción plena para otorgarle valor probatorio preponderante. Tiene aplicación la jurisprudencia 537, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible a folio 479 del Tomo VI, Común, Jurisprudencia TCC, del Apéndice 2000, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario". De ahí, aun cuando Yeni Romo Lavalle no proporcionó el grado de parentesco que la une con la parte demandada, no es motivo suficiente para considerar que el llamamiento a juicio es ilegal, pues los datos asentados por la actuaria en su constancia se estiman suficientes para identificarla plenamente, pues precisó que es de sexo femenino, proporcionó su nombre y apellidos y además refirió ser familiar de la demandada; datos que permiten conocer la identidad de aquélla, motivo por el cual no es de aplicación al caso la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, publicada en la página 1428, Décima Época, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "EMPLAZAMIENTO ILEGAL. LO ES SI EL TERCERO CON QUIEN SE ENTIENDE LA DILIGENCIA RELATIVA NO PROPORCIONA SU NOMBRE NI EL VÍNCULO QUE LO UNE CON EL INTERESADO Y EL ACTUARIO NO CUMPLE LO DISPUESTO EN LA PARTE FINAL DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 26 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE YUCATÁN, EN VIGOR A PARTIR DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL SIETE"; toda vez que se estima que la persona con quien se entendió el llamamiento a juicio de la demandada, aquí quejosa está plenamente identificada. En mérito de lo anterior, es patente que no se vulneró en contra de la solicitante del amparo sus derechos humanos de audiencia, seguridad jurídica y legalidad contenidos en la Constitución y, por ende, tuvo la oportunidad de defenderse al conocer de la debida tramitación del juicio de origen, al haberse realizado su emplazamiento con las formalidades esenciales del procedimiento de conformidad con lo preceptuado en la legislación civil adjetiva que establece los lineamientos a seguir para su llamamiento a juicio, aunado que no ofreció prueba para desvirtuar lo asentado por la actuaria responsable en el acta de emplazamiento, la cual tiene pleno valor probatorio al haber actuado en ejercicio de sus funciones y estar investida de fe pública, motivo por el cual el acto reclamado debe subsistir. De lo antes anotado, ante lo infundado de los conceptos de violación planteados por la quejosa, lo que procede es negar el amparo solicitado por Magdalena Hoil May, por lo que hace a los actos reclamados a la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y actuaria de su adscripción, ambas con sede en esta ciudad. Sexto. Publicidad. Con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 80, 192 y 193, de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Magdalena Hoil May respecto de los actos reclamados a la Juez Tercero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, actualmente Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y Actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerado quinto de este fallo. Segundo. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente. (...)
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