Magdalena Bautista Reyes y otros

Expediente 1042/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1042/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2018

Partes del expediente

  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz
  • Magdalena Bautista Reyes y otros

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que el auto de siete de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, no fue recurrido por los promoventes y que ha transcurrido el término que la ley les concede para hacerlo, por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo segundo de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado de plano la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años, se procederá para tal efecto, con posterioridad al VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por los quejosos, mediante el cual desahoga la prevención que se le hiciera en proveído de diecinueve de octubre de la presente anualidad, dictado dentro de los presentes autos, formados con motivo de la demanda que fuera presentada por el referido quejoso y registrada en el libro de gobierno respectivo con el juicio número 1042/2018; por tanto, se le tiene por desahogado el requerimiento dictado en el juicio de amparo en que se actúa. Al respecto, se acuerda: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Conforme lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito juzgador se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo siempre y cuando se actualice un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, conviene precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente del material probatorio que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página un mil novecientos diez, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. Analizada íntegramente la demanda de amparo el suscrito advierte que los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, son los siguientes: El incumplimiento del laudo de nueve de enero dos mil doce, emitido en el expediente número 073/2006-I del índice del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en el cual es condenado el Ayuntamiento Constitucional del Citlaltepec, Veracruz, a reinstalar a sus representados; pagarles por conceptos de: salarios vencidos, prima vacacional, aguinaldo salvo error y omisión de tipo aritmético; a la reincorporación ante el Organismo de Seguridad Social con el que tenga celebrado el o los convenidos respectivos; a reconocer la relación laboral en los términos y condiciones de los considerandos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo del citado laudo, reinstalar a los aquí quejosos; pagarles por conceptos de: salarios vencidos, prima vacacional, aguinaldo salvo error y omisión de tipo aritmético; a la reincorporación ante el Organismo de Seguridad Social con el que tenga celebrado el o los convenidos respectivos; a reconocer la relación laboral en los términos y condiciones de los considerandos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo del citado laudo. RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. Ahora bien, en relación al reclamo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, analizada la demanda en su integridad, el suscrito estima que la misma debe desecharse, por la razón siguiente: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las previstas en el catálogo que de las mismas se listan en el referido precepto legal y que emane de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia ley de la materia. Tal disposición se relaciona con el diverso artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo antes referida, el cual dispone que se debe decretar el sobreseimiento del juicio de amparo cuando de las constancias de autos pareciere claramente probado que no existe el acto reclamado. Ahora bien, de la presente demanda, se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en el incumplimiento del laudo de fecha nueve de enero de dos mil doce, dictado en los autos del expediente laboral 073/2006-I, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; sin embargo, dicho señalamiento es genérico, dado que la parte quejosa no precisa de manera concreta cual es la omisión, acto o resolución de la etapa ejecutiva que estima le causa agravio, pues sus conceptos refieren únicamente a que el ayuntamiento demandado no ha cumplido el laudo y que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz no ha emitido acuerdo alguno que lo obligue cumplir con el mismo, sin que al efecto indique que haya acordado determinada solicitud. En ese contexto, resulta de trascendencia tomar en consideración que el artículo 224, de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, prevé la participación de las partes para la ejecución del laudo, que el laudo deberá cumplirse en un plazo de quince días contado a partir del día siguiente de que surta sus efectos su notificación y en caso de no ser así se dictará auto de requerimiento de pago y embargo, el cual se notificará a la parte condenada, para lo cual se aplicarán las disposiciones relativas al procedimiento de embargo, previstas en la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de ejecutar de manera completa esta resolución hasta lograr el pago íntegro de todas las prestaciones adeudadas. En esas condiciones, si se reclama en amparo indirecto, genéricamente, la omisión de la autoridad responsable de emplear los mecanismos para la ejecución forzosa del laudo, emitido en el juicio natural, como en el caso sucede, el juicio resulta improcedente en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera a la autoridad responsable. En esta tesitura, se concluye que la demanda que se provee es notoriamente improcedente, puesto que, como lo precisó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el acto que se reclama es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, pues las actuaciones necesarias para la ejecución del laudo están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera a la autoridad responsable. