Magdalena Benítez Buenabad
Expediente 928/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 928/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Magdalena Benítez Buenabad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se evidencia que mediante proveído de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete (foja 32), se ordenó la poner a disposición la documental exhibida por la parte quejosa, sin que a la fecha haya comparecido para tal efecto. Al respecto, a fin de lograr su devolución, gírese despacho al Juez Único Civil De Partido, en Pénjamo, Guanajuato, para que por conducto de quien corresponda, en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al actuario de su adscripción, para que se constituya en el domicilio ubicado en *****, siendo éste el que refirió la quejosa como propio, y al momento de la notificación del presente proveído haga entrega de tales constancias a dicha parte, por conducto de la persona con quien entienda la diligencia; debiendo levantar el acta correspondiente
- Principal
se advierte que mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo a la promovente exhibiendo copia certificada del expediente ***, del índice del Juzgado ***; asimismo, que en el citado auto se desechó la demanda de amparo, y el nueve de diciembre siguiente quedó firme tal desechamiento. Se previene a la promovente, para que en un plazo de noventa días naturales, acuda al local de este juzgado a recoger las documentales que exhibió, como prueba en el presente juicio, ya que en caso de no hacerlo, éstas podrán ser destruidas junto con el expediente.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el veintinueve de noviembre del presente año, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ------------------------, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibido el escrito que suscribe ********************, autorizada de la parte quejosa ********************, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló mediante proveído de dieciocho de los actuales. Ahora, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgador examinará el escrito de demanda, a fin de corroborar si existe o no causa manifiesta e indudable de improcedencia, que motive su desechamiento. Cierto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de exequendo dictado el ocho de agosto del año en curso, dentro del juicio ejecutivo mercantil********************, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia, con sede en Maravatío, Michoacán, mediante el cual se despachó mandamiento de ejecución con efectos de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, y como consecuencia su ejecución (embargo practicado el nueve de noviembre del presente año). Ahora, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, numeral que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". El numeral transcrito establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables de la ley que rige el acto. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa orientado a la protección de los derechos humanos, así como las garantías para su protección, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria los recursos o medios de defensa que procedan. Se llega a la anterior conclusión, toda vez que dicho acto reclamado es susceptible de ser combatido previamente al juicio de amparo, mediante el recurso de revocación, a que se refieren los artículos 1334 y 1339 de Código de Comercio, mismos que disponen: "Artículo 1334.Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $574,690.47 (Quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.)." De la lectura de los artículos que anteceden, se obtiene que, es procedente el recurso de revocación respecto de los autos que no fueren apelables, los cuales pueden ser revocados por el juez que los dictó; asimismo, que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a la cantidad de $574,690.47 (Quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos con cuarenta y siete centavos). Ahora, en el caso, el acto reclamado fue dictado en un juicio ejecutivo mercantil por un Juez de Primera Instancia, en el que el quejoso es parte formal y material de mismo, al ser parte demandada; además la cuantía en el juicio de origen es inferior a la que señala el artículo 1339 del Código de Comercio ********************, por lo que el mismo no puede ser apelable. Por tanto, es inconcuso que antes de promover la demanda de amparo, la parte quejosa debió agotar el medio de impugnación antes señalado, en contra de la referida determinación dictada por el juez del conocimiento. De ahí que en el caso, por tratarse de un asunto en materia mercantil de cuantía menor, deba agotarse el principio de definitividad a través de la interposición del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio. En ese orden de ideas, al no haberse hecho valer contra el acto que aquí se reclama el recurso de revocación, es claro que no se satisfizo por el impetrante del amparo el principio de definitividad que regula el juicio de amparo, que consiste en que antes de acudir a esta instancia constitucional se deben agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley que regula la determinación impugnada, mediante los cuales pudo ser modificada o revocada; atento a lo cual, es incuestionable que la parte quejosa debió agotar tal procedimiento antes de acudir a esta instancia constitucional, pues, ante la existencia del mismo pudo haber logrado lo pretendido a través del presente juicio. Además, no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: El acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; No consiste en órdenes de aprehensión, reaprehensión, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; La parte quejosa no persona extraña al procedimiento; No se trata del auto de vinculación a proceso. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley en cita, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la presente demanda por ser notoriamente improcedente. No obsta para llegar a determinación diversa el hecho de que la parte quejosa refiera en su demanda de amparo, que no está obligada a agotar ningún recurso ordinario, al señalar que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación. Lo anterior es así, toda vez que, si bien es cierto la ley de la materia en la fracción XX, del artículo 61, señala que no existe obligación de agotar algún medio de defensa, cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; sin embargo, ello es cuando el juicio de amparo se solicite contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, lo que no sucede en el presente caso, ya que el acto reclamado se lo atribuye precisamente a un juez civil. Finalmente, dada la voluminosidad de las constancias exhibidas, fórmese un tomo de pruebas.
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