Magaly Ivonne Navarrete Canto
Expediente 388/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 1 actuación registrada, la última del 15 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 388/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 15/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Magaly Ivonne Navarrete Canto
Actuaciones
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado en su domicilio el diecinueve de junio de dos mil diecisiete; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de quince de junio del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Con la demanda de amparo de cuenta, Magaly Ivonne Navarrete Canto, por su propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a la Juez Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo; se manda formar expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo número 388/2017. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto legal en mención señala que para que el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, del acto reclamado y análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto del que se duele la peticionaria de amparo consiste en: La audiencia de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, que consiste en el desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte quejosa y en la inadmisión de la prueba de reconocimiento de contenido y firma contra la parte actora en el incidente de liquidación de sentencia, dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Así, de los antecedentes expresados por la quejosa en su demanda de amparo, destaca que el acto reclamado deriva del incidente de liquidación de sentencia, el cual se encuentra en la etapa de admisión y desahogo de pruebas, motivo por el cual en audiencia de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, se llevó a cabo el desahogo de la prueba confesional a cargo de la parte actora en el juicio de origen, en la que se calificaron de ilegales las posiciones contenidas en el pliego ofrecido por la parte quejosa, asimismo, no se le tuvo por ofrecida la probanza consistente en el reconocimiento de contenido y firma. Sentado lo anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que señalan son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." En efecto, el primer dispositivo transcrito establece que la improcedencia puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho precepto, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, el segundo dispositivo transcrito, en su primer párrafo, señala la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. De igual forma debe tenerse en cuenta que entre los actos dictados después de concluido el juicio se encuentran aquellos medios preliminares para la ejecución de una sentencia como son, entre otros, los incidentes de liquidación de sentencia. Ahora, en el caso concreto la quejosa reclama la audiencia de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, consistente en el desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte quejosa en el incidente de liquidación de sentencia, dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en la cual se calificaron de ilegales algunas posiciones y, además, se tuvo por no interpuesta la prueba consistente en el reconocimiento de contenido y firma a cargo de la parte actora en el juicio de origen. Así, de lo anterior y de los antecedentes expuestos por la parte quejosa, se advierte que el acto reclamado deriva del incidente de liquidación de sentencia, por lo que tratándose de los incidentes tramitados después de concluido el juicio, el amparo indirecto, en su caso, sólo procederá contra la resolución que ponga fin a ese incidente, supuesto en el que igualmente podrán impugnarse las violaciones cometidas en tal procedimiento incidental, como la admisión o inadmisión de las probanzas ofrecidas durante el incidente; todo ello, en la inteligencia de que, de proceder, deberá colmarse la exigencia establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir el agotamiento de todos los medios de defensa ordinarios, previo a acudir al juicio de amparo. En tal virtud, en el presente caso el acto reclamado no lo constituye la resolución interlocutoria que haya puesto fin al incidente de liquidación de intereses, tramitado después de concluido el juicio de origen, si no la audiencia de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, en la que se calificaron de ilegales las posiciones contenidas en el pliego ofrecido por la parte quejosa y no se tuvo por ofrecida la probanza consistente en el reconocimiento de contenido y firma a cargo de la parte actora en el juicio de origen. De donde se sigue que el incidente se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas y no se ha dictado resolución definitiva que ponga fin al procedimiento incidental, motivo por el cual el juicio de amparo resulta improcedente, pues, en su caso, el juicio biinstancial procederá únicamente contra dicha resolución interlocutoria que ponga fin a dicho incidente. El criterio precedente, aun cuando interpretó la abrogada Ley de Amparo, encuentra vigencia en la actualidad, toda vez que las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la anterior Ley fueron reproducidas, en esencia, en las fracciones III, inciso a), IV y V del numeral 107 de la Ley de Amparo vigente. Consecuentemente, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo que se analiza. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Oscar Efraín Navarrete Canto y Leticia Olguín Vargas, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, lo que deberá efectuarlo dentro del plazo a que se contrae el arábigo 24 de la misma legislación. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido.
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