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 2ª./J.15/2011 (10ª), determinó: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". Así como en la diversa jurisprudencia 2a./J.16/2011(10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2772, correspondiente al mes de diciembre de 2011, Libro III, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que indica: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." De igual forma, se cita en apoyo a lo anterior por su contenido, la jurisprudencia PC.I.L.J/10L(10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 844, correspondiente al mes de septiembre de 2015, Libro 22, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." POR CUANTO HACE A LA AUTORIDAD DENOMINADA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CITLALTEPEC, VERACRUZ. Respecto al acto atribuido al Ayuntamiento Constitucional de Citlaltepec, Veracruz, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que se estima que no es de los considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, en razón de que dicha autoridad, en el juicio laboral de origen tuvo la calidad de parte demandada por ser el patrón del ahora promovente de amparo, por lo que la relación entre ambos, es de coordinación y en un plano de igualdad. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En efecto, el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 1o, fracción I, y 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen en la parte que interesa, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.) De la anterior transcripción se advierte que, el juicio de garantías, única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal aquella la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución. Sirve de apoyo, la tesis del Tribunal Pleno P. XXVII/97, Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de mil novecientos noventa y siete, página 118, que refiere lo siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior se tiene que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, como ya se dijo, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Lo anterior tiene sustento en la tesis XXXVI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1999, página 307, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La Teoría General del Derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Con base en lo expuesto, el Máximo Tribunal de la Nación estimó que de acuerdo con la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo, todos ellos apuntan a sostener que éste es improcedente contra actos de particulares o contra actos que aun siendo emitidos por una autoridad, no afectan por sí y ante sí, ni de manera unilateral crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio, debe atenderse a la naturaleza del acto para determinar si goza de los atributos antes mencionados. Para definir este aspecto, conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo debe concebirse en razón de la naturaleza jurídica de las relaciones de "supra a subordinación" surgidas entre las autoridades y los gobernados, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares, ya que el amparo sólo procede contra actos de autoridad, no así de particulares, salvo que las funciones de éstos estén determinados por una norma general. En otras palabras, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los criterios jurisprudenciales en consulta, resulta conveniente atender al viejo concepto de las relaciones jurídicas que existen entre el Estado y los particulares, al tenor de los conceptos que proporciona la Teoría General del Derecho, es decir, conforme a los tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, a saber: las de coordinación, las de supra a subordinación y las de supraordinación. De acuerdo con esa teoría, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que las relaciones de "coordinación" son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de "coordinación". En cambio, las relaciones de "supra a subordinación" son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las relaciones de "supraordinación" son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas breves precisiones ponen de manifiesto que la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación concluyó que para definir el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control constitucional de amparo se ubica dentro de las denominadas de "supra a subordinación", la cual tiene como presupuesto, según ha quedado explicado, que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Con base en las anteriores consideraciones es posible deducir que para definir el concepto de autoridad responsable, se debe analizar, primeramente, si el acto reclamado se realizó con fundamento en una ley de origen público, si la autoridad ejerce un