Magdalena Gutierrez Diaz

Expediente 744/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
744/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
22/11/2018

Partes del expediente

  • Magdalena Gutierrez Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Acúsese recibo del oficio número T-III-1190, signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña los autos del juicio de amparo indirecto número VI-744/2018-2 y testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el nueve de los actuales, en la que declaró infundado el recurso de queja, interpuesto por la parte quejosa contra el auto de seis de septiembre del año en curso, que desechó la demanda de amparo, conforme al siguiente punto resolutivo: ".ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja. En relación a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y agréguense únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes respectivo, no así las diversas por ya obrar en autos. Por otra parte, como no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado J. Trinidad Sánchez Ménera, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Agréguese al cuaderno de antecedentes en que se actúa para que obre como corresponda, el oficio signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del expediente original del juicio de amparo VI-744/2018-2 del índice de este juzgado y comunica que mediante auto de veinticinco de septiembre pasado, se admitió el recurso de queja interpuesto en autos, en contra del proveído de seis de septiembre en cita, emitido por este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por Mariano -, apoderados jurídicos de la parte quejosa, mediante el cual interponen recurso de queja, en contra del auto de seis de los actuales, emitido dentro del juicio en que se actúa; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO dicho medio de impugnación; por tanto, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse las copias certificadas de las constancias que señala la recurrente, así como de las notificaciones de dichas actuaciones, dentro de los tres días siguientes, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer, enviándose al efecto el original y réplica del escrito de expresión de agravios e informe sobre la materia de la queja. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondientes y fórmese cuaderno de antecedentes con las copias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por -, apoderados jurídicos de las quejosas - carácter que se les reconoce de conformidad con el numeral 10 y 11 de la Ley de Amparo, misma que promueven contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Estado con sede en esta ciudad y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VI-744/2018-2. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ".el acuerdo del 27 de agosto del año 2018 que suspendió la audiencia de remate en su primer almoneda del bien inmueble embargado, suspendiendo el procedimiento; [.] La inminente orden de cancelar el gravamen sobre el inmueble embargado por la actora dentro del expediente ordinario número - [.] La admisión de la demanda de revisión; [.] El inminente acatamiento de la orden de cancelar el gravamen.". Actos, respecto de los cuales el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV de la Ley de la Materia, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, se estima como se adelantó, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De una interpretación sistemática y funcional al último dispositivo legal invocado que regula la procedencia de la acción constitucional contra actos dictados fuera de juicio o después de concluido, se distinguen los siguientes supuestos: 1. Un supuesto general, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. 2. Actos específicos, entre los que destacan los de ejecución de sentencia y los de remate, los cuales se definen de la siguiente forma: a) Actos en ejecución de sentencia. En este caso, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, a través del cual, en los conceptos de violación pueden reclamarse las violaciones cometidas durante esta fase. b) Actos de remate. La acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. En ese contexto, la última resolución en la etapa de ejecución tratándose de remate, es la que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega de los bienes rematados. Con esto se pretende seguir evitando el abuso del juicio de amparo, en esta fase y el entorpecimiento del cumplimiento de las sentencias, trasladando el supuesto de procedencia hasta la resolución que el legislador consideró, constituye la última en la ejecución del fallo definitivo. Lo anterior, en virtud de que el remate está referido a un procedimiento específico, cuya finalidad es la obtención de dinero que de manera directa e inmediata constituye la satisfacción de la obligación prevista en la sentencia definitiva o laudo, por regla general, de dar una cantidad de dinero, que la parte demandado no cubrió voluntariamente. En ese contexto, es menester señalar que una vez que la resolución que declara aprobado el remate, se ordenará otorgar la escritura de adjudicación, en los términos de su postura y que se le entreguen los bienes subastados; pero, antes debe encontrarse consignado el precio, a efecto de la autoridad pueda firmar la escritura en que se formalice la adjudicación en favor del adjudicatario o adquirente, ante el notario público que se designe; una vez otorgada la escritura, se darán al comprador los títulos de propiedad y se pondrán los bienes a su disposición. Estas normas permiten determinar que el legislador federal advirtió que en el remate de bienes embargados o hipotecados, se realizan varias fases que no culminan con la aprobación o desaprobación de esa venta judicial, sino que el cumplimiento del fallo definitivo que ordena la subasta y se cubra el pago del adeudo con el dinero obtenido, se colma con la orden de otorgar la escritura donde se formaliza la venta judicial de los bienes y la entrega de la posesión de éstos. Sin que tal determinación conduzca a considerar que se imposibilita o dificulta la ejecución del laudo definitivo, por el hecho de que en la práctica jurisdiccional no se llegue a emitir una resolución en donde se ordene el otorgamiento de la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados, ya que, ordinariamente, primero, se decreta la orden de otorgamiento de escritura y, posteriormente, la entrega de la posesión de los bienes; ello atendiendo a que la procedencia del juicio de amparo se condicionó al dictado de los dos actos, sin hacer mención a que necesariamente se dé en una misma resolución, sino hasta que se pronuncien ambos actos, ya sea en un solo acuerdo, por separado o en forma consecutiva. Lo que se refuerza con el contenido del segundo párrafo del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, del cual se obtiene que la última resolución que se realiza en los actos de ejecución de sentencia, contra la cual procede el juicio de amparo, es aquella que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. c) Ordena el archivo definitivo del expediente. Como se aprecia, en los actos de ejecución se otorga la calidad de última resolución emitida en este proceso, a diversas determinaciones que tienen el efecto de poner de relieve el cumplimiento total de la sentencia o la imposibilidad de llevarlo a cabo, ya sea mediante el reconocimiento expreso de cualquiera de esas dos circunstancias o por el reconocimiento tácito derivado de la orden de archivar en forma definitiva el expediente. Lo mismo se efectuó en el caso de remate, porque para la fijación de la regla general de procedencia del amparo se concibió como última resolución dictada en tal fase, la que ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la que ordena la entrega de los bienes rematados, por ser las determinaciones que conforme a la ley se cumple la condena de pago impuesta en la sentencia definitiva. Ciertamente, con lo anterior, el legislador federal sólo pretendió definir la última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, sin que para tal efecto hubiera recurrido a analizar o a determinar si los actos causan una afectación directa a derechos sustantivos, porque la finalidad de regular la procedencia del juicio de amparo en la fase precisada obedece a otra causa que ya se dijo, consiste en favorecer la ejecución de las sentencias. Aunque, existen excepciones a esa regla general de procedencia del juicio de amparo, como por ejemplo, cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño al procedimiento de ejecución lo que en la especie no sucede porque la quejosa tiene pleno conocimiento del procedimiento de remate al cual se le llamó para que ejerza su derecho de preferencia o cuando los actos reclamados afecten de manera directa, derechos sustantivos del promovente, en cuyo supuesto, es procedente el ejercicio de la acción constitucional, independientemente de que constituya o no la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución en el remate de los bienes embargados o hipotecados, lo que en la especie no acontece de ahí que se surta la hipótesis fáctica de improcedencia. En el caso, el acto reclamado consistente en el acuerdo de veintisiete de agosto pasado, que suspendió la audiencia de remate en su primer almoneda del bien inmueble embargado, orden de cancelar el gravamen del inmueble embargado, la admisión de la demanda de revisión interpuesta contra el proveído de veintisiete de junio del año en curso, que ordenó la audiencia de remate y la inminente orden de cancelar el gravamen del inmueble embargado, no encuadran dentro de los supuestos de procedencia previstos en el artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo, toda vez que ello se ventiló en el periodo de ejecución de sentencia del expediente de origen número - Cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el cinco de septiembre de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, rubro y texto: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla. También, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), visible en la página 1066, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011474, que literalmente señala: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Así como por analogía jurídica la jurisprudencia por contradicción sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, Materia Común, consultable en la página 231 del rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa." En esas condiciones, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia antes invocadas, procede DESECHAR DE PLANO la presente demanda con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de emitirse auto que declare firme esta determinación en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. En otro aspecto, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx/ a efecto de que se les otorgue el nombre de usuario respectivo, y una vez hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado dicho dato a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, ello de conformidad con el artículo 94 del mismo Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues dicha disposición establece que el otorgamiento de acceso a los expedientes electrónicos se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Finalmente, se tiene al ocursante por señalado domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad y autorizados únicamente para ese efecto a las personas que refiere, toda vez que no cumplen con los requisitos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo

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