Magdalena Gomez Perez

Expediente 1072/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1072/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
05/09/2019

Partes del expediente

  • Magdalena Gomez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    HA TRANSCURRIDO EL TERMINO PARA QUE LAS PARTES INTERPUSIERAN RECURSO DE REVISION EN CONTRA DEL AUTO DE******DICTADA EN ESTOS AUTOS, EN EL QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA, SE DECLARA QUE LA MISMA HA CAUSADO ESTADO, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO, ES SUSCEPTIBLE DESTRUCCION...LA INFORMACION ES PUBLICA Y ESTARA A DISPOSICION DE LAS PARTES CUANDO LO SOLICITEN......

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. -SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA- Visto la cuenta, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Magistrada de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, al que anexa copia certificada del auto de doce de julio de dos mil diecinueve, recaído el expediente 132/2017-S-E, de su índice. Constancias a las que por ser documentos públicos se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. Ahora, antes de acordar lo conducente, es conveniente realizar un análisis integral del desahogo de la prevención hecha valer por el quejoso para precisar los actos reclamados, los cuales en esencia son: La omisión del Tribunal Superior de Justicia Administrativa a través de la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas, de acordar el escrito de cinco de abril de la presente anualidad, en el expediente 132/2017-S-E de su índice. De lo anterior, este órgano jurisdiccional de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. En ese sentido, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho transgredido, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Ello es así, en virtud que de las constancias que anexó la responsable al rendir su informe justificado (fojas 24-27), se advierte que el doce de julio de dos mil diecinueve, proveyó sobre el escrito de cinco de abril de dos mil diecinueve, a través del cual la aquí quejosa, solicitó se aplicaran las medidas de apremio a la parte demanda en el juicio natural de origen. Sentado lo anterior, se hace patente que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (cuatro de julio de dos mil diecinueve) el referido acto reclamado existía, pero durante el transcurso del presente juicio éste dejó de surtir sus efectos, como si no se hubiera invadido la esfera jurídica del particular y sin haber dejado huella alguna en el que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Sustenta lo anterior, la Tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es ilustrativa al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo, el Juez de Distrito resuelve abstenerse de analizar la violación de los derechos fundamentales imputados por el quejoso a la autoridad responsable y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo por improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendientes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En razón de lo expuesto, se sobresee en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXI, de la citada Ley; sin que sea obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga lugar a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, ya que al haberse actualizado la causal de improcedencia antes precisada, no tiene objeto alguno el desahogo de pruebas, porque no podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma Juana María Colomé Payró, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, Encargada del Despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el titular de este Juzgado Pedro José Zorrilla Ricardez, goza de su periodo vacacional correspondiente al primer semestre de dos mil diecinueve, que comprende del quince al veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, según oficio CCJ/ST/3079/2019, de dos de julio actual, signado por Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Adiel Palacio Zurita, secretario del juzgado con quien autoriza y da fe.Villahermosa, Tabasco, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. -SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA- Visto la cuenta, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Magistrada de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, al que anexa copia certificada del auto de doce de julio de dos mil diecinueve, recaído el expediente 132/2017-S-E, de su índice. Constancias a las que por ser documentos públicos se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. Ahora, antes de acordar lo conducente, es conveniente realizar un análisis integral del desahogo de la prevención hecha valer por el quejoso para precisar los actos reclamados, los cuales en esencia son: La omisión del Tribunal Superior de Justicia Administrativa a través de la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas, de acordar el escrito de cinco de abril de la presente anualidad, en el expediente 132/2017-S-E de su índice. De lo anterior, este órgano jurisdiccional de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. En ese sentido, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho transgredido, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Ello es así, en virtud que de las constancias que anexó la responsable al rendir su informe justificado (fojas 24-27), se advierte que el doce de julio de dos mil diecinueve, proveyó sobre el escrito de cinco de abril de dos mil diecinueve, a través del cual la aquí quejosa, solicitó se aplicaran las medidas de apremio a la parte demanda en el juicio natural de origen. Sentado lo anterior, se hace patente que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (cuatro de julio de dos mil diecinueve) el referido acto reclamado existía, pero durante el transcurso del presente juicio éste dejó de surtir sus efectos, como si no se hubiera invadido la esfera jurídica del particular y sin haber dejado huella alguna en el que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Sustenta lo anterior, la Tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es ilustrativa al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo, el Juez de Distrito resuelve abstenerse de analizar la violación de los derechos fundamentales imputados por el quejoso a la autoridad responsable y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo por improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendientes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En razón de lo expuesto, se sobresee en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXI, de la citada Ley; sin que sea obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga lugar a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, ya que al haberse actualizado la causal de improcedencia antes precisada, no tiene objeto alguno el desahogo de pruebas, porque no podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de ***** se le requirió a la autoridad responsable para que dentro del término de quince días **** rindiera su informe justificado ****** por tanto, es inconcuso que aún se encuentra transcurriendo el término concedido para que rinda el informe en comento, toda vez que la autoridad de mérito gozó de su periodo vacacional ****** En razón de lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional decretada para este día, por lo que se difiere; y, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, para su celebración se fijan las diez horas con treinta y nueve minutos del cuatro de septiembre de dos mil diecinueve.

  4. Principal

    AGRÉGUESE LOS PRESENTES AUTOS EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR.... MEDIANTE EL CUAL EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO.... REMITE COPIAS CERTIFICADAS DE DIVERSAS CONSTANCIAS...... EN ESAS CONDICIONES PARA DETERMINAR LO PROCEDENTE RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICE..... DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS SIGUIENTES AL QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN QUE DEL PRESENTE PROVEÍDO SE HAGA MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA....APERCIBIDAS QUE DE NO HACERLO ASÍ DENTRO DEL LAPSO INDICADO, ESTE JUZGADO FEDERAL EMITIRÁ UN AUTO EN EL QUE SE PRONUNCIARÁ ACERCA DEL CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR...

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