Magdalena Azeneth Ramírez Espinosa (Sindico Municipal)
Expediente 463/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 463/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Magdalena Azeneth Ramírez Espinosa (Sindico Municipal)
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de noviembre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DEL TESTIMONIO DEL RECURSO DE QUEJA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio T.I-976, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, a través del cual adjunta testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 166/2022, en la que se declaró infundado el citado medio de impugnación, interpuesto en contra del proveído que desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de octubre de dos mil veintidós. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el oficio suscrito por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito con sede en Morelia, Michoacán, por medio del cual, remite el escrito signado por el Delegado de la Sindica Municipal de Uruapan, Michoacán, en el que interpone recurso de queja contra la resolución de cinco de agosto de dos mil veintidós, dictado por este órgano jurisdiccional. En ese sentido, se hace incensario emitir mayor pronunciamiento al respecto; lo anterior, en virtud de que, el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se tuvo al Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, informando que se radico y admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por la mencionada autoridad en contra del auto de cinco de agosto pasado, bajo términos análogos, mismo que quedo radico bajo el consecutivo 166/2022. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. ADMITE RECURSO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, mediante el cual se informa que se admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, contra el auto que desecho la demanda origen del juicio de amparo de donde deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, el cual quedó radicado como queja 166/2022; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, cinco de agosto de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Magdalena Azeneth Ramírez Espinosa, Síndica Municipal del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, contra actos de la Delegación Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 463/2022-II, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, del análisis sistemático del escrito de demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama en esencia lo siguiente: "1). PRIMER ACTO VIOLATORIO LO CONSTITUYE. LA CEDULA DE NOTIFICACIÓN DE FECHA MIÉRCOLES 13 DE JULIO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, levantada a las 14:30 catorce horas con treinta minutos, en la cual el C. Javier García Méndez, quien se ostenta como NOTIFICADOR, sin acreditarlo legalmente con documento oficial y/o identificación expedida por autoridad Estatal en el caso específico por la Delegación Michoacán "PROFEPA", que lo acredite como empleado y en consecuencia como ministro Notificador en funciones, pues únicamente refiere estar adscrito a la Delegación Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Michoacán, empleado de quien se desconoce su identidad y cargo real, quien se constituyó en el domicilio de Cupatitzio número 207, de la Colonia La Tamacua de esta Ciudad de Uruapan, Michoacán, a efecto de llevar a cabo la notificación al H. Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, de la IMPOSICIÓN DE UNA MULTA, derivado de la resolución de fecha 10 de Junio del año 2022 dos mil veintidós, emitido por el Q.F.B. Marco Antonio Méndez Cortez, Encargado de Despacho de la Delegación Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Michoacán, dentro del expediente PFPA/22.2/2C.27.1/00005/2021, acto por demás ilegal ya que la suscrita en cuanto representante del H. Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, no había sido requerida para cumplir con lo que señala el acuerdo referido, ya que nunca he sido notificada con anterioridad a esta fecha respecto de la ejecución y cumplimiento. 2). EL SEGUNDO ACTO VIOLATORIO LO CONSTITUYE. LA CEDULA DE NOTIFICACIÓN DE FECHA MIÉRCOLES 13 DE JULIO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, levantada a las 13:30 trece horas con treinta minutos, en la cual el C. Javier García Méndez, quien se ostenta como NOTIFICADOR, sin acreditarlo legal y válidamente con documento oficial y/o identificación expedida por autoridad Estatal en el caso específico por la Delegación Michoacán "PROFEPA", que lo acredite como empleado y en consecuencia como ministro Notificador en funciones, pues únicamente refiere estar adscrito a la Delegación Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Michoacán, empleado de quien se desconoce su identidad y cargo real, quien se constituyó en el domicilio de Avenida Fray Juan de San Miguel S/N, de la Colonia La Quinta de esta Ciudad de Uruapan, Michoacán, a efecto de llevar a cabo la notificación al H. Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, de la IMPOSICIÓN DE UNA MULTA, derivado de la resolución de fecha 10 de Junio del año 2022 dos mil veintidós, emitido por el Q.F.B. Marco Antonio Méndez Cortez, Encargado de Despacho de la Delegación Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Michoacán, dentro del expediente PFPA/22.2/2C.27.1/00005/2021, acto por demás ilegal ya que la suscrita en cuanto representante del H. Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, no había sido requerida para cumplir con lo que señala el acuerdo referido, ya que nunca he sido notificada con anterioridad a esta fecha respecto de la ejecución y cumplimiento. 3).- EL TERCER ACTO VIOLATORIO LO CONSTITUYE. LA RESOLUCIÓN DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE FECHA 10 DIEZ DE JUNIO DEL 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, notificado a las 14:30 catorce horas con treinta minutos del día 13 trece de Julio del año 2022 dos mil veintidós, por el C. Javier García Méndez, quien según cedula de notificación que carece de fundamento y motivación refiere ser adscrito a la Delegación Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Michoacán, quien tiene su domicilio en Aquiles Serdán número 324, Col. Centro, Morelia, Michoacán, Código postal 58000, pero no refiere, ni acredita ser notificador, de la autoridad, ni estar habilitado, haber sido instruido o autorizado como actuario o notificador en el cuerpo de la RESOLUCIÓN que fue emitida por el Q.F.B. Marco Antonio Méndez Cortez, Encargado de Despacho de la Delegación Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Michoacán, sin que el referido funcionario haya acreditado en autos o en el cuerpo de la resolución que se notifica el cargo, o nombramiento o facultad que refiere tener para ubicarse en la hipótesis señalada por el artículo 2° fracción XXXI, INCISO A), 41, 42, 45 fracción XXXVII, 46 fracciones I y XIX y penúltimo párrafo y 68 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Publicado en Diario Oficial de la Federación el 26 de Noviembre de 2012, y en consecuencia emitir la resolución dentro del expediente PFPA/22.2/2C.27.1/00005/2021 y/o Resolución FPA/22.2/2C.27.1/00110/2022, acto por demás ilegal ya que la suscrita en cuanto representante del H. Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, no había sido requerida para cumplir con lo que señala el acuerdo referido, ya que nunca he sido notificada con anterioridad a esta fecha respecto de la ejecución y cumplimiento, por personal de la Delegación Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Michoacán, como lo refiere en los RESULTANDOS TERCERO y CONSIDERANDO TERCERO (III) párrafo tercero de la resolución que se recurre y constituye el acto reclamado los cuales señalan lo siguiente: RESULTANDO.... TERCERO.- Que con fechas 04 cuatro de Mayo, 10 diez de Junio y 07 siete de Diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, el PARQUE NACIONAL BARRANCA DEL CUPATITZIO Y/O BIOL. CARLOS AGUSTÍN BAUTISTA JIMÉNEZ, DIRECTOR, A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN. MICHOACÁN, A LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN, H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN Y AL CIUDADANO SERGIO PAZ VEGA, fueran notificados del procedimiento administrativo instaurado en su contra teniendo conocimiento de que contaban con un plazo de quince días hábiles contados a partir de que surtiera efectos tal notificación, a efecto de que manifestaran por escrito lo que a su derecho conviniera y aportara, en su caso, las pruebas que considerara procedentes en relación con los hechos u omisiones asentados en el acta descrita en el Resultando inmediato anterior. CONSIDERANDO III. párrafo tercero "Aun y cuando LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN, A LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN Y EL H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, se comprometieron a realizar la remediación mediante proyecto de obra tal y como se acredito en la minuta del diez 13 trece de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, al día de hoy no se demuestran mediante sendas probanzas haber dado cumplimiento por lo que la irregularidad persiste". ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En el caso concreto, esta Juzgadora Federal determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. (principio de definitividad). El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esa Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa Ley. Señala además que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Esto es, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo consagra el principio de definitividad y la improcedencia del juicio de amparo en materia administrativa. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia 2a./J.115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro señala "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." En ese orden de ideas, la suscrita concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º, fracción XIV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el acto reclamado consistente en las actuaciones que derivaron a la imposición de una multa, derivada de la resolución de diez de junio de dos mil veintidós, emitida por el Q.F.B. Marco Antonio Méndez Cortez, Encargado de Despacho de la Delegación Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Michoacán, dentro del expediente PFPA/22.2/2C.27.1/00005/2021, puede ser impugnada a través del recurso de revisión, estipulado en la referida Ley Ambiental. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al reunirse los siguientes requisitos: - El acto reclamado fue emitido por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por el Encargado de Despacho de la Delegación Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Michoacán. - El acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo el artículo 3º, fracción XIV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En efecto, el artículo 6, segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo señala que el acto administrativo que se declare jurídicamente nulo será inválido y no se presumirá legítimo ni ejecutable; será subsanable, sin perjuicio de que pueda expedirse un nuevo acto, además que los particulares no tendrán obligación de cumplirlo y los servidores públicos deberán hacer constar su oposición a ejecutar el acto, fundando y motivando tal negativa. La declaración de nulidad producirá efectos retroactivos. - Por su parte, el artículo 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, regula y permite la suspensión de la ejecución del acto que en esta vía constitucional se reclama. - La cual, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva del acto reclamado. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Además, el citado artículo 176, segundo párrafo de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente, establece que el recurso de revisión se interpondrá directamente ante la autoridad que emitió la resolución impugnada, quien en su caso, acordará su admisión, y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido, turnando el recurso a su superior jerárquico para su resolución definitiva. El cual es similar al artículo 112 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión provisional, es decir, veinticuatro horas, ya que en él dice se otorgará al momento de resolver sobre la admisión o no de recurso. No obstante, aun en el supuesto de que la parte quejosa considere que dicha resolución afecta de modo irreparable algún derecho sustantivo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) estableció que la irreparabilidad del acto reclamado no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Máxime que el acto reclamado es de naturaleza administrativa, no penal, por lo que no puede existir una transgresión al artículo 16 constitucional en materia penal, y no se aduce alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20 constitucionales. Por tanto, al resultar evidente la actualización de la causal de improcedencia examinada, de manera notoria, manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desechamiento de la demanda de amparo no constituye denegación de justicia ni genera inseguridad jurídica, dado que cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de las causas de improcedencia para desecharla, imparte justicia, no obstante que la resolución sea desfavorable a los intereses del promovente. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia VII.2º.C. J/23, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." En mérito de lo antes expuesto, se reitera que el presente juicio de amparo es improcedente, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que obliga a desecha de plano la demanda de cuenta; háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que corresponda. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resulto definitivamente. Sin embargo, se hace de su conocimiento que tienen expedito el derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que haya causado ejecutoria este asunto soliciten la devolución de los documentos mediante diversa promoción. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el número 425, planta alta de la Avenida Chiapas, colonia Ramón Farías, de esta ciudad. Asimismo, téngase como autorizados con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Manuel Cabrera Casarez y Agustín Aguilera Dimas, toda vez que si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Y como autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el párrafo segundo, última parte, del citad artículo, a Rafael Antonio Hidalgo, Kenia Mayte Ibarra Esquivel y Sergio Espinoza Cárdenas, toda vez que no cumplen con dicho requisito, así como a Arturo Armas García y Orlando Zúñiga García, toda vez que refiere son pasantes juristas. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada (Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenta OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PROMOVENTE DEL AMPARO.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,104 expedientes
- Ma. Trinidad Bustos de Leon600/2019
- Ma. Trinidad Cárdenas Salcedo161/2019
- Ma. Trinidad Pulido Estrada109/2021
- Macaria Genoveva Celestino Rodriguez53/2018
- Macario Rosas Zaragoza226/2019
- Magali Jetzemani López Guzman216/2022
- Magdalena Marcelo Erape180/2021
- Magdalena Tinoco Manzo349/2018
- Magdalena Vargas Huerta y Otros.485/2020
- Magdaleno Barajas Rodriguez527/2019
- Manuel Alanis Alanis442/2018
- Manuel Alejandro García Hernández506/2023