Magdalena Hernández Pérez

Expediente 692/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
692/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
03/06/2015

Partes del expediente

  • Magdalena Hernández Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de junio de dos mil quince. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del auto de diecinueve de mayo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Magdalena Hernández Pérez, se hizo a la citada parte promovente el veinticinco de mayo del año en curso (foja 10), notificación que surtió efectos el veintiséis siguiente; de ahí que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja transcurrió del veintisiete de mayo al dos de junio de este año, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, toda vez que en este expediente se desechó la demanda de amparo, se estima que es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que en el mismo la parte quejosa reclamó la orden verbal o escrita para que se efectuara el pago de la prima de antigüedad y todas las prestaciones laborales del finado hijo de la parte promovente, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de la resolución adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto Décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...

  2. Principal

    MESA VB] Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil quince. Vista la demanda promovida por Magdalena Hernández Pérez, contra actos del presidente de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo bajo el número 692/2015 que le corresponde. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, se considera que dicha demanda debe desecharse porque existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. En la especie, se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6º en sentido contrario de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Efectivamente, se actualiza la mencionada causal de improcedencia, toda vez que la demanda de mérito carece de la firma de la promovente al calce y margen de la misma, lo que trae como consecuencia estimar que la demanda de amparo carece de la firma correspondiente y al ser así, se concluye que no existe instancia de parte agraviada, toda vez que la firma autógrafa es el medio por el cual se exterioriza la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de amparo, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todos sus efectos legales; por lo que, si la demanda de que se trata carece de esa formalidad esencial, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6º del propio ordenamiento. Además debe establecerse que un escrito presentado carente de firma, no obliga a este órgano de control constitucional a proveer respecto del contenido del mismo, en la medida en que, al no encontrarse firmada en forma autógrafa, debe considerarse como simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. En consecuencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que señala. Es importante destacar que por el hecho de desechar la demanda, no se impide el acceso a la justicia a Magdalena Hernández Pérez, pues el análisis de la causal de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia. Notifíquese personalmente. (Se notificó por lista con fund. en el art. 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.)

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