poder jurídico que afecte por sí y ante sí, y de manera unilateral cree, modifique o extinga situaciones jurídicas concretas en perjuicio del quejoso y, consecuentemente, si su actuación se ubica dentro del plano de "supra a subordinación", con lo cual existiría autoridad responsable. RAZONES POR LAS QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En ese orden de ideas, la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional de Citlaltepec, Veracruz, al haber sido parte condenada en el laudo emitido en el juicio laboral 073/2006-I, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues en principio, la falta de cumplimiento de un laudo se da dentro de un procedimiento en el que actor y demandado se erigen como partes en igualdad de condiciones. Pero además, el hecho de que en los ordenamientos legales vigentes del Estado Veracruz se prevea un procedimiento específico para dar ejecución a los laudos dictados en los juicios laborales, puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas, lo que conlleva a afirmar el plano de igualdad generado a propósito del vínculo de coordinación laboral de origen y, por ende, la falta de cumplimiento de dicho laudo por parte de las autoridades condenadas u obligadas a su cumplimiento, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para corroborar el aserto anterior, se estima pertinente traer al contexto el artículo 224 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz y los numerales 2º, 4º y 7º de la Ley de Bienes del Estado de Veracruz. LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ: "Artículo 224. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal o las Salas pronunciarán la resolución correspondiente y comisionarán a un Actuario o librarán exhorto en su caso, a quien corresponda, a fin de que, en unión de la parte que obtuvo, se constituyan en el domicilio del condenado y lo requieran para que cumpla la resolución, apercibiéndolo de que de no hacerlo se procederá conforme a lo dispuesto en este artículo. Cuando la parte condenada sea una autoridad estatal o municipal, el laudo deberá cumplirse dentro de un plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos su notificación. Transcurrido este plazo sin que la autoridad haya dado cumplimiento al laudo, el Tribunal dictará auto de requerimiento de pago y embargo y lo notificará a la parte condenada, aplicando en lo conducente las disposiciones relativas al procedimiento de embargo, previstas en la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de ejecutar de manera completa esta resolución hasta lograr el pago íntegro de todas las prestaciones adeudadas, atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Bienes y el Código Hacendario Municipal, ambos ordenamientos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave." LEY DE BIENES DEL ESTADO DE VERACRUZ: "Artículo 2°. Los bienes del Estado son: I. Bienes del dominio público; y II. Bienes propios. [.] Artículo 4°. Son bienes propios: I. Los inmuebles no comprendidos en el artículo tercero de esta Ley; II. Los que hayan formado parte de corporaciones u organismos de carácter estatal, que se extingan; III. Los muebles al servicio de los poderes y las dependencias del Gobierno del Estado no comprendidos en la fracción V del artículo anterior; IV. Todas las tierras que estando situadas dentro de los límites del territorio del Estado, carecen de otro dueño; y V. Los demás bienes que por cualquier título jurídico adquiera el estado. [.] Artículo 7°. Todos los bienes muebles o inmuebles que son propiedad del Estado son inembargables, con excepción de los enumerados en el artículo 4° de esta Ley. En consecuencia, no podrá emplearse la vía de apremio ni dictarse acto de ejecución para hacer efectivas las sentencias dictadas a favor de particulares en contra del Estado o de su Hacienda. En este caso, la sentencia o laudo se comunicará al Ejecutivo del Estado para que de acuerdo con la Ley autorice la erogación que se imponga. En ningún caso se podrán embargar los bienes muebles e inmuebles afectos a un servicio público, así como los ingresos propios, ni los provenientes de participaciones o aportaciones federales. Tampoco podrán embargarse las cuentas bancarias aperturadas a nombre de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado ni de las que sean titulares los Poderes Legislativo y Judicial, cuyos recursos se destinen al pago de obligaciones asumidas en ejercicio del presupuesto estatal. Los magistrados, jueces, actuarios, secretarios y demás funcionarios judiciales que ordenen, tramiten o ejecuten diligencias o traben embargos en contravención a lo dispuesto en este artículo, incurrirán en la responsabilidad civil, administrativa o penal que establece la legislación estatal." El artículo 224 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz prevé que cuando la parte condenada al pago de una contraprestación de carácter laboral sea una autoridad estatal o municipal, el laudo deberá cumplirse dentro de un plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos su notificación; y, transcurrido ese plazo sin que la autoridad haya dado cumplimiento al laudo, entonces el Tribunal dictará auto de requerimiento de pago y embargo y lo notificará a la parte condenada, aplicando en lo conducente las disposiciones relativas al procedimiento de embargo, previstas en la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de ejecutar de manera completa la resolución hasta lograr el pago íntegro de todas las prestaciones adeudadas, para lo cual se deberá atender a lo dispuesto por la Ley de Bienes. El numeral 7° de la Ley de Bienes del Estado de Veracruz es claro al establecer que todos los bienes muebles o inmuebles que son propiedad del Estado son inembargables, con excepción de los enumerados en el artículo 4° del propio ordenamiento -bienes del dominio privado- por lo que no podrá emplearse la vía de apremio ni dictarse acto de ejecución para hacer efectivas las sentencias dictadas a favor de particulares en contra del Estado o de su Hacienda; de ahí que la sentencia o laudo deba comunicarse al Ejecutivo del Estado para que de acuerdo con la Ley autorice la erogación que se imponga; que en ningún caso se podrán embargar los bienes muebles e inmuebles afectos a un servicio público, así como los ingresos propios, ni los provenientes de participaciones o aportaciones federales; así como que tampoco podrán embargarse las cuentas bancarias aperturadas a nombre de las dependencias y entidades públicas municipales ni de las que sean titulares los Poderes Legislativo y Judicial, cuyos recursos se destinen al pago de obligaciones asumidas en ejercicio del presupuesto estatal. Por tanto, el incumplimiento a un laudo por parte del Ayuntamiento Constitucional de Citlaltepec, Veracruz, como órgano de gobierno o dependencia pública estatal, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, razón por la que debe desecharse la demanda de amparo. La anterior afirmación, tiene sustento en la Jurisprudencia 2a./J/ 31/2014, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 966, del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona." Sin que pase inadvertido para este juzgado, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).", ello en razón de que, dicho criterio aborda el tema relativo al incumplimiento por parte de organismos descentralizados de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas a una sentencia dictada en un juicio en el que figuraron como parte y al que resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles, que prohíbe dictar en su contra mandamiento de ejecución o providencia de embargo, constituye un acto de autoridad susceptible de impugnarse en el juicio de amparo. Asimismo, la referida ejecutoria de manera sustancial hace referencia a que de no darse el cumplimiento voluntario a una sentencia condenatoria por parte del órgano estatal, su actitud contumaz debe ser catalogada como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que, es la norma legal la que ubica a ese ente en un plano de desigualdad al no ser sujeto de una ejecución forzosa atendiendo precisamente a su naturaleza de órgano de poder. Ahora bien, caso contrario ocurre cuando, como en el caso, la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional de Citlaltepec, Veracruz,, sí puede ser sujeto de ejecución para que el particular obtenga por vía de apremio la satisfacción de la resolución otorgada en su favor; hipótesis esta última que, como ya se dijo en párrafos anteriores, acontece en el caso, puesto que la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz faculta al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para dictar los medios necesarios para la ejecución de manera completa de las resoluciones por éste pronunciadas, como lo es el procedimiento de embargo previsto en Ley de Bienes, para esa entidad federativa. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En las relatadas consideraciones, es evidente que en el caso concreto, se actualizan las causa de improcedencia previstas en el artículo el 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 63 y los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo; por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la legislación en cita, se desecha de plano la demanda de amparo. SE TIENE COMO DOMICILIO DE LOS QUEJOSOS, el que señalan en el escrito que se provee y por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Santa Heidi Hernández Moctezuma, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 94396 y a Cecilia Monserrat Pérez Arriaga, María del Rosario Vazquez Barrientos y Norma Irene Arenas Pale, con las restricciones que impone la última parte, del párrafo segundo, del citado precepto, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparece el registro correspondiente, amén de que tampoco acreditaron contar con dicho documento. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  3. Principal

    Notificación a la parte quejosa en términos del artículo 27, fracción I, inciso b, de la ley de Amparo Xalapa, Veracruz, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio número el oficio número 6100/2018, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, y anexos que acompaña consistente en el oficio 7611, signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, escrito de demanda original promovida por Julio César Pérez Arriaga, apoderado legal de Magdalena Bautista Reyes, Margarita Avelino del Ángel, Francisco Florentino Hernández, Taide Domínguez Trinidad, Margarita del Ángel Lucas, Luisa Bardomiano Domínguez, Imelda Martínez Alejandre, Lucia Florentina Santiago, Balbina Patricio Santiago, Pedro Ramos Valerio, Jesús Aurelio Narciso Ferrer, María Amparo Santiago de la Vega y Ana María Aguilar Miranda, copia certificada del auto de seis de agosto de dos mil dieciocho, y un legajo de copias del juicio 73/2006 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que por proveído de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicho asunto, fincando dicha cuestión de competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en esta ciudad de Xalapa, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado. Al respecto, se acuerda: Con apoyo en los dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, se acepta la competencia de mérito. Acúsese recibo a la superioridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1042/2018. Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en los artículos 110, 112 y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo vigente que disponen: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite" Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. [.] Así como en atención a los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." El normativo y criterio anterior imponen la obligación, previa a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiar el escrito inicial y sus anexos para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita. En ese entendido, es necesario destacar que el acto reclamado consiste en el incumplimiento del laudo de nueve de enero de dos mil doce, dictado en el expediente 73/2006, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. En este contexto, debe precisarse que si bien el quejoso promovió su demanda de amparo en la vía directa, presentando su escrito el día cuatro de julio del año en curso, en la Oficialía de partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, posteriormente, por acuerdo de dieciséis de octubre del año en curso, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, a quien por razón de turno le toco conocer de la demanda de amparo directo promovida por los quejosos Julio César Pérez Arriaga, apoderado legal de Magdalena Bautista Reyes, Margarita Avelino del Ángel, Francisco Florentino Hernández, Taide Domínguez Trinidad, Margarita del Ángel Lucas, Luisa Bardomiano Domínguez, Imelda Martínez Alejandre, Lucia Florentina Santiago, Balbina Patricio Santiago, Pedro Ramos Valerio, Jesús Aurelio Narciso Ferrer, María Amparo Santiago de la Vega y Ana María Aguilar Miranda, la radicó bajo el número de juicio 1027/2018, declarándose incompetente para conocer la misma en razón de que el acto reclamado no constituía una sentencia definitiva o resolución que pusiera fin a un juicio, ordenando su remisión junto con sus anexos al Juez de Distrito en turno, con sede en esta ciudad, para que conozca de la aludida demanda. En esa tesitura, si bien es cierto que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, le dio trámite a la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, no menos cierto es que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al momento de calificar la vía de la demanda de amparo, estableció que el acto que por la misma se combatía debía atacarse por la vía indirecta, por no encontrarse en los supuestos establecidos en los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo. Por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la tramitación de la demanda de amparo, requiérase a la parte promovente para que en el del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Bajo protesta de decir verdad, con copias para cada una de las partes, satisfaga los requisitos que debe llenar la demanda de amparo indirecto previstos por el artículo 108 de la Ley de Amparo, puesto que la demanda que se provee refiere cumplir con los requisitos señalados por el diverso precepto 175 del mismo ordenamiento, el cual dispone los requisitos que debe contener una demanda de amparo directo. Es aplicable al caso la Jurisprudencia P/J.127/99, publicada en la página treinta y dos y siguiente, del Tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL PROTESTO LO NECESARIO Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase Protesto lo necesario, que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Asimismo, sirve de apoyo la Jurisprudencia 1ª./J.64/2015 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable." APERCIBIMIENTO. Todo lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado, en el acto de la notificación o en el plazo de cinco días, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. SE TIENE COMO DOMICILIO DE LOS QUEJOSOS, el que señala en el escrito que se provee y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Santa Heidi Hernández Moctezuma, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con el registro número 94396 y a Cecilia Monserrat Pérez Arriaga, María del Rosario Vazquez Barrientos y Norma Irene Arenas Pale, con las restricciones que impone la última parte, del párrafo segundo, del citado precepto, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparece el registro correspondiente, amén de que tampoco acreditaron contar con dicho documento. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó el licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien firma ante el licenciado Julio César López Céspedes, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. El suscrito Secretario, hago constar y certifico que el presente proveído se encuentra vinculado debidamente la promoción acordada en el presente asunto; misma que también se encuentra digitalizada en forma íntegra. Doy fe. cca

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