Magdalena Agustín Pérez
Expediente 1372/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1372/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Magdalena Agustín Pérez y Otros.
- Magdalena Agustín Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, seis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, a través del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha quedado firme. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Por otro lado, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, tomó posesión como titular de este juzgado Federal, Karina Castillo Flores. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, se advierte que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado, remitió diversas copias certificadas relativas al juicio laboral******************; ahora bien, previo al análisis de las constancias que remite la responsable, es necesario destacar que la quejosa*********************************, por su propio derecho, presentó su escrito de demanda el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el cual fue turnado al día siguiente a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero; en el que solicitó el amparo y protección de la justicia federal, señalando como autoridades responsables a la Presidenta, Pleno, Secretario de Acuerdos y Actuario, todos adscritos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, e hizo consistir sus actos reclamados en lo siguiente: "La reiterada omisión de proveer acuerdo en el expediente **********************, dentro del término de tres días previsto en el artículo 735 de la ley federal del trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248, y en su caso notificarlo a las partes, en relación con las promociones que le son presentadas, con fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, cuatro de mayo y dos de junio de la presente anualidad, lo cual se traduce en inactividad procesal, cuyos acuses exhibo como anexos 1, 2 y 3 8 (.). También reclamo la omisión de notificar los acuerdos recaídos y el señalamiento de fecha lejana (doce horas del siete de noviembre de dos mil veintiuno) para la celebración de la audiencia incidental, lo cual se traduce en violación gravísima del artículo 89 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado (.)". Sentado lo anterior, se tiene que de las constancias que la autoridad responsable remitió, las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que es inexistente el acto reclamado, como se aprecia a continuación. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, incluso la totalidad de la información del expediente de origen, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo y sus anexos, así como de las constancias que remitió la autoridad laboral responsable, se advierte que la quejosa reclama en esencia lo siguiente: La omisión de proveer el acuerdo relativo a los escritos presentados el tres de noviembre de dos mil veintiuno, cuatro de mayo y dos de junio de dos mil veintidós; en los que esencialmente solicitó se notificara a las partes el auto en el que se hubiera reprogramado la audiencia relativa al incidente de falta de personalidad hecho valer por la parte actora, dentro del expediente laboral ********************* Así como, la falta de notificación a la parte actora y demandada del auto en el que tuvo que haber reprogramado la audiencia relativa al incidente de falta de personalidad interpuesto por la parte actora, dentro del expediente laboral de origen (veintiuno de junio de dos mil veintidós). En ese orden, se tiene que el acto destacado en primer término es inexistente; de igual forma, el diverso consistente en la omisión de notificar a la parte demandada el acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintidós, en el que se reprogramó la audiencia relativa al incidente de falta de personalidad hecho valer por la parte actora, dentro del expediente laboral ******************, toda vez que no basta con que las responsables no actúen, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Entonces, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de las autoridades responsables, es decir, si está en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, la quejosa reclamó, como se dijo, la omisión de dictar el auto correspondiente a las promociones que presentó ante la autoridad laboral responsable el tres de noviembre de dos mil veintiuno, cuatro de mayo y dos de junio de dos mil veintidós; en los que esencialmente solicitó se notificara a las partes el auto en el que se hubiera reprogramado la audiencia relativa al incidente de falta de personalidad hecho valer por la parte actora, dentro del expediente laboral 84/2019, así como, la falta de notificación a la parte actora y demandada de dicho acuerdo (veintiuno de junio de dos mil veintidós). Luego, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, se desprende que el veintiuno de junio de dos mil veintidós, dictó el respectivo auto en el que acordó las promociones que le fueron presentadas por la parte quejosa, reprogramando la audiencia incidental para las doce horas del siete de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral de origen; además, también remitió la constancia de la que se aprecia que el siete de septiembre de dos mil veintidós, notificó el citado acuerdo a la parte demandada. Con lo anterior, es evidente que las omisiones reclamadas son inexistentes, porque a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veintidós de septiembre de dos mil veintidós), las autoridades responsables ya habían en principio emitido el acuerdo correspondiente (veintiuno de junio de dos mil veintidós) a las promociones aludidas por la parte actora, además ya se había realizado la notificación del citado acuerdo a la parte demandada (siete de septiembre de dos mil veintidós). Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo respecto de los actos destacados al quedar demostrado que esas omisiones reclamadas son inexistentes. Por otra parte, por lo que toca a la omisión de notificación a la parte actora del auto en el que se reprogramó la audiencia relativa al incidente de falta de personalidad interpuesto por la parte actora, dentro del expediente laboral de origen (veintiuno de junio de dos mil veintidós), se aprecia que cesaron los efectos del acto reclamado. Esto es así, puesto que de las documentales que remite la autoridad responsable se advierte la notificación que realizó la Actuaria del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, a Moisés Pantaleón Meza, autorizado de la parte quejosa, del acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintidós, efectuada el diez de octubre del año en curso; cuya omisión se dolía en esta vía constitucional la parte quejosa. En esa tesitura, tomando en cuenta que la demanda de amparo se tiene que interpretar en su totalidad, adminiculando las constancias que remita la autoridad responsable en su informe justificado; se tiene que, la quejosa reclamó en esencia la omisión de notificarle el auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, en donde reprogramó la audiencia relativa al incidente de falta de personalidad interpuesto por la parte actora, dentro del expediente laboral de origen, el cual ya fue notificado el diez de octubre de dos mil veintidós. Con lo anterior, se advierte que la afectación reclamada en el presente juicio ha sido colmada en su totalidad, cesando los efectos del acto reclamado. Causal de improcedencia que evidencia la cesación de los efectos del acto reclamado, ya que se restableció en forma total la situación anterior a la promoción del juicio constitucional, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo; de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado el amparo -como se dijo-, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la quejosa o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los aquí agraviados que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación al caso concreto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193758, consultable a página treinta y ocho del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que en rubro y texto dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como se actualiza de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia antes citadas, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción IV, y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, se advierte que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado, remitió diversas copias certificadas relativas al juicio laboral******************; ahora bien, previo al análisis de las constancias que remite la responsable, es necesario destacar que la quejosa*********************************, por su propio derecho, presentó su escrito de demanda el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el cual fue turnado al día siguiente a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero; en el que solicitó el amparo y protección de la justicia federal, señalando como autoridades responsables a la Presidenta, Pleno, Secretario de Acuerdos y Actuario, todos adscritos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, e hizo consistir sus actos reclamados en lo siguiente: "La reiterada omisión de proveer acuerdo en el expediente **********************, dentro del término de tres días previsto en el artículo 735 de la ley federal del trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248, y en su caso notificarlo a las partes, en relación con las promociones que le son presentadas, con fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, cuatro de mayo y dos de junio de la presente anualidad, lo cual se traduce en inactividad procesal, cuyos acuses exhibo como anexos 1, 2 y 3 8 (.). También reclamo la omisión de notificar los acuerdos recaídos y el señalamiento de fecha lejana (doce horas del siete de noviembre de dos mil veintiuno) para la celebración de la audiencia incidental, lo cual se traduce en violación gravísima del artículo 89 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado (.)". Sentado lo anterior, se tiene que de las constancias que la autoridad responsable remitió, las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que es inexistente el acto reclamado, como se aprecia a continuación. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, incluso la totalidad de la información del expediente de origen, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo y sus anexos, así como de las constancias que remitió la autoridad laboral responsable, se advierte que la quejosa reclama en esencia lo siguiente: La omisión de proveer el acuerdo relativo a los escritos presentados el tres de noviembre de dos mil veintiuno, cuatro de mayo y dos de junio de dos mil veintidós; en los que esencialmente solicitó se notificara a las partes el auto en el que se hubiera reprogramado la audiencia relativa al incidente de falta de personalidad hecho valer por la parte actora, dentro del expediente laboral ********************* Así como, la falta de notificación a la parte actora y demandada del auto en el que tuvo que haber reprogramado la audiencia relativa al incidente de falta de personalidad interpuesto por la parte actora, dentro del expediente laboral de origen (veintiuno de junio de dos mil veintidós). En ese orden, se tiene que el acto destacado en primer término es inexistente; de igual forma, el diverso consistente en la omisión de notificar a la parte demandada el acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintidós, en el que se reprogramó la audiencia relativa al incidente de falta de personalidad hecho valer por la parte actora, dentro del expediente laboral ******************, toda vez que no basta con que las responsables no actúen, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Entonces, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de las autoridades responsables, es decir, si está en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, la quejosa reclamó, como se dijo, la omisión de dictar el auto correspondiente a las promociones que presentó ante la autoridad laboral responsable el tres de noviembre de dos mil veintiuno, cuatro de mayo y dos de junio de dos mil veintidós; en los que esencialmente solicitó se notificara a las partes el auto en el que se hubiera reprogramado la audiencia relativa al incidente de falta de personalidad hecho valer por la parte actora, dentro del expediente laboral 84/2019, así como, la falta de notificación a la parte actora y demandada de dicho acuerdo (veintiuno de junio de dos mil veintidós). Luego, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, se desprende que el veintiuno de junio de dos mil veintidós, dictó el respectivo auto en el que acordó las promociones que le fueron presentadas por la parte quejosa, reprogramando la audiencia incidental para las doce horas del siete de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral de origen; además, también remitió la constancia de la que se aprecia que el siete de septiembre de dos mil veintidós, notificó el citado acuerdo a la parte demandada. Con lo anterior, es evidente que las omisiones reclamadas son inexistentes, porque a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veintidós de septiembre de dos mil veintidós), las autoridades responsables ya habían en principio emitido el acuerdo correspondiente (veintiuno de junio de dos mil veintidós) a las promociones aludidas por la parte actora, además ya se había realizado la notificación del citado acuerdo a la parte demandada (siete de septiembre de dos mil veintidós). Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo respecto de los actos destacados al quedar demostrado que esas omisiones reclamadas son inexistentes. Por otra parte, por lo que toca a la omisión de notificación a la parte actora del auto en el que se reprogramó la audiencia relativa al incidente de falta de personalidad interpuesto por la parte actora, dentro del expediente laboral de origen (veintiuno de junio de dos mil veintidós), se aprecia que cesaron los efectos del acto reclamado. Esto es así, puesto que de las documentales que remite la autoridad responsable se advierte la notificación que realizó la Actuaria del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, a Moisés Pantaleón Meza, autorizado de la parte quejosa, del acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintidós, efectuada el diez de octubre del año en curso; cuya omisión se dolía en esta vía constitucional la parte quejosa. En esa tesitura, tomando en cuenta que la demanda de amparo se tiene que interpretar en su totalidad, adminiculando las constancias que remita la autoridad responsable en su informe justificado; se tiene que, la quejosa reclamó en esencia la omisión de notificarle el auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, en donde reprogramó la audiencia relativa al incidente de falta de personalidad interpuesto por la parte actora, dentro del expediente laboral de origen, el cual ya fue notificado el diez de octubre de dos mil veintidós. Con lo anterior, se advierte que la afectación reclamada en el presente juicio ha sido colmada en su totalidad, cesando los efectos del acto reclamado. Causal de improcedencia que evidencia la cesación de los efectos del acto reclamado, ya que se restableció en forma total la situación anterior a la promoción del juicio constitucional, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo; de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado el amparo -como se dijo-, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la quejosa o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los aquí agraviados que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación al caso concreto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193758, consultable a página treinta y ocho del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que en rubro y texto dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como se actualiza de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia antes citadas, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción IV, y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta, Secretaria General de Acuerdos, Secretaria de Acuerdos, Actuaria, todos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como el representante del Gobierno del Estado y representante de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, todos ellos como integrantes del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, visto su contenido, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngaseles rindiendo su informe justificado; con su contenido y constancias, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte las documentales que exhibe, mismas que podrán ser consideras en el momento procesal oportuno. Notifíquese.